Judiciales
Juicio por caso Rosa: “La Policía fue al velorio a preguntar por la autopsia”
La segunda jornada del juicio oral para esclarecer la muerte de la docente jubilada Mirta Carmen Rosa (47) y determinar la responsabilidad de dos policías imputados por abandono de persona continuó hoy con la declaración de tres testigos, entre los cuales se destacó el viudo de la víctima, quien recordó las primeras horas del caso y puntualizó en el accionar de la fuerza.
El testigo se trata de Carlos Alberto Zarza, pareja de Rosa al momento del hecho y quien hoy declaró durante más de una hora en la sala de audiencias del Tribunal Penal Dos de Posadas, donde se desarrolla el debate que pretende determinar si el caso se trató de un hecho de violencia institucional.
A pedido del fiscal Vladimir Glinka, el testigo se remontó al 14 de febrero de 2013 y recordó cómo fueron las horas previas y posteriores a la muerte de su esposa, una docente jubilada diagnosticada con “trastorno psicótico esquizofrénico”.
Zarza señaló que ese día despertaron y tomaron mate hasta aproximadamente las 10.30, cuando debió irse porque era el encargado del suministro de agua potable en el barrio y debía encontrarse con un técnico para arreglar una bomba.
Esa instancia se retiró y, al regresar, cerca de las 14.30, su vecina le contó que Rosa salió de su casa caminando: “Comencé a llamar a todos porque ella siempre que se iba llegaba a la casa de algún familiar. Nunca se subía a un colectivo o a algún auto extraño, siempre se iba caminando”, contó.
Sin embargo, Rosa no llegó a la casa de ningún pariente ni nadie supo nada más sobre ella, excepto algunos vecinos que la vieron caminar por el barrio.
Así fue como a media tarde lo llamaron para avisarle del hallazgo de una persona sin vida en un descampado próximo a una cancha en el acceso al barrio Los Potrillos de Garupá, una zona a la cual -según Zarza- la víctima “nunca iba porque le daba miedo”.
Lo peor se confirmó: ese cuerpo correspondía a Rosa y el testigo recordó que los policías le dijeron que la mujer “tuvo un problema con la vejiga por el calor”.
Los imputados en el caso son el ex cabo Albino Rotela (43), ahora remisero, y el ex oficial Aldo Villalba (35), actualmente chef.
“Me explicó y me tranquilizó”
Incluso, Zarza recordó que fue el propio Aldo Villalba (35) -uno de los imputados- quien se acercó a su casa tras el hecho para realizar averiguaciones y exhibir pertenencias personales de la fallecida para su reconocimiento.
“Él me explicó que lo de la vejiga fue por el calor, que fue una muerte natural y me tranquilizó. Me mostró un crucifijo que era de ella”, señaló Zarza.
En esa misma línea, el fiscal Glinka pidió ayer dar un alegato de apertura y anticipó su postura al apuntar contra los acusados, con especial énfasis sobre Villalba: “Acá los acusados investigaron su propio hecho. Villalba investigó un mes entero todo sin que se sepa que él estuvo”, cuestionó.
En su declaración de hoy, Zarza agregó que “la Policía fue al velorio y preguntaban entre los familiares cómo había salido la autopsia. A muchos eso les pareció raro, a mi hijo también”.
Pero definitivamente todo cambió en la percepción de Zarza cuando, casi de casualidad y varios días después, dio con dos vecinos que ese 14 de febrero de 2013 auxiliaron a Rosa y luego llamaron a la Policía, tras lo cual arribó un patrullero de la comisaría Quinta al cual Rosa fue vista subir.
Ese patrullero era una Chevrolet S-10 en el que iban el ex cabo Luis Albino Rotela (43) y el ex oficial Villalba, ahora imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona agravado por el resultado de muerte, entre otros delitos.
“Hasta ese momento nadie sabía que la Policía había levantado a Rosa”, lanzó Zarza y añadió que “gracias a un amigo me encontré con un vecino que me llevó a su casa y su esposa me contó que ese día vio a Rosa perdida, que le dio agua y llamó a la Policía. Esa señora me dijo: ‘me arrepiento mil veces de haber llamado a la Policía’”.
