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La cautelar de Misiones contra el DNU de Milei pasó a la Corte Suprema

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Misiones DNU corte suprema

El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso de Posadas se declaró incompetente en la medida cautelar presentada por el gobierno de Misiones contra el DNU que modifica artículos de la Ley del Inym y la Ley de Sociedades, ante lo cual ahora la cuestión judicial debe ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

La resolución fue firmada en las últimas horas por el magistrado Alejandro Gallandat Luzuriaga, titular del Juzgado Federal de Oberá, pero interviniente en la cautelar por subrogancia legal.

En el fallo, de ocho páginas, el magistrado habilitó la feria judicial para tratar la cuestión y, basado en el dictamen de la fiscalía interviniente, decidió declararse incompetente al considerar que al tratarse de un litigio entre el Estado provincial y el Estado nacional la competencia es originaria y exclusiva del máximo órgano judicial del país, es decir, de la Corte.

La decisión se basa en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, los cuales apuntan a preservar el federalismo y evitar conflictos de unión nacional.

En su dictamen, Gallandat Luzuriaga también mencionó que lo mismo ocurrió en la provincia de La Rioja, tras una presentación del Estado provincial para declarar la inconstitucionalidad del DNU del presidente Javier Milei que corrió la misma suerte ante la Justicia Federal de esa jurisdicción.

Según especialistas consultadas por La Voz de Misiones, la situación es diferente a lo registrado con la cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la cual sí tuvo el visto bueno de la Justicia Laboral, dado que en este caso no existe una disputa entre estados. Por eso mismo las demandas particulares, es decir, de empresas privadas podrían tener otra resolución teniendo en cuenta que no afectan los artículos 116 y 117 de la Constitución.

De esta manera, la cautelar del gobierno misionero deberá aguardar ahora una resolución por parte de la Corte, cuyos magistrados en el caso de La Rioja ya anticiparon que recién analizarán la cuestión en febrero, una vez culminada la feria judicial.

En su presentación, el gobierno liderado por Hugo Passalacqua solicitó dejar sin efecto determinados artículos del DNU, principalmente los que derogaban al Inym las facultados de intervenir en cuestiones de envasado de origen y fijación de precios de la yerba mate, como así también la modificación de Ley General de Sociedades, que alcanza a compañías de conformación mixta entre lo público y lo privado.

Fuentes consultadas por LVM explicaron que el DNU presidencial está vigente desde el 29 de diciembre pasado, aunque aún tiene efectos que no son aplicables, principalmente en lo referido a los puntos recurridos por Misiones.

En cuanto a la fijación de precios, las fuentes señalaron que la última fijación de precios se dio en octubre y la próxima estaba estipulada para marzo, ante lo cual todavía queda “una ventana” de tiempo para resolver en el medio, en tanto que respecto a las empresas el propio DNU otorga un plazo de 180 días para analizar caso por caso respecto a su futuro.

RESOLUCION INCOMPETENCIA INYM C DNU 70-2023 (1)


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Comenzó el juicio contra José Mrakava, ex piloto acusado de narcotraficante

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Mrakava

Este jueves comenzó el debate oral contra José Alberto Mrakava (52), ex piloto y ex empleado de la Cooperativa Eléctrica de Oberá (Celo) acusado de organizar y financiar maniobras de narcotráfico, aunque la audiencia de hoy solo se limitó a la lectura del auto de elevación a juicio del expediente, en tanto que mañana está previsto el inicio de la etapa de incorporación de pruebas.

Mrakava está acusado de integrar una banda dedicada a orquestar maniobras de tráfico de marihuana desde Misiones a diversas partes del país, en complicidad con José Alberto Laurencio y Daniel Alberto Esquivel, aunque los otros dos imputados se acogieron a un juicio abreviado.

Es por ello que el obereño hoy es el único que ocupa un lugar en el banquillo de los acusados del Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, recinto al cual llegó minutos antes de las 8.30 bajo custodia de agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que lo trasladaron desde la Colonia Penal Federal 17 de Candelaria, donde se encuentra detenido hace más de un año.

El imputado es defendido por un buffet de letrados encabezados por Juan Grimberg, quien también fue abogado de Julio Diego Torales, ex policía bonaerense condenado por torturas impartidas contra Luciano Arruga cuatro meses antes de su desaparición en 2009 en Buenos Aires.

En representación del Ministerio Público Fiscal, en tanto, interviene la fiscal Vivian Barbosa, mientras que el tribunal está integrado por los magistrados Manuel Alberto Jesús Moreira -presidente-, Fabián Cardozo y Enrique Bosch, este último en carácter de subrogante y presente de manera telemática desde su despacho en Resistencia, Chaco.

La jornada de hoy consistió en la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa formulado por la fiscal federal de Oberá Viviana Vallejos, documento en el cual se plasma la acusación formal.

Con el secuestro de este camión con seis toneladas de marihuana comenzó la investigación en 2018.

Organización y financiamiento

De allí se desprende que, de acuerdo a los elementos de prueba recolectados en el expediente, para la Justicia hay suficiente certeza como para establecer que Mrakava organizaba y además financiaba maniobras de narcotráfico, tareas que iban desde conseguir los estupefacientes provenientes de Paraguay hasta conseguir lugares de acopio, vehículos de transporte y choferes para los viajes. 

