Judiciales
El juicio al Negro Rojas y una escucha clave: “Le volé la cabeza”
El juicio oral contra el sindicado narco-sicario misionero Néstor Fabián “El Negro” Rojas tuvo su capítulo violencia y tan solo un fragmento de la declaración vertida hoy por un experimentado comandante de Gendarmería especializado en inteligencia funge como si fuese una sinopsis perfecta del expediente entero: “Nunca en mis 30 años de servicio había observado semejante nivel de violencia como en esta investigación. Uso de armamentos, amenazas de muerte, intentos de sicariato, planes de fuga y organizaciones brasileñas tratando operar en nuestro país”.
Nada suena exagerado. El hombre que el próximo martes cumple 48 años y que actualmente está detenido en el penal de Marcos Paz, e incorporado al régimen del “protocolo de gestión para presos de alto riesgo” del Ministerio de Seguridad de la Nación, está imputado por el asesinato a balazos de un socio y por montar una empresa narco criminal de carácter transnacional, dedicada al tráfico de estupefacientes, aunque en realidad enfrenta muchas otras acusaciones más que corren por causas separadas.
Puntualmente, en este juicio Rojas enfrenta cargos por el asesinato del Aldo Andrés Canteros, perpetrado el 5 de agosto de 2018 en la chacra donde vivía la víctima en Gobernador Roca, y por crear el Primer Comando de Frontera (PCF), nombre con el cual bautizó a su banda para emular a las grandes organizaciones criminales brasileñas, con quienes, según sus investigadores, tenía contactos, vínculos y negocios acordados. Por el primer hecho puede ser condenado a prisión perpetua.
El debate que se realiza en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas tuvo hoy su sexta jornada y, tras repasar en audiencias previas sus lazos con Canteros y su presencia en el lugar del hecho, esta mañana el foco del debate se concentró en su perfil violento, lo cual le valió la calificación de delincuente de alta peligrosidad.
En ese contexto, esta mañana declararon cuatro testigos, tres de los cuales ahondaron en detalles respecto a la personalidad agresiva de Rojas, uno de ellos a partir de haber tenido relación directa con el imputado y otros desde las pistas obtenidas mediante labores de inteligencia.

El juicio se realiza con Rojas y los jueces conectados de manera telemática.
“Le volé la cabeza”
El primer testimonio del día fue aportado por una joven cuya identidad se reserva por cuestiones de seguridad -como la de todos los testigos-, quien al momento del crimen de Canteros era pareja de Eduardo Javier M., hombre cercano de Rojas.
“Eduardo Javier era mi novio en ese momento. Ellos se tenían mucha confianza, era amigos, se decían primos. Siempre que hablaban él se apartaba de mí porque Rojas no es una persona que confíe mucho en las personas”, describió.
La mujer narró que, conforme avanzaba su relación con Eduardo Javier, también empezó a participar en maniobras de la banda, principalmente viajes para traslado de drogas o dinero, ante lo cual en determinado momento también conoció a Canteros, que aparentaba ser un simple mecánico pero en realidad era parte de los negocios narcos organizados por Rojas.
La testigo avanzó en su relato hasta que recordó un último viaje realizado a Entre Ríos en busca de un dinero que Rojas necesitaba “con urgencia”. Contó que regresó sola con la plata, que Canteros pasó a buscar el bolso por Posadas y afirmó que eso sucedió pocos días antes de su asesinato.
Y lo sucedido posteriormente explica la trascendencia de su testimonio. “Yo me entero de la muerte de Canteros cuando estaba en alquiler y Rojas le llamó a mi pareja. Ahí pude escuchar lo que decía sobre lo que pasó”, anticipó.
“Él le pidió a mi pareja que no llame al número del ‘Polaco’ (por Canteros) porque estaba muerto. Nosotros no entendíamos nada. Nos sorprendió. Dijo que supuestamente hubo una emboscada, una trampa y dijo que le voló la cabeza, que Cantero le traicionó. Por eso le pidió que no le mande más mensajes y que borre todo. Él decía todo como si nada. No estaba preocupado”, reconstruyó la testigo mientras Rojas seguía su testimonio entre risas y gesticulaciones por vía telemática desde la cárcel.
