Judiciales
Familiares de Rita y un testimonio en común: “No sabíamos del embarazo”
Los familiares de Rita Marianela Cervantes Martínez (31) marcaron el pulso de la cuarta audiencia del juicio oral contra la joven acusada de intentar matar a su beba recién nacida y el testimonio recurrente fue: “No sabíamos del embarazo”.
De los siete testigos que en total declararon hoy, cinco se correspondían al círculo familiar íntimo de la imputada. Ellos fueron: su ex pareja y padre de sus hijos, su madre, sus dos hermanas y una madrina, quienes coincidieron al describir que nunca advirtieron “panza de embaraza” en Rita.
El primero de ellos en pasar a la sala de audiencias para declarar ante el Tribunal Penal Dos de Posadas fue la pareja de Rita al momento del hecho, quien también es padre de la beba víctima del hecho que se intenta esclarecer mediante este debate oral y público.
El joven reconstruyó que cerca de las 8 del sábado 5 de septiembre de 2020 Rita salió sola de su casa rumbo al hospital para atenderse de un “fibroma” y desde allí estuvo desaparecida hasta el lunes siguiente, cuando regresó en medio de una crisis nerviosa y llantos.
Durante esos dos días el testigo relató que junto a la madre y a las hermanas de Rita recorrieron varios puntos de Posadas en su búsqueda pero nunca obtuvieron resultados.
Incluso, señaló que quien en ese momento era su pareja le mandó una foto por chat de Facebook desde un hospital, pero cuando fueron a verificar esto al nosocomio recibieron respuestas negativas. Fue después de ello que radicó la denuncia por desaparición y finalmente el 7 a la tarde Rita regresó.
“Rita estaba llorando, gritando ‘me sacaron a mi bebé’. Yo también estaba muy nervioso. Ella solo decía ‘me sacaron a mi bebé’. Ella tenía un poco de panza, yo tenía entendido que era por el fibroma. Ya habíamos tenido otro hijo y no era la misma panza”, describió el joven ante las partes.
La defensa Sommer Aromí exhibiendo imágenes ante los jueces del Tribunal Penal Dos. Foto: Gentileza Marcos Otaño.
Similar testimonio brindó la madre de la imputada, quien recordó que el día del regreso de su hija a casa “Rita estaba en crisis de nervios, llorando, arrancándose los pelos. En un momento me sacudió y me dijo ‘me dejaron sola’. Yo le dije que no, que le buscamos por todos lados, pero es algo que me va a quedar para toda la vida”.
La mujer agregó que en ese mismo momento la imputada mostró los puntos de una episiotomía y repetía: “Me sacaron a mi bebé”.
“Yo no podía creer porque nunca tuvo panza. Ella flaquita, flaquita”, describió la testigo.
La madre también contó que después de ser detenida Rita fue maltratada por otras internas en la comisaría donde estaba alojada. “Le decían te odiamos por lo que hiciste, le pegaron, le patearon en el piso y le tiraron baldes de agua fría. Después de eso le tuvieron que operar. Quedaron restos de placenta y como el sangrado no paraba le tuvieron que extirpar el útero”.
Antes de retirarse y al igual que su ex yerno, la mujer pidió por Rita: “Ella es la mejor mamá del mundo. Yo la necesito conmigo y los niños”.
A su turno también declararon dos de las hermanas de Rita, quienes también intervinieron durante ese 7 de septiembre a la tarde cuando la mujer regresó a casa. Ambas describieron la misma crisis nerviosa, las mismas exclamaciones de la acusada y ratificaron que nadie sabía del embarazo.
Incluso, compararon la situación con la panza evidenciada por Rita en su primer embarazo y recordaron fotografías tomadas en reuniones sociales realizadas escasos días antes del hecho.
“Para nosotros Rita no estaba embarazada. Ella era flaquita. La panza de su anterior su hijo se re nota. Habíamos estado juntos la semana antes y estuvimos jugando en el patio, saltando. Nos sacamos fotos”, contó una de las hermanas.
Otro punto en común entre los testigos fue que recorrieron los hospitales de Posadas en búsqueda de Rita, incluso con fotografías de ella, pero en ningún lugar la reconocieron y tampoco pudieron ingresar a los nosocomios dadas las restricciones por la pandemia.
Rita durante su primer embarazo y Rita el 8 de agosto de 2020, apenas un mes antes de parir por segunda vez, sin signos visibles de gravidez.
La fiscalía y una cámara de seguridad
Para esta cuarta jornada, el fiscal Vladimir Glinka hizo suyo el televisor de la sala y lo utilizó prácticamente en todos los interrogatorios para exhibir a los testigos imágenes tomadas por 7 de septiembre a las 14.55 en cercanías al lugar donde ese día apareció apuñalada la hija de Rita.