Aldo Villalba se desempeñaba en la comisaría Quinta de Garupá y era encargado del patrullero que ese día levantó a Rosa.
La reconstrucción del caso señala que esa fue la última vez que Rosa fue vista con vida, dado que pocas horas después su cuerpo apareció sin vida en el descampado del barrio Los Potrillos con un “traumatismo craneofacial asociado a un estallido vesical”. Qué sucedió en el medio es lo que se busca establecer en el juicio.
Hoy el testigo Zarza contó que, en la comisaría Quinta, ya estaban “familiarizados” con el caso de su esposa, dado que en varias oportunidades anteriores la habían auxiliado y llevado nuevamente a casa “sin ningún problema”.
Preguntado por las defensas, encabezadas por Mónica Olivera en representación de Villalba y José Luis Rey por Rotela, el viudo afirmó que la familia “nunca” cortó la medicación diaria que mantenía estable a la víctima.
Esta consulta estuvo relacionado a lo aportado minutos antes por el doctor Horrisberger, uno de los tantos psiquiatras que atendió a Rosa, quien indicó que la última consulta que tuvo con la paciente fue el 15 de mayo de 2012, tras lo cual no volvió a prescribirle su medicación basada de fármacos como haloperidol y clonazepam, entre otros.
“Nunca cortamos su medicación. A veces iba a sanatorios privados, otras al Carrillo. Una vez llegue a caer preso por ir a buscar los medicamentos en Brasil con un médico de Porto Xavier”, contestó Zarza durante el interrogatorio, en el cual también intervino en varias instancias el magistrado Gregorio Busse, presidente del tribunal encargado de llevar adelante el proceso.
El tribunal presidido por el magistrado Gregorio Busse aceptó la citación de tres nuevos testigos.
Más audiencias y testigos
El debate continuará el próximo martes, desde las 8.30, con más testimoniales. El tribunal, además, dio lugar al pedido del fiscal Glinka para citar como testigos a dos bomberos y a un empleado a la morgue, quienes se habrían encargado del traslado y la recepción del cuerpo de Rosa en aquel entonces.
La convocatoria de estas personas pretende ahondar en otro aspecto que fue revelado ayer y tiene relación con las lesiones de desprendimiento de piel -entre otras- de carácter post-mortem que presentaba el cadáver al momento de su arribo a la morgue judicial y que no aparecían en las fotografías tomadas en la escena del hallazgo del cuerpo.
El Tribunal Penal Dos de Posadas juzgará desde este martes a dos ciudadanos brasileños acusados de asesinar a balazos al comerciante Cristian Javier Díaz, en un hecho ocurrido en mayo de 2022 en el barrio Yacyretá de la capital provincial. Ambos enfrentan una acusación por homicidio doblemente calificado y podrían recibir prisión perpetua en caso de ser hallados culpables.
Los imputados son Gabriel Junio Guimaraes Da Silva y David Weslley de Oliveira Silva, oriundos de Porto Alegre y sospechados de integrar la organización narcocriminal brasileña Comando Vermelho.
Los dos implicados permanecen detenidos y llegan a esta instancia acusados de haber ejecutado el ataque contra Díaz, quien tenía 34 años al momento del crimen.
El debate se desarrollará ante el Tribunal Penal Dos, integrado por los jueces César Antonio Yaya -presidente-, Martín Alejandro Rau y Gregorio Augusto Busse. La acusación está a cargo del fiscal Vladimir Glinka.
La causa llegó a juicio después de que el juez de Instrucción Siete de Posadas, Miguel Mattos, dispusiera en febrero de 2024 la elevación del expediente. La calificación legal establecida fue la de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos personas y alevosía, figura que contempla como pena la prisión perpetua.
Los extranjeros fueron detenidos pocas horas después.
El crimen
El homicidio ocurrió durante la madrugada del 8 de mayo de 2022, en la vivienda de Díaz, ubicada en la chacra 94, en jurisdicción del barrio Yacyretá.