Después de esta afirmación, la fiscal Vivian Barboza solicitó la reproducción de una de las tantas escuchas que incorporadas al expediente, grabación en la cual se oye prácticamente el mismo diálogo y la testigo reconoció las voces como de Rojas y de su ex pareja. La comunicación duró 5 minutos y se registró el 5 de agosto a las 23.07, es decir, apenas unas horas del crimen de Canteros.
“Él siempre decía, como jodiendo, que a él nadie le tenía fallar. Cuando eso pasaba, él siempre reaccionaba mal y además cuando consumía cocaína se ponía diferente, se ponía peor”, acotó luego la mujer.
La testigo también recordó que en una de esas llamadas posteriores al crimen, Rojas reveló que se encontraba en la casa de un hijo en Eldorado, lugar donde posteriormente fue hallada oculta en un gallinero la pistola Bersa 9 milímetros utilizada en el asesinato. Canteros recibió cuatro disparos: en la pierna, en el abdomen, en la boca y en la cabeza.

La escucha clave, registrada el mismo día del crimen de Canteros.
Sicarios, órdenes de ejecución y conexiones criminales
Similar consideración expuso minutos después el tercer testigo del día, un comandante de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) con 28 años de experiencia en trabajos de inteligencia que participó de la investigación por el PCF, banda que comenzó a operar un año después del asesinato de Canteros, cuando Rojas ya estaba preso en el penal de Ezeiza.
“Él siempre ordenaba represalias para los que fallaban en sus maniobras delictivas”, apuntó el uniformado, conclusión a la que arribó tras analizar horas y horas de intervenciones telefónicas junto a un equipo de aproximadamente 15 agentes dedicados exclusivamente al caso, incluyendo intérpretes en guaraní y portugués.
El experimentado comandante dio un relato pormenorizado. Describió al PCF como una “organización transnacional con gran capacidad operativa”, dedicada a abastecer tanto de marihuana como de cocaína “al sur de Brasil y a la zona oeste de Buenos Aires”.
“Rojas era el organizador. Él articulaba todo. No solo planificaba, sino que también coordinaba y controlaba las acciones desde el penal de Ezeiza por celular. Ahí adentro celebró una asociación delictiva con Campos -Pablo Antonio-”, describió y mencionó al otro imputado en la causa por el PCF, a quien se lo acusa de ser el capo de la pata bonaerense de la banda.
Pero el comandante fue mucho más profundo en su testimonio y graficó la violencia que se transformó en un sello distintivo del Negro Rojas, principalmente después de la pérdida de cargamentos.
En la causa se consigna que contra la banda se asestaron cuatro operativos, lográndose incautar 11.204 kilogramos de marihuana y 32,564 kilogramos de cocaína, aunque otro certero golpe se dio en Pirapó (Paraguay), donde una carga de 10 toneladas fue interceptada antes de ser cruzada a Misiones.
“Para ese cargamento que terminaron interceptando en Paraguay estaba previsto el ingreso de sicarios a Misiones para que se encarguen de escoltar el traslado y resguardar la carga”, detalló el efectivo federal.

En octubre de 2020 la Policía paraguaya interceptó una carga de 10 toneladas que Rojas pretendía ingresar a Misiones.
Luego, enumeró las amenazas proferidas por Rojas e incluso nombré a quiénes les declaró la muerte. “Cuando la Prefectura incautó 700 kilos de marihuana en el río Paraná estaba convencido que un paraguayo identificado como Lecayá era quien filtró la información y ordenó su eliminación, para ello buscó sicarios y uno de ellos se llamaba Fidel”, precisó.
Sin embargo, las amenazas por esa carga perdida no terminaba ahí, dado que -según el investigador- Rojas también identificó al efectivo de PNA que supuestamente había sido recibido la información de la maniobra y prometió venganza.
El comandante agregó que toda esa información fue comunicada de inmediato a autoridades judiciales, quienes dispusieron medidas de seguridad para el prefecturiano e incluso alertaron de todo a sus pares en Paraguay que también resguarden a Lecayá.
Y así continuó el testigo, repasando más amenazas de Rojas hacia otras personas, mencionando además aquella escucha telefónica donde el imputado desde la cárcel de Ezeiza apuntó contra el juez federal Miguel Ángel Guerrero y juraba revancha.