En el mismo documento reconstruyen que la investigación contra el obereño comenzó en noviembre de 2018, tras el secuestro de un camión abandonado a la vera de la ruta nacional 12 con casi seis toneladas de marihuana en su interior. A la banda se le atribuyen tres cargamentos que alcanzan las trece toneladas. 

Los agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) comenzaron a estirar del hilo y establecieron que el rodado estaba a nombre de un santiagueño y que otro vehículo propiedad del mismo sujeto se encontraba en manos de Mrakava, aunque luego se comprobó que las documentaciones vehiculares eran apócrifas.

En la causa también se realizaron escuchas telefónicas al obereño hoy imputado, procedimiento mediante el cual los pesquisas detectaron conversaciones suyas con los otros dos acusados, como así también con choferes y con supuestos proveedores paraguayos identificados como “Morocho”, “Pome” y “Jorge”, a quienes incluso entregó vehículos como parte de pago para algunas transacciones. 

En el allanamiento a la casa de Mrakava en 2019 la Policía halló más de 300.000 dólares y siete armas de fuego.

Fue así que en mayo de 2019 los investigadores irrumpieron en su domicilio del barrio Villa Ruff de Oberá, donde detuvieron a Mrakava pero además secuestraron 330.000 dólares y siete armas fuego, lo cual derivó en la apertura de otras dos causas paralelas por delitos de lavado de activos y acopio de armas. La primera continúa en etapa de instrucción, mientras que la otra ya fue elevada a juicio.

Tras ese operativo, el ex piloto de competición permaneció dos meses detenido hasta que obtuvo la excarcelación, pero en junio de 2022 volvió a ser arrestado por la causa de narcotráfico que ahora es ventilado en debate oral.

Por cuestiones de agenda, el tribunal decidió esta mañana disponer de un cuarto intermedio luego de la lectura del requerimiento de elevación a juicio y la audiencia continuará mañana, a partir de las 8.30.

Se prevé que en primera instancia se le otorgue al imputado la posibilidad de brindar declaración indagatoria y luego iniciaría el desfile de testigos convocados por las partes.


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Defensor de dirigente barrial detenido: “Fue muy fantástica esta denuncia”

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dirigente barrial

Lucas Ortega, abogado del dirigente barrial y militante libertario, Cristian Cabral, quien está detenido y hoy fue citado a indagatoria bajo sospecha de efectuar amenazas telefónicas contra el ministro de Educación Ramiro Aranda, consideró que “esto está armado por el rol activo que tiene Cristian en la sociedad” y al referirse a la acusación contra su cliente, sentenció: “El poder político, luego del levantamiento de los docentes y policías, está haciendo una persecución a todas las personas que piensan distinto. Esto es una cacería de brujas”. 

Cabral es dirigente de la comisión vecinal del barrio Sol de Misiones, militante del partido Libertad, voluntario de la pastoral de la iglesia católica y profesor de fútbol. Se encuentra privado de su libertad hace 15 días, luego de que el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) irrumpiera en su vivienda para realizar un allanamiento y proceder a su detención.

Actualmente se encuentra alojado en la Comisaría Vigésima del mismo barrio. “Es un lugar de 14 metros cuadrados con doce detenidos. No es un lugar de detención adecuado, están hacinados, sin comida y un régimen de visitas totalmente limitado”, reclamó Ortega. 

En cuanto a la causa, el abogado entrevistado por La Voz de Misiones, sostuvo: “Es lamentable que los jueces de instrucción sigan estando de rodillas frente al poder político y sean un instrumento de captura de aquel que piensa distinto, porque eso es lo que está pasando en esta causa en particular. Nosotros llegaremos hasta las últimas consecuencias, manifestando que no es necesario privarlo de su libertad porque es un exceso, la Constitución Nacional establece el principio de la libertad”.

Respecto a la denuncia realizada por el ministro Aranda, analizó: “Fue muy fantástica esta denuncia del ministro de Educación que recibió un sobre y un papel con los nombres de todas las personas que le querían hacer un mal. Y los nombres son todos de opositores políticos que participaron del grupo El Misionerazo, que es un grupo de WhatsApp”. 

Ortega, además se refirió al primer rechazo al pedido de excarcelación presentado. “Lo que me llama la atención fue el dictamen de la negación de la excarcelación de la fiscal, que fue muy objetivo, y que dijo ‘recomiendo la liberación de Cabral, pero con una medida de prohibición de acercamiento al denunciante’. Mientras el juez dice que no, que hay que denegar la excarcelación porque entienden que Cristian es altamente peligroso para el denunciante, siendo que no tiene antecedentes policiales”, sostuvo. 

“Él jamás tuvo ese número ni ese celular”

Las declaraciones fueron dadas por el defensor durante una entrevista con LVM frente al Juzgado de Instrucción Siete, situado sobre calle Pedro Méndez casi avenida Uruguay de Posadas, de la que también participó Claudia, la esposa de Cabral, con quien comparte dos hijos en común.

