Judiciales
La Justicia actuó de oficio y mandó a resguardar la historia clínica de Juanita
La Justicia misionera inició una investigación de oficio para determinar si hubo responsabilidad penal en el fallecimiento de Juanita Sirimarco (13) y, como primera medida, mandó a resguardar la histórica clínica de la niña, además de solicitar otros informes y documentos vinculados al hechos.
Fuentes consultadas por La Voz de Misiones indicaron que hasta el momento la familia no radicó ninguna denuncia formal pero, a requerimiento del fiscal René Casals, la Justicia activó desde el lunes una investigación de oficio a fin de determinar si hubo responsabilidad penal en el hecho y preservar todos los elementos probatorios que podrían ser de interés para la pesquisa.
Fue el juez Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, quien dio lugar a las medidas solicitadas y una de ellas consistió en resguardar la historia clínica de Juanita, para luego analizarla con el resto de los informes médico-forenses ya elaborados y con los que restan culminar.
En ese marco, detallaron las fuentes, la Justicia también solicitó copias del contrato de transporte y cualquier otra documentación relacionada al viaje de egresados como para tenerlos a disposición en caso de que haya que analizar los alcances y la posible responsabilidad de cada uno de los involucrados.
Final trágico
La muerte de Juana Milagros Sirimarco Díaz se produjo el sábado en el hospital de Pediatría, días después de llegar en severo estado de salud del viaje de egresados que había realizado a Carlos Paz (Córdoba) con sus compañeros del Instituto Cristiano República Argentina (Icra), en un servicio contratado con la empresa de turismo Viaturex.
Según relató Claudia Díaz, su madre, en medio de las actividades realizadas en Córdoba, la niña sufrió una lesión en la rodilla que mereció atención médica y en paralelo comenzó a experimentar dolores de garganta, pero el doctor le comentó que los analgésicos recetados para la lesión de rodilla también harían efecto sobre esa dolencia.
Fue el pasado lunes a la noche que el contingente emprendió el regreso a casa y durante el trayecto la niña empeoró su estado. Desde Posadas, su madre hacía el seguimiento de su estado de salud a través de una maestra que viajó como acompañante.
Claudia añadió que ese martes a la madrugada Juanita vomitó y tuvo diarrea, amaneciendo muy descompuesta. También subió de temperatura y el médico del seguro del viaje recomendó la aplicación de dipirona.
“De casualidad, en el otro colectivo viajaba una mamá que es enfermera y ella tenía una ampolla de dipirona y se la aplicó. Después de eso, según los mensajes de la maestra, le bajó la temperatura, pero seguía vomitando y con diarrea”, contó la mujer en diálogo con diversos medios de comunicación, tanto de Misiones como de Buenos Aires, ya que la noticia tomó repercusión nacional.
Díaz narró que en varias oportunidades pidió que su hija sea atendida por un profesional y que fuese llevada a un hospital, pero los reclamos fueron desoídos. La última vez que solicitó esto fue cuando el colectivo estaba en Virasoro, Corrientes, pero los responsables del viaje decidieron continuar camino hacia Posadas.
El último pedido fue que se gestionara con el seguro para que la niña bajase en Garupá, donde se quedaban otros compañeros que formaban parte del contingente, para que desde allí sea trasladada en ambulancia a Posadas.
Cuando Juanita ingresó al hospital Pediatría su estado ya era grave. “Tenía la boca negra y los ojos rojos, estaba en shock. La llevaron a emergencia y le pusieron un montón de líquidos en vena, estaba totalmente deshidratada, su corazoncito estaba latiendo mal y su presión estaba bajísima, con apenas 8/2. Como no lograron levantarle la presión arterial la llevaron directamente a terapia intensiva”, relató Claudia en un testimonio repleto de desazón y lágrimas.
La mujer agregó que los médicos confirmaron que la niña tenía Influeza B, aunque consideraron que ese virus no pudo causar la muerte de la adolescente, lo cual se terminó dando el sábado. Todo será materia de investigación.
“Lo que creo que en realidad pasó es que llegó tan deshidratada que no pudo levantar su presión pese a todo lo que le pusieron, creo que eso fue lo que mató a mi hija porque su sangre no circulaba, no llegaba a sus miembros y apenas daba para los órganos más importantes”, consideró Díaz, que el domingo encabezó un acto en La Cascada de Posadas para pedir justicia por el hecho.

