Judiciales
El olero Cruz se defendió al matar a su patrón: recibió 4 años y medio
Desde hace casi tres años que Elisandro Ramón “Totito” Cruz (25) cuenta los días pasar dentro de la cárcel, pero a partir de hoy esa cuenta será regresiva, a sabiendas de que le faltará poco para cumplir los 4 años y 6 meses de prisión a los que fue sentenciado por el homicidio de su patrón Ramón Fretes (63), registrado en una olería del barrio El Porvenir II de Posadas, en plena pandemia.
El joven recibió dicha pena como autor del delito de “homicidio culposo en exceso de legítima defensa”, en una sentencia dictada hoy por el Tribunal Penal Dos de Posadas.
El fallo no se dio por unanimidad, sino por mayoría, con los votos de los camaristas Gregorio Busse y Carlos Giménez, y la disidencia del magistrado César Yaya, que se había inclinado por una pena de 8 años de cárcel bajo la figura de “homicidio simple”, imputación bajo la cual Cruz llegó a juicio oral.
Justamente, en sus alegatos, el fiscal Vladimir Glinka también entendió que el caso, al que calificó como un “asesinato a sangre fría”, debía considerarse un “homicidio simple” y aplicársele el acusado una pena de 14 años de prisión, aunque el planteo no prosperó.
Sí avanzó, aunque de manera parcial, el pedido efectuado por la defensa de Cruz, encabezada por el letrado oficial Miguel Ángel Varela, que planteó el escenario de un homicidio en exceso de legítima defensa y pidió la absolución del imputado.
Tras oír la sentencia, una pequeña mueca de alegría invadió el rostro de Cruz, que de igual manera se retiró de la sala esposado y en un móvil del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), aunque a sabiendas de los días que le restan para terminar de cumplir su condena y recuperar la libertad.
Capitán Garfio y Campanita
La sentencia se dictó cerca de las 14, tras más de cinco horas de audiencia, que incluyó la declaración de los últimos tres testigos previstos y el desarrollo de la ronda de alegatos.
El primer turno le correspondió a la fiscalía, quien plantó una contundente postura desde el comienzo: “Fretes fue asesinado a sangre fría en su propia casa”.
Para Glinka, a lo largo del debate, y en base a la estrategia defensiva, “se corrió el eje de la discusión” y “se armó una historia con testimonios falsos”.
“Hay que desmitificar a cada uno porque si no parece que Fretes era el Capitán Garfio y, por otro lado, Cruz parecía Campanita”, sostuvo sin vacilar.
En esa línea, apuntó contra los testigos que describieron a Fretes como una persona agresiva, alcohólica, con fama de no querer pagar a sus jornaleros y con la pericia suficiente como para liarse un cuchillo o una honda en su brazo manco.
“Acá vinieron seis testigos a hablar al pedo de Fretes, a hacerlo bolsa, y todos fueron ofrecidos por la defensa en la instrucción, pero resulta que acá nadie dijo que Fretes le quedó debiendo plata”, lanzó.
Glinka valoró el aporte científico brindado por la médica forense Silvina Lanzos, quien detalló que la lesión que presentaba la víctima era de 16 centímetros de profundidad, propiciada con una fuerza tal que atravesó una costilla y perforó el corazón.
“No hay posibilidad de que esto haya sido sin querer. Esto fue con intención”, sentenció Glinka.
A su vez, el fiscal puso sobre el tapete el grado de intoxicación etílica (3,21 gramos de alcohol por litro de sangre) que registraba la víctima, lo cual -a su entender- lo ubicaba en un contexto de su indefensión que hasta pudo haber configurado el agravante de “alevosía”, lo que hubiese aumentado la expectativa de pena hasta prisión perpetua.
“Si yo hubiese estado en la instrucción, hubiese pedido esa figura. Acá Cruz no se defendió de nada, si Fretes ese día no se podía ni parar. Tampoco hay referencias a una pelea, Fretes no tenía otro golpe más que el puntazo y estaba desarmado. ¿Para qué Cruz lo apuñaló? Con empujarlo alcanzaba”, cuestionó, al tiempo que descartó que el hematoma en el rostro de Cruz haya tenido vinculación con la pelea planteada en la estrategia defensiva.
