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Juicio por crimen del olero: “Él era agresivo, tomaba y no quería pagar”

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Es 21 de agosto de 2020. El covid azota al mundo y un frío extremo a Posadas. En el barrio El Porvenir II un grupo de oleros comparte unos tragos y cierra la jornada laboral. El ladrillo está cotizado. De repente, una discusión. Hay una pelea y hay un crimen. Hay una víctima y hay un asesino.

Ahora, en el Tribunal Penal Dos hay un juicio para esclarecer aquél crimen de 2020. También hay una historia de marginalidad que emerge y una hipótesis que toma fuerza: un jornalero -se presume- reclamó su paga y terminó matando a su patrón. 

El caso tiene protagonistas. La víctima fue Ramón Fretes, un pensionado de 63 años, manco del lado derecho, solitario y con una olería instalada en su terreno. El acusado es Elisandro Ramón Cruz, “Totito”, de 25 años en la actualidad, jornalero, analfabeto y sin antecedentes.

El juicio para develar qué sucedió entre ambos aquella fría noche de 2020 comenzó ayer, siguió hoy, continuará el viernes y -se prevé- terminará el lunes. Cruz enfrenta cargos por el delito de “homicidio simple”, que contempla penas entre 8 y 25 años de prisión, aunque la estrategia defensiva apuntaría a demostrar que el imputado se defendió y con ello atenuar una posible condena.

Cruz optó por guardar silencio en el inicio del debate, pero en la sala se leyó su declaración indagatoria vertida en la etapa de investigación: “Ese día trabajé todo el día, por eso le reclamé $5.000 que me debía hace un año y él me atacó con una piedra que me golpeó el ojo y después con un garrote que me pegó en el cuello, yo tuve miedo de que me lastime con un cuchillo y me defendí. Él era un viejo jodido con los empleados, se empedaba y no quería pagar”.

En esa primera audiencia declararon cuatro testigos, entre ellos dos peritos, la médica forense Silvina Lanzos y el bioquímico Carlos González. Los profesionales aportaron que la víctima murió un puntazo de 16 centímetros que afectó el área cardíaca y que registraba 3,21 gramos de alcohol por litro de sangre al momento de ser examinado.

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Elisandro Ramón Cruz, de 25 años, está detenido desde 2020.

“Agresivo” y “traicionero”

Hoy, en tanto, el turno de declarar le correspondió a otros oleros y vecinos del barrio El Porvenir II, quienes conocían a ambos protagonistas.

El primero en comparecer ante el estrado conformado por los magistrados César Yaya, Gregorio Busse y Carlos Giménez fue Javier Escobar, olero desde los 14 años y uno de los vecinos que esa noche alertó a la Policía sobre lo sucedido.

El hombre contó que al momento del crimen la paga semanal era de unos $7.000 u $8.000 porque el “ladrillo estaba caro ahí por la pandemia” y describió a Fretes como “agresivo” y “traicionero”.

Apenas le mencionaron el nombre de la víctima, el testigo recordó anteriores episodios de violencia. “Él siempre tomaba y se descontrolaba, comenzaba a buscar pleito para no pagar. Si esa noche hubo una cuestión de plata la habrá comenzado Fretes. Una vez casi mató con un hacha a otro muchacho por lo mismo. Lo salvó un tendedero de alambre porque si no le partía la cabeza en dos”, señaló.

Y, además, describió que “él no tenía una mano pero era bien hábil, se ataba un cuchillo en el brazo para pelear”.

Sobre la noche del crimen, Escobar narró que fue su hermano el que llegó a su casa para alertar lo sucedido y luego de eso llamó a la Policía y colaboró en la ubicación de Cruz. “Yo llevé a la Policía hasta la casa de él y el muchacho se entregó. Después me querían involucrar a mí también pero él dijo que yo no tenía nada que ver y me largaron”, recordó ante las consultas de Vladimir Glinka, fiscal del tribunal.

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El fiscal Vladimir Glinka con el testigo Escobar observando imágenes de la escena.

El siguiente testigo fue Luis Galeano, vecino y también jornalero de Fretes. Un día antes había trabajado para él.

“Esa noche estaban en la olería quemando hornos, hubo una discusión y después vi que el señor quedó tirado. Me asusté y me fui a avisarle a mi hermano”, comenzó.

Sin poder precisarlo, afirmó que en la pelea cree que Fretes “agarró algo del piso y lo tenía en la mano”, aunque admitió que era el lugar era “oscuro” y que él estaba “de espaldas” al hecho. 

Sí fue claro y coincidente con su hermano a la hora de describir a la víctima: “Fretes era de tomar todo el día hasta quedar borracho. Ahí se ponía agresivo y no quería pagar. Venía con un machete en la cintura y no se podía trabajar tranquilo, pero bueno, tampoco había otro laburo para hacer”.

“Se aprovechaban de él”

En tercer término declaró una hermana de la víctima, quien pidió hacerlo sin el acusado en la sala, aunque luego lo cruzó en los pasillos del tribunal y le recriminó a los gritos lo sucedido.

