Judiciales
Etapa culmine en el juicio por el caso Irma: el lunes alegatos y sentencia
Tras oírse el testimonio de una treintena de testigos, del juicio oral por el femicidio de Irma Ferreyra Da Rocha (47), registrado en diciembre de 2016 en Garupá, ingresó a su etapa culmine y las audiencias se retomarán el lunes con la ronda de alegatos de las partes y posible sentencia.
Las testimoniales acabaron esta mañana, tras la declaración de los últimos tres testigos que estaban citados a comparecer ante el Tribunal Penal Uno de Posadas, a cargo de los magistrados Viviana Cukla, Ángel Dejesús Cardozo y César Yaya -subrogante-. Otras dos declaraciones serán incorporadas por lectura en la próxima audiencia.
De esta manera, la etapa de incorporación de pruebas culminará con la declaración de un total de 32 testigos, entre vecinos, policías, peritos en criminalística, médicos, psicólogos, bioquímicos y familiares tanto de la víctima como del único acusado, Alejandro Guillermo “Porteño” Esteche (34), quien afronta una acusación que el lunes puede conducirlo a una pena de prisión perpetua.
El debate comenzó el 16 de agosto con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa, instancia en la cual la Fiscalía de Instrucción Siete, a cargo de Patricia Clérici, consideró que Esteche debía ser juzgado como autor del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, seguido de muerte” cometido en perjuicio de Irma Ferreyra, quien el 18 de diciembre de 2016 falleció tras 30 de agonía por las graves lesiones internas sufridas al ser golpeada y ultrajada sexualmente con la rama de un árbol en un baldío de Garupá luego de asistir a una fiesta en la que conoció al imputado.
Esteche decidió declarar ante el Tribunal Penal Uno en la primera audiencia de debate.
Ese mismo día declaró Porteño Esteche y frente a los magistrados admitió haberse retirado de esa fiesta junto a Irma, aunque negó haber tenido contacto sexual con Irma argumentando que ambos estaban “muy alcoholizados”.
La versión dada por el imputado varió en relación a lo declarado días después de ser detenido cuando fue llevado a audiencia indagatoria. En aquella ocasión negó haber abusado de Irma, indicando que el hecho consistió en “relaciones sexuales consentidas” pero “extremas”.
En relación a ello, en el presente juicio Esteche manifestó que en la instancia previa se autoincriminó por golpizas y presiones recibidas de parte de los uniformados policiales que lo llevaron detenido a la Comisaría Quinta de Garupá.
Ubicado en la escena
Tras su declaración, el debate continuó y en la segunda jornada declararon las dos personas que en la noche del hecho auxiliaron a Irma malherida en un baldío próximo al túnel peatonal ubicado debajo de la autovía de la ruta nacional 12 y en inmediaciones a la calle 246 y la avenida Alberto Roth.
El fiscal Martín Rau y el defensor particular Edgardo Cabrera observando imágenes de la escena del hecho en un celular.
Esos testigos fueron el ex prefecturiano Lucas Frutos y su novia en ese momento Sonia Poterala. Ambos ubicaron a Esteche en la escena del hecho y lo identificaron como la persona que esa noche vieron salir del baldío donde la mujer fue hallada en estado agonizante y gimiendo de dolor.
Además, los dos describieron que el hombre que vieron esa noche vestía una chomba azul con figuras blancas en el estampado, bermuda blanca y zapatos blancos, vestimenta coincidente con las prendas que Esteche llevaba puesta en esa fiesta de fin de año.
La primera intervención
En la tercera audiencia fue el turno de declarar de los primeros efectivos policiales que intervinieron en la escena. Uno de ellos fue Jorge Rivero, que al momento del hecho era jefe de la Comisaría Quinta.
El uniformado recordó que se entrevistó con Irma malherida, quien en medio de gestos y gritos de dolor, alcanzó a brindar algunos datos que orientaron la posterior pesquisa.
Según el testigo, en esas circunstancias Irma describió a su agresor como un hombre alto, delgado, de entre 25 y 30 años, vestido de remera oscura y bermuda blanca. La víctima allí también alcanzó a decir que “ahí hicimos bien, después él me pegó, me agarró del cuello y me desmayé. Cuando me desperté estaba muy dolorida, con algo incrustado en el cuerpo”.
Esteche y su abogado defensor, Edgardo Cabrera.
Rivero también indicó “le pregunté si le conocía (al agresor) y me dijo que sí, que ‘siempre está en el lavadero MyM y aparentemente es familiar de los dueños. No me supo decir más nada”.
