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Condenan a cuatro misioneros que manejaban red de trata en Paso de los Libres

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Nosotras By Pamela Silva
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La banda misionera, cuya cabeza era Rosana Estela Rodríguez (38), acusada de administrar una red de trata de personas que operaba en la localidad correntina de Paso de los Libres desde 2010 hasta 2016 fue condenada a penas de entre 8 y 4 años de prisión.

La sentencia fue dictada anoche, en el marco de la última audiencia del debate oral que se realizaba desde el 10 de mayo en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes capital.

De manera detallada, el fallo dispuso una condena de 8 años de prisión para Rodríguez al ser considerada “coautora” del delito de “explotación sexual de víctimas de trata”, mientras que el empresario correntino Ricardo Aguirre recibió una pena de 6 años como “partícipe necesario”.


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Por su parte, los otros misioneros que integraban la organización, identificados como Juan Ramón Carpe, Silvio Antonio Dos Santos y Claudia María Dos Santos, fueron sentenciados por el mismo delito a penas de entre 5 y 4 años de cárcel, con diferenciación en sus grados de participación en el ardid.

Además, el tribunal integrado por los jueces Víctor Antonio Alonso, Fermín Amado Ceroleni y Manuel Alberto Jesús Moreira (del TOF de Posadas pero interviniente en este juicio por subrogación legal) ordenó que los cinco condenados se hagan cargo de una reparación económica de 50 millones de pesos para dos de las víctimas.

En la causa había más de una quince de imputados, incluidos ex gendarmes y funcionarios judiciales acusados de prestar un marco de impunidad para el accionar de la organización.

Algunos de esos otros imputados eran el comandante principal retirado de GNA José María Viero, los empresarios María Clelia Espada y su hijo Ricardo Gustavo Aguirre, y el abogado Dionisio Velasco, quienes fueron absueltos por el TOF.

Otro de los procesados en esta causa fue el ex fiscal federal Benito Pont, aunque fue separado del debate por deterioro cognitivo.

Los fundamentos de la sentencia serán comunicados el próximo 20 de octubre, según señalaron al culminar el debate oral.

Los fiscales intervinientes en el proceso fueron Carlos Schaefer, Tamara Pourcel, Soledad Branchi y Victoria Sassola, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), mientras que la querellante fue la defensora oficial Rosana Marini.

En su alegato, expuesto a fines de agosto, el fiscal Schaefer había pedido una pena de 12 años de prisión para la misionera Rodríguez y entre 8 y 4 para el resto de los integrantes de la organización.

Según la información relevada por La Voz de Misiones, Rodríguez también es conocida como “Yani”, es oriunda de Jardín América y no es la primera vez que enfrenta la Justicia ya que en 2013 recibió una pena de seis años de prisión en una causa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el que también fue condenado su concubino Pedro Norberto Sánchez, ex comandante de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), quien llegó a construir una escuela privada Crisol Universal en Candelaria para blanquear sus ganancias.

La causa: 36 víctimas y marco de impunidad

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, la causa comenzó a investigarse a fines de 2015 tras una denuncia anónima recibida en la Línea 145 de Protex.

Los elementos recolectados posteriormente dieron cuenta que en la localidad de correntina de Paso de los Libres funcionaban tres locales nocturnos donde se explotaba sexualmente a mujeres de diversas edades y ciudades de procedencia.

Esos locales eran “Roxi” o “Puro Movimiento”, “Balizas” y “Kilómetro de Oro”, los cuales finalmente fueron allanados durante operativos de la GNA ejecutados a comienzos de 2016.

Durante la pesquisa, se advirtió, además, que los locales Puro Movimiento y Momentos, ya habían sido decomisados en 2013 en el marco del juicio por lavado de activos de origen delictivo que tuvo como imputada a la misionera Rodríguez.

La investigación global determinó, entonces, que la organización que administraba los tres locales funcionó al menos desde el 17 de junio de 2010 hasta el 10 de enero de 2016, período en el cual se identificaron al menos 36 mujeres en estado de vulnerabilidad que fueron víctimas de explotación sexual, entre ellas 4 misioneras.

De acuerdo con la acusación, estos prostíbulos fueron comandados por distintos grupos criminales y uno de ellos estaba liderada por Rodríguez -entre otros imputados- e integrada por Carpe, Claudia y Silvio Dos Santos, además de otros involucrados.

A la investigación inicial impulsada por la PROTEX se acumuló luego una de las causas en la que intervenía el ex fiscal federal Benito Antonio Pont, aunque luego se determinó que el funcionario judicial era parte de la organización, desviando la pesquisa y garantizando la impunidad de la banda, al igual que su cuñado, el ex comandante de GNA José María Viero.

Los dos fueron imputados en la causa y para el ex gendarme el fiscal Schefer pidió una pena de 12 años de prisión, mientras que el ex fiscal fue apartado transitoriamente del debate oral por razones de salud.

