Judiciales
Juicio por caso Rosa: “La Policía fue al velorio a preguntar por la autopsia”

La segunda jornada del juicio oral para esclarecer la muerte de la docente jubilada Mirta Carmen Rosa (47) y determinar la responsabilidad de dos policías imputados por abandono de persona continuó hoy con la declaración de tres testigos, entre los cuales se destacó el viudo de la víctima, quien recordó las primeras horas del caso y puntualizó en el accionar de la fuerza.
El testigo se trata de Carlos Alberto Zarza, pareja de Rosa al momento del hecho y quien hoy declaró durante más de una hora en la sala de audiencias del Tribunal Penal Dos de Posadas, donde se desarrolla el debate que pretende determinar si el caso se trató de un hecho de violencia institucional.
A pedido del fiscal Vladimir Glinka, el testigo se remontó al 14 de febrero de 2013 y recordó cómo fueron las horas previas y posteriores a la muerte de su esposa, una docente jubilada diagnosticada con “trastorno psicótico esquizofrénico”.
Zarza señaló que ese día despertaron y tomaron mate hasta aproximadamente las 10.30, cuando debió irse porque era el encargado del suministro de agua potable en el barrio y debía encontrarse con un técnico para arreglar una bomba.
Esa instancia se retiró y, al regresar, cerca de las 14.30, su vecina le contó que Rosa salió de su casa caminando: “Comencé a llamar a todos porque ella siempre que se iba llegaba a la casa de algún familiar. Nunca se subía a un colectivo o a algún auto extraño, siempre se iba caminando”, contó.
Sin embargo, Rosa no llegó a la casa de ningún pariente ni nadie supo nada más sobre ella, excepto algunos vecinos que la vieron caminar por el barrio.
Así fue como a media tarde lo llamaron para avisarle del hallazgo de una persona sin vida en un descampado próximo a una cancha en el acceso al barrio Los Potrillos de Garupá, una zona a la cual -según Zarza- la víctima “nunca iba porque le daba miedo”.
Lo peor se confirmó: ese cuerpo correspondía a Rosa y el testigo recordó que los policías le dijeron que la mujer “tuvo un problema con la vejiga por el calor”.

Los imputados en el caso son el ex cabo Albino Rotela (43), ahora remisero, y el ex oficial Aldo Villalba (35), actualmente chef.
“Me explicó y me tranquilizó”
Incluso, Zarza recordó que fue el propio Aldo Villalba (35) -uno de los imputados- quien se acercó a su casa tras el hecho para realizar averiguaciones y exhibir pertenencias personales de la fallecida para su reconocimiento.
“Él me explicó que lo de la vejiga fue por el calor, que fue una muerte natural y me tranquilizó. Me mostró un crucifijo que era de ella”, señaló Zarza.
En esa misma línea, el fiscal Glinka pidió ayer dar un alegato de apertura y anticipó su postura al apuntar contra los acusados, con especial énfasis sobre Villalba: “Acá los acusados investigaron su propio hecho. Villalba investigó un mes entero todo sin que se sepa que él estuvo”, cuestionó.
En su declaración de hoy, Zarza agregó que “la Policía fue al velorio y preguntaban entre los familiares cómo había salido la autopsia. A muchos eso les pareció raro, a mi hijo también”.
Pero definitivamente todo cambió en la percepción de Zarza cuando, casi de casualidad y varios días después, dio con dos vecinos que ese 14 de febrero de 2013 auxiliaron a Rosa y luego llamaron a la Policía, tras lo cual arribó un patrullero de la comisaría Quinta al cual Rosa fue vista subir.
Ese patrullero era una Chevrolet S-10 en el que iban el ex cabo Luis Albino Rotela (43) y el ex oficial Villalba, ahora imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona agravado por el resultado de muerte, entre otros delitos.
“Hasta ese momento nadie sabía que la Policía había levantado a Rosa”, lanzó Zarza y añadió que “gracias a un amigo me encontré con un vecino que me llevó a su casa y su esposa me contó que ese día vio a Rosa perdida, que le dio agua y llamó a la Policía. Esa señora me dijo: ‘me arrepiento mil veces de haber llamado a la Policía’”.