En dicho material se observaba la caminata de dos personas y el objetivo del fiscal era identificarlas. Sin embargo, nadie reconoció a la imputada, a excepción de su ex pareja, quien respondió: “La primera pareciera ser Rita”.
Durante sus intervenciones, Glinka también fue insistente en reconstruir detalle por detalle lo sucedido durante el regreso de Rita, aunque en ese punto encontró imprecisiones y contradicciones por las cuales ya había adelantado que analizaba pedir careos, aunque finalmente no lo hizo.
El fiscal Glinka y una testigo observando las imágenes de cámaras de seguridad. Foto: Gentileza Marcos Otaño.
El debate, que se desarrolla ante el Tribunal Penal Dos presidido por el magistrado César Yaya e integrado por Gregorio Busse y Carlos Giménez, pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes a las 8.30. Se prevé la declaración de al menos cuatro testigos más.
Rita Cervantes llegó a juicio imputada por los delitos de “homicidio calificado por el vínculo, en grado de tentativa, hurto y alteración de la identidad de un menor de 10 años, todos en concurso real”.
La hipótesis acusatoria planteada en la elevación a juicio de la causa, firmada por la fiscal de instrucción Patricia Clerici, la imputada le ocultó el embarazo a su familia, se realizó controles prenatales en secreto, se internó para parir con el DNI de una amiga y luego intentó matar a puñaladas a su beba.
La defensa, en tanto, encabezada por las letradas Luciana Sommer Aromí y Karen Rodríguez de Olivera, basada en aportes de profesionales de psiquiatría incorporados como peritos de parte, sostienen que Rita experimentó un embarazo sin síntomas como consecuencia de un síndrome de negación/disociación vinculado a un trauma de abuso infantil y que todo se produjo en el contexto de una psicosis puerperal.
El Juzgado Civil y Comercial Tres de Eldorado resolvió suspender de manera provisoria el desalojo en los lotes 48 y 49 de Montecarlo, previsto para este jueves, lo que habría afectado a 112 familias de campesinos que asisten a la escuela de formación agroecológica aledaña, espacio que sería trasladado a otra zona próximamente.
Luego de la mesa de diálogo concretada el pasado lunes 8 de junio, entre campesinos y docentes de la escuela Ñande Kokue, donde funciona el Bachillerato Provincial (BOP) 126, el ministro de Gabinete Carlos “Kako” Sartori, entre otras autoridades del gobierno provincial, el juzgado interviniente decidió postergar el desalojo “atento a las delicadas circunstancias sociales y humanas relevadas en las actuaciones efectuadas”.
En la resolución, a la que accedió La Voz de Misiones, la Justicia determinó que “corresponde imperioso destacar la preeminencia del orden institucional y el compromiso social que debe guiar la actividad jurisdiccional”.
En ese contexto, también advirtió sobre la configuración social del grupo en cuestión y la necesidad de garantizar los derechos humanos básicos: “Ante situaciones que evidencian un estado de vulnerabilidad de los sujetos que concurren -menores y adultos, días sábados- al inmueble, el servicio de justicia no puede permanecer ajeno a las derivaciones materiales de sus pronunciamientos, resultando indispensable articular mecanismos de contención interinstitucional que resguarde los derechos fundamentales en juego”.
En este sentido, asumieron el compromiso de diseñar y ejecutar medidas de apoyo específicas, por lo que también reiteraron la inmediata intervención a los organismos competentes: la secretaría de Niñez del municipio, la Dirección de Acción Social municipal, el Ministerio de Educación de la provincia, el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Gobierno e intendencia municipal.
A estos se sumarían la Secretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras de la provincia y la Dirección de Catastro del municipio, a fin de adoptar las “medidas conducentes para la reubicación de las actividades de formación en oficios”, que actualmente se desarrollan en el mencionado espacio.
Finalmente, el juzgado interviniente dictaminó que, las instituciones mencionadas deberán informar, dentro del plazo de tres días de notificados, las acciones implementadas y, posteriormente, remitir informes periódicos cada cinco días hasta la efectiva solución de la situación planteada.
De esta manera, la sentencia de desalojo, firme ante la Cámara de Apelaciones, quedó suspendida provisoriamente, lo que “no altera ni afecta la firmeza de la sentencia de desalojo, limitándose exclusivamente a diferir temporalmente su ejecución material a fin de posibilitar la intervención coordinada, y de carácter urgente, de los organismos estatales involucrados en resguardo de la paz social y la tutela judicial efectiva para efectivizar la desocupación del inmueble”.