“… Graben bien, y ustedes saben de lo que le estoy diciendo, la sigla PCF, graben bien, porque lo van marcar para toda la vida el resto de su corta vida… Se dieron cuenta, pero en cada celda le deje una señal, si son bastante vivos, ahora recién se van a dar cuenta, contra que se van a enfrentar esta vuelta, no tienen idea ustedes son los que me crearon, ustedes son lo que van a tener que aguantar su propia creación señores…”, se oye en esa intervención telefónica.
Si bien no son objeto de análisis de esta causa, el testigo también ahondó en las vinculaciones de Rojas con otros actores criminales con quienes comparte otras causas judiciales abiertas como, por ejemplo, la del plan orquestado para asesinar al juez Fernando Verón, que lleva adelante el expediente por el doble crimen de El Acuerdo, donde el ahora juzgado también está imputado como autor de un homicidio bajo la modalidad de sicariato.
También expuso el vínculo hecho entre Rojas y Rudinei “Gordo” Lopes, un brasileño que integraba la facción Bala Na Cara y con quien compartió unas semanas en la Unidad Penal II de Oberá.
“Rudinei, de Bala Na Cara, iba a ser el receptor de la carga de 400 kilogramos de marihuana que fueron interceptados en Oberá. Esa droga iba a ser pasada por Panambí o San Javier. Estas organizaciones pretendían ingresar y operar en el país”, cerró, casi como alerta, el comandante.

Rojas y Canteros, horas antes del crimen, apunto de comprar carne para celebrar su cumpleaños.
Próxima audiencia
Hoy también declararon otros dos testigos y quedó uno pendiente, dado que la audiencia debió ser suspendida al mediodía debido a un corte de internet en el penal de Marcos Paz.
En consecuencia, se dispuso un cuarto intermedio hasta el otro jueves, donde se prevé la declaración de al menos seis testigos más.
El tribunal que lleva adelante el juicio está íntegramente conformado por magistrados subrogantes: Víctor Alonso (Corrientes), Fermín Ceroleni (Corrientes) y Enrique Bosch (Chaco).
Por la acusación intervienen la fiscal Vivian Barbosa y los fiscales Diego Iglesias y Martín Uriona por la Procuraduría General de la Nación (Procunar).
Rojas es representado por el defensor oficial Marco Racagni, mientras que su consorte de la causa en el expediente que investiga el accionar del PCF, Pablo Antonio Campos Retamar (53,) cuenta con la tutela legal de Mariano Romero.
Judiciales
Johan Bodji, el “rey de las mulas narco”, y su banda serán juzgados en Posadas
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas albergará en agosto uno de los juicios más importantes del año: un surinamés conocido como ‘el rey de las mulas’, un empresario farmacéutico con antecedentes y otros cinco imputados, entre ellos una joven misionera, serán juzgados por integrar una sofisticada organización narco transnacional que enviaba cocaína a Europa y como contraprestación recibía drogas sintéticas para comercializas en Argentina.
Se estima que, de no mediar imprevistos o recursos judiciales que obliguen a modificar lo estipulado, las audiencias se desarrollen entre el 19 y el 21 de agosto próximo, con varios de los imputados conectados en forma telemática, como será el caso de Johan Bodji (52), también conocido como Dominique Harry Rayngs –entre otras identidades-, sindicado líder de la organización y actualmente detenido bajo el régimen de presos de alto riesgo en el cárcel federal de Ezeiza.
La figura de Bodji es que la que concentra la mayor atención. El extranjero fue catalogado como “el rey de las mulas” y sobre él recae una imputación como organizador y financista de “tráfico ilícito de estupefacientes, bajo la modalidad de comercio agravado por la intervención de tres o más personas”, además de otros delitos atribuidos como falsificación de documentos públicos y desobediencia.
El otro imputado de alto perfil es Ricardo Francisco Bruno (62), el “farmacéutico”, que aparece como “coautor” de las maniobras de narcotráfico y que entre sus antecedentes registra una condena por venta de medicamentos truchos y otra como “partícipe secundario” en el homicidio de Miriam Alencar Da Silva, una joven brasileña que en 2017 murió al no poder expulsar 66 de las 94 cápsulas de éxtasis que había ingerido para ser utilizada como transporte humano de droga.