Según la reconstrucción realizada durante la investigación, cerca de las 3.30 dos hombres llegaron hasta el kiosco que funcionaba en el frente del inmueble y llamaron a la ventana. Cuando Díaz se acercó para atender, fue atacado a tiros.
En la escena fueron levantados vestigios de siete disparos y seis impactos fueron encontrados en el cuerpo de la víctima, principalmente en cuello, tórax y abdomen. La lesión en el cuello fue considerada mortal.
La investigación de la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones permitió avanzar rápidamente a partir de testimonios y del análisis de cámaras de seguridad. Los investigadores identificaron un Fiat Duna blanco con desperfectos en las luces traseras que había circulado por la zona después del ataque.
El vehículo fue localizado en una vivienda del barrio Luis Piedrabuena. Allí también se estableció que habían estado alojados los dos brasileños.
Los investigadores continuaron con las tareas de seguimiento y detectaron que ambos habían abandonado el inmueble en un remís rumbo a la terminal de ómnibus de Posadas. Fueron detenidos allí cuando, según la pesquisa, se disponían a tomar un colectivo para regresar a Brasil.
El Duna blanco, una pista clave.
La trama narco detrás
El expediente también estuvo atravesado por una hipótesis relacionada con el narcotráfico.
En octubre de 2021, Gendarmería Nacional había secuestrado 155 kilogramos de marihuana en un vehículo abandonado frente al inmueble del barrio Luis Piedrabuena donde posteriormente se estableció que habían permanecido los dos acusados.
A partir de esa conexión, el juez Mattos inicialmente se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia Federal, al considerar que el homicidio podía estar relacionado con una investigación por narcotráfico. Sin embargo, la Justicia Federal rechazó la competencia y la causa regresó al fuero provincial.
Sicarios brasileños van a juicio por acribillar a un kiosquero en Posadas
Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.
“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.
Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.
“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.
Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.
“Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.
En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.
“No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
La empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48) fue declarada responsable por el homicidio de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15) y fue condenada a 16 años de prisión, pena que desde hoy comenzará a cumplir en la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús.
La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Uno de Posadas, con los votos mayoritarios de los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos (subrogante), quienes se impusieron ante la jueza Viviana Cukla que se inclinó por la absolución.
De acuerdo a la parte resolutiva del fallo, Ramírez fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias de atenuación, razón por la cual recibió 16 años de prisión y no perpetua, como había solicitado el fiscal Vladimir Antonio Glinka en su alegato.
Con una votación idéntica, el tribunal también resolvió disponer la inmediata detención de Ramírez, que llegó a este debate libre y se retiró esposada dentro de un vehículo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras sus familiares desde la vereda reprochan a gritos la resolución.
Los jueces Mattos y Bernie se impusieron con los votos y la decisión final fue condenar a la imputada.
El caso
La muerte de Belén López se registró el 23 de julio de 2013 en la casa de su madre, donde estuvo en forma transitoria durante diez días porque su abuela y tía materna, quienes la cuidaron gran parte de su vida, hicieron un viaje a Corrientes.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia. Apoyado en esa conclusión y en el testimonio vertido por casi una veintena de testigos, el fiscal Glinka consideró que la mujer actuó en forma deliberada y desatendió a su hija con el objetivo de dejarla morir de hambre y sed para “eliminarla de su proyecto de vida”.
A partir de esa hipótesis, el fiscal amplió la acusación inicial de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y por el resultado muerte” a “homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión”.
La defensa, en tanto, encabezada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, cuestionó severamente el informe forense y aseveró que la muerte se dio por causas naturales propias a la enfermedad Síndrome de Rett, factor que no fue tenido en cuenta por el médico encargado de efectuar la autopsia.
También criticó que el fallo no tuvo perspectiva de género y apuntó contra “el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada de las desigualdades que ha sufrido una mujer”.
Varela adelantó que recurrirá la resolución, aunque no confía en que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revierta la medida y sí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Mariela Ramírez se quebró al recibir el abrazo de su hija y familiares después de la sentencia.
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