Y trazó su tesis de lo ocurrido esa noche del 21 de agosto de 2020: “Se desconocieron chupando, discutieron por plata, le metió una puñalada y listo. Acá yo tengo la historia de la ejecución de una persona sin posibilidad de defenderse. ¿Qué importa más, una deuda de $500, de $1500 o la vida?”.
En base a lo expuesto, Glinka pidió que Cruz sea condenado a la pena de 14 años de prisión.
“Acá Cruz salvó su vida”
Así llegó el turno del defensor Varela, quien insistió en la teoría de una pelea entre Cruz y Fretes que culminó en un homicidio bajo un contexto de exceso de legítima defensa.
“El fiscal omite adrede que acá también estuvo en juego la vida del señor Cruz. Acá no se trató de que Cruz lo hincó porque no le quería pagar, ese día Fretes lo ataca a él”, describió.
En ese sentido, Varela reconstruyó que, esa noche, Fretes agredió con un ladrillo en el rostro a Cruz y acto seguido también le aplicó un palazo: “Eso se trata de ocultar acá. Discutir si hubo golpe o no a mí ya me parece increíble”, fustigó.
El defensor también sostuvo que Fretes era una persona “acostumbrada a tomar” y, en respuesta al planteo de la fiscalía, consideró que “no estaba dormido, ni indefenso, si no, no hubiese podido tener esa precisión para dar ese golpe, que fue en la cabeza, en una zona vital. Él tenía intenciones de provocar un daño grave”.
“Yo no tengo dudas, esto es un caso de exceso en legítima defensa. Acá Cruz salvó su vida”, insistió ante el tribunal y pidió la absolución del imputado.
El tribunal, finalmente, entendió lo mismo, aunque en vez de la absolución aplicó una condena de 4 años y 6 meses. Los fundamentos del fallo serán comunicados el 21 de junio.
Últimas palabras
Previo a oír la sentencia, Totito Cruz hizo uso de sus últimas palabras, instancia en la cual ratificó que se defendió.
“Yo le dije que necesitaba la plata, pero él me dijo: ‘Después vamos a ver’. Yo le dije: ‘Bueno, gracias’. Ahí él me llamó de nuevo y avanzó hacia mí. Yo no vi el ladrillo en su mano. Ahí me manda el ladrillazo del lado derecho. Después agarra el palo y me tira un garrotazo”, comenzó.
Y continuó: “Yo me cubro y me asusto. Y yo, como siempre trabajo en el campo también, saco el cuchillo y no sé cómo fue. Nunca tuve intención, yo nunca lastimé a nadie”.
Judiciales
Registraron la oficina de Germán Kiczka en la Legislatura
Efectivos de la Dirección Cibercrimen, junto a agentes de la Secretaria de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic) realizaron un registro del despacho que era utilizado por el diputado Germán Kiczka en el edificio anexo de la Legislatura.
La medida se concretó esta tarde, con presencia del magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, quien tiene imputado tanto a Germán Kiczka como a su hermano Sebastián en una causa por tenencia y distribución de archivos Masi.
El procedimiento fue similar al realizado en la oficina que el mismo legislador utilizaba en una propiedad de la familia Puerto en Apóstoles, dónde la empresa Cigarros Misioneros tiene domicilio fiscal y además funcionan la radio y bar Social Club.
Todo lo hallado, principalmente soportes informáticos, serán anexados a la causa y quedarán a la espera de peritajes.
Comisión investigadora firmó dictamen para expulsar al diputado Germán Kiczka
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Caso Kiczka: la fiscal Dupuy ofreció colaboración en peritaje de archivos Masi
La fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de Ciudad de Buenos Aires, donde se inició la investigación que terminó comprometiendo a los hermanos Kiczka en una causa por tenencia y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi), puso a disposición de la Justicia misionera todo su equipamiento de alta tecnología para analizar las imágenes halladas en los aparatos incautados a manos de los imputados a fin de determinar tanto la edad como la identidad de las víctimas, entre otras especificaciones técnicas.