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Dueña de kiosco narco en Villa Blosset fue condenada por tercera vez

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La “Negra” González es conocida. No solo en las calles del histórico barrio posadeño de Villa Blosset, sino también en los pasillos judiciales. La mujer, de 67 años en la actualidad, recibió ayer su tercera condena por administrar un kiosco narco.

La implicada se trata de Norma Beatriz González (67), quien volvió a ser declarada reincidente y recibió una pena única de 6 años y 1 mes de prisión como autora del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

La sentencia fue dictada ayer por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, luego de la revisión de las condiciones del acuerdo de juicio abreviado en el cual la imputada admitió sus delitos.


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De esta manera, el TOF le impuso a la mujer una pena de 4 años y 2 meses de prisión, pero debido a que aún tenía vigente una condena anterior se le impuso una pena única de 6 años y 1 mes en total.

La mujer está detenida desde el julio del año pasado, cuando efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de Misiones detectaron que mientras gozaba de prisión domiciliaria por su condena anterior seguía vendiendo drogas, principalmente cocaína, en su despensa sobre calle Triquiñuelas.

Según consta en los archivos judiciales constatados por La Voz de Misiones, la mujer recibió su primera condena en 2010 y ocho años después volvió a ser detenida en el mismo lugar y por el mismo delito: venta de drogas.

Tras esa segunda detención, González enfrentó otra causa penal y finalmente en 2019 fue condenada a 4 años y 2 meses de cárcel, aunque fue beneficiada con la prisión domiciliaria.

Fue en esas condiciones que el año pasado nuevamente fue detenida y ahora el TOF decidió aplicarle una pena unificada de 6 años y 1 mes de prisión, además de reiterar el pedido de su traslado a una cárcel del Sistema Penitenciario Federal (SPF) para que purgue su condena.

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Seguirán detenidos los policías acusados de torturar a un joven en Irigoyen

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La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la provincia confirmó la denegatoria de excarcelación dictaminada contra los dos policías del Comando Radioeléctrico de Bernardo de Irigoyen detenidos por torturar a un joven de 23 años y, en consecuencia, los involucrados deberán continuar privados de su libertad mientras avanza la investigación.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la resolución fue firmada en las últimas horas por la Sala I de la Cámara, con el voto principal del magistrado José Alberto López y la adhesión de María Ruth Dilaccio.

La causa se investiga bajo la calificación de “privación ilegítima de la libertad y tortura en concurso real” y los uniformados, de 25 y 28 años, se encuentran detenidos desde fines de agosto.


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La víctima del hecho se trató de un muchacho de 23 años, quien denunció que el 7 de agosto caminaba por la avenida Juan José Junes de Irigoyen hasta que fue interceptado por dos policías que lo trasladaron a un descampado donde lo sometieron a una golpiza y a una sesión de tortura.

Según describió, fue golpeado a puñetazos, patadas y palazos, al tiempo que fue rociado con combustible y amenazado con ser prendido fuego.

Tras ser “liberado”, el muchacho llegó malherido a la casa de su familia y posteriormente se radicó la denuncia que derivó en la detención de los agentes policiales apuntados.

Inicialmente los uniformados fueron imputados por “privación de la libertad y apremios”, aunque conforme al avance de la causa y por disposición del juez Belda Palomar la calificación del hecho fue agravada a “privación ilegítima de la libertad y tortura en concurso real”, figura que prevé hasta 25 años de prisión como pena en expectativa.

El juez interviniente, además, rechazó un pedido de excarcelación presentado por la defensa a mediados de septiembre y esa medida fue apelada, ante lo cual debió intervenir la Cámara, cuyos magistrados finalmente ratificaron la decisión tomada por Belda Palomar.

FOTO: Primera Edición.

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Familiares de Rita y un testimonio en común: “No sabíamos del embarazo”

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Los familiares de Rita Marianela Cervantes Martínez (31) marcaron el pulso de la cuarta audiencia del juicio oral contra la joven acusada de intentar matar a su beba recién nacida y el testimonio recurrente fue: “No sabíamos del embarazo”.

De los siete testigos que en total declararon hoy, cinco se correspondían al círculo familiar íntimo de la imputada. Ellos fueron: su ex pareja y padre de sus hijos, su madre, sus dos hermanas y una madrina, quienes coincidieron al describir que nunca advirtieron “panza de embaraza” en Rita.

El primero de ellos en pasar a la sala de audiencias para declarar ante el Tribunal Penal Dos de Posadas fue la pareja de Rita al momento del hecho, quien también es padre de la beba víctima del hecho que se intenta esclarecer mediante este debate oral y público.


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El joven reconstruyó que cerca de las 8 del sábado 5 de septiembre de 2020 Rita salió sola de su casa rumbo al hospital para atenderse de un “fibroma” y desde allí estuvo desaparecida hasta el lunes siguiente, cuando regresó en medio de una crisis nerviosa y llantos.

Durante esos dos días el testigo relató que junto a la madre y a las hermanas de Rita recorrieron varios puntos de Posadas en su búsqueda pero nunca obtuvieron resultados.

