Judiciales
Este martes declaran los nuevos policías detenidos por el crimen de Mirta Rosa
Emilio Broemser, Adrián Roberto Borda y José María Bernal, los ex integrantes de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X de la Policía de Misiones que diez años después del hecho quedaron bajo la lupa por el asesinato de la docente con esquizofrenia Mirta Carmen Rosa (47), comenzarán mañana su periplo judicial.
Tras ser detenidos el último sábado, mañana a primera hora serán trasladados hasta el Juzgado de Instrucción Uno de Posadas para comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Marcelo Cardozo, quien quedó a cargo del nuevo expediente iniciado tras el juicio desarrollado meses en el marco de la causa principal contra otros dos policías acusados –y condenados– por abandono de persona.
En esta nueva causa, tal lo solicitado por el fiscal de juicio Vladimir Glinka y luego aprobado por el Tribunal Penal Dos de Posadas, los policías Broemser, Borda y Bernal serán investigados por el delito “homicidio calificado”.
En la audiencia de mañana, los tres tendrán tendrán la posibilidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, tal como los ampara su derecho y sin que ese silencio les signifique presunción de culpabilidad alguna.
Al momento de las detenciones se secuestró el teléfono de cada uno de los sospechosos, al tiempo que ya se solicitaron diversas medidas de prueba, aunque las fuentes consultadas por La Voz de Misiones indicaron que los principales elementos indiciarios contra el trío policial constan en las actuaciones de lo registrado en el juicio oral celebrado en agosto pasado y cuyas copias ya fueron remitidas al juzgado que dirige el magistrado Cardozo.
Los policías Broemser, Borda y Bernal, ahora detenidos e investigados.
El caso Rosa, certezas e incógnitas
Mirta Carmen Rosa (47) era una docente jubilada que cerca del mediodía del 14 de febrero de 2013 salió de su casa en el barrio Santa Clara III de Garupá y por la tarde apareció muerta, con fractura de cráneo y estallido vesical, sobre la antigua cancha del barrio Los Potrillos.
Lo que se pudo reconstruir indica que totalmente desorientada y sedienta por una larga caminata bajo un intenso calor Rosa llegó a una casa del barrio Nuevo Garupá donde fue asistida por una pareja que llamó a la Policía.
Así fue que al lugar arribó una patrulla de la comisaría Quinta integrada por Aldo Gabriel Aníbal Villalba (35) y Luis Albino Rotela (43), quienes subieron a la docente pero en lugar de trasladarla hasta la dependencia policial o al hospital la llevaron hasta cercanías al barrio Los Potrillos, donde la “abandonaron a su suerte”, según graficó el fiscal Glinka en los alegatos expuestos en el juicio contra los dos imputados.
Fue después de ello que la mujer apareció muerte en la mencionada cancha, pero qué pasó desde su “abandono” hasta el momento del hallazgo de su cadáver es la gran incógnita a develar.
Allí aparece la nueva línea investigativa que apunta contra la patrulla integrada por Broemser, Borda y Bernal, quienes se encontraban “de operativo” con un detenido recorriendo el barrio Los Potrillos en el mismo horario en el que se pierde el rastro de la docente asesinada.
Incluso, ese detenido que estaba con ellos ese día declaró en el juicio y afirmó que mientras era “torturado” dentro del móvil apareció en escena “una señora” con la cual los uniformados bajaron a hablar. Se estima que esa señora pudo haber Mirta Carmen Rosa.
“Los de la Brigada, bandidos los tres, estaban haciendo cagada, estaban en un lugar donde no tenían que estar”, contextualizó el fiscal Glinka en el mismo alegato y afirmó que en esas circunstancias se cruzaron con Rosa, con quien discutieron y como “ella reaccionó mal debido a su estado de exaltación por la esquizofrenia, ellos reaccionaron peor: la golpearon y la dejaron prácticamente muerta”.
Los ahora sospechosos declararon como testigo en el mismo debate oral, instancia en la cual el fiscal Glinka insistió en cada uno de ellos sobre contradicciones en sus testimonios y repasó libros de guardia presuntamente adulterados, principalmente respecto a horarios y ubicaciones, con la intención de desviar la pesquisa.
Ahora, todo será objeto de nueva investigación y la Justicia intentará responder la incógnita que perdura una década después: ¿Quién mató a Mirta Carmen Rosa?.
Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.
El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.
Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.
Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.
La causa
La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.
Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.
Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.
El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.
De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.
El médico acusado de entregar certificados médicos truchos fue imputado por la Justicia y continúa detenido a la espera de que se resuelva el pedido de excarcelación presentado por su defensa.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de declaración indagatoria al médico Manuel Ramón G. (72) se concretó ayer a la mañana, ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
La información obtenida añade que el profesional decidió abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y fue formalmente imputado por hechos que van desde estafa, falsificación de documentos, ejercicio irregular de la profesión hasta asociación ilícita.
La detención del psiquiatra se efectuó el jueves a la tarde, cuando la Policía irrumpió en su departamento del microcentro posadeño a raíz de una investigación por la confección de certificados truchos que luego eran utilizados para obtener licencias médicas.
La investigación comenzó en la empresa Casino Club, tras advertir que al menos una treintena de trabajadores solicitaron licencias con certificaciones firmadas por el mismo profesional médico.
A partir de ese dato profundizaron en una pesquisa interna y mediante una cámara oculta confirmaron el ardid, tras lo cual dieron intervención a la Justicia.
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