En declaraciones televisivas brindadas recientemente, la funcionaria porteña calificó como “aberrantes” las imágenes detectadas en la primera pericia realizada antes de remitir la causa al Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, dirigido por el magistrado Miguel Ángel Faría, y respecto a los archivos revisados detalló que “en este caso estamos hablando de niños y niñas muy pequeños. Bebés siendo abusados, niñas y niños menores de 13 años llevando a cabo actividades sexuales con adultos”.
En ese marco, ahora se supo que Dupuy se comunicó con el juez Faría y se puso a entera disposición para colaborar en todas las labores de investigación, tareas técnicas y peritaje informático que aún se encuentren en proceso.
La ayuda consistiría en el aporte de todas las herramientas y software de alta tecnología con la que Dupuy cuenta para analizar las imágenes de manera tan minuciosa que posibilita determinar la edad de las víctimas, como así también la identidad de los menores filmados, aunque este último punto también depende de muchos otros factores.
Según indicaron fuentes de La Voz de Misiones, desde el juzgado no sólo que agradecieron el gesto, sino que también aceptaron la colaboración y se avanzará ahora en la gestión de los trámites correspondientes para trazar un convenio a través de la Procuración General de la provincia.
En ese marco, las mismas fuentes consignaron que se fijó para el 10 de septiembre la medida de apertura de los sobres con los todos los soportes informáticos incautados durante el allanamiento realizado el lunes a la mañana en una oficina que el aún diputado -este jueves se trata su expulsión de la Legislatura- Germán Kiczka utilizaba en su rol de comisionista en Cigarros Misioneros, empresa son domicilio radicado en una propiedad de la familia Puerta y donde actualmente funcionan un bar y una radio bajo el nombre de Social Club.
A esa oficina hubo que acceder mediante la intervención de un cerrajero y en su interior se hallaron una notebook, un teléfono celular, CD’s y documentos, elementos se sumarán a los otros aparatos que aún se encuentran en etapa de arduo peritaje por parte de agentes tanto de Cibercrimen de la Policía como de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), dependiente del Poder Judicial.
Voceros con acceso al expediente añadieron que en el despacho también se halló un dibujo infantil que estaba acompañado con el nombre “Germán”, elemento que levanta suspicacias de todo tipo pero que hasta el momento no configura valor de prueba.
Además, las fuentes hicieron mención a un grupo de Telegram denominado “Los Cigarros” que fue extraído de las pericias a los teléfonos celulares de los imputados y en donde se observan conversaciones sobre intercambio de imágenes Masi, pero todavía quedan análisis por realizar para unir piezas e intentar identificar ramificaciones del delito investigado.
Mientras tanto, los hermanos Germán y Sebastián Kiczka continúan detenidos en celdas de la Unidad Penal VIII, presidio al cual fueron trasladados el domingo a la noche tras permanecer unos días en la comisaría Segunda de Apóstoles, dependencia policial que no estaba preparada para alojar internos de “alto perfil”.
Ambos presentaron un pedido de excarcelación a través de su abogado defensor Gonzalo De Paula, pero el planteo fue rechazado este miércoles por el juez Faría, quien argumentó riesgo de fuga, entre otros factores.
Judiciales
Narco piloto boliviano que se fugó de Misiones en 2015 cayó en su país
Quien scrolleaba el Facebook de Cristopher Andrei Cueto Lazcano (30) podía pensar que era un piloto más disfrutando de su trabajo y llevando una vida normal, renovando fotos de perfil, anunciando viajes y compartiendo memes, pero lo cierto es que el boliviano era uno de los tantos narcotraficantes incluidos en la lista de buscados por Interpol y los ocho años que se mantuvo prófugo tras escapar de Misiones se terminaron.
Cueto Lazcano es piloto de profesión, pero se encargaba de dirigir avionetas repletas de estupefacientes y así fue capturado el 19 de agosto de 2014, mientras aterrizaba en una pista clandestina montada en un campo de Toledo, provincia de Córdoba.
El Cessna 337 Skymaster que el boliviano piloteaba junto a un compatriota estaba cargado con 400 kilogramos de marihuana y el procedimiento marcó el fin de los vuelos narcos para una organización dedicada al tráfico de estupefacientes que era comandada por una pareja de posadeños.