Incluso, señaló que quien en ese momento era su pareja le mandó una foto por chat de Facebook desde un hospital, pero cuando fueron a verificar esto al nosocomio recibieron respuestas negativas. Fue después de ello que radicó la denuncia por desaparición y finalmente el 7 a la tarde Rita regresó.

“Rita estaba llorando, gritando ‘me sacaron a mi bebé’. Yo también estaba muy nervioso. Ella solo decía ‘me sacaron a mi bebé’. Ella tenía un poco de panza, yo tenía entendido que era por el fibroma. Ya habíamos tenido otro hijo y no era la misma panza”, describió el joven ante las partes.

La defensa Sommer Aromí exhibiendo imágenes ante los jueces del Tribunal Penal Dos. Foto: Gentileza Marcos Otaño.

Similar testimonio brindó la madre de la imputada, quien recordó que el día del regreso de su hija a casa “Rita estaba en crisis de nervios, llorando, arrancándose los pelos. En un momento me sacudió y me dijo ‘me dejaron sola’. Yo le dije que no, que le buscamos por todos lados, pero es algo que me va a quedar para toda la vida”.

La mujer agregó que en ese mismo momento la imputada mostró los puntos de una episiotomía y repetía: “Me sacaron a mi bebé”.

“Yo no podía creer porque nunca tuvo panza. Ella flaquita, flaquita”, describió la testigo.

La madre también contó que después de ser detenida Rita fue maltratada por otras internas en la comisaría donde estaba alojada. “Le decían te odiamos por lo que hiciste, le pegaron, le patearon en el piso y le tiraron baldes de agua fría. Después de eso le tuvieron que operar. Quedaron restos de placenta y como el sangrado no paraba le tuvieron que extirpar el útero”.

Antes de retirarse y al igual que su ex yerno, la mujer pidió por Rita: “Ella es la mejor mamá del mundo. Yo la necesito conmigo y los niños”.

A su turno también declararon dos de las hermanas de Rita, quienes también intervinieron durante ese 7 de septiembre a la tarde cuando la mujer regresó a casa. Ambas describieron la misma crisis nerviosa, las mismas exclamaciones de la acusada y ratificaron que nadie sabía del embarazo.

Incluso, compararon la situación con la panza evidenciada por Rita en su primer embarazo y recordaron fotografías tomadas en reuniones sociales realizadas escasos días antes del hecho.

“Para nosotros Rita no estaba embarazada. Ella era flaquita. La panza de su anterior su hijo se re nota. Habíamos estado juntos la semana antes y estuvimos jugando en el patio, saltando. Nos sacamos fotos”, contó una de las hermanas.

Otro punto en común entre los testigos fue que recorrieron los hospitales de Posadas en búsqueda de Rita, incluso con fotografías de ella, pero en ningún lugar la reconocieron y tampoco pudieron ingresar a los nosocomios dadas las restricciones por la pandemia.

Rita durante su primer embarazo y Rita el 8 de agosto de 2020, apenas un mes antes de parir por segunda vez, sin signos visibles de gravidez.

La fiscalía y una cámara de seguridad

Para esta cuarta jornada, el fiscal Vladimir Glinka hizo suyo el televisor de la sala y lo utilizó prácticamente en todos los interrogatorios para exhibir a los testigos imágenes tomadas por 7 de septiembre a las 14.55 en cercanías al lugar donde ese día apareció apuñalada la hija de Rita.

En dicho material se observaba la caminata de dos personas y el objetivo del fiscal era identificarlas. Sin embargo, nadie reconoció a la imputada, a excepción de su ex pareja, quien respondió: “La primera pareciera ser Rita”.

Durante sus intervenciones, Glinka también fue insistente en reconstruir detalle por detalle lo sucedido durante el regreso de Rita, aunque en ese punto encontró imprecisiones y contradicciones por las cuales ya había adelantado que analizaba pedir careos, aunque finalmente no lo hizo.

El fiscal Glinka y una testigo observando las imágenes de cámaras de seguridad. Foto: Gentileza Marcos Otaño.

El debate, que se desarrolla ante el Tribunal Penal Dos presidido por el magistrado César Yaya e integrado por Gregorio Busse y Carlos Giménez, pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes a las 8.30. Se prevé la declaración de al menos cuatro testigos más.

Rita Cervantes llegó a juicio imputada por los delitos de “homicidio calificado por el vínculo, en grado de tentativa, hurto y alteración de la identidad de un menor de 10 años, todos en concurso real”.

La hipótesis acusatoria planteada en la elevación a juicio de la causa, firmada por la fiscal de instrucción Patricia Clerici, la imputada le ocultó el embarazo a su familia, se realizó controles prenatales en secreto, se internó para parir con el DNI de una amiga y luego intentó matar a puñaladas a su beba.

La defensa, en tanto, encabezada por las letradas Luciana Sommer Aromí y Karen Rodríguez de Olivera, basada en aportes de profesionales de psiquiatría incorporados como peritos de parte, sostienen que Rita experimentó un embarazo sin síntomas como consecuencia de un síndrome de negación/disociación vinculado a un trauma de abuso infantil y que todo se produjo en el contexto de una psicosis puerperal.

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