Judiciales
Juicio por crimen del olero: “Él era agresivo, tomaba y no quería pagar”
Es 21 de agosto de 2020. El covid azota al mundo y un frío extremo a Posadas. En el barrio El Porvenir II un grupo de oleros comparte unos tragos y cierra la jornada laboral. El ladrillo está cotizado. De repente, una discusión. Hay una pelea y hay un crimen. Hay una víctima y hay un asesino.
Ahora, en el Tribunal Penal Dos hay un juicio para esclarecer aquél crimen de 2020. También hay una historia de marginalidad que emerge y una hipótesis que toma fuerza: un jornalero -se presume- reclamó su paga y terminó matando a su patrón.
El caso tiene protagonistas. La víctima fue Ramón Fretes, un pensionado de 63 años, manco del lado derecho, solitario y con una olería instalada en su terreno. El acusado es Elisandro Ramón Cruz, “Totito”, de 25 años en la actualidad, jornalero, analfabeto y sin antecedentes.
El juicio para develar qué sucedió entre ambos aquella fría noche de 2020 comenzó ayer, siguió hoy, continuará el viernes y -se prevé- terminará el lunes. Cruz enfrenta cargos por el delito de “homicidio simple”, que contempla penas entre 8 y 25 años de prisión, aunque la estrategia defensiva apuntaría a demostrar que el imputado se defendió y con ello atenuar una posible condena.
Cruz optó por guardar silencio en el inicio del debate, pero en la sala se leyó su declaración indagatoria vertida en la etapa de investigación: “Ese día trabajé todo el día, por eso le reclamé $5.000 que me debía hace un año y él me atacó con una piedra que me golpeó el ojo y después con un garrote que me pegó en el cuello, yo tuve miedo de que me lastime con un cuchillo y me defendí. Él era un viejo jodido con los empleados, se empedaba y no quería pagar”.
En esa primera audiencia declararon cuatro testigos, entre ellos dos peritos, la médica forense Silvina Lanzos y el bioquímico Carlos González. Los profesionales aportaron que la víctima murió un puntazo de 16 centímetros que afectó el área cardíaca y que registraba 3,21 gramos de alcohol por litro de sangre al momento de ser examinado.
Elisandro Ramón Cruz, de 25 años, está detenido desde 2020.
“Agresivo” y “traicionero”
Hoy, en tanto, el turno de declarar le correspondió a otros oleros y vecinos del barrio El Porvenir II, quienes conocían a ambos protagonistas.
El primero en comparecer ante el estrado conformado por los magistrados César Yaya, Gregorio Busse y Carlos Giménez fue Javier Escobar, olero desde los 14 años y uno de los vecinos que esa noche alertó a la Policía sobre lo sucedido.
El hombre contó que al momento del crimen la paga semanal era de unos $7.000 u $8.000 porque el “ladrillo estaba caro ahí por la pandemia” y describió a Fretes como “agresivo” y “traicionero”.
Apenas le mencionaron el nombre de la víctima, el testigo recordó anteriores episodios de violencia. “Él siempre tomaba y se descontrolaba, comenzaba a buscar pleito para no pagar. Si esa noche hubo una cuestión de plata la habrá comenzado Fretes. Una vez casi mató con un hacha a otro muchacho por lo mismo. Lo salvó un tendedero de alambre porque si no le partía la cabeza en dos”, señaló.
Y, además, describió que “él no tenía una mano pero era bien hábil, se ataba un cuchillo en el brazo para pelear”.
Sobre la noche del crimen, Escobar narró que fue su hermano el que llegó a su casa para alertar lo sucedido y luego de eso llamó a la Policía y colaboró en la ubicación de Cruz. “Yo llevé a la Policía hasta la casa de él y el muchacho se entregó. Después me querían involucrar a mí también pero él dijo que yo no tenía nada que ver y me largaron”, recordó ante las consultas de Vladimir Glinka, fiscal del tribunal.
El fiscal Vladimir Glinka con el testigo Escobar observando imágenes de la escena.
El siguiente testigo fue Luis Galeano, vecino y también jornalero de Fretes. Un día antes había trabajado para él.
“Esa noche estaban en la olería quemando hornos, hubo una discusión y después vi que el señor quedó tirado. Me asusté y me fui a avisarle a mi hermano”, comenzó.
Sin poder precisarlo, afirmó que en la pelea cree que Fretes “agarró algo del piso y lo tenía en la mano”, aunque admitió que era el lugar era “oscuro” y que él estaba “de espaldas” al hecho.
Sí fue claro y coincidente con su hermano a la hora de describir a la víctima: “Fretes era de tomar todo el día hasta quedar borracho. Ahí se ponía agresivo y no quería pagar. Venía con un machete en la cintura y no se podía trabajar tranquilo, pero bueno, tampoco había otro laburo para hacer”.
“Se aprovechaban de él”
En tercer término declaró una hermana de la víctima, quien pidió hacerlo sin el acusado en la sala, aunque luego lo cruzó en los pasillos del tribunal y le recriminó a los gritos lo sucedido.
En lágrimas, la mujer señaló que su hermano “no molestaba a nadie, a él le vivían robando sus cosas. Él era discapacitado y se aprovechaban de él. Los vecinos dijeron que Totito le robó una vez y mi hermano también me comentó eso una vez”.
En un momento, ante la consulta del letrado Miguel Ángel Varela, defensor oficial del imputado, la testigo indicó que “mi hermano era justo para él. Defendía lo suyo, por eso tenía carácter. La gente iba a molestarlo, por eso la gente decía que él era malo”.
Al finalizar, suplicó justicia por el crimen: “Él era discapacitado, no tenía una mano. Esto que hicieron fue una alevosía, una falta de respeto hacia una persona grande lo que hicieron”.
La hermana de la víctima pidió declarar sin la presencia del acusado en la sala.
El último en declarar fue el médico policial que intervino en la noche del crimen. “Fue el día que más frío pasé en mi vida”, describió.
Luego fue consultado sobre una lesión que el acusado presentaba en el rostro al momento de su detención, sobre lo cual estimó que la misma pudo deberse a un golpe, aunque aclaró que no podía acreditarlo.
Ese testimonio cerró la jornada y el debate pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes, jornada en la que se prevé oír a los demás testigos citados, varios de los cuales hasta el momento no fueron localizados.
La siguiente cita será el lunes. Para ese día se espera la realización del alegato de las partes y quizás también haya sentencia.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.
En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.
El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.
Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.
El misionero entre los más buscados del país.
El gendarme y la pista
La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.
El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.
En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.
La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.
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