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Condenan a cuatro misioneros que manejaban red de trata en Paso de los Libres

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La banda misionera, cuya cabeza era Rosana Estela Rodríguez (38), acusada de administrar una red de trata de personas que operaba en la localidad correntina de Paso de los Libres desde 2010 hasta 2016 fue condenada a penas de entre 8 y 4 años de prisión.

La sentencia fue dictada anoche, en el marco de la última audiencia del debate oral que se realizaba desde el 10 de mayo en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes capital.

De manera detallada, el fallo dispuso una condena de 8 años de prisión para Rodríguez al ser considerada “coautora” del delito de “explotación sexual de víctimas de trata”, mientras que el empresario correntino Ricardo Aguirre recibió una pena de 6 años como “partícipe necesario”.

Por su parte, los otros misioneros que integraban la organización, identificados como Juan Ramón Carpe, Silvio Antonio Dos Santos y Claudia María Dos Santos, fueron sentenciados por el mismo delito a penas de entre 5 y 4 años de cárcel, con diferenciación en sus grados de participación en el ardid.

Además, el tribunal integrado por los jueces Víctor Antonio Alonso, Fermín Amado Ceroleni y Manuel Alberto Jesús Moreira (del TOF de Posadas pero interviniente en este juicio por subrogación legal) ordenó que los cinco condenados se hagan cargo de una reparación económica de 50 millones de pesos para dos de las víctimas.

En la causa había más de una quince de imputados, incluidos ex gendarmes y funcionarios judiciales acusados de prestar un marco de impunidad para el accionar de la organización.

Algunos de esos otros imputados eran el comandante principal retirado de GNA José María Viero, los empresarios María Clelia Espada y su hijo Ricardo Gustavo Aguirre, y el abogado Dionisio Velasco, quienes fueron absueltos por el TOF.

Otro de los procesados en esta causa fue el ex fiscal federal Benito Pont, aunque fue separado del debate por deterioro cognitivo.

Los fundamentos de la sentencia serán comunicados el próximo 20 de octubre, según señalaron al culminar el debate oral.

Los fiscales intervinientes en el proceso fueron Carlos Schaefer, Tamara Pourcel, Soledad Branchi y Victoria Sassola, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), mientras que la querellante fue la defensora oficial Rosana Marini.

En su alegato, expuesto a fines de agosto, el fiscal Schaefer había pedido una pena de 12 años de prisión para la misionera Rodríguez y entre 8 y 4 para el resto de los integrantes de la organización.

Según la información relevada por La Voz de Misiones, Rodríguez también es conocida como “Yani”, es oriunda de Jardín América y no es la primera vez que enfrenta la Justicia ya que en 2013 recibió una pena de seis años de prisión en una causa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el que también fue condenado su concubino Pedro Norberto Sánchez, ex comandante de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), quien llegó a construir una escuela privada Crisol Universal en Candelaria para blanquear sus ganancias.

La causa: 36 víctimas y marco de impunidad

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, la causa comenzó a investigarse a fines de 2015 tras una denuncia anónima recibida en la Línea 145 de Protex.

Los elementos recolectados posteriormente dieron cuenta que en la localidad de correntina de Paso de los Libres funcionaban tres locales nocturnos donde se explotaba sexualmente a mujeres de diversas edades y ciudades de procedencia.

Esos locales eran “Roxi” o “Puro Movimiento”, “Balizas” y “Kilómetro de Oro”, los cuales finalmente fueron allanados durante operativos de la GNA ejecutados a comienzos de 2016.

Durante la pesquisa, se advirtió, además, que los locales Puro Movimiento y Momentos, ya habían sido decomisados en 2013 en el marco del juicio por lavado de activos de origen delictivo que tuvo como imputada a la misionera Rodríguez.