Al reconstruir los hechos, la mujer recordó que “el 27 de junio llegó a nuestra casa el GOE, a las 5.20 de la mañana, de una manera super violenta e innecesaria. En primer lugar no nos leyeron ni un acta ni nada sobre por qué estaban ahí”. 

Luego, profundizó: “Entraron, rompieron nuestra puerta, dañaron todo lo que había y después recién se nos leyó que supuestamente ellos estaban ahí por una investigación sobre amenazas y que lo iban a detener a mi marido por ese motivo, pero no nos dieron más detalles”.

Tres días más tarde, le notificaron que el allanamiento se produjo porque a él lo vincularon con un número de teléfono del cual “salió la amenaza” contra el ministro de Educación, Ramiro Aranda, cuyo chip estaba registrado a nombre de Cabral. “Él jamás tuvo ese número ni el celular, es más, no encontraron ese celular en nuestro domicilio”, afirmó Claudia.

Al respecto, el abogado agregó: “Cabral, como es técnico en comunicaciones e informática, explicó los detalles de cuáles son los pasos para la obtención de un chip. Voy a precisar que cualquier ciudadano puede sacar un chip a nombre de otro. No hace falta tener el DNI. Hace falta solamente saber el número de documento. Pero ¿qué pasa?, las empresas piden la convalidación que puede ser por llamada o mensaje. Nosotros pedimos ahora a la empresa de telefonía correspondiente que especifíque la llamada. Si fue por llamada que se haga el contraste de voz”.

En cuanto al expediente, el abogado aseguró que se encuentra solamente la línea de la cual salió la llamada, sobre la que consideró “esa línea fue habilitada por cualquier otra persona”.

Al finalizar, Claudia resaltó: “Él siempre fue muy activo en redes sociales como opositor al gobierno provincial y todo apunta a que esto es una persecución política, porque no hay una prueba contundente contra él”.

Por lo pronto, el defensor confirmó que volverán a pedir la excarcelación de Cabral. De no obtenerla, procederán a las “denuncias correspondientes por exceso en la implementación de prisión preventiva y los daños y perjuicios contra el detenido y su familia”.  

Organizan marcha para pedir la liberación de dirigente barrial detenido


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Luis Juez al votar sanción a Guerrero: “Una moneda le vamos a sacar”

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Luis Juez Guerrero

El senador del PRO Luis Alfredo Juez se olvidó el micrófono encendido esta mañana durante una sesión del Consejo de la Magistratura de la Nación y apenas unos segundos después de votar a favor de aplicar una sanción contra Miguel Ángel Guerrero, juez federal de Eldorado, lanzó: “Excelente, una moneda le vamos a sacar”.

El comentario generó risas entre sus colegas, pero también levantó suspicacias de todo tipo. Atento a ello, aclaró la cuestión en diálogo con Infobae y explicó que: “Tenía el micrófono abierto y se lo estaba diciendo a mis asesores”.

Y ahondó en su argumentación: “¿Cómo no le vamos a sacar una moneda si para sancionar a un juez con el 30% del sueldo solo por un mes tardamos 3 años con esta causa? Como decía Juan Perón, la fibra más sensible es el bolsillo”.

El episodio se dio esta mañana, en el marco de una reunión del Consejo de la Magistratura de la Nación, cuyos integrantes debían votar respecto a una sanción aplicable al juez Guerrero en el marco de una causa por acoso y maltrato laboral en perjuicio de trabajadores de la dependencia a su cargo.

La aprobación de la pena, consistente en una reducción del 30% de su salario por única vez, fue rápida y tuvo el voto de 18 de los 20 integrantes del Consejo, mientras que en plenario solo hablaron dos de ellos, aunque la intromisión de Juez generó revuelo.

“La verdadera casta es la de los jueces que está llena de privilegios. Sancionar a un juez en Argentina es casi imposible. En esta caso está recontra probado el maltrato a los empleados y apenas alcanzamos a sancionarlo en un expediente que demoró tres años”, agregó el senador cordobés, también con Infobae.

Acoso y maltrato

El expediente contra el titular del Juzgado Federal de Eldorado se originó en 2021, luego de una denuncia radicada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación por hechos de acoso y maltrato laboral en contra de trabajadores de la dependencia que estaba a su cargo.

En la causa declararon más de 30 empleados y funcionarios del juzgado, quienes coincidieron al señalar que sufrían violencia diaria, haciendo referencia a hechos de acoso, maltrato, insultos indiferencia, correcciones sistemáticas, persecución, llamados de atención y formación de sumarios.

“No es para mí grato votar la sanción a un colega. Mi función en este Consejo de la Magistratura es defender a los buenos jueces frente a los ataques de su independencia para que puedan trabajar sin ningún tipo de presiones. El colega no ha comprendido que para que un juzgado funcione tiene que entender que su mayor fortaleza es contar con un equipo que lo apoye y que todos vayan para el mismo lado. Tiene que entender que no estuvo bien y que esta a tiempo de corregir para ser un mejor juez”, dijo en la sesión el también magistrado Alberto Lugones.

Sancionaron al juez federal de Eldorado por acoso y maltrato laboral


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