Aldo Villalba se desempeñaba en la comisaría Quinta de Garupá y era encargado del patrullero que ese día levantó a Rosa.
La reconstrucción del caso señala que esa fue la última vez que Rosa fue vista con vida, dado que pocas horas después su cuerpo apareció sin vida en el descampado del barrio Los Potrillos con un “traumatismo craneofacial asociado a un estallido vesical”. Qué sucedió en el medio es lo que se busca establecer en el juicio.
Hoy el testigo Zarza contó que, en la comisaría Quinta, ya estaban “familiarizados” con el caso de su esposa, dado que en varias oportunidades anteriores la habían auxiliado y llevado nuevamente a casa “sin ningún problema”.
Preguntado por las defensas, encabezadas por Mónica Olivera en representación de Villalba y José Luis Rey por Rotela, el viudo afirmó que la familia “nunca” cortó la medicación diaria que mantenía estable a la víctima.
Esta consulta estuvo relacionado a lo aportado minutos antes por el doctor Horrisberger, uno de los tantos psiquiatras que atendió a Rosa, quien indicó que la última consulta que tuvo con la paciente fue el 15 de mayo de 2012, tras lo cual no volvió a prescribirle su medicación basada de fármacos como haloperidol y clonazepam, entre otros.
“Nunca cortamos su medicación. A veces iba a sanatorios privados, otras al Carrillo. Una vez llegue a caer preso por ir a buscar los medicamentos en Brasil con un médico de Porto Xavier”, contestó Zarza durante el interrogatorio, en el cual también intervino en varias instancias el magistrado Gregorio Busse, presidente del tribunal encargado de llevar adelante el proceso.

El tribunal presidido por el magistrado Gregorio Busse aceptó la citación de tres nuevos testigos.
Más audiencias y testigos
El debate continuará el próximo martes, desde las 8.30, con más testimoniales. El tribunal, además, dio lugar al pedido del fiscal Glinka para citar como testigos a dos bomberos y a un empleado a la morgue, quienes se habrían encargado del traslado y la recepción del cuerpo de Rosa en aquel entonces.
La convocatoria de estas personas pretende ahondar en otro aspecto que fue revelado ayer y tiene relación con las lesiones de desprendimiento de piel -entre otras- de carácter post-mortem que presentaba el cadáver al momento de su arribo a la morgue judicial y que no aparecían en las fotografías tomadas en la escena del hallazgo del cuerpo.
Judiciales
Recibió 15 años de prisión por abusar de dos hijastras en San Javier

Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
Judiciales
Acusado de trata contra dos adolescentes firmó un juicio abreviado por 9 años

Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.
El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.
Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.
Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.
La causa
La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.
Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.
Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.
El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.
De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.
Judiciales
Imputan a psiquiatra acusado de entregar certificados truchos en Posadas

El médico acusado de entregar certificados médicos truchos fue imputado por la Justicia y continúa detenido a la espera de que se resuelva el pedido de excarcelación presentado por su defensa.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de declaración indagatoria al médico Manuel Ramón G. (72) se concretó ayer a la mañana, ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
La información obtenida añade que el profesional decidió abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y fue formalmente imputado por hechos que van desde estafa, falsificación de documentos, ejercicio irregular de la profesión hasta asociación ilícita.
La detención del psiquiatra se efectuó el jueves a la tarde, cuando la Policía irrumpió en su departamento del microcentro posadeño a raíz de una investigación por la confección de certificados truchos que luego eran utilizados para obtener licencias médicas.
La investigación comenzó en la empresa Casino Club, tras advertir que al menos una treintena de trabajadores solicitaron licencias con certificaciones firmadas por el mismo profesional médico.
A partir de ese dato profundizaron en una pesquisa interna y mediante una cámara oculta confirmaron el ardid, tras lo cual dieron intervención a la Justicia.
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