Juanita tenía 13 años recién cumplidos. Falleció el sábado.
La “alta sospecha” de una infección bacteriana
Esta mañana, el infectólogo Oscar Herminio López, uno de los médicos que atendió a la niña en el hospital de Pediatría de Posadas, dialogó con el El Doce Tv de Córdoba y reveló que Juana ingresó directamente a terapia intensiva en un “estado crítico” y en “shock séptico”, tras lo cual recibió las medidas terapéuticas correspondientes.
El profesional indicó que la Influenza B “excepcionalmente puede producir un cuadro de tanta gravedad” y que “casi nunca podría llevar a la muerte”, pero “deja un terreno predispuesto para que se aloje en ese organismo las bacterias que son las que producen el cuadro más grave, el cuadro de shock séptico, que es un proceso infeccioso generalizado y en empiezan a fallar el corazón, las venas y arterias”.
López consideró que es “alta” la sospecha de que la muerte se produjo por una “infección bacteriana”, aunque para confirmarlo es necesario “el rescate de germen”, lo cual todavía no se produjo porque los procesos de laboratorio de bacterología suelen llevar un largo tiempo.
También aclaró que en muchos casos hay que personas que fallecen como consecuencia de una infección bacteriana, pero no siempre se logra rescatar el germen que lo produjo.
Comunicados
Esta mañana, el Icra emitió un comunicado en el que se desvinculó de cualquier tipo de responsabilidad en el viaje de egresados.
“El viaje recreativo a Villa Carlos Paz, en el que participó Juanita, no fue organizado, avalado ni autorizado por nuestra institución. Dicho viaje fue una iniciativa exclusiva de un grupo de padres, quienes contrataron a la empresa Viaturex para su organización, sin la intervención ni el consentimiento del ICRA”, señaló el establecimiento educativo al cual asistía Juanita, que además era abanderada.
La empresa Viaturex también brindó su versión de los hechos en las últimas horas, afirmando que el servicio contaba con “cobertura médica las 24 horas” y repasó de qué manera se fue agravando el estado de Juanita.
Explicaron que la niña comenzó con fiebre y vómitos el martes 8 a las 3 de la madrugada, en pleno viaje de regreso. “Se le toma la temperatura que tenía 38, 9 grados de fiebre razón por la cual se le coloca paños frío y se le comunica al médico Oscar Funes que les había atendido a todo el contingente en Villa Carlos Paz y se procede a suministrar la medicación (dipirona) previo control de la ficha médica por precaución de posible alergia, previo aviso a los padres”, alegaron.
Luego, sostuvieron que “no se paró a un centro asistencial debido a la mejoría de la niña ya que no presentaba fiebre y considerando conveniente llegar lo antes posible para su mejor atención en Posadas donde se procede a trasladarla al hospital Pediátrico a su arribo a las 11 h aproximadamente, cabe destacar que en todo momento la niña estuvo consciente y se movilizó por sus propios medios hasta su ingreso al nosocomio”
Mariano Soczyuk, propietario de la firma de viajes, a su vez, dialogó con Misiones Online y allí expresó que “sentimos que no hicimos nada mal”.
“El cuadro comenzó a evidenciarse cuando estaban en la zona de San Jaime de la Frontera, en Entre Ríos. La medicación hizo efecto, bajó la fiebre y la nena durmió hasta casi llegar a Virasoro, en Corrientes. Ahí vuelve a vomitar sólo agua y el padre nos vino a ver. Le dije que podía hacer que el colectivo fuera directamente al hospital con todos los chicos, pero finalmente se decidió que parara en Fátima, donde debían bajar algunos chicos. Nosotros enviamos un auto de la empresa para trasladarla, pero la familia ya había pedido una ambulancia”, relató.
Judiciales
Acampe docente: condenan a Gurina y Sánchez por desobediencia y corte de calle
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.

Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.

La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
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La defensa pidió la absolución y hay cuarto intermedio hasta sentencia
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
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La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
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