Los demás acusados son Jorge Antonio Sandoval (47); Crainer Odyllie Abauna (37), de nacionalidad surinamesa; Jackeline Polo Carlo (41), peruano; Karen Aldana Guzmán (27), oriunda de Chaco; y la misionera Carla Luján Grondona (22). Todos están imputados como coautores de tráfico de estupefacientes.
Bruno, Sandoval, Polo Carlo y Abauna se repartían tareas vinculadas a la logística, coordinación, acompañamiento y seguimiento de las mulas, entre cuales figura la chaqueña Guzmán, mientras que la misionera Grondona cumplía funciones como apoyo logístico en Bernardo de Irigoyen, localidad en frontera seca con Brasil que la organización utilizaba como punto fijo en la hoja de ruta de los “corres humanos” con droga que llegaban hasta ciudades como Lisboa, Madrid y Paris.
Dada la complejidad de la causa, el debate contará con una doble acusación, integrada por los fiscales propios del TOF y por fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), tal como ocurrió en el juicio oral contra el narco-sicario Néstor Fabián “El Negro” Rojas (50), condenado a prisión perpetua en septiembre de 2024.

Valijas con éxtasis incautadas en San José en 2023, hecho que dio origen a toda la investigación.
San José, el origen
El expediente llega a esta instancia luego de que el Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la magistrada Verónica Skanata, firmara el requerimiento de elevación a juicio formulado el 12 de junio del año pasado por la fiscal federal Silvina Gutiérrez y el fiscal coadyudante de Procunar Martín Uriona.
La investigación fue el desprendimiento de un hecho registrado el 7 de junio de 2023, cuando en el puesto Centinela de San José la Gendarmería detuvo a una pareja de jóvenes bonaerenses que viajaban desde Bernardo de Irigoyen hacia Ciudad de Buenos Aires en un colectivo con 23,425 kilogramos de MDA o éxtasis.
La pareja fue detenida, imputada, procesada y más tarde condenada a penas de cinco años de prisión en en juicio abreviado, pero lo más sustancioso provino después, gracias al peritaje de sus teléfonos celulares, aparatos de donde surgieron las pistas iniciales para develar todo el ardid y dar con todos los eslabones de la estructura criminal.
En principio se estableció que los pasajeros detenidos ese 7 de junio de 2023 habían sido parte de esta estructura, pero no eran los únicos y que las maniobras continuaban ejecutándose.
La investigación continuó en silencio y los fiscales siguieron solicitando medidas hasta que descubrieron que a mediados de octubre de 2024 se iba a llevar adelante otro ardid, para el cual iban a ser utilizadas dos jóvenes chaqueñas, una de las cuales ya tenía experiencia y conocimientos sobre el itinerario a realizar como sobre la ingesta de las cápsulas.
Las pistas fueron certeras y el otro episodio clave ocurrió el 17 de octubre de 2024, cuando las dos mulas chaqueñas fueron atrapadas en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción a punto de embarcar un vuelo hacia Madrid, España, con droga en sus estómagos.
Las chicas llevaban 154 cápsulas de cocaína en su interior y apenas confirmada la maniobra, los investigadores argentinos profundizaron la pesquisa contra el resto de los involucrados, concretando una decena de allanamientos en distintos puntos del país y capturando a los involucrados que ahora serán juzgados en el TOF posadeño.

Cápsulas de cocaína que las mulas transportaban hacia Europa en sus estómagos.
Va cocaína, llega éxtasis
Para ese entonces los investigadores intervinientes ya conocían al detalle el ardid desplegado, solo faltaba dar el golpe. La reconstrucción realizada consigna que la organización liderada por Bodji reclutaba jóvenes en situación de vulnerabilidad para utilizarlas como mulas para traficar cocaína hacia Europa, para luego recibir drogas sintéticas como contraprestación por el servicio.