La investigación global determinó, entonces, que la organización que administraba los tres locales funcionó al menos desde el 17 de junio de 2010 hasta el 10 de enero de 2016, período en el cual se identificaron al menos 36 mujeres en estado de vulnerabilidad que fueron víctimas de explotación sexual, entre ellas 4 misioneras.

De acuerdo con la acusación, estos prostíbulos fueron comandados por distintos grupos criminales y uno de ellos estaba liderada por Rodríguez -entre otros imputados- e integrada por Carpe, Claudia y Silvio Dos Santos, además de otros involucrados.

A la investigación inicial impulsada por la PROTEX se acumuló luego una de las causas en la que intervenía el ex fiscal federal Benito Antonio Pont, aunque luego se determinó que el funcionario judicial era parte de la organización, desviando la pesquisa y garantizando la impunidad de la banda, al igual que su cuñado, el ex comandante de GNA José María Viero.

Los dos fueron imputados en la causa y para el ex gendarme el fiscal Schefer pidió una pena de 12 años de prisión, mientras que el ex fiscal fue apartado transitoriamente del debate oral por razones de salud.


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Prisión preventiva para acusado de prender fuego a su pareja en San Onofre

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El magistrado Marcelo Cardozo, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, dictó en las últimas el procesamiento con prisión preventiva para Jonatan Jordan Campedo Páez (34), único acusado por el femicidio de su pareja Ramona Isabel Morínigo (39), cometido a fines de febrero en el barrio San Onofre.

Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la medida fue firmada el último viernes por el juez Cardozo, quien de esta manera consideró que se recolectaron suficientes medidas de prueba como para procesar a Campedo Páez por el delito de “homicidio calificado por la relación de pareja”, figura que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser declarado culpable en un futuro debate oral.

En línea con la misma resolución, también se dispuso el traslado del imputado desde la comisaría donde estaba alojado hacia una celda de la Unidad Penal VI de Miguel Lanús, donde continuará privado de su libertad mientras avanza la instrucción del expediente en su contra. 

Ramona Morínigo tenía 39 años y era madre de tres hijos, todos en edad de adolescencia y pre adolescencia.

Femicidio en San Onofre

El hecho que aún se encuentra en etapa investigativa y en el cual Campedo Páez aparece como único sospechoso, se registró en la noche del 17 de febrero, aunque la víctima falleció seis días después en el hospital Madariaga.

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir hasta el momento, esa noche Ramona Morínigo se encontraba junto al sospechoso en su casa en el barrio San Onofre, hasta que se produjo una discusión que terminó de la peor manera.

Los primeros datos indican que en medio de la discusión la mujer fue rociada con alcohol y prendida fuego, agresión que le provocó quemaduras graves en el 50% del cuerpo, heridas que principalmente se localizaron en cabeza, rostro, cuello y miembros superiores.

Después de ello, la mujer fue trasladada por su propia familia al hospital Madariaga, donde quedó agonizó durante seis días.

El sospechoso, por su parte, escapó del lugar y fue detenido minutos después en cercanías a la terminal de colectivos. Desde ese día permanece privado de su libertad y al momento de prestar declaración indagatoria se desligó del hecho, asegurando que la víctima se auto infringió las lesiones con intenciones suicidas. 

“El hecho ocurrió a la noche, casi llegando a la medianoche. La familia de ella alcanzó a ver una llamarada por la ventana y luego ella salió corriendo. Su hijo adolescente llegó a ver lo que ocurrió y ella alcanzó a decirle a su familia que su pareja la había atacado”, contó en su momento Nancy Jara, una letrada posadeña cercana a la familia de la víctima.

Ramona era madre de tres hijos, todos en edad de adolescencia y pre adolescencia. Había retomado su relación con Campedo Páez 15 días antes del hecho.

Femicidio en San Onofre: “Ella alcanzó a decir que su pareja la atacó”


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Justicia Federal ratificó fallo que suspende capítulo del DNU contra el Inym

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La Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Misiones rechazó una apelación planteada por el Estado nacional y ratificó un fallo de la Justicia provincial que dejó sin efecto el capítulo de desregulación de la actividad yerbatera contemplado en el mega DNU del presidente Javier Milei tras una cautelar presentada en enero por una serie de productores.