Esteche trabajaba en ese lavadero, que era propiedad de la familia de Verónica Otazu -su pareja en ese momento-, quienes le alquilaban el predio a Hugo Martínez, un hombre que al principio de la investigación fue demorado como sospechoso pero recuperó su libertad cuando el ahora imputado apareció en escena y las pruebas lo dejaron comprometido con el caso.
Martínez declaró hoy. Aseguró el día del hecho estaba de viaje y recién volvió a Garupá en horas de la noche. Otros testigos declararon que el hombre no estuvo presente en la fiesta y el propio organizador del evento, Raúl Bareiro, aseguró que en un horario coincidente a la hora del hecho vio a Martínez tomando cerveza en un kiosco de la zona.
La agonía de Irma
En la cuarta jornada declararon los profesionales médicos que atendieron y operaron a la víctima en el Madariaga, quienes ratificaron que Irma falleció como consecuencia de una infección generalizada provocada por las desgarradores lesiones internas que provocó la rama incrustada en su cuerpo durante el ultraje sexual. El deceso de la mujer se produjo después de 30 horas internada.
Mabel Ferreyra Da Rocha, hermana de la víctima, dio uno de los testimonios más dramáticos del debate.
“Me acerqué al hospital y ahí encontré algo que no se lo deseo a nadie. Ni a un animal se le hace algo así. Fue lo peor que vi en mi vida. Me quedó un trauma de por vida. Ya desde afuera de la sala se escuchaba como mi hermana gemía de dolor (…) Le pregunté mil veces quién fue, pero nunca me respondió. Sólo preguntaba por su hijo. Ya estaba con la mirada perdida. Sentía vergüenza e impotencia por la humillación que sufrió. Sólo le caían lágrimas”, describió Mabel Ferreyra Da Rocha, hermana de la víctima, cuando le tocó declarar.
Lesiones en las manos
En la segunda semana del debate, se destacaron las declaraciones vertidas por un efectivo que prestaba servicios para la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic) y una médica policial que trabajaba en la Comisaría Quinta, quienes coincidieron en señalar que Esteche presentaba lesiones en ambas manos al momento de ingresar a la seccional como detenido.
Tanto Héctor Giménez como Liliana Benítez describieron que el imputado tenía “escoriaciones en la palma de la mano derecha y en el dorso de la mano izquierda”, lo cual llamó la atención de los uniformados intervinientes y por ello decidieron dejarlo asentado en un certificado médico firmado ese 18 de diciembre de 2016, un día y medio después del ataque sufrido por Irma Ferreyra.
Pedido de falso testimonio
En la sexta audiencia del juicio, realizada el último martes, declararon otros cinco testigos, entre ellos Elizabeth González, hermana de Esteche, contra quien el fiscal Martín Rau pidió investigar por la posible comisión del delito de falso testimonio.
Rau argumentó que su pedido se basó en las contradicciones que detectó en las declaraciones vertidas por la mujer a lo largo del proceso. “Los dichos de hoy (por el martes) ni siquiera son similares a las de otras oportunidades”, apuntó el fiscal y reforzó su postura al mencionar que la testigo “ha variado completamente sus dichos, pero no sólo de ella, sino de otros testigos”.
El fiscal Rau y la testigo González durante su testimonial brindada el martes.
Uno de los puntos de mayor discusión fue cuando González contó que su ex pareja -Facundo Uboldi- fue llevado a la comisaría el mismo día de la detención de Esteche y, según ella, el hombre fue encerrado en un lugar oscuro donde recibió amenazas e intimidaciones de parte de policías para autoincriminarse.
Incluso, la testigo señaló que mientras eso sucedía intercambió mensajes con Uboldi, ante lo cual el fiscal Rau intervino y apuntó que en las pericias telefónicas esa conversión es “inexistente”. Un día antes, cuando la ex pareja de la mujer declaró por videoconferencia, tampoco hizo referencia a ninguna situación de apremios.
Rau también cuestionó que en la instrucción González declaró haber recriminado a Esteche por no haber ido a dormir a su casa esa madrugada posterior al hecho investigado, mientras que en el juicio negó haber existido “discusión” alguna entre ambos.
En otro tramo de su declaración, la testigo aseguró que el juez que llevó adelante la investigación del caso, Carlos Giménez, hoy miembro del Tribunal Penal Dos de Posadas, la maltrató durante un allanamiento en su casa e incluso la amenazó respecto a la tenencia de sus hijos en caso de no colaborar con la investigación.