La hoja de ruta era la siguiente. La primera etapa unía Buenos Aires con Bernardo de Irigoyen. Desde allí, las mulas iban hacia San Pablo -o Asunción-, donde ingerían las cápsulas y tomaban un vuelo que normalmente hacía escala en Natal antes de aterrizar en ciudades europeas como Lisboa, Madrid o Paris. El itinerario de regreso, en tanto, incluía una estadía en Isla Martinica, en pleno caribe, como “mini-vacaciones” o retribución por el éxito de la maniobra, además del pago de hasta dos millones de pesos por viaje.
El extenso expediente cuenta con una amplia carga probatoria, que incluye tareas de vigilancia, escuchas telefónicas, chats recuperados, transacciones bancarias, informes de aerolíneas y registros migratorios como los que ubican a Bodji en territorio misionero en varias oportunidades.
El surinamés se manejaba libremente por todo el país utilizando una serie de documentos apócrifos mediante los cuales burlaba los controles migratorios, dado que sobre su identidad verdadera pesaba una prohibición de reingreso permanente a la Argentina por una causa narco de 2010, cuando también arbitró los medios necesarios para enviar una mula desde Ezeiza a Vietnam.
Entre los chats recuperados surgen conversaciones donde al menos una de las chicas utilizadas como “correo humano” admite dedicarse a estas actividades ilícitas desde hace ocho años y también se desprenden operaciones fallidas: como cuando una de ellas no pudo ingerir las 112 cápsulas solicitadas o como cuando dos jóvenes “rebotaron” en el aeropuerto de París y debieron aguantarse varios días con las bochas en su estómago, con el elevado riesgo que eso representaba.
La investigación tienen a un total de 18 involucrados identificados, aunque son siete los que irán a juicio en esta causa que se ventilará en debate oral en Posadas, los demás están detenidos en Paraguay, mientras que otros se encuentran prófugos.

Bolsas de drogas sintéticas incautadas en los allanamientos realizados en Bernardo de Irigoyen en 2024.
Irigoyen, ruta clave para red internacional de mulas de cocaína y éxtasis
Judiciales
La Justicia suspendió desalojo de escuela campesina Ñande Kokue en Montecarlo
El Juzgado Civil y Comercial Tres de Eldorado resolvió suspender de manera provisoria el desalojo en los lotes 48 y 49 de Montecarlo, previsto para este jueves, lo que habría afectado a 112 familias de campesinos que asisten a la escuela de formación agroecológica aledaña, espacio que sería trasladado a otra zona próximamente.
Luego de la mesa de diálogo concretada el pasado lunes 8 de junio, entre campesinos y docentes de la escuela Ñande Kokue, donde funciona el Bachillerato Provincial (BOP) 126, el ministro de Gabinete Carlos “Kako” Sartori, entre otras autoridades del gobierno provincial, el juzgado interviniente decidió postergar el desalojo “atento a las delicadas circunstancias sociales y humanas relevadas en las actuaciones efectuadas”.
En la resolución, a la que accedió La Voz de Misiones, la Justicia determinó que “corresponde imperioso destacar la preeminencia del orden institucional y el compromiso social que debe guiar la actividad jurisdiccional”.
En ese contexto, también advirtió sobre la configuración social del grupo en cuestión y la necesidad de garantizar los derechos humanos básicos: “Ante situaciones que evidencian un estado de vulnerabilidad de los sujetos que concurren -menores y adultos, días sábados- al inmueble, el servicio de justicia no puede permanecer ajeno a las derivaciones materiales de sus pronunciamientos, resultando indispensable articular mecanismos de contención interinstitucional que resguarde los derechos fundamentales en juego”.
En este sentido, asumieron el compromiso de diseñar y ejecutar medidas de apoyo específicas, por lo que también reiteraron la inmediata intervención a los organismos competentes: la secretaría de Niñez del municipio, la Dirección de Acción Social municipal, el Ministerio de Educación de la provincia, el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Gobierno e intendencia municipal.
A estos se sumarían la Secretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras de la provincia y la Dirección de Catastro del municipio, a fin de adoptar las “medidas conducentes para la reubicación de las actividades de formación en oficios”, que actualmente se desarrollan en el mencionado espacio.
Finalmente, el juzgado interviniente dictaminó que, las instituciones mencionadas deberán informar, dentro del plazo de tres días de notificados, las acciones implementadas y, posteriormente, remitir informes periódicos cada cinco días hasta la efectiva solución de la situación planteada.