En lágrimas, la mujer señaló que su hermano “no molestaba a nadie, a él le vivían robando sus cosas. Él era discapacitado y se aprovechaban de él. Los vecinos dijeron que Totito le robó una vez y mi hermano también me comentó eso una vez”.

En un momento, ante la consulta del letrado Miguel Ángel Varela, defensor oficial del imputado, la testigo indicó que “mi hermano era justo para él. Defendía lo suyo, por eso tenía carácter. La gente iba a molestarlo, por eso la gente decía que él era malo”.

Al finalizar, suplicó justicia por el crimen: “Él era discapacitado, no tenía una mano. Esto que hicieron fue una alevosía, una falta de respeto hacia una persona grande lo que hicieron”.

La hermana de la víctima pidió declarar sin la presencia del acusado en la sala.

El último en declarar fue el médico policial que intervino en la noche del crimen. “Fue el día que más frío pasé en mi vida”, describió.

Luego fue consultado sobre una lesión que el acusado presentaba en el rostro al momento de su detención, sobre lo cual estimó que la misma pudo deberse a un golpe, aunque aclaró que no podía acreditarlo.

Ese testimonio cerró la jornada y el debate pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes, jornada en la que se prevé oír a los demás testigos citados, varios de los cuales hasta el momento no fueron localizados.

La siguiente cita será el lunes. Para ese día se espera la realización del alegato de las partes y quizás también haya sentencia.

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Comisario denunciado por abuso: declaró, fue imputado y seguirá detenido

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El comisario retirado denunciado por abuso sexual en perjuicio de dos hijastras se defendió de las acusaciones en su contra, fue imputado y continuará detenido mientras avanza la investigación que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el ex uniformado identificado como Adolfo Miguel González (63), quien permaneció más de una semana en condición de prófugo, fue trasladado esta mañana hacia la dependencia judicial interviniente y ante el magistrado Juan Manuel Monte eligió declarar.

Si bien no trascendieron mayores detalles sobre su declaración, se pudo saber que el implicado negó las acusaciones que lo señalan por hechos de abuso contra dos hijas de quien fuera de su pareja.

En la misma audiencia, González fue imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado” y continuará detenido a disposición de la Justicia.

El comisario retirado se encuentra privado de su libertad desde el martes a la tarde, cuando se entregó después de más de una semana en condición de prófugo.

Comisario retirado denunciado por abuso se entregó tras ocho días prófugo

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Se suspendió el juicio a ex gendarme acusado de matar a su esposa en 2001

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El debate oral programado para hoy contra el ex gendarme Carlos Ramón Gómez, imputado por el asesinato de su esposa María Esther Barreda (36), cometido el 9 de diciembre de 2001, fue suspendido en virtud de “maniobras dilatorias” de sus abogados advertidas por el Tribunal Penal Dos de Posadas, que resolvió diferir el inicio de las audiencias y designar un defensor oficial sustituto para evitar que el accionar se repita en la próxima fecha a definir.

La decisión se tomó luego de que el imputado notificara un último cambio de defensa, designando a la letrada Olga Anahí Tabacchi, ex fiscal en Santo Tomé y con condena ratificada por la Corte Suprema por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, en lugar de la abogada posadeña María Laura Alvarenga.

En ese marco, el tribunal presidido por el magistrado César Antonio Yaya advirtió que la medida pudo corresponderse a una “maniobra dilatoria”, alegando que los anteriores abogados de Gómez (Eduardo Paredes y Mauricio Vergara) “exhibieron idéntica conducta procesal” en otros tres causas puntuales en las que renunciaron o solicitaron cambios a último momento, entre otros planteos.

Ante ese panorama, y a fin de asegurar el derecho de defensa del imputado y garantizar la realización del debate sin nuevas dilaciones, las autoridades resolvieron suspender la audiencia de hoy y pautar una nueva fecha de inicio, aunque antes de ello ordenó designar un defensor oficial sustituto para que actúe en caso de una nueva renuncia o cambio de abogado a último momento.

Gómez llega a esta instancia libertad y enfrenta cargos por “homicidio calificado”, figura bajo la cual puede ser condenado a prisión perpetua, pena que al momento del hecho preveía 25 años de cárcel.

El expediente quedó habilitado para tratarse en debate oral luego de que el pasado 7 de julio la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) fallara en contra de uno de los tantos planteos defensivos que los diferentes abogados de Gómez presentaron a lo largo de dos décadas.

Crimen y derrotero judicial

El hecho que se pretende esclarecer se registró el 9 de diciembre de 2001 y la víctima fue María Esther Barreda, una mujer de 36 años que estaba en pareja con el ex gendarme acusado.

Según lo reconstruido en su momento, el crimen ocurrió en una vivienda del barrio San Lucas, a pocas cuadras del club Centro de Cazadores de Posadas, donde Gómez habría encontrado a su pareja con otro hombre y la atacó a balazos con su arma reglamentaria.

La mujer recibió un total de cuatro disparos y falleció en el lugar, mientras que el ex uniformado huyó de la escena para un día después entregarse en el puesto de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) de San José.