Allí intervino el César Yaya, uno de los magistrados del tribunal que lleva adelante el debate, quien preguntó a la testigo si en su momento denunció todo lo que estaba declarando ahora y González respondió que no.
El Tribunal es presidido por la magistrada Viviana Cukla e integrado por sus pares César Yaya -a la izquierda- y Ángel Dejesús Cardozo.
Con todos estos testimonios recolectados e incorporados como elementos de prueba al proceso, el debate oral pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes, cuando se dará lugar a la ronda de alegatos.
En esa instancia, tanto el fiscal Rau, como el defensor particular, Edgardo Cabrera, deberán exponer sus conclusiones finales y efectuar sus pedidos al tribunal, cuyos magistrados luego tendrán que tomar una decisión. Se estima que la sentencia sea dictada ese mismo día.
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El ex gendarme misionero Héctor Hugo Procop, jefe del Escuadrón XIV de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), en Las Palmas, Chaco, hasta 2018, fue condenado a la pena de seis años de prisión por delitos configurados como fraude a la administración pública tras un fallo dictado por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia.
Procop, oriundo de Concepción de la Sierra y ostentando el rango de comandante principal al momento de ser detenido en 2018, fue condenado como autor del delito de “fraude a la administración pública, en concurso real con el delito de abuso de autoridad”. Además, recibió una inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública, según consignaron en el portal del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
En el marco de la misma causa también fue condenado el alférez y jefe de sección Braian Camargo, quien recibió una pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación por el doble de tiempo de la condena como autor de “sustracción de objetos custodiados en concurso real con abuso de autoridad”.
Por su parte, el TOF de Resistencia aplicó penas de un año de prisión para los gendarmes Luciano Cardozo y Anastacio Mártires Mora como partícipes secundarios del delito de fraude, en tanto que decidieron absolver a los uniformados federales identificados como David Gómez, Antonio Luque y Eduardo Augusto Manuel Jorge.
De igual manera, el fallo no se ajustó solo en integrantes de la GNA, sino que también alcanzó al empresario Rubén Fimiani, titular de la firma Agua Vittal, acusado de facilitar facturas y remitos con los que se simulaba la compra de mercadería para Escuadrón dirigido por el misionero Procop.
Por esta razón, el hombre deberá pasar cuatro años de prisión al ser declarado partícipe necesario del delito de fraude a la administración pública.
Fraude de $1.000.000
La causa que ahora culminó en sentencia del TOF chaqueño a instancias del fiscal general Federico Carniel, se destapó en octubre de 2018, cuando Procop y el resto de los implicados fueron detenidos tras una serie de procedimientos efectuados en Las Palmas, aunque la pesquisa había comenzado tiempo antes.
El grupo fue acusado, en otras palabras, por quedarse con dinero destinado a la compra de alimentos para caballos y electrodomésticos de depósitos donde se guardaban encomiendas incautadas.
Según detallaron en el portal fiscales.gob.ar, el 1 de agosto de 2017 el gendarme misionero y otros funcionarios de la GNA gestionaron una compra alimentos para consumo equino por un valor de $1.195.280, pero esa mercadería nunca llegó al Escuadrón XIV, a pesar de la firma de actas de recepción.
El 13 de noviembre, en tanto, un total de $1.059.839 ingresaron a la cuenta del empresario Fimiani y al día siguiente de esa misma caja se extrajeron $1.000.000, según un informe emitido por el Nuevo Banco del Chaco. Para el fiscal Carniel, esta maniobra comprueba que ese era el dinero destinado a la compra de los alimentos para caballos.
Otro hechos que fueron materia de acusación estuvieron vinculados al secuestro de juguetes y electrodomésticos de origen extranjero que desaparecieron del sistema de registro de la GNA.
Esos elementos se encontraban en el depósito judicial, área que se encontraba a cargo de Procop y de Camargo, quienes presionaban a miembros de escalafones inferiores para que no asientes daños o faltantes de paquetes en sus informes, según declararon en la causa.
Por pedido de Carniel, en la causa también intervino la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (Ufem) y mediante todo lo recolectado se acreditó que tanto el gendarme misionero Procop como Carmargo “ejecutaron reiterados actos de acoso laboral” sobre dos uniformadas y que sobre una de ellas realizaron “conductas de acoso sexual”.
