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Acusado de trata contra dos adolescentes continuará detenido

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skuarek acusado de trata

La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas confirmó el rechazo del pedido de excarcelación formulado por la defensa de Fernando Ariel Skuarek, un hombre acusado de múltiples hechos que configuran trata de personas, y ordenó que se analice la viabilidad de un nuevo otorgamiento de prisión domiciliaria en virtud del estado de salud del implicado.

El apuntado es investigado desde fines de 2017 y está detenido desde mayo de este año, cuando la Justicia le revocó el beneficio de arresto domiciliario que gozaba en Aristóbulo del Valle y desde ese momento se encuentra privado de su libertad, procesado con prisión preventiva como autor de delitos como suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.

Tras la detención, su defensa presentó trabó diversos recursos. En primera instancia solicitó la excarcelación u otorgamiento de un nuevo arresto domiciliario, lo cual fue rechazado por el Juzgado Federal de Posadas y ahora apelaron esa resolución.

Ante esas circunstancias, en el caso debió intervenir la Cámara Federal de Apelaciones, cuyos magistrados revisaron los planteos y resolvieron confirmar la denegatoria de la excarcelación.

Entre los argumentos esgrimieron “la gravedad de las conductas enrostradas a Skuarek” y “las altas penas en expectativa”, como así también “los recursos económicos y operativos de los que dispone y el efectivo amedrentamiento a testigos de la causa”, teniendo en cuenta que el acusado es hijo de un contador de Aristóbulo del Valle.

Los camaristas también tuvieron en cuenta “el grado de vulnerabilidad en la que las víctimas se encuentran” y sopesaron en que “los hechos investigados se vinculan con la temática de la violencia de género, imponiéndose la operatividad su tratamiento en la toma de medidas judiciales adecuadas para prevenir, sancionar y evitar la repetición de esos delitos”.

Zanjada esa cuestión, los magistrados intervinientes procedieron a analizar el segundo planteo, el referido al otorgamiento de una nueva prisión domiciliaria por razones de salud.

Sobre ese punto, indicaron que los informes médicos no alcanzan para dar claridad sobre el estado de salud del imputado y, por ende, no pueden analizar la procedencia o no de la morigeración del cumplimiento de la prisión preventiva.

En consecuencia, ordenaron que el Juzgado Federal de Posadas solicite un nuevo informe médico y psicológico con conclusiones actualizadas respecto a las patologías que presenta el imputado, como así también la opinión de profesionales respecto a la viabilidad de su tratamiento intramuros o no.

Una vez que todo ello se cumplimente, las autoridades deberán emitir un nuevo dictamen y allí se resolverá si Skuarek vuelve a obtener la prisión domiciliaria.

Mientras tanto, el imputado continuará detenido, a la espera de que la causa llegue a instancia de juicio oral.

El hombre, de 34 años en ese entonces, fue denunciado a fines de 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de una chica de 17. 

Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.


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Detenido por asesinar al padre en Dos Hermanas guardó silencio y fue imputado

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Dos hermanas parricidio

El hombre detenido desde el viernes por el asesinato a puñaladas de su padre Agustín Figueroa (73) en la localidad de Dos Hermanas se abstuvo de declarar hoy ante la Justicia y fue imputado bajo una figura que prevé una pena de prisión perpetua.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el implicado de 32 años fue trasladado esta mañana hasta el Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, donde debía comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante Ariel Belda Palomar, magistrado que lleva adelante la investigación del parricidio.

En esa instancia, las fuentes añadieron que el detenido designó abogado defensor oficial, se abstuvo de declarar y fue formalmente imputado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, figura contemplada por el artículo 80, inciso 1, del Código Penal, el cual prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser declarado responsable en un futuro debate oral.

Tras la audiencia, el hombre identificado como Neri Ramón Figueroa (32) volvió a ser trasladado a una celda policial donde continuará detenido mientras avance la instrucción de la causa en su contra.

Crimen y confesión en comisaría

El hecho que se investiga se registró en la mañana del viernes pasado, en una vivienda de Dos Hermanas, donde luego de una discusión con uno de sus hijos Agustín Figueroa (73) fue ultimado a puñaladas.

El crimen se descubrió en virtud de que el propio acusado se dirigió hacia la comisaría local y relató que minutos antes había discutido y agredido a estocadas a su padre. Para cuando los efectivos llegaron al lugar la víctima ya no presentaba signos vitales.

En la escena los investigadores dieron con el cuchillo que habría sido utilizada como arma homicida, entre otras pruebas que comprometerían aun más al único sospechoso.

“Él siempre atentó contra la familia, incluso ya había atentado contra mis dos hermanas. Él siempre amenazaba y ya le había amenazado a mi papá que quería plata. Mi papá nos comentó eso a mí y a mis hermanos pero nunca pensamos que iba a pasar esto”, narró al respecto Antonio Figueroa, hija de la víctima y hermana del acusado, en diálogo con El Territorio.

