Judiciales
Juicio a Lutz y la palabra de otra testigo clave: “Íbamos fuerte, casi a 140”
Con la declaración de una última testigo, culminó esta mañana la etapa de incorporación de pruebas en el juicio oral contra Julio Werner Lutz (30) y la expectativa se concentrará mañana, jornada prevista para el desarrollo de la ronda de alegatos y el posterior dictado de sentencia.
La tercera jornada del juicio que lleva adelante el Tribunal Penal Uno de Posadas, pero que se realiza en el SUM del Palacio de Justicia, comenzó pasada las 8.30 y de los cuatro testigos que estaba citados sólo declaró uno, ya que las partes acordaron incorporar las demás por lectura.
De esta manera, la única que pasó frente al estrado fue Sabina Chávez, la otra joven que iba en el auto del acusado al momento del siniestro que provocó la muerte de Fernando Vázquez (24), cuyo testimonio, junto al de Florencia Wille Bille, sentó las bases de la acusación por homicidio simple contra Werner Lutz, quien bajo esta calificación es pasible de ser condenado a penas de entre 8 y 25 años de prisión.
Ante las partes, Chávez recordó que esa tarde del 20 de agosto de 2016 fue a una exposición de autos en el autódromo de Posadas junto a su amigo Werner Lutz y a su amiga Wille Bille.
En el lugar, según sus palabras, “tomamos cerveza. Habremos llegado a tomar seis botellitas chiquitas entre los tres”.
La testigo describió que a la salida tomaron la avenida Juan Manuel Fangio y luego doblaron en la ex ruta provincial 213, en sentido hacia la avenida Quaranta.
Respecto al trayecto realizo previo al impacto contra el motociclista, Chávez recordó que “íbamos fuerte. Desde que salimos le pedimos que vaya más lento. La situación ya estaba tensa ahí adentro”.
A partir de ahí, se adentró el instante exacto del siniestro y graficó: “Íbamos por el carril izquierdo siempre. Unos 50 metros antes le advertí que estaba la moto estacionada, que estaba el chico, pero no sé que pasó. Yo no lo noté en shock, como que no escuchaba, no se movía. Yo creo que no lo vio”.
Chávez también sostuvo que al menos un semáforo previo cruzaron en rojo y aseguró que “yo solo ví el velocímetro cuando estábamos por impactar porque me asusté y casi llegaba a 140 kilómetros por hora”.
Sobre los momentos posteriores, declaró que “él no frenó, yo estiré el freno de mano porque el auto no paraba. Después él en ningún momento nos preguntó cómo estábamos y tampoco se preocupó por el chico. Sólo bajó a mirar su auto, que estaba destrozado”.
Sabina Chávez era una de las dos jóvenes que iban en el auto de Werner Lutz al momento del siniestro.
Mañana, alegatos y sentencia
Tras su testimonio, el tribunal presidido por el magistrado Gustavo Bernie e integrado por sus pares Viviana Cukla y Miguel Mattos (subrogante), dio por cerrada la etapa de incorporación de pruebas, período en el cual declararon un total de siete testigos, y dispuso un cuarto intermedio hasta mañana a las 9 para el inicio de la ronda de alegatos.
En esa instancia, las partes deberán exponer sus conclusiones finales y elevar al tribunal sus respectivos pedidos. El primero en alegar será el fiscal Martín Rau, mientras que en segundo término lo hará la defensa del imputado, encabezada por los letrados particulares Pablo Luján y Eduardo Paredes.
Werner Lutz llegó a debate imputado por el delito de homicidio simple, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. El expediente fue instruido por la fiscal Amalia Spinatto y enviado a juicio por el magistrado Marcelo Cardozo, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas.
El implicado permaneció catorce meses detenido con prisión preventiva durante la etapa investigativa y hoy se encuentra libre.
En el inicio del juicio el acusado decidió declarar y pidió perdón por lo sucedido a la familia de Vázquez, al tiempo que adujo padecer un tumor cerebral que le afecta “el campo visual”, enfermedad que habría comenzado en 2015 pero que recién fue diagnosticada al salir de la cárcel.
El fiscal Martín Rau -izquierda- y el abogado particular Pablo Luján serán los protagonistas de la jornada mañana.
Velocidad, colisión y muerte en la 213
El hecho se registró el 20 de agosto de 2016, cerca de las 21.30, sobre la ex ruta 213 e intersección calle Saavedra.
En ese lugar, Vázquez esperaba la luz verde del semáforo arriba de su moto Yamaha YBR y fue embestido desde atrás por el auto Ford Fiesta Kinetic conducido por Werner Lutz, tras lo cual voló más de 100 metros hasta caer sin vida sobre el asfalto.
Dos chicas que iban como acompañantes en el auto de Werner Lutz luego declararon que el joven venía cruzando semáforos en rojo y que manejaba a una velocidad estimaba de 130 kilómetros por hora.
Las pericias efectuadas posteriormente determinaron que el rodado del imputado iba, como mínimo, a 99,5 km/h al momento del impacto, al tiempo que no se detectaron marcas de frenadas ni maniobras evasivas.
En su momento, además, las dos chicas añadieron que antes del hecho el acusado consumió cerveza y marihuana. También sostuvieron que le advirtieron al acusado sobre la presencia del motociclista sobre la arteria, aunque el implicado hizo caso omiso a todas las alertas.
Esas dos testigos fueron Wille Bille y Chávez, quienes comparecieron a declarar en el debate y ratificaron todo lo aportado anteriormente.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
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