Según consta en los archivos, Procop cumplió labores en diferentes dependencias de la GNA, entre las cuales aparecen la Sección Puerto Rico, el Escuadrón XI de San Ignacio y el Escuadrón 50 de Posadas.
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A sólo unos días de cumplirse el quinto aniversario del hecho, esta mañana comenzó en Posadas el juicio oral para esclarecer el siniestro vial que ocasionó las muertes de Juan Gabriel Mendoza (19) y Víctor Javier González (19), quienes fueron arrollados por un auto mientras empujaban una motocicleta pinchada sobre la banquina de la ruta 105, a la altura de Fachinal.
El debate se realiza en la sala de debates del Palacio de Justicia, ante un tribunal unipersonal presidido por la magistrada Marcela Leiva, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas, y en el banquillo de los acusados se sienta Enrique Gabriel Pana (26), el automovilista involucrado e imputado por el delito de “homicidio culposo”.
Ante una sala repleta de familiares, tanto de ambas víctimas como del acusado, el juicio comenzó minutos después de las 8 con la lectura del auto de elevación a juicio de la causa.
En dicho documento la Fiscalía de Instrucción Tres reconstruyó que el siniestro se produjo el 3 de junio de 2018, cerca de las 5.30, mientras Pana conducía un Chevrolet Agile sobre la ruta provincial 105 y los amigos fallecidos empujaban una moto Honda Wave pinchada sobre la banquina asfaltada. Todos iban en sentido San José-Posadas y regresaban de un encuentro de motos.
Las pericias asentadas en el expediente indican que el impacto se produjo sobre la calzada correspondiente a la banquina -zona indebida para la circulación- y se dio mientras el auto viajaba a una velocidad estimada de 113 kilómetros por hora.
Los estudios de alcoholemia arrojaron resultado negativo en el imputado, pero otros automovilistas circunstanciales mencionaron haber visto al Agile de Pana circular de manera zigzagueante e imprudente instantes previos al siniestro.
Todo ello es materia de discusión en el debate que comenzó hoy, donde tanto Pana como los peritos involucrados y los mencionados testigos debieron prestaron declaración ante las partes.
Pana estuvo cuatro meses detenido tras el hecho y llegó al debate en libertad.
La versión de Pana
“Antes que nada quiero darle mis pésames a la familia de los chicos”, arrancó Pana, quien contó que trabaja como camionero desde hace aproximadamente cinco años.
El joven recordó que regresaba de un encuentro de moto con otros dos muchachos, ratificó que no bebió alcohol, negó haber conducido de manera imprudente o realizando zigzag por la ruta 105 y afirmó que nunca invadió la banquina. También sostuvo que había “mucha neblina” y que iba “pegado al volante” porque se le empañaba el parabrisas.
Sobre el momento del impacto recordó que “en ningún momento vi que era una moto. Pensé que era una vaca o un carpincho. Recién cuando me bajé vi todo. Los chicos no murieron en el acto. El accidente fue cerca de las 3. Yo llamé a mi papá y llamé 6 veces al 911”, contradiciendo en ese punto el horario del suceso plasmado en el expediente.
También describió que “los chicos se podían haber salvado, tenían los ojos abiertos. Estuvieron agonizando. Yo todavía tengo esa imagen en mi mente”.
A continuación, llegó el momento de los testigos, quienes a su turno contradijeron varios puntos de su declaración.
Banquina y zigzag
El primero en pasar a la sala fue el licenciado en Criminalística Martín Duarte, quien confeccionó la pericia accidentológica del caso en conjunto con Juan Carlos Vázquez, ambos de vasta trayectoria en la Policía de Misiones e intervención en innumerables sucesos policiales registrados en la provincia.
Duarte ratificó cada punto de la pericia. “En el carril no hay evidencias. Todo empieza en la banquina”, reconstruyó y añadió que “la primera evidencia se halla en la banquina asfáltica. Ahí había indicios de arrastre de la moto. El impacto se da a 1,70 centímetros de la banquina terrada”.
El profesional describió que, tras ese primer impacto, Pana aplicó el freno por primera vez y culminó unos 80 metros después, ya sobre la banquina terrada.
Con todo lo expuesto y ante las consultas tanto de la fiscalía María Laura Álvarez, como del abogado defensor particular Jorge Guimaraes, el perito apuntó que “el accidente no ocurre porque iba a 200 kilómetros por hora, sino porque iba por la banquina, por un lugar indebido. Si circulaba correctamente, el accidente no se hubiera producido”.
