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Familiares de Rita y un testimonio en común: “No sabíamos del embarazo”

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Juicio a Rita cervantes embarazada

Los familiares de Rita Marianela Cervantes Martínez (31) marcaron el pulso de la cuarta audiencia del juicio oral contra la joven acusada de intentar matar a su beba recién nacida y el testimonio recurrente fue: “No sabíamos del embarazo”.

De los siete testigos que en total declararon hoy, cinco se correspondían al círculo familiar íntimo de la imputada. Ellos fueron: su ex pareja y padre de sus hijos, su madre, sus dos hermanas y una madrina, quienes coincidieron al describir que nunca advirtieron “panza de embaraza” en Rita.

El primero de ellos en pasar a la sala de audiencias para declarar ante el Tribunal Penal Dos de Posadas fue la pareja de Rita al momento del hecho, quien también es padre de la beba víctima del hecho que se intenta esclarecer mediante este debate oral y público.

El joven reconstruyó que cerca de las 8 del sábado 5 de septiembre de 2020 Rita salió sola de su casa rumbo al hospital para atenderse de un “fibroma” y desde allí estuvo desaparecida hasta el lunes siguiente, cuando regresó en medio de una crisis nerviosa y llantos.

Durante esos dos días el testigo relató que junto a la madre y a las hermanas de Rita recorrieron varios puntos de Posadas en su búsqueda pero nunca obtuvieron resultados.

Incluso, señaló que quien en ese momento era su pareja le mandó una foto por chat de Facebook desde un hospital, pero cuando fueron a verificar esto al nosocomio recibieron respuestas negativas. Fue después de ello que radicó la denuncia por desaparición y finalmente el 7 a la tarde Rita regresó.

“Rita estaba llorando, gritando ‘me sacaron a mi bebé’. Yo también estaba muy nervioso. Ella solo decía ‘me sacaron a mi bebé’. Ella tenía un poco de panza, yo tenía entendido que era por el fibroma. Ya habíamos tenido otro hijo y no era la misma panza”, describió el joven ante las partes.

La defensa Sommer Aromí exhibiendo imágenes ante los jueces del Tribunal Penal Dos. Foto: Gentileza Marcos Otaño.

Similar testimonio brindó la madre de la imputada, quien recordó que el día del regreso de su hija a casa “Rita estaba en crisis de nervios, llorando, arrancándose los pelos. En un momento me sacudió y me dijo ‘me dejaron sola’. Yo le dije que no, que le buscamos por todos lados, pero es algo que me va a quedar para toda la vida”.

La mujer agregó que en ese mismo momento la imputada mostró los puntos de una episiotomía y repetía: “Me sacaron a mi bebé”.

“Yo no podía creer porque nunca tuvo panza. Ella flaquita, flaquita”, describió la testigo.

La madre también contó que después de ser detenida Rita fue maltratada por otras internas en la comisaría donde estaba alojada. “Le decían te odiamos por lo que hiciste, le pegaron, le patearon en el piso y le tiraron baldes de agua fría. Después de eso le tuvieron que operar. Quedaron restos de placenta y como el sangrado no paraba le tuvieron que extirpar el útero”.

Antes de retirarse y al igual que su ex yerno, la mujer pidió por Rita: “Ella es la mejor mamá del mundo. Yo la necesito conmigo y los niños”.

A su turno también declararon dos de las hermanas de Rita, quienes también intervinieron durante ese 7 de septiembre a la tarde cuando la mujer regresó a casa. Ambas describieron la misma crisis nerviosa, las mismas exclamaciones de la acusada y ratificaron que nadie sabía del embarazo.

Incluso, compararon la situación con la panza evidenciada por Rita en su primer embarazo y recordaron fotografías tomadas en reuniones sociales realizadas escasos días antes del hecho.

“Para nosotros Rita no estaba embarazada. Ella era flaquita. La panza de su anterior su hijo se re nota. Habíamos estado juntos la semana antes y estuvimos jugando en el patio, saltando. Nos sacamos fotos”, contó una de las hermanas.

Otro punto en común entre los testigos fue que recorrieron los hospitales de Posadas en búsqueda de Rita, incluso con fotografías de ella, pero en ningún lugar la reconocieron y tampoco pudieron ingresar a los nosocomios dadas las restricciones por la pandemia.

Rita durante su primer embarazo y Rita el 8 de agosto de 2020, apenas un mes antes de parir por segunda vez, sin signos visibles de gravidez.

La fiscalía y una cámara de seguridad

Para esta cuarta jornada, el fiscal Vladimir Glinka hizo suyo el televisor de la sala y lo utilizó prácticamente en todos los interrogatorios para exhibir a los testigos imágenes tomadas por 7 de septiembre a las 14.55 en cercanías al lugar donde ese día apareció apuñalada la hija de Rita.

En dicho material se observaba la caminata de dos personas y el objetivo del fiscal era identificarlas. Sin embargo, nadie reconoció a la imputada, a excepción de su ex pareja, quien respondió: “La primera pareciera ser Rita”.

Durante sus intervenciones, Glinka también fue insistente en reconstruir detalle por detalle lo sucedido durante el regreso de Rita, aunque en ese punto encontró imprecisiones y contradicciones por las cuales ya había adelantado que analizaba pedir careos, aunque finalmente no lo hizo.

El fiscal Glinka y una testigo observando las imágenes de cámaras de seguridad. Foto: Gentileza Marcos Otaño.

El debate, que se desarrolla ante el Tribunal Penal Dos presidido por el magistrado César Yaya e integrado por Gregorio Busse y Carlos Giménez, pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes a las 8.30. Se prevé la declaración de al menos cuatro testigos más.

Rita Cervantes llegó a juicio imputada por los delitos de “homicidio calificado por el vínculo, en grado de tentativa, hurto y alteración de la identidad de un menor de 10 años, todos en concurso real”.

La hipótesis acusatoria planteada en la elevación a juicio de la causa, firmada por la fiscal de instrucción Patricia Clerici, la imputada le ocultó el embarazo a su familia, se realizó controles prenatales en secreto, se internó para parir con el DNI de una amiga y luego intentó matar a puñaladas a su beba.

La defensa, en tanto, encabezada por las letradas Luciana Sommer Aromí y Karen Rodríguez de Olivera, basada en aportes de profesionales de psiquiatría incorporados como peritos de parte, sostienen que Rita experimentó un embarazo sin síntomas como consecuencia de un síndrome de negación/disociación vinculado a un trauma de abuso infantil y que todo se produjo en el contexto de una psicosis puerperal.

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Acampe docente: condenan a Gurina y Sánchez por desobediencia y corte de calle

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condenas a Monica Gurina y Leandro Sanchez

Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.

Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.

Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.

Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.

La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.

“No hay derecho absoluto”

El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.

Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.

En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.

Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.

“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.

En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.

La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.

Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.

“Fue un hecho público y multitudinario”

En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.

En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).

“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.

Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.

También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.

En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.

Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.

La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.

 

Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”

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La defensa pidió la absolución y hay cuarto intermedio hasta sentencia

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Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.

Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.

Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.

A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”

Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.

Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.

La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez

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La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez

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La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.

El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.

Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.

Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.

En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.

“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.

A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.

Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez

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