“Papá le ayudaba con plata, con los medicamentos, con mercadería. Él estuvo seis meses internado y mi papá lo cuidó porque tuvo un accidente. Siempre mi papá estuvo a la par de él. Es por eso que no podemos entender por qué hizo esto si mi papá siempre lo ayudó y lo apoyó”, añadió.


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El juicio por el caso D’Amico en Oberá pasó para el 1 de julio

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D'Amico

Finalmente, el juicio oral por el asesinato del preventista cárnico Nicolás D’Amico (35) duró tan solo unos pocos minutos esta mañana en virtud de un planteo de intereses contrapuestos entre los principales acusados y, de esta manera, se dispuso un cuarto intermedio hasta el 1° de julio.

El debate tuvo su inicio en el Palacio de Justicia de Oberá, ante los magistrados del Tribunal Penal Uno de la Capital del Monte, pero al poco tiempo Matías Olivera, defensor oficial de cuatro imputados, pidió la palabra y advirtió que entre los implicados que asesora hay intereses contrapuestos que podrían generar inconvenientes al devenir del proceso e incluso derivar en una nulidad del juicio.

“En el requerimiento de elevación a juicio leído en esta sala está expuesto que los hermanos Benegas y Gutiérrez se acusan entre sí (dos están imputados como autores materiales del crimen y dos por encubrimiento) y la defensa de todos es la misma, siendo eso incoherente. Si continuamos hasta podría incurrir en un delito“, sostuvo Olivera, según publicó el diario El Territorio.

El defensor hizo alusión a los imputados Diego Ramón Benegas (40), dueño del abasto donde se perpetro el crimen; Jonathan Emanuel Gutiérrez, uno de sus empleados; Gustavo Germán Benegas (36) y Diego Orlando Gutiérrez (33).

Los dos primeros están sindicados como autores del asesinato y enfrentan los cargos más severos por el delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y en concurso premeditado de agentes”, mientras que los dos restantes están imputados por “encubrimiento agravado”. En la causa hay otros tres acusados. 

Tras el planteo, el tribunal integrado por los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Jorge Villalba decidieron disponer de un cuarto intermedio hasta el 1 de julio.

En este lapso, los hermanos Benegas deberán designar nuevos abogados defensores ya que Olivera afirmó que continuará con el patrocinio de los Gutiérrez.

Según el expediente, D’Amico fue asesinado a fierrazos dentro de una carnicería de Oberá y su cadáver fue incinerado en el interior del baúl de su auto en cercanías a un teal del paraje El Chatón, en Alem. El hecho ocurrió a fines de 2015.

FOTO: El Territorio.

Golpeado e incinerado: comenzó el juicio por el crimen de D’Amico en Oberá


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Golpeado e incinerado: comenzó el juicio por el crimen de D’Amico en Oberá

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d'amico

Esta mañana, en el Palacio de Justicia de Oberá, comenzó el juicio oral contra siete imputados en el expediente que investiga el crimen del bonaerense Nicolás D’Amico (35), quien según lo reconstruido en 2015 fue asesinado a fierrazos en un abasto de la Capital del Monte y luego incinerado dentro de su automóvil en el paraje El Chatón de Leandro N. Alem.

El debate se realizará ante el Tribunal Penal Uno de Oberá, se extenderá a lo largo de cuatro jornadas y fueron citados un total de 43 testigos. Los imputados llegaron a esta instancia en libertad, con diferentes grados de acusación.

Los principales implicados son Diego Ramón Benegas (40), dueño del abasto donde se perpetró el crimen, y Jonathan Emanuel Gutiérrez (31), uno de sus empleados, quienes están acusados por el delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y en concurso premeditado de agentes”, figura ante la cual son pasibles de recibir una pena de prisión perpetua.

Nicolás D’Amico tenía 35 años y era empleado de un frigorífico de Lobos, provincia de Buenos Aires.

Por su parte, Gustavo Germán Benegas (36), Gustavo Ramón García (32) y Diego Orlando Gutiérrez (33) están acusados de “encubrimiento agravado”, mientras que Guillermo Andrés Burkiewicz (35) y Guillermo Sebastián Rockenbach (35) enfrentan cargos por “tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y entrega de arma de fuego a quien no acredita la condición de legítimo usuario”.

La pesquisa trazada, con intervención determinante del personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic), estableció que el 21 de octubre de 2015 D’Amico fue ultimado a fierrazos dentro del abasto La Rueda de Oberá y posteriormente su cuerpo fue trasladado en su Volkswagen Bora hasta El Chatón, donde fue rociado con combustible e incinerado.

La principal sospecha es que Diego Benegas y Jonathan Gutiérrez fueron quienes propinaron la golpiza mortal, con el objetivo de evadir una deuda de 350.000 pesos que la víctima pretendía cobrar como empleado de un frigorífico bonaerense.

El resto de los implicados aparecen bajo la lupa por colaborar tanto en el traslado del cadáver como en limpiar el escenario del crimen, aunque las pericias de la Saic de igual manera permitieron reconstruir lo sucedido.

Pericias de la Saic establecieron que el crimen fue perpetrado dentro del abasto La Rueda de Oberá.


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