Judiciales
Ramón Amarilla apeló su prisión preventiva y acusó “mensaje ejemplificador”

Ramón Amarilla y Diego Correa, dos de los ocho agentes policiales detenidos y destituidos tras ser acusados por delitos de “sedición” y “conspiración”, apelaron la prisión preventiva dictada por el juez Fernando Verón, cuestionando la medida como “infundada”, “arbitraria” y sin “fundamento probatorio”, además de calificarla como “un uso desproporcionado de la justicia” con fines de “persecución”.
El recurso de apelación fue presentado en las últimas horas por el letrado particular y ex juez penal Ramón Moisés Grinhauz, quien interviene como abogado defensor de los agentes Amarilla y Correa.
En la resolución, Grinhauz apunta que la prisión preventiva dictada contra sus pupilos judiciales resulta “infundada y arbitraria”, dado que la decisión carece de “fundamento probatorio sólido que justifique tal medida extrema”, al tiempo que considera que se realizó “una valoración subjetiva de los riesgos procesales”.
Siete de los ocho involucrados fueron detenidos el 19 de septiembre, durante una serie de procedimientos simultáneos ordenados por el juez Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, tras conocerse una serie de chats que daban cuenta de un supuesto plan para desestabilizar a la cúpula de la Policía e iniciar una nueva revuelta, incidentes nuevos e independientes a la protesta realizada en mayo.
La maniobra salió a la luz gracias a la detención días antes del oficial ayudante Diego Correa, a quien se le incautó el teléfono celular y de allí se recuperaron los diálogos que mantenían los involucrados a través de un grupo de Whatsapp llamado “Solo Cola”, según argumentan la Justicia.

Los ocho policías están detenidos y procesados con prisión preventiva.
“Expresiones de malestar”
En el escrito de apelación, la defensa de los implicados Correa y Amarilla contestan a todas estas cuestiones utilizadas como fundamento para el dictado de la prisión preventiva y atacan la medida.
“Las capturas de pantalla presentadas como evidencia incluyen intercambios que, a primera vista, pueden parecer comprometedores, pero una revisión más detallada revela que carecen de claridad y contexto”, arguye la defensa y sostiene: “Los mensajes reflejan expresiones generales de malestar sobre las condiciones laborales y comentarios dispersos que, aunque pueden ser interpretados como un deseo de ‘movida’, no constituyen un plan concreto o articulado que evidencie la intención de llevar a cabo actos de sedición o violencia”.
En ese marco, argumentan que “la jurisprudencia ha establecido que las conversaciones que se mantienen en entornos privados deben ser interpretadas con el debido respeto a la intención y al contexto en el que se producen”.
En otro tramo de la presentación, Grinhauz cuestiona que no existe evidencia para considerar que la liberación de sus defendidos represente riesgo procesal alguno, tanto de fuga como de entorpecimiento de la investigación, ante lo cual plantea como alternativa la imposición de medidas menos severas para que sus defendidos se ajusten a derecho, tal como lo hicieron en el marco del otro expediente que se instruye ante el Juzgado de Instrucción Seis, donde respondieron ante cada citación.
“Mensaje ejemplificador”
La apelación también contiene un “análisis político” de la causa, donde la defensa de los imputados apunta que la situación “trasciende la mera interpretación legal y se inscribe en un contexto político y social más amplio”, donde Correa y Amarilla fueron ubicados como “fusibles de una disputa salarial que ha despertado tensiones significativas entre el gobierno provincial y los cuerpos de seguridad”.
Y ataca: “La decisión de imponer una prisión preventiva parece estar más relacionada con la intención de enviar un mensaje ejemplificador al cuerpo policial que con la existencia de pruebas contundentes que sustenten la acusación”.
En base a todos estos considerados, el letrado particular solicita que se revoque la prisión preventiva contra sus defendidos y que ambos continúen el proceso judicial en libertad.
El documento ahora deber ser remitido a la Cámara de Apelaciones, junto a todo el expediente, para que sus magistrados analicen la presentación y luego resuelvan si ratifican todo lo actuado por el juez Verón o dan lugar a la apelación defensiva, lo cual favorecería a los implicados.
Este recurso de apelación se da horas después de una acción de amparo que los ochos uniformados implicados presentaron de manera conjunta en contra del gobierno provincial por el decreto que dispuso la destitución de todos ellos.
Judiciales
Condenan a ex policía por maniobra de contrabando que terminó a los tiros

Un ex policía admitió su participación en una maniobra de contrabando que terminó a los tiros con la Prefectura en Garupá en 2021, fue condenado a 4 años de prisión tras un acuerdo de juicio abreviado que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas transformó en sentencia.
Mauricio Alejandro González (35), que fue policía hasta 2020, fue condenado a 4 años de prisión como autor del delito de tentativa de contrabando de importación en concurso real con el delito de resistencia a la autoridad, aunque como ya registra una sentencia en su contra por narcotráfico en Entre Ríos, deberá cumplir un total de 5 años y 6 meses de cárcel como pena unificada.
Junto al ex cabo de la Policía de Misiones fueron condenados otros dos cómplices identificados como Matías Alejandro Rivas (30) y Alcibiades Bernardo García Montiel (27), quienes recibieron una pena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional al ser considerados partícipes secundarios del mismo delito atribuido a González.
Cigarrillos y tiros
El hecho imputado a los tres implicados ocurrió el 4 de marzo de 2021. Eran aproximadamente las 8.30 cuando una patrulla de la Prefectura Naval Argentina (PNA) identificó con cámaras térmicas el arriba de una embarcación paraguaya a una zona costera del barrio Santa Clara de Garupá, donde lo esperaba un Volkswagen Voyage con tres personas.
Esas tres personas era González, Matute Rivas y el paraguayo García Montiel, quienes cargaron el auto con 250 cartones de cigarrillos Eight y que cuando advirtieron la llegada de la PNA escaparon a toda velocidad.
Allí se inició una persecución que se extendió durante varios minutos y terminó en el barrio Ñu Porá. En el medio, hubo disparos, de ambas partes. El Voyage, por ejemplo, terminó con impactos de bala en la luneta, en la tapa del baúl, en el paragolpe y en los neumáticos.
Los balazos también alcanzaron a Rivas, que iba en el asiento de atrás al conductor y resultó herido en el brazo izquierdo y debió ser hospitalizado.
Los tres implicados quedaron detenidos, aunque con el correr del tiempo y el avance del expediente fueron siendo excarcelados uno a uno.

El procedimiento de la Policía entrerriana en agosto de 2021.
Puntero
El ex policía González, por ejemplo, recuperó la libertad el 8 de junio de ese mismo año, pero volvería a caer poco después, esta vez en Entre Ríos, mientras viajaba como “puntero” de un auto con marihuana.
Ese hecho ocurrió el 26 de agosto de 2021. Todo comenzó cuando los policías entrerrianos apostados en el puesto Paso Telégrafo descubrieron 18 kilogramos de marihuana dentro de un Honda City.
Ese auto era conducido por Crisanto Baudilio Galarza, pero por la maniobra también fue arrestado González, que viajaba delante suyo en Susuki y fue imputado como partícipe secundario de “transporte de estupefacientes”.
En esa causa el ex uniformado también admitió su responsabilidad en un juicio abreviado y recibió 3 años de prisión de ejecución condicional, por lo que pudo continuar en libertad, aunque cumpliendo determinadas restricciones impuestas por el Tribunal Oral Federal de Paraná.
Judiciales
Acusado por el homicidio de Josías Galeano firmó un juicio abreviado

Andrés Rogelio “Koki” Texeira (29), detenido desde 2022 por el asesinato de Josías Galeano (15) en Oberá, firmó un juicio abreviado en el que admitió su responsabilidad en el crimen y ahora el Tribunal Penal Uno de Oberá debe analizar el documento para resolver si homologa o no el acuerdo.
El debate para esclarecer el caso de homicidio estaba fijado para los días 25, 26 y 27 de marzo, pero la decisión de Texeira obligaría a dejar sin efecto el proceso oral, dado que la modalidad de juicio abreviado contempla que el acusado admita su responsabilidad en el caso.
Texeira está acusado por el delito de homicidio simple, figura bajo la cual puede ser condenado a una pena de entre 8 y 25 años de prisión. La sentencia quedará en manos del Tribunal Penal Uno, integrado por los magistrados Francisco Aguirre y Horacio Paniagua.