La resolución fue dictaminada el último viernes, lleva la firma de los magistrados Mirta Delia Tyden, Ana Lía Cáceres de Mengoni y Mario Osvaldo Boldú y recientemente fue publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ).

Dicho tribunal de alzada tuvo que intervenir en la cuestión luego de una apelación planteada por el Estado nacional contra un fallo emitido el pasado 12 de enero por la magistrada Adriana Fiori, titular del Juzgado Civil y Comercial 8 de Posadas, quien dio lugar a una cautelar presentada por una asociación de yerbateros quienes, entre otros considerandos, argumentaron que el capítulo del mega DNU que quitaba facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) podía dejar sin obra social a muchos productores.

En su fallo, la jueza Fiori entendió que el decreto presidencial ponía en riesgo la corresponsabilidad gremial y la obra social garantizada en la ley que dio origen al Inym.

En consecuencia, resolvió avocarse “a la medida cautelar solicitada a fin de garantizar el efectivo derecho a la salud integral del grupo vulnerable constituido por los pequeños productores yerbateros, y en consecuencia ordenar la inmediata suspensión de lo dispuesto en el Capítulo 1 – Instituto Nacional de la Yerba Mate (Ley N° 25.564) – art. 164 al 168 del DNU 70/2023 y de toda normativa y acto dictado en su cumplimiento específicamente, a fin de que no se modifique ni altere la estructura, funciones y atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate, de conformidad con el texto original de la Ley N° 25.564, hasta tanto se dicte sentencia respecto del fondo”.

De igual manera, tras dar lugar al amparo decidió inhibirse en el resto de las actuaciones y remitió el expediente al Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso de Posadas, a cargo del magistrado José Luis Casals.

En el medio, el Estado nacional, bajo la representación del letrado Daniel Eduardo Azar, apeló la resolución de primera instancia y ello motivó la intervención de la Cámara Federal de Apelaciones, cuyos magistrados ahora resolvieron rechazar el planteo y, en consecuencia, ratificar el fallo de la jueza Fiori.

“El recurrente se explaya en sus fundamentos únicamente respecto a que existieron razones de necesidad y urgencia que motivaron el dictado del DNU 70/23, pero no ataca los expresos fundamentos que tuvo en miras el a quo para otorgar esta cautelar, en consecuencia, no existiendo crítica concreta y razonada sobre las cuestiones que fueron analizadas por la Sra. Juez de grado, los agravios resultan desiertos”, concluyen los jueces de la cámara y en el punto siguiente deciden confirmar lo resulto el 12 de enero pasado.

INYM fallo

La Justicia de Misiones otorgó a yerbateros cautelar contra el DNU de Milei


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Arranca el juicio a dos ex policías acusados de gatillo fácil en El Soberbio

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Después de tres postergaciones, mañana está previsto que finalmente comience el juicio oral contra dos ex policías acusados de un caso de gatillo fácil registrado a mediados de noviembre de 2019 en El Soberbio, donde la víctima fatal fue identificada como Reinaldo Andrade (37).

De no mediar nuevos inconvenientes, el debate tiene previsto iniciar a las 8.30 y se extendería hasta el jueves, según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones.

Las audiencias tendrán lugar en el Tribunal Penal Uno de Oberá, que será presidido por el magistrado Francisco Aguirre e integrado por sus pares Horacio Paniagua y Jorge Erasmo Villalba, éste último en carácter de subrogante.

La acusación, en tanto, estará en manos de Rodolfo Andrés Cáceres, el mismo fiscal que llevó adelante el proceso de investigación de la causa como titular de la Fiscalía de Instrucción Tres de San Vicente.