De esta manera, la sentencia de desalojo, firme ante la Cámara de Apelaciones, quedó suspendida provisoriamente, lo que “no altera ni afecta la firmeza de la sentencia de desalojo, limitándose exclusivamente a diferir temporalmente su ejecución material a fin de posibilitar la intervención coordinada, y de carácter urgente, de los organismos estatales involucrados en resguardo de la paz social y la tutela judicial efectiva para efectivizar la desocupación del inmueble”.
Abren mesa de diálogo entre La Misionera y campesinos de Montecarlo
Judiciales
Piden entre 16 y 3 años de prisión para ex gendarmes narcos misioneros en Salta
El fiscal federal Ricardo Toranzos solicitó penas de entre 3 y 16 años de prisión para los siete integrantes de una organización narcocriminal integrada por gendarmes, ex miembros de la fuerza y aspirantes a ingresar a la institución, acusados de transportar 334 kilogramos de cocaína en dos operativos realizados en Salta durante 2024.
Entre los principales imputados aparecen varios misioneros, señalados como piezas clave de la estructura delictiva.
Durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta, Toranzos pidió la pena máxima de 16 años de prisión para los misioneros Richar Ariel Delgado y Jonathan Leonel Ostapowicz (comerciante), además de Gabriel Ruiz Apaza, al considerarlos coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en dos hechos distintos.
Para los otros ex gendarmes misioneros Adrián Emilio Escarlata y Diego Hernán Delgado, el fiscal solicitó 13 y 9 años y 6 meses de prisión, respectivamente.
La causa expuso el funcionamiento de una organización con fuerte impronta misionera que quedó al descubierto en mayo de 2024, cuando Diego Delgado fue detenido en Salta mientras trasladaba más de 300 kilos de cocaína ocultos en una Volkswagen Amarok. El secuestro de su teléfono celular permitió a los investigadores reconstruir la trama criminal, identificar a los demás involucrados y desarticular la estructura.

El fiscal solicitó 13 y 9 años y 6 meses de prisión para Adrián Emilio Escarlata y Diego Hernán Delgado
Según la investigación encabezada por Toranzos, Ostapowicz y Richar Delgado eran dos de los principales organizadores de la maniobra. Ambos fueron detenidos meses después en operativos realizados en Posadas y Bernardo de Irigoyen, respectivamente. Los investigadores sostienen que tenían un rol central en la logística de los viajes y en la provisión de vehículos utilizados para transportar la droga desde el norte salteño hacia Buenos Aires.
Richar Delgado, oriundo de Azara, había pertenecido a Gendarmería Nacional y llegó a desempeñarse en áreas de investigación de la fuerza. Su hermano menor, Diego Hernán Delgado, también integró la institución hasta ser expulsado tras quedar involucrado en actividades vinculadas al narcotráfico. Ambos quedaron ubicados por la fiscalía entre los actores más relevantes de la organización.
Otro de los misioneros alcanzados por el pedido de condena es Escarlata, domiciliado en Apóstoles. El ex gendarme fue detenido en octubre de 2024 cuando transportaba otros 31 kilos de cocaína ocultos en una rueda de auxilio. Junto a él viajaba su esposa, Marlene Leonor Hañek, también oriunda de esa localidad.
La fiscalía sostuvo que la banda operaba mediante una estructura estable y organizada, aprovechando conocimientos adquiridos dentro de las fuerzas de seguridad para ocultar cargamentos y eludir controles. Entre las pruebas incorporadas al debate figuran conversaciones extraídas de un grupo de WhatsApp denominado “Los Peluches”, donde los acusados coordinaban traslados y compartían instrucciones sobre cómo acondicionar la droga en los vehículos y cómo actuar ante eventuales inspecciones.
El tribunal ya declaró la responsabilidad penal de los acusados y resta conocer la sentencia definitiva, que se dará a conocer el próximo jueves. Además de las penas de prisión, el fiscal solicitó el decomiso de bienes secuestrados durante la investigación, entre ellos vehículos de alta gama, dinero en efectivo y otros activos que presuntamente habrían sido adquiridos con fondos provenientes de la actividad ilícita.
Contrabando de granos y lavado de activos, otras causas de los narcogendarmes
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