Judiciales
El juicio al Negro Rojas y una escucha clave: “Le volé la cabeza”
El juicio oral contra el sindicado narco-sicario misionero Néstor Fabián “El Negro” Rojas tuvo su capítulo violencia y tan solo un fragmento de la declaración vertida hoy por un experimentado comandante de Gendarmería especializado en inteligencia funge como si fuese una sinopsis perfecta del expediente entero: “Nunca en mis 30 años de servicio había observado semejante nivel de violencia como en esta investigación. Uso de armamentos, amenazas de muerte, intentos de sicariato, planes de fuga y organizaciones brasileñas tratando operar en nuestro país”.
Nada suena exagerado. El hombre que el próximo martes cumple 48 años y que actualmente está detenido en el penal de Marcos Paz, e incorporado al régimen del “protocolo de gestión para presos de alto riesgo” del Ministerio de Seguridad de la Nación, está imputado por el asesinato a balazos de un socio y por montar una empresa narco criminal de carácter transnacional, dedicada al tráfico de estupefacientes, aunque en realidad enfrenta muchas otras acusaciones más que corren por causas separadas.
Puntualmente, en este juicio Rojas enfrenta cargos por el asesinato del Aldo Andrés Canteros, perpetrado el 5 de agosto de 2018 en la chacra donde vivía la víctima en Gobernador Roca, y por crear el Primer Comando de Frontera (PCF), nombre con el cual bautizó a su banda para emular a las grandes organizaciones criminales brasileñas, con quienes, según sus investigadores, tenía contactos, vínculos y negocios acordados. Por el primer hecho puede ser condenado a prisión perpetua.
El debate que se realiza en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas tuvo hoy su sexta jornada y, tras repasar en audiencias previas sus lazos con Canteros y su presencia en el lugar del hecho, esta mañana el foco del debate se concentró en su perfil violento, lo cual le valió la calificación de delincuente de alta peligrosidad.
En ese contexto, esta mañana declararon cuatro testigos, tres de los cuales ahondaron en detalles respecto a la personalidad agresiva de Rojas, uno de ellos a partir de haber tenido relación directa con el imputado y otros desde las pistas obtenidas mediante labores de inteligencia.

El juicio se realiza con Rojas y los jueces conectados de manera telemática.
“Le volé la cabeza”
El primer testimonio del día fue aportado por una joven cuya identidad se reserva por cuestiones de seguridad -como la de todos los testigos-, quien al momento del crimen de Canteros era pareja de Eduardo Javier M., hombre cercano de Rojas.
“Eduardo Javier era mi novio en ese momento. Ellos se tenían mucha confianza, era amigos, se decían primos. Siempre que hablaban él se apartaba de mí porque Rojas no es una persona que confíe mucho en las personas”, describió.
La mujer narró que, conforme avanzaba su relación con Eduardo Javier, también empezó a participar en maniobras de la banda, principalmente viajes para traslado de drogas o dinero, ante lo cual en determinado momento también conoció a Canteros, que aparentaba ser un simple mecánico pero en realidad era parte de los negocios narcos organizados por Rojas.
La testigo avanzó en su relato hasta que recordó un último viaje realizado a Entre Ríos en busca de un dinero que Rojas necesitaba “con urgencia”. Contó que regresó sola con la plata, que Canteros pasó a buscar el bolso por Posadas y afirmó que eso sucedió pocos días antes de su asesinato.
Y lo sucedido posteriormente explica la trascendencia de su testimonio. “Yo me entero de la muerte de Canteros cuando estaba en alquiler y Rojas le llamó a mi pareja. Ahí pude escuchar lo que decía sobre lo que pasó”, anticipó.
“Él le pidió a mi pareja que no llame al número del ‘Polaco’ (por Canteros) porque estaba muerto. Nosotros no entendíamos nada. Nos sorprendió. Dijo que supuestamente hubo una emboscada, una trampa y dijo que le voló la cabeza, que Cantero le traicionó. Por eso le pidió que no le mande más mensajes y que borre todo. Él decía todo como si nada. No estaba preocupado”, reconstruyó la testigo mientras Rojas seguía su testimonio entre risas y gesticulaciones por vía telemática desde la cárcel.
Después de esta afirmación, la fiscal Vivian Barboza solicitó la reproducción de una de las tantas escuchas que incorporadas al expediente, grabación en la cual se oye prácticamente el mismo diálogo y la testigo reconoció las voces como de Rojas y de su ex pareja. La comunicación duró 5 minutos y se registró el 5 de agosto a las 23.07, es decir, apenas unas horas del crimen de Canteros.
“Él siempre decía, como jodiendo, que a él nadie le tenía fallar. Cuando eso pasaba, él siempre reaccionaba mal y además cuando consumía cocaína se ponía diferente, se ponía peor”, acotó luego la mujer.
La testigo también recordó que en una de esas llamadas posteriores al crimen, Rojas reveló que se encontraba en la casa de un hijo en Eldorado, lugar donde posteriormente fue hallada oculta en un gallinero la pistola Bersa 9 milímetros utilizada en el asesinato. Canteros recibió cuatro disparos: en la pierna, en el abdomen, en la boca y en la cabeza.

La escucha clave, registrada el mismo día del crimen de Canteros.
Sicarios, órdenes de ejecución y conexiones criminales
Similar consideración expuso minutos después el tercer testigo del día, un comandante de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) con 28 años de experiencia en trabajos de inteligencia que participó de la investigación por el PCF, banda que comenzó a operar un año después del asesinato de Canteros, cuando Rojas ya estaba preso en el penal de Ezeiza.
“Él siempre ordenaba represalias para los que fallaban en sus maniobras delictivas”, apuntó el uniformado, conclusión a la que arribó tras analizar horas y horas de intervenciones telefónicas junto a un equipo de aproximadamente 15 agentes dedicados exclusivamente al caso, incluyendo intérpretes en guaraní y portugués.
El experimentado comandante dio un relato pormenorizado. Describió al PCF como una “organización transnacional con gran capacidad operativa”, dedicada a abastecer tanto de marihuana como de cocaína “al sur de Brasil y a la zona oeste de Buenos Aires”.
“Rojas era el organizador. Él articulaba todo. No solo planificaba, sino que también coordinaba y controlaba las acciones desde el penal de Ezeiza por celular. Ahí adentro celebró una asociación delictiva con Campos -Pablo Antonio-”, describió y mencionó al otro imputado en la causa por el PCF, a quien se lo acusa de ser el capo de la pata bonaerense de la banda.
Pero el comandante fue mucho más profundo en su testimonio y graficó la violencia que se transformó en un sello distintivo del Negro Rojas, principalmente después de la pérdida de cargamentos.
En la causa se consigna que contra la banda se asestaron cuatro operativos, lográndose incautar 11.204 kilogramos de marihuana y 32,564 kilogramos de cocaína, aunque otro certero golpe se dio en Pirapó (Paraguay), donde una carga de 10 toneladas fue interceptada antes de ser cruzada a Misiones.
“Para ese cargamento que terminaron interceptando en Paraguay estaba previsto el ingreso de sicarios a Misiones para que se encarguen de escoltar el traslado y resguardar la carga”, detalló el efectivo federal.

En octubre de 2020 la Policía paraguaya interceptó una carga de 10 toneladas que Rojas pretendía ingresar a Misiones.
Luego, enumeró las amenazas proferidas por Rojas e incluso nombré a quiénes les declaró la muerte. “Cuando la Prefectura incautó 700 kilos de marihuana en el río Paraná estaba convencido que un paraguayo identificado como Lecayá era quien filtró la información y ordenó su eliminación, para ello buscó sicarios y uno de ellos se llamaba Fidel”, precisó.
Sin embargo, las amenazas por esa carga perdida no terminaba ahí, dado que -según el investigador- Rojas también identificó al efectivo de PNA que supuestamente había sido recibido la información de la maniobra y prometió venganza.
El comandante agregó que toda esa información fue comunicada de inmediato a autoridades judiciales, quienes dispusieron medidas de seguridad para el prefecturiano e incluso alertaron de todo a sus pares en Paraguay que también resguarden a Lecayá.
Y así continuó el testigo, repasando más amenazas de Rojas hacia otras personas, mencionando además aquella escucha telefónica donde el imputado desde la cárcel de Ezeiza apuntó contra el juez federal Miguel Ángel Guerrero y juraba revancha.
“… Graben bien, y ustedes saben de lo que le estoy diciendo, la sigla PCF, graben bien, porque lo van marcar para toda la vida el resto de su corta vida… Se dieron cuenta, pero en cada celda le deje una señal, si son bastante vivos, ahora recién se van a dar cuenta, contra que se van a enfrentar esta vuelta, no tienen idea ustedes son los que me crearon, ustedes son lo que van a tener que aguantar su propia creación señores…”, se oye en esa intervención telefónica.
Si bien no son objeto de análisis de esta causa, el testigo también ahondó en las vinculaciones de Rojas con otros actores criminales con quienes comparte otras causas judiciales abiertas como, por ejemplo, la del plan orquestado para asesinar al juez Fernando Verón, que lleva adelante el expediente por el doble crimen de El Acuerdo, donde el ahora juzgado también está imputado como autor de un homicidio bajo la modalidad de sicariato.
También expuso el vínculo hecho entre Rojas y Rudinei “Gordo” Lopes, un brasileño que integraba la facción Bala Na Cara y con quien compartió unas semanas en la Unidad Penal II de Oberá.
“Rudinei, de Bala Na Cara, iba a ser el receptor de la carga de 400 kilogramos de marihuana que fueron interceptados en Oberá. Esa droga iba a ser pasada por Panambí o San Javier. Estas organizaciones pretendían ingresar y operar en el país”, cerró, casi como alerta, el comandante.

Rojas y Canteros, horas antes del crimen, apunto de comprar carne para celebrar su cumpleaños.
Próxima audiencia
Hoy también declararon otros dos testigos y quedó uno pendiente, dado que la audiencia debió ser suspendida al mediodía debido a un corte de internet en el penal de Marcos Paz.
En consecuencia, se dispuso un cuarto intermedio hasta el otro jueves, donde se prevé la declaración de al menos seis testigos más.
El tribunal que lleva adelante el juicio está íntegramente conformado por magistrados subrogantes: Víctor Alonso (Corrientes), Fermín Ceroleni (Corrientes) y Enrique Bosch (Chaco).
Por la acusación intervienen la fiscal Vivian Barbosa y los fiscales Diego Iglesias y Martín Uriona por la Procuraduría General de la Nación (Procunar).
Rojas es representado por el defensor oficial Marco Racagni, mientras que su consorte de la causa en el expediente que investiga el accionar del PCF, Pablo Antonio Campos Retamar (53,) cuenta con la tutela legal de Mariano Romero.
Judiciales
Este miércoles indagan a Mario Peyer, intendente denunciado por abuso
El Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, fijó para este miércoles la audiencia de declaración indagatoria para Mario Peyer, intendente en uso de licencia de Caraguatay, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del concejo deliberante de ese mismo municipio.
La citación llega tras más de un mes de investigación, que incluyó secuestro de documentos, inspecciones oculares, pericias a dispositivos, informes médicos y toma de testimoniales por parte del juzgado que dirige el magistrado Balanda Gómez.
Al momento de comparecer ante la Justicia, Peyer tendrá la posibilidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y sin que ese silencio le signifique presunción de culpabilidad.
La indagatoria, además, se dará un día antes del vencimiento de la licencia solicitada por el implicado como jefe comunal de Caraguatay, cargo que temporalmente quedó en menos de la concejal Norma Gularte, que obtuvo su banca por la Renovación y en diciembre se pasó a las filas de La Libertad Avanza (LLA).
Esta mañana, en diálogo con Radio Up, el letrado Sergio Rafael Báez, adelantó que Peyer aceptará declarar y ante la Justicia negará los hechos y reafirmará su inocencia, tal como lo hizo a través de sus redes sociales apenas estalló el escándalo.
Báez resaltó que desde el comienzo de la investigación el jefe comunal se puso a disposición de la Justicia y afirmó que durante el avance del expediente han presentado un “gran caudal de pruebas” para demostrar la inocencia de Peyer.
Denuncia y causa
La denuncia contra el jefe comunal fue radicada el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, más tarde la denunciante volvió a comparecer ante el juzgado y ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias -amplia la denuncia-, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por su condición de alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
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Encerró, violó y filmó a su amiga en Oberá: lo condenaron a 15 años de prisión
El Tribunal Penal Uno de Oberá condenó este martes a 15 años de prisión a un joven comerciante que en 2023 fue denunciado por encerrar, violar reiteradas veces y grabar los ultrajes en perjuicio de una amiga con la que previamente había compartido una salida.
El debate constó de una sola jornada, instancia en la que se oyó el testimonio de la víctima, como así también de dos testigos, y se reprodujeron los cinco videos de absoluta explicitud que el acusado grabó durante la noche del hecho.
El implicado, que ahora deberá cumplir una pena de 15 años de prisión como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal, amenazas privación ilegítima de la libertad”, se trata de Marcelo José Duran (26), que hasta el momento del hecho se desempeñaba como comerciante y vendedor de libros.
Tras la etapa de incorporación de pruebas y durante el desarrollo de los alegatos, el fiscal Juan Pablo Fernández Rissi consideró plenamente acreditado el hecho y solicitó que el imputado sea condenado a 17 años de prisión, mientras que la defensa, encabezada por el letrado particular Roberto Bondar, pidió la absolución de su cliente.
El tribunal que llevó adelante el proceso y dictó sentencia estuvo presidido por el magistrado Horacio Gabriel Paniagua e integrado por sus pares David Ezequiel Augusto Milicich y Amado Julio Dante Carvallo (subrogante).
Noche de terror
El hecho que se ventiló en debate oral y que la Justicia consideró acreditado ocurrió entre la noche del 1 de octubre de 2023 y la madrugada siguiente, en un departamento ubicado sobre la avenida José Ingenieros de Oberá, donde residía la víctima, una joven de 20 años que mantenía una relación de amistad con Duran.
Según relató la víctima, esa noche se habían juntado a compartir un rato en una plaza de la ciudad hasta que cerca de las 00 ella se fue a su casa y él se ofreció a acompañarla, pero cuando arribaron al lugar el hombre cambió completamente de actitud, se tornó violento, le sustrajo la llave y la encerró en el departamento.
Una vez dentro -amplió la muchacha-, el joven la sometió a un calvario que se extendió durante largas horas. Lo que la denunciante describió fueron reiterados abusos sexuales, perpetrados bajo amenazas de muerte con un cuchillo, golpes y grabación de videos realizados a la fuerza por parte del implicado.
Fueron al menos cinco los audiovisuales luego recuperados del celular del sospechoso y que ahora, en el transcurso del debate oral de hoy, fueron reproducidos en la sala e incorporados como prueba por la fiscalía.
Este martes, Duran declaró ante las partes, aunque no contestó preguntas, y en su testimonio admitió que hubo relaciones sexuales, pero negó que los hechos se hayan producido sin el consentimiento de la muchacha.
Diametralmente opuesta fue la declaración de la denunciante, quien detalló que durante los abusos el hombre le confesó que cometía la violación porque estaba “obsesionado” con ella y que filmaba el acto para extorsionarla a cambio de que no radicara ninguna denuncia sobre lo sucedido.
De acuerdo al mismo relato, los abusos se extendieron desde las 00 hasta aproximadamente las 5, cuando Durán se retiró del inmueble y ese mismo día, aunque horas más tarde, fue detenido por la Policía, condición en la que continúa y ahora deberá permanecer varios años más.
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Imputaron por transfemicidio a los tres detenidos por el asesinato de Caí
Dos de los tres detenidos por el crimen de Caí, la mujer trans asesinada a golