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La historia del misionero de Montoneros acribillado por la dictadura en Buenos Aires

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Eran más de quince, entre militares y policías, los integrantes de la “patota de Lanús” que el 15 de marzo de 1977 rodearon y regaron de balas una casa del partido bonaerense de Almirante Brown donde se refugiaban perseguidos políticos. Fue una masacre planificada y entre las víctimas había un misionero de Montoneros, José Luis Alvarenga, cuya historia fue ventilada en un mega juicio por delitos de lesa humanidad que culminó con siete sentencias a prisión perpetua.

La masacre en la que acribillaron a Alvarenga fue la primera de dos operativos idénticos perpetrados en apenas 24 horas y que culminaron con un total de seis personas asesinadas, entre ellas, una exiliada paraguaya cuyos tres hijos luego fueron alojados en un hogar que se transformó en un infierno donde fueron sometidos a golpes, penitencias y abusos sexuales hasta 1983.

El juicio por los tres hechos en conjunto comenzó en marzo del año pasado y culminó el pasado 5 de mayo, pero hoy se difundieron los fundamentos de la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) Uno de La Plata, un documento de 541 páginas, donde se reconstruyen los sucesos y se exhiben las pruebas y testimonios que sentaron las bases para el veredicto.

De Posadas a Buenos Aires, militancia y persecución

De allí se desprende que José Luis Alvarenga era misionero, más precisamente posadeño y nacido el 15 de enero de 1949, según consta en su planilla incorporada al registro unificado de víctimas del terrorismo de Estado, elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Según pudo reconstruir La Voz de Misiones, su historia consigna que nació en una familia de escasos recursos, que trabajó desde los 9 años en múltiples oficios, hasta que migró a Buenos Aires en busca de mejores oportunidades junto a sus padres.

Así fue como le llegó el momento de realizar el servicio militar obligatorio, la famosa “colimba”, tras lo cual se trasladó a la zona de Temperley y Adrogué, donde comenzó su militancia política vinculada al peronismo.

De joven formó parte de la Juventud Peronista (JP) y también integró filas de la organización Montoneros, en la cual alcanzó a fundar la unidad básica Sabino Navarro.

Alvarenga estaba casado con Elsa Niño, con quien tuvo un hijo que, al momento ser asesinado por la Patota de Lanús, apenas tenía 16 meses.

Producto de su militancia, el misionero comenzó a ser perseguido. También sus familiares, como su hermano, quien en sus testimoniales recordó haber sido detenido en dos oportunidades por policías y militares que buscaban al joven oriundo de tierra colorada.

En esas circunstancias pasó a la clandestinidad, deambulando por diversos domicilios y ocultando su paradero, incluso a sus familiares más directos. Así fue cómo llegó, junto a María Florencia Ruival, otra militante montonera, a una casa ubicada sobre la calle Nother, en el barrio San José, en el partido bonaerense de Almirante Brown.

En ese lugar, residía Vicente “Chela” Orrego Meza, una mujer de 29 años que escapó de la dictadura en Paraguay y a comienzos de los 70 se refugió en Buenos Aires junto a su marido, Julio, con quien también militó bajo las consignas del peronismo y realizaban actividades con el “movimiento villero” en una capilla de barrio.

De ese matrimonio nacieron tres niños, Mariano, María y Carlos, de entre 5 y 3 años. Los niños fueron los únicos sobrevivientes de la masacre perpetrada esa madrugada-mañana del 15 de marzo de 1977, aunque luego sufrirían tormentos de todo tipo.

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Los hijos de Orrego Meza y su recuerdo durante el juicio realizado. Foto: Télam.

15 minutos de balas

Según la reconstrucción trazada, la denominada Patota de Lanús venía siguiendo y realizando labores de inteligencia sobre la vivienda de Orrego Meza, hasta que ese 15 de marzo decidieron actuar.

Llegaron amparados por la oscuridad de una mañana, antes del amanecer, rodearon la casa desde los baldíos lindantes y sin previo aviso más que un grito de “salgan montoneros, afuera guerrilleros” jalaron los gatillos de FAL durante 15 minutos continuados. Una verdadera lluvia de balas que transformaron el inmueble en un colador.

Dentro del lugar estaban Orrego Meza con sus tres hijos, además de Alvarenga y Ruival. Uno de los niños, que en ese momento tenía 5 años, declaró como testigo en el juicio y relató cómo alcanzó a ver la casa rodeada de personas a través de los agujeros provocados por los proyectiles.

Los pequeños, ahora adultos, recordaron que, en medio de la balacera, su madre comenzó a sacarlos a través de una ventana. Primero salieron los mayores. Les dijo que corran hasta la casa de una vecina.

Ella salió por último, con el bebé más pequeño en brazos. Nada importó. Un uniformado la ejecutó a balazos. Recién ahí se detuvo la balacera.

Inspección ocular realizada sobre la casa de calle Nother. Foto: La Retaguardia.

Al ingresar, Alvarenga y Ruvial yacían también en el suelo. Quizás ya muertos o quizás aún vivos, pero heridos. Por las dudas, fueron blanco de una nueva ráfaga de ametralladora.

Los efectivos que participaron del operativo luego cazaron a dos adolescentes que venían con un carro a caballo, con el cual “cirujeaban” en un basural de la zona. Ambos fueron utilizados para llevar los cuerpos hasta un móvil que esperaba a unas cuadras de allí, dado que las lluvias de la semana anegaron las calles lindantes a la casa de calle Nother.

Después de allí, los cadáveres del misionero Alvarenga y de su compañera Ruival fueron sepultados como NN en una fosa común, junto a otros 30 cuerpos, en el cementerio de Rafael Calzada. La paraguaya, en tanto, permanece desaparecida.

La familia del misionero recién se enteró de la masacre un mes después, cuando un anónimo llamó y -en clave- contó que el militante había sido asesinado, aunque sin precisar circunstancias ni nada.

Tras la recuperación de la democracia, ya en 1985, la familia conoció a través de la prensa de la historia de los hermanitos que sobrevivieron a la masacre y relacionaron que Alvarenga pudo haber sido uno de los asesinados en ese lugar.

La investigación posterior terminó encontrando los restos del misionero en la zona 4, sección 4, tablón 2, sepultura 93 del cementerio de Rafael Calzada. Luego, una odontóloga de Alvarenga lo reconoció a partir de una malformación congénita que el hombre tenía en su mandíbula.

Condenas, medidas reparadoras y traducción al guaraní

Por la masacre que acabó con su vida y otra similar perpetrada un día después, fueron condenados a prisión perpetua el ex ministro de Gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart, uno de los civiles más influyentes de la dictadura, así como el jefe de la Dirección de Investigaciones Zona Metropolitana de la Policía Bonaerense Juan Miguel Wolk, más conocido como “el Nazi”; y los uniformados integrantes de la Patota de Lanús: José Augusto López, Antonio Armando Calabró, Rubén Carlos Chávez, Roberto Guillermo Catinari y Héctor Raúl Francescangelli.

Todos fueron declarados responsables del delito de “homicidio calificado por haberse cometido con ensañamiento, alevosía, utilización de medios idóneos para crear un peligro común y con el concurso premeditado de dos o más personas”.

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Jaime Smart, ex ministro de Gobierno bonaerense, recibió prisión perpetua.

Un secretaria judicial, en tanto, fue condenada por los tormentos padecidos por los tres niños secuestrados tras la masacre y recibió cinco años de prisión, a pesar de que la fiscalía había pedido una condena de 21 años.

Además, el fallo dictado por el TOF Uno de La Plata dispuso una serie de medidas reparatorias como, por ejemplo, una declaración de verdad y la señalización de la casa donde funcionó el Hogar Casa Belén como un sitio de la memoria.

Asimismo, ordenaron que una copia de la sentencia sea enviada a los medios Clarín, La Nación, La Unión, Crónica y La Prensa, que presentaron los operativos como un enfrentamiento. También dictaminaron que el fallo sea traducido a la lengua guaraní.


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Imputaron a Jonatan Campedo por el femicidio de Ramona en San Onofre

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Tras el fallecimiento de Ramona Isabel Morínigo (39), la madre de tres menores que el entre el sábado y domingo de la pasada fue rociada con alcohol y prendida fuego en su casa del barrio San Onofre de Posadas, su pareja volvió a ser trasladado ante la Justicia para una ampliación de declaración indagatoria y fue imputado por el femicidio de la mujer.

El sospechoso, identificado como Jonatan Jordan Campedo Páez (34) fue llevado desde la comisaría donde se encuentra detenido hasta el Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo, le notificó el deceso de la mujer y le amplió la imputado a “homicidio agravado por la convivencia”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.

En esa misma instancia y a diferencia de lo sucedido al momento de ser indagado por el delito de en grado de tentativa, Campedo Páez decidió dar su versión de los hechos y antes las autoridades se desligó del hecho, afirmando que la mujer se auto efectuó las lesiones con intenciones suicidas.

La versión contrasta con lo dicho por uno de los hijos de Ramona, quien habría sido testigo directo del ataque y en las próximas horas podrías prestar declarar en Cámara Gesell.

Mientras todo ello sucedía en pasillos judiciales, en el cementerio La Piedad los familiares de Ramona inhumaban los restos de la mujer en medio de muestras de profundo de dolor y tristeza.

El hecho se registró entre la noche del sábado y la madrugada del domingo pasado en el barrio San Onofre de Posadas.

Según los primeros testimonios, en medio de una discusión, la mujer fue rociada con alcohol y luego prendida fuego. Consecuencia de ello resultó con el 50% del cuerpo afectado con quemaduras graves, localizadas principalmente en la cabeza, rostro, cuello y miembros superiores.

La mujer permaneció agonizó cinco días en terapia intensiva del hospital Madariaga y su fallecimiento se produjo el último viernes.

 

 


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Sicarios brasileños van a juicio por acribillar a un kiosquero en Posadas

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El magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, decretó en las últimas horas la elevación a juicio de la causa contra los dos sicarios brasileños acusados de acribillar a un comerciante del barrio Yacyretá a mediados de 2022, hecho que encierra un posible trasfondo vinculado al narcotráfico, aunque la hipótesis no pudo ser acreditada.

Los imputados en esta causa son los brasileños Gabriel Junio Guimaraes Da Silva (22) y David Weslley de Oliveira Silva (24), ambos oriundos de Porto Alegre, y el último de ellos presuntamente ligado al temible Bala Na Cara, calificado como el segundo grupo narco-criminal más potente de Río Grande Do Sul.

Según fuentes de La Voz de Misiones, los dos están alojados en una Unidad Penal VI de Posadas y tras la resolución del juez Mattos irán a juicio acusados por el delito de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos personas y alevosía, figura que prevé una pena de prisión perpetua.

En la causa figura un tercer involucrado, acusado de brindar alojamiento y prestar logística a los extranjeros, aunque se mantiene prófugo desde el día en que el comerciante Cristian Javier Díaz (34) encontró la muerte a balazos.

El expediente ahora será remitido al Tribunal Penal Dos de Posadas, cuyas autoridades deberán programar fecha para la realización del correspondiente debate oral para terminar de esclarecer lo sucedido.

El Fiat Duna utilizado por los extranjeros captado por cámaras de seguridad.

Timbre y ráfaga de disparos

El crimen de Díaz se registró el 8 de mayo de 2022 en su casa y también kiosco ubicado en la esquina de las calles 74 y 95, de la chacra 94, en jurisdicción del barrio Yacyretá.

Eran las 3.30 de la madrugada cuando tocaron el timbre del kiosco y al asomar por la ventana de atención fue acribillado. En la escena se recogieron vestigios de siete disparos y en el cuerpo de seis, localizadas en cuello (lesión fatal), tórax y abdomen.

La esposa de Díaz fue quien alertó de lo sucedido a la Policía y en menos de 24 horas los investigadores de la Dirección Homicidios dieron con los dos extranjeros hoy detenidos mediante el relevamiento de testimoniales y rastreo de cámaras de seguridad.

La pesquisa trazada permitió reconstruir que los brasileños habían ingresado a la Argentina el 3 de mayo a través del paso fronterizo Santo Tomé-Sao Borja y tenían pasajes de regreso para el 9 de mayo, poco más de 24 horas después de la ejecución de Díaz.

Justamente, ambos extranjeros fueron aprehendidos esa misma madrugada en la terminal de colectivos, mientras esperaban el micro de regreso y desde ese momento permanecen privados de la libertad.

La carga de droga incautada en 2021.

Se cree que los brasileños pernoctaron en Posadas desde el mismo día en que ingresaron al país y que lo hicieron en una vivienda prestada por el sospechoso que permanece prófugo, a quien además le sindican una carga de 155 kilogramos de marihuana incautada frente al mismo lugar por Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en 2021 y el trasfondo del crimen podría estar vinculado a ese episodio, aunque no hay pruebas concretas de que ese sea el móvil del hecho. Tampoco se pudo identificar a un posible autor intelectual.

En contrapartida, indicaron las fuentes de LVM, de lo que sí hay pruebas consistentes, principalmente registros de cámaras de seguridad, es que los extranjeros llegaron y huyeron de la escena del crimen en un Fiat Duna blanco con desperfectos en las luces traseras, características idénticas a las del rodado incautado en el inmueble donde se alojaron en el barrio Luis Piedrabuena.

En su momento el juez Mattos se declaró incompetente y remitió la causa al Juzgado Federal de Posadas al entender que el crimen podría estar vinculado al narcotráfico, pero la medida no prosperó y el expediente volvió a su juzgado. Ahora la investigación culminó y todo el material probatorio deberá ser ventilado en instancia de juicio oral, donde finalmente se decidirá el futuro de los dos foráneos imputados.


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Piden controlar a represor misionero con domiciliaria que hizo mega fiesta

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A dos semanas de la ampulosa fiesta realizada por las bodas de oro del represor misionero con prisión domiciliaria Jorge Antonio Olivera (73), trascendieron más fotografías del evento y en una de ellas aparece como uno de los invitados Gustavo Ramón De Marchi, otro militar con causas por lesa humanidad, ante lo cual la fiscalía interviniente solicitó avanzar en la investigación de lo sucedido y amplió medidas de control en contra del ex militar oriundo de la tierra colorada.

El festejo se llevó adelante el 3 de febrero en la casa de Vicente López donde el misionero Olivera cumple prisión domiciliaria por las tres penas de prisión perpetua que registra en su contra, aunque nunca pidió permiso ni avisó de su realización, pero el jolgorio con más de 60 presentes y show de Palito Ortega tomó estado público a partir de fotografías y videos publicados en redes sociales por algunos de los invitados, entre ellos la negacionista Cecilia Pando.

Luego de ello, los fiscales generales de San Juan Francisco Maldonado y Dante Vega solicitaron que los pormenores del evento sean objeto de una investigación y también pidieron que a Olivera se le imponga “la obligación de abstenerse de realizar eventos sociales que supongan la concurrencia de un número considerable de personas ajenas al entorno familiar, la contratación de servicios de música, mobiliario, catering o cualquier otra actividad que, en definitiva, desnaturalice el alcance y sentido de la pena impuesta, y ponga en crisis la motivación estrictamente humanitaria que justifica dicho régimen de excepción, sin que ello deba interpretarse, claro está, como un impedimento para el desarrollo de su vida familiar y social”.

Ahora, al conocerse además la posible presencia en la fiesta de Gustavo De Marchi, también condenado a perpetua junto a Olivera en una de las causas en San Juan y además cómplice del misionero en la fuga de ambos registrada en 2013, los mismos funcionarios requirieron nuevos informes e incluso solicitaron la detención del represor.

De Marchi fue apartado del último juicio por motivos de salud psiquiátrica y estuvo en la fiesta de Olivera.

Apartado del juicio y luego de fiesta

Según consignaron desde el portal oficial del Ministerio Público Fiscal de la Nación, De Marchi se encontraba en libertad al momento de la fiesta debido a que el Tribunal Oral Federal (TOF) de San Juan había dictado la suspensión de la ejecución de sus dos condenas por razones de salud, aunque la orden fue anulada por la Sala III de la Cámara Federal de Casación el 6 de julio pasado.

“Se advierte que han transcurrido siete meses desde que la Sala III de la Cámara Federal de Casación (CFCP) anuló la resolución citada y ordenó el reenvío de las actuaciones. Por tal motivo, solicito al Tribunal que -imprimiendo la celeridad que amerita el caso- se dé cumplimiento a lo ordenado por la CFCP, ordenándose la inmediata detención del condenado Gustavo Ramón De Marchi”, indicó el fiscal Maldonado en su presentación efectuada el 7 de febrero, aunque el planteo no fue hecho público para reducir los riesgos procesales que ello podría conllevar.

En paralelo a ello, informaron que el TOF de San Juan hizo lugar hoy al pedido presentado por el fiscal Dante Vega respecto a la realización de un nuevo examen físico a De Marchi, ya que el imputado había sido apartado del juicio por la denominada Megacausa III “en razón de su condición psiquiátrica, neurológica y psicológica”.

“Resulta evidente que la presencia del nombrado en la celebración llevada a cabo en la casa de Jorge Antonio Olivera torna ineludible la necesidad de realizar un nuevo examen médico a los efectos de determinar si las condiciones médicas oportunamente constatadas se mantienen, particularmente teniendo en cuenta que en la imagen publicada por el diario Tiempo de San Juan se lo observa en condiciones que -prima facie- parecieran no condecirse con aquellas que mostraba al momento de realizarse la pericia que derivó en la suspensión de los procesos en su contra”, sostuvo Vega en su requerimiento.

Respecto al misionero Olivera, Vega sumó pedidos y planteó que al condenado se le imponga, además, la “prohibición de que ingrese a su domicilio cualquier persona imputada, procesada o condenada por crímenes contra la humanidad”, como así también “la realización de controles sorpresivos y periódicos semanales, en diferentes horarios, diurnos y nocturnos, debiendo informarse cualquier situación que suponga la violación de a las restricciones antes referidas” y, por último, “rondines policiales con la frecuencia que el Tribunal estimare pertinentes”.

El TOF corrió a la defensa de Olivera los requerimientos planteados por la Fiscalía y se aguarda resolución al respecto.

Olivera, junto a su esposa y Palito Ortega en pleno festejo el 3 de febrero.

Represor misionero

Según consta en los registros oficiales, Olivera nació en Posadas el 10 de agosto de 1950 y en San Juan se desempeñaba bajo el rango de Teniente y operaba como jefe de Inteligencia del RIM 22 (Regimiento de Infantería de Montaña), en una de las esferas de mayor poder dentro de la estructura.

El año pasado recibió su tercera condena a prisión perpetua tras un extenso juicio realizado por la Megacausa III, donde se acumularon seis expedientes con hechos padecidos por un total de 96 víctimas, de las cuales trece permanecen desaparecidas y cinco fueron ejecutadas. También se investigan secuestros, torturas y casos de violencia sexual.

Las otras condenas a perpetuas contra el misionero bautizado como “El Carnicero” fueron dictadas en julio de 2013 y octubre de 2018.

Entre las víctimas de las desapariciones, secuestros y torturas que se investigaron en las causas donde Olivera fue imputado aparecen la francesa criada en Misiones, Marie Anne Erize, y el actual diputado y ex gobernador de San Juan en tres oportunidades, José Luis Gioja.

El misionero, además, estuvo prófugo en dos oportunidades. Primero a mediados de los 2000 y luego en 2013, cuando 22 días después de recibir su primera condena escapó del hospital militar Cosme Argerich de Buenos Aires junto a su cómplice y hasta hoy compañero de andanzas Gustavo De Marchi.


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