Las partes en debate: la fiscal Álvarez, la jueza Leiva, el testigo Vázquez y el defensor Guimaraes.
Luego declaró Vázquez y también una bioquímica que ratificó que Pana dio negativo en los test de alcoholemia, tanto por pipeta como por sangre, pero lo más trascendental llegó después, cuando fue el momento de los automovilistas que se cruzaron con el Agile antes del siniestro sobre la ruta 105.
Los tres, un joven y dos mujeres, recordaron haber visto al Agile gris circular de manera zigzagueante y realizando maniobras imprudentes.
“En la rotonda vi que cuando quiso avanzar se le apagó el auto. Nosotros le pasamos y después se acercaba mucho a nosotros. Parecía como que nos iba a chocar de atrás”, narró Leonardo Aguirre.
“En ese momento me pareció que era una persona que no sabía manejar o que iba bajo los efectos de algo. No quiero juzgar, pero eso no hace una persona consciente”, agregó.
Mabel Rodríguez y Cintia Pimienta, en tanto, testificaron en la misma sintonía. “Cuando íbamos atrás de él nos cerraba el paso”, señaló la primera, mientras que la restante manifestó que “iba zigzagueando. Tuve que ir a 120 para poder pasarle. El de ese auto venía como un inconsciente, me podía haber pasado a mí y a mi familia, pero le pasó a esos dos chicos inocentes”.
Los tres testigos coincidieron en mencionar que a pesar del horario había una visibilidad que les permitió observar a los dos chicos empujando la moto al costado de la ruta. Negaron que haya habido neblina en ese momento.
Víctor González, una de las víctimas, era hijo de la cantante Vanessa Avellaneda.
Para mañana se espera un solo testimonio. Será por videoconferencia con uno de los jóvenes que iba en el auto de Pana al momento del hecho. El otro, José Luis, declaró hoy, aunque solo señaló que él iba durmiendo y que recién se despertó con el impacto.
Luego será el turno de la ronda de alegatos, donde tanto la fiscal como la defensa tendrán la oportunidad de exponer sus conclusiones finales y elevar sus respectivos pedidos ante el tribunal.
Se prevé que la jueza Leiva posteriormente dicte sentencia. Pana enfrenta una posible pena máxima de seis años de prisión.
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El martes, desde las 8.30, comenzará el juicio para esclarecer el homicidio del olero Ramón Fretes (63), registrado en agosto de 2020 en el barrio El Porvenir II de Posadas, y por cuyo hecho hay un sólo acusado, que puede recibir entre 8 y 25 años de prisión en caso de ser declarado culpable.
El debate oral se desarrollará en el Tribunal Penal Dos de Posadas y el único imputado en sentarse en el banquillo de los acusados será Ramón Elizandro Cruz (26), un joven que trabajaba como jornalero de Fretes en la producción de ladrillos.
El juicio comenzará el martes y se extenderá a lo largo de cuatro audiencias previstas para culminar el viernes.
El tribunal encargado de llevar adelante el proceso estará integrado por los magistrados César Yaya, Carlos Giménez y Gregorio Busse, mientras que el Ministerio Público Fiscal estará representado por Vladimir Glinka.
Cruz está imputado por el delito de “homicidio simple”, figura contemplada por el artículo 79 del Código Penal de la Nación argentina y que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.
El caso
El crimen que se ventilará en debate se registró el 21 de agosto de 2020, en uno de los días más fríos de ese año y en pleno contexto de aislamiento por la pandemia de Covid-19.
El hecho ocurrió en la propiedad de Fretes, ubicada en la manzana 11 del barrio El Porvenir II, donde la víctima también se dedicaba a la fabricación de ladrillos junto a sus jornaleros.
Justamente, la reconstrucción del caso consigna que en la noche previa al crimen Fretes se reunió a compartir tragos con tres de sus jornaleros, hasta que en determinado momento se produjo una discusión con uno de ellos y terminó siendo asesinado de una estocada en el pecho.
El homicida del olero fue señalado como Cruz, quien después del crimen escapó del lugar pero fue arrestado a las pocas horas y a pocas cuadras de allí, ya que también vivía en la misma zona.
Con el correr de las horas y con la ayuda de un can entrenado de la Policía de Misiones, los investigadores dieron con dos cuchillos entre los cuales podría estar el arma homicida.
Los pesquisas del caso llegaron hasta el posible arma homicida gracias a un can entrenado de la Policía de Misiones.
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