Abren mesa de diálogo entre La Misionera y campesinos de Montecarlo
El fiscal federal Ricardo Toranzos solicitó penas de entre 3 y 16 años de prisión para los siete integrantes de una organización narcocriminal integrada por gendarmes, ex miembros de la fuerza y aspirantes a ingresar a la institución, acusados de transportar 334 kilogramos de cocaína en dos operativos realizados en Salta durante 2024.
Entre los principales imputados aparecen varios misioneros, señalados como piezas clave de la estructura delictiva.
Durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta, Toranzos pidió la pena máxima de 16 años de prisión para los misioneros Richar Ariel Delgado y Jonathan Leonel Ostapowicz (comerciante), además de Gabriel Ruiz Apaza, al considerarlos coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en dos hechos distintos.
Para los otros ex gendarmes misioneros Adrián Emilio Escarlata y Diego Hernán Delgado, el fiscal solicitó 13 y 9 años y 6 meses de prisión, respectivamente.
La causa expuso el funcionamiento de una organización con fuerte impronta misionera que quedó al descubierto en mayo de 2024, cuando Diego Delgado fue detenido en Salta mientras trasladaba más de 300 kilos de cocaína ocultos en una Volkswagen Amarok. El secuestro de su teléfono celular permitió a los investigadores reconstruir la trama criminal, identificar a los demás involucrados y desarticular la estructura.
El fiscal solicitó 13 y 9 años y 6 meses de prisión para Adrián Emilio Escarlata y Diego Hernán Delgado
Según la investigación encabezada por Toranzos, Ostapowicz y Richar Delgado eran dos de los principales organizadores de la maniobra. Ambos fueron detenidos meses después en operativos realizados en Posadas y Bernardo de Irigoyen, respectivamente. Los investigadores sostienen que tenían un rol central en la logística de los viajes y en la provisión de vehículos utilizados para transportar la droga desde el norte salteño hacia Buenos Aires.
Richar Delgado, oriundo de Azara, había pertenecido a Gendarmería Nacional y llegó a desempeñarse en áreas de investigación de la fuerza. Su hermano menor, Diego Hernán Delgado, también integró la institución hasta ser expulsado tras quedar involucrado en actividades vinculadas al narcotráfico. Ambos quedaron ubicados por la fiscalía entre los actores más relevantes de la organización.
Otro de los misioneros alcanzados por el pedido de condena es Escarlata, domiciliado en Apóstoles. El ex gendarme fue detenido en octubre de 2024 cuando transportaba otros 31 kilos de cocaína ocultos en una rueda de auxilio. Junto a él viajaba su esposa, Marlene Leonor Hañek, también oriunda de esa localidad.
La fiscalía sostuvo que la banda operaba mediante una estructura estable y organizada, aprovechando conocimientos adquiridos dentro de las fuerzas de seguridad para ocultar cargamentos y eludir controles. Entre las pruebas incorporadas al debate figuran conversaciones extraídas de un grupo de WhatsApp denominado “Los Peluches”, donde los acusados coordinaban traslados y compartían instrucciones sobre cómo acondicionar la droga en los vehículos y cómo actuar ante eventuales inspecciones.
El tribunal ya declaró la responsabilidad penal de los acusados y resta conocer la sentencia definitiva, que se dará a conocer el próximo jueves. Además de las penas de prisión, el fiscal solicitó el decomiso de bienes secuestrados durante la investigación, entre ellos vehículos de alta gama, dinero en efectivo y otros activos que presuntamente habrían sido adquiridos con fondos provenientes de la actividad ilícita.
Contrabando de granos y lavado de activos, otras causas de los narcogendarmes
El remisero detenido por el femicidio de Dulce María Beatriz Candia (17) se abstuvo de declarar ayer y fue formalmente imputado por el hecho que investiga el Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado, a cargo de la magistrada María Laura Rodríguez.
El hombre, identificado como Mario Alberto Yung (46), fue trasladado ayer a la mañana hasta la dependencia judicial y una vez dentro optó por guardar silencio, tal como lo ampara su derecho.
Un día antes había designado como abogado a un defensor oficial y ahora se aguarda que el juzgado continúe con la instrucción de la causa, que todavía aguarda por la recepción de testimoniales y el resultado de varias pericias que podrían arrojar luz sobre el hecho.
Entre esas pericias hay estudios de telefonía y análisis genéticos sobre prendas de vestir y, principalmente, sobre un retazo de tela que, se especula, pudo haber sido elemento utilizado para estrangular a la víctima.
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