Inicialmente, la causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, presidido en ese entonces por el magistrado Eduardo D’Orsaneo, aunque más tarde el caso ingresó en un largo proceso recursivo y el derrotero judicial que se extendió durante más de 20 años.

Tras las primeras actuaciones, el juez D’Orsaneo dictó la prisión preventiva para el imputado e incluso más tarde la fiscal Margarita Wenner avanzó con el requerimiento de elevación a juicio.

La defensa, por su parte, jugó otra carta. Se opuso al requerimiento y pidió el sobreseimiento de Gómez alegando una “inimputabilidad” de su cliente en razón de haber actuado en forma “enceguecida” por encontrar a su pareja con un presunto amante.

Para 2003, en el expediente intervino el Tribunal Penal Uno de Posadas, que resolvió revocar la elevación a juicio y dictar el sobreseimiento de Gómez, cuya ejecución fue apelada, no así la resolución que lo dispuso.

De ahí, el asunto pasó a manos del Tribunal Penal Dos, actuando como Cámara de Apelaciones, cuyas autoridades consideraron que el caso debía seguir siendo investigado y en consecuencia remitió las actuaciones al Juzgado de Instrucción Uno, entonces presidido por Horacio Gallardo (fallecido), que liberó al sospechoso y estableció una prórroga extraordinaria para resolver si Gómez debía ir al banquillo o no.

Los años pasaron y recién en 2013 el ex gendarme volvió a ser detenido para enfrentar el juicio. El inicio de las audiencias estuvo programado para 2018, pero fue suspendido por el pedido de licencia del fiscal.

En ese lapsus, la defensa volvió a jugar otra carta y recurrió al máximo órgano judicial del país aludiendo el sobreseimiento dictado en su momento a favor de Gómez, entre otros planteos como de prescriptibilidad, arbitrariedad y violación del principio de defensa en juicio por preclusión.

Ese planteo es el que recientemente respondió de manera negativa la Corte, aunque sin analizar la cuestión de fondo. Tras ese revés, Gómez quedó sin más posibilidades recursivas y, por eso, hoy debía sentarse en el banquillo de los acusados aunque el inicio del debate volvió a ser postergado.

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Ordenan junta médica para el suegro de Wiebel antes de fijar la indagatoria

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El hombre de 82 años detenido desde el viernes pasado por el crimen de su ex yerno, el empresario y piloto Alfredo Wiebel (48), continúa internado en Puerto Iguazú y la Justicia ordenó que sea sometido a una junta médica para determinar si su estado de salud le permite comparecer en audiencia de declaración indagatoria.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones mediante diversas fuentes consultadas, el detenido, identificado como Ángel Ramón Zalazar (82), continúa internado con custodia policial en la misma clínica privada a la que se presentó el viernes a la tarde mientras era intensamente buscado por el crimen registrado horas antes.

Si bien los certificados médicos aún no fueron elevados formalmente a las autoridades intervinientes, el implicado además de atención por patologías de base recibiría tratamientos de salud de mental, factor que la Justicia pretende esclarecer y para ello se ordenó que el Cuerpo Médico Forense realice una evaluación integral del paciente para determinar si puede comparecer en audiencia de indagatoria.

En paralelo, siguen en curso otras medidas de prueba como la toma de testimoniales y la realización de diversas pericias.

En la causa ahora interviene César Lirussi, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado, magistrado que quedó a cargo de la investigación tras la inhibición de Martín Brites, del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú.

Crimen

El crimen de Wiebel ocurrió el 11 de septiembre a la mañana, cerca de las 11, en una obra en construcción ubicada sobre la avenida República Argentina, en el barrio Industrial de la Ciudad de las Cataratas.

En ese lugar habría mantenido una discusión con Zalazar hasta que, en determinado momento, fue atacado a balazos ante la vista de varios albañiles que trabajaban en el predio y fueron testigos del crimen.

Fueron ellos mismos quienes narraron que después del ataque Zalazar se fue caminando hasta una su empresa ubicada en la zona y allí escapó al mando de una camioneta Toyota SW4.

El sospechoso estuvo prófugo unas horas hasta que, a las 16, se reportó su ingreso a una clínica de la ciudad, donde quedó internado con custodia policial.

La posterior autopsia reveló que Wiebel recibió cinco balazos, cuatro de ellos “mortales”. La información se sumó al hecho de que el sábado la Policía allanó la vivienda del único sospechoso y en el lugar incautaron una pistola calibre 9 milímetros que, se presume, podría tratarse del arma homicida. La certeza llegará una vez que los peritos en criminalística realicen los estudios correspondientes y arriben a una conclusión científica al respecto.

Wiebel, además de piloto de automovilismo, era empresario del rubro turístico, con negocios hoteleros y gastronómicos. Zalazar, en tanto, también es un hombre de negocios, vinculados a la importación y exportación.

Ambos compartían algunas de esas actividades y una hipótesis sostiene que el crimen pudo deberse a diferencias económicas que complicaron la relación.

La autopsia reveló que Wiebel recibió cinco balazos, cuatro de ellos mortales

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