Judiciales
Juicio por caso Rosa: “La Policía fue al velorio a preguntar por la autopsia”
La segunda jornada del juicio oral para esclarecer la muerte de la docente jubilada Mirta Carmen Rosa (47) y determinar la responsabilidad de dos policías imputados por abandono de persona continuó hoy con la declaración de tres testigos, entre los cuales se destacó el viudo de la víctima, quien recordó las primeras horas del caso y puntualizó en el accionar de la fuerza.
El testigo se trata de Carlos Alberto Zarza, pareja de Rosa al momento del hecho y quien hoy declaró durante más de una hora en la sala de audiencias del Tribunal Penal Dos de Posadas, donde se desarrolla el debate que pretende determinar si el caso se trató de un hecho de violencia institucional.
A pedido del fiscal Vladimir Glinka, el testigo se remontó al 14 de febrero de 2013 y recordó cómo fueron las horas previas y posteriores a la muerte de su esposa, una docente jubilada diagnosticada con “trastorno psicótico esquizofrénico”.
Zarza señaló que ese día despertaron y tomaron mate hasta aproximadamente las 10.30, cuando debió irse porque era el encargado del suministro de agua potable en el barrio y debía encontrarse con un técnico para arreglar una bomba.
Esa instancia se retiró y, al regresar, cerca de las 14.30, su vecina le contó que Rosa salió de su casa caminando: “Comencé a llamar a todos porque ella siempre que se iba llegaba a la casa de algún familiar. Nunca se subía a un colectivo o a algún auto extraño, siempre se iba caminando”, contó.
Sin embargo, Rosa no llegó a la casa de ningún pariente ni nadie supo nada más sobre ella, excepto algunos vecinos que la vieron caminar por el barrio.
Así fue como a media tarde lo llamaron para avisarle del hallazgo de una persona sin vida en un descampado próximo a una cancha en el acceso al barrio Los Potrillos de Garupá, una zona a la cual -según Zarza- la víctima “nunca iba porque le daba miedo”.
Lo peor se confirmó: ese cuerpo correspondía a Rosa y el testigo recordó que los policías le dijeron que la mujer “tuvo un problema con la vejiga por el calor”.
Los imputados en el caso son el ex cabo Albino Rotela (43), ahora remisero, y el ex oficial Aldo Villalba (35), actualmente chef.
“Me explicó y me tranquilizó”
Incluso, Zarza recordó que fue el propio Aldo Villalba (35) -uno de los imputados- quien se acercó a su casa tras el hecho para realizar averiguaciones y exhibir pertenencias personales de la fallecida para su reconocimiento.
“Él me explicó que lo de la vejiga fue por el calor, que fue una muerte natural y me tranquilizó. Me mostró un crucifijo que era de ella”, señaló Zarza.
En esa misma línea, el fiscal Glinka pidió ayer dar un alegato de apertura y anticipó su postura al apuntar contra los acusados, con especial énfasis sobre Villalba: “Acá los acusados investigaron su propio hecho. Villalba investigó un mes entero todo sin que se sepa que él estuvo”, cuestionó.
En su declaración de hoy, Zarza agregó que “la Policía fue al velorio y preguntaban entre los familiares cómo había salido la autopsia. A muchos eso les pareció raro, a mi hijo también”.
Pero definitivamente todo cambió en la percepción de Zarza cuando, casi de casualidad y varios días después, dio con dos vecinos que ese 14 de febrero de 2013 auxiliaron a Rosa y luego llamaron a la Policía, tras lo cual arribó un patrullero de la comisaría Quinta al cual Rosa fue vista subir.
Ese patrullero era una Chevrolet S-10 en el que iban el ex cabo Luis Albino Rotela (43) y el ex oficial Villalba, ahora imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona agravado por el resultado de muerte, entre otros delitos.
“Hasta ese momento nadie sabía que la Policía había levantado a Rosa”, lanzó Zarza y añadió que “gracias a un amigo me encontré con un vecino que me llevó a su casa y su esposa me contó que ese día vio a Rosa perdida, que le dio agua y llamó a la Policía. Esa señora me dijo: ‘me arrepiento mil veces de haber llamado a la Policía’”.
Aldo Villalba se desempeñaba en la comisaría Quinta de Garupá y era encargado del patrullero que ese día levantó a Rosa.
La reconstrucción del caso señala que esa fue la última vez que Rosa fue vista con vida, dado que pocas horas después su cuerpo apareció sin vida en el descampado del barrio Los Potrillos con un “traumatismo craneofacial asociado a un estallido vesical”. Qué sucedió en el medio es lo que se busca establecer en el juicio.
Hoy el testigo Zarza contó que, en la comisaría Quinta, ya estaban “familiarizados” con el caso de su esposa, dado que en varias oportunidades anteriores la habían auxiliado y llevado nuevamente a casa “sin ningún problema”.
Preguntado por las defensas, encabezadas por Mónica Olivera en representación de Villalba y José Luis Rey por Rotela, el viudo afirmó que la familia “nunca” cortó la medicación diaria que mantenía estable a la víctima.
Esta consulta estuvo relacionado a lo aportado minutos antes por el doctor Horrisberger, uno de los tantos psiquiatras que atendió a Rosa, quien indicó que la última consulta que tuvo con la paciente fue el 15 de mayo de 2012, tras lo cual no volvió a prescribirle su medicación basada de fármacos como haloperidol y clonazepam, entre otros.
“Nunca cortamos su medicación. A veces iba a sanatorios privados, otras al Carrillo. Una vez llegue a caer preso por ir a buscar los medicamentos en Brasil con un médico de Porto Xavier”, contestó Zarza durante el interrogatorio, en el cual también intervino en varias instancias el magistrado Gregorio Busse, presidente del tribunal encargado de llevar adelante el proceso.
El tribunal presidido por el magistrado Gregorio Busse aceptó la citación de tres nuevos testigos.
Más audiencias y testigos
El debate continuará el próximo martes, desde las 8.30, con más testimoniales. El tribunal, además, dio lugar al pedido del fiscal Glinka para citar como testigos a dos bomberos y a un empleado a la morgue, quienes se habrían encargado del traslado y la recepción del cuerpo de Rosa en aquel entonces.
La convocatoria de estas personas pretende ahondar en otro aspecto que fue revelado ayer y tiene relación con las lesiones de desprendimiento de piel -entre otras- de carácter post-mortem que presentaba el cadáver al momento de su arribo a la morgue judicial y que no aparecían en las fotografías tomadas en la escena del hallazgo del cuerpo.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.
En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.
El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.
Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.
El misionero entre los más buscados del país.
El gendarme y la pista
La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.
El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.
En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.
La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.
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