Los imputados principales son los ex agentes Matías Esteban Lohn (34) y Fabio Boges (27), quienes al momento del hecho prestaban servicios en el Comando Radioeléctrico de El Soberbio.

Ambos están imputados por el delito de “homicidio calificado por ser integrante de una fuerza de seguridad y agravado por el uso de arma de fuego”, aunque el primero de ellos aparece como “autor” y el segundo como “partícipe necesario”.

Los dos llegan a esta instancia detenidos en una unidad dependiente del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y ambos son pasibles de recibir una pena de prisión perpetua en caso de ser hallados responsables del hecho al final del proceso.

En la causa, además, hay otros dos imputados. Se tratan de Ricardo Augusto Velozo y Fabián Sievers, quienes están acusados de falso testimonio y encubrimiento.

Reinaldo Andrade tenía 37 años.

El caso

El caso que se ventilará en debate ocurrió el 13 de noviembre de 2019, en el paraje San Ignacio de El Soberbio, a unos 500 metros de la ruta costera 2, y todo comenzó como una supuesta persecución de contrabandistas.

La reconstrucción del hecho señala que Andrade circulaba en un Volkswagen Gol Trend junto a dos acompañantes, mientras que los uniformados Lohn y Boges iban en un Ford Focus vestidos de civil.

En medio de la persecución, Andrade recibió un disparo que salió -comprobado científicamente- de la pistola reglamentaria de Lohn, tras lo cual falleció prácticamente en el acto.

La posterior autopsia practicada concluyó, además, que la bala ingresó por la nuca de la víctima fatal y que el disparo fue ejecutado a corta distancia.

Las diferentes posturas están marcadas respecto a las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento, si es que hubo tal.

Desde la defensa de los imputados insistieron en que los uniformados presumieron que los ocupantes del Gol Trend estaban en una maniobra de contrabando de cigarrillos y que incluso Andrade exhibió un arma de fuego durante la persecución.

Del lado de la víctima, en tanto, sostienen que ellos se dirigían hacia una chacra de la zona, escuchando música y tomando cervezas, hasta que uno de ellos bajó a orinar y en medio de esa situación arribaron al lugar los policías, que colisionaron y dispararon contra el auto.

El caso fue investigado por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, quien procesó a Lohn por “homicidio calificado por ser integrante de una fuerza de seguridad, agravado por el uso de arma de fuego” y a Boges por “partícipe necesario del delito de homicidio calificado, por ser integrante de una fuerza de seguridad, agravado por el uso de arma de fuego”.

Dichas acusaciones fueron oportunamente apeladas por la defensa de los imputados, aunque la Cámara de Apelaciones de la provincia avaló todo lo actuado por el juzgado de instrucción.

De esta manera, el expediente fue elevado al Tribunal Penal Uno de Oberá para que sea ventilado en debate oral con esas imputaciones, aunque las tres fechas fijadas previamente debieron ser postergadas por diversos planteos defensivos o imponderables de último momento. 

“Fue un terrible caso de gatillo fácil que, esperamos, se esclarezca y no se trate de cubrir a los responsables, porque no todo termina en los policías que lo mataron. Entendemos que hubo responsabilidad del mando del Comando Radioeléctrico porque fue un crimen cometido por dos policías de civil, en un auto particular, sin identificación y que se buscó disfrazar con un supuesto operativo”, sostuvo en el segundo aniversario del caso, Pablo Andrade, hermano de la víctima, en diálogo con Radioactiva 100.7.

Además, en esa misma entrevista radial describió que “se detuvieron a orinar pero mi hermano se quedó en el auto. Segundos antes de entrar escucharon detonaciones, disparos, suben y en segundos los policías aparecen en ese auto oscuro, con vidrios polarizados y al ponerse casi a la par recibe el balazo, que de acuerdo a la autopsia entró de atrás y explotó en la frente, por eso es mentira la versión de ellos, que dicen que dispararon a la luneta porque se sintieron amenazados. Mi hermano no tenía armas”.


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