El operativo global culminó con una decena de detenidos, entre ellos “La muñeca del Nea”, como fue bautizada mediáticamente la mujer que fue sindicada como “líder” de la banda junto a su marido. Entre los arrestados también hubo ciudadanos cordobeses y paraguayos.
En primera instancia la causa se tramitó en Córdoba, pero luego la competencia en la causa fue definida al Juzgado Federal de Posadas, cuyas autoridades continuaron con el desarrollo del expediente.
Sin embargo, en el medio sucedió algo: la fuga de Cueto Lazcano.
La fuga
Ocurrió que mientras todos los implicados permanecían detenidos en Misiones a la espera del avance de la causa, el piloto boliviano pidió ser beneficiado con la prisión domiciliaria argumentando un problema médico en la piel cuyo cuadro podía agravarse bajo condiciones de encierro.
Al imputado le rechazaron ocho presentaciones similares, hasta que en noviembre de 2015 obtuvo dictamen favorable y para poder cumplir con los requisitos que necesitaba hizo venir a sus padres desde Bolivia, quienes alquilaron le alquilaron la pieza 10 de un inquilinato donde fijó domicilio.
En ese complejo de habitaciones temporales ubicado a media cuadra de la terminal de colectivos de Posadas Cueto Lazcano alcanzó a pernoctar una semana, hasta desapareció sin dejar rastros.
La fuga fue constatada por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) durante una inspección realizada el 17 de noviembre de ese año y días después pidieron su captura internacional.
Desde ese momento la alerta roja del boliviano permaneció activa en la página de Interpol, pero nunca hubo novedades de su paradero. Donde sí hubo novedades fue en su cuenta de Facebook, donde reinició actividades a partir de 2017.
¿Dónde andabas chato?
Empezó compartiendo fotos random de nubes, de cabinas y de aviones, hasta que comenzó a mostrarse nuevamente. “¿Dónde andabas chato?”, le preguntó un amigo al que no se le pasó por alto que Cueto volvió a las redes sociales tras una inactividad de cuatro años. “Pasame tu cel x inbox”, respondió él.
De ahí en más el piloto no paró de exhibir su vida, con fotografías en cabinas de avión, en hangares, en cabañas y en balcones de edificios. Pero todo iba a llegar a su fin en algún momento.
Entre las últimas publicaciones abiertas al público general en su cuenta de Facebook se observan posteos desde la ciudad boliviana de Tarija. “Voy por ti amor de mi vida”, escribió en junio de 2023, fecha cercana al momento de su recaptura.
Es que, de acuerdo a lo que pudo establecer La Voz de Misiones, hace aproximadamente un año el boliviano fue ubicado por Interpol en Santa Cruz de la Sierra, lo que significó el fin de sus días en libertad.
Desde ese momento Cueto Lazcano permaneció detenido en el cárcel de Palmasola a la espera del proceso de extradición, trámite que finalmente se concretó a fines de agosto.
Según fuentes de LVM, la extradición se ejecutó a través del aeropuerto internacional Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra y Cueto Lazcano arribó a Misiones el miércoles de la semana pasada, quedando detenido en una dependencia de la Policía Federal Argentina (PFA) a la espera de un cupo para ser trasladado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Ahora, ocho años después, el extranjero quedó a disposición de la Justicia Federal de Misiones y tras las rejas aguardará ser llevado a juicio oral y público, proceso al cual fueron sometidos sus consortes de causa. Algunos de ellos ya cumplieron sus penas, mientras que otros tuvieron un final más trágico, como es el caso de Francisco Alejandro Suescun Rivero, el otro piloto boliviano.
En Misiones Suescun Rivero fue condenado a cinco años de prisión y tiempo después se acogió a la figura del extrañamiento, tras lo cual fue expulsado del país.
Meses después volvió a dar la nota en Paraguay, nuevamente vinculado a avionetas narcos, pero las últimas noticias lo ubican siendo acribillado a balazos en junio del año pasado en Bolivia.
A “El Carachas”, como era conocido en su país, lo presentaban como propietario de hangares y avionetas en Santa Cruz de la Sierra y sostienen que su asesinato fue un ajuste de cuentas.
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