Josías tenía 15 años.
El caso Josías
Josías Galeano fue visto por última vez el 30 de abril de 2022 y permaneció 34 días en condición de desaparecido, hasta que sus restos en avanzado estado de putrefacción fueron hallados en una zona de bañados del barrio San Miguel de Oberá.
Durante todo ese tiempo la lupa se posó sobre el accionar de efectivos policiales, dado que días previos a su desaparición Josías estuvo detenido en distintas celdas obereñas y ante ello varios organismos nacionales reclamaron que el caso sea investigado como “desaparición forzada”.
Sin embargo, para la Justicia la hipótesis que finalmente prevaleció fue la que vinculaba a Texeira, un joven que sería compañero o amigo de Josías que habría estado con él por última vez.
La investigación en su contra se apoyó en el testimonio vertido por un denominado “testigo clave”, quien aseguró que mientras Josías estaba desaparecido Texeira le confesó el asesinato del adolescente.
“Koki me dijo que le hizo una llave con el brazo y le tenía del cuello, y ahí el otro le pegó con la mano para arriba y le pegó en la cara y él dijo que le terminó de matar haciéndole una llave con la mano, que le apretó más fuerte. Me dijo que estaban los dos solos, no me dijo dónde fue, sólo dijo que lo mató y que lo tenía enterrado en el Yazá, donde había un pantano lleno de musgos y camalotes. Y ahí me dijo si yo le podía comprar pan y mortadela”, afirmó el testigo ante la Justicia, según reveló en su momento el diario El Territorio.
En ese marco, Texeira fue detenido y procesado por el crimen. Posteriormente el expediente fue elevado a juicio y en diciembre de 2023 la Cámara de Apelaciones confirmó todo lo actuado.
En paralelo a esta causa por homicidio, también se instruye un expediente por torturas contra el menor, que tiene a dos policías imputados. La causa se tramita bajo la carátula de “omisión de deberes como funcionario público, detención ilegal, privación ilegítima de la libertad agravada, severidades y amenazas”.
Confirman elevación a juicio de la causa por el homicidio de Josías Galeano
Judiciales
Detuvieron por femicidio a la pareja policía de la preceptora Machuca

Tras un giro en la investigación, la Justicia trata ahora el caso de la muerte de la preceptora Soledad Machuca (34) como femicidio y ordenó la detención de su marido, un suboficial de la Policía de Misiones que ahora también fue separado del cargo.
La medida fue comunicada hace instantes por la propia fuerza provincial, que en su informe añadió que la detención se debió al resultado de autopsia y al avance las pericias efectuadas en la vivienda de la pareja en el barrio Nosiglia de Posadas.

Soledad Machuca fue hallada sin vida en la noche del martes, en su casa del barrio Nosiglia de Posadas
En paralelo a la medida judicial, el ahora sospechoso de femicidio, identificado como Gustavo C. (37), fue separado de la institución policial. En el caso interviene el Juzgado de Instrucción Tres, a cargo del magistrado Fernando Verón.
Hasta ayer, la hipótesis del caso apuntaba a la primera versión y daba cuenta de un desvanecimiento de la joven en la casa, lo que ocasionó que sufriese un golpe en la cabeza en la caída.
Sin embargo, ahora, con el avance de las pericias realizadas por personal de Criminalística, la Justicia cambió la carátula del caso, que paso de “muerte dudosa” a “femicidio” y ordenó la detención del marido de la víctima.
Investigan la muerte de una preceptora posadeña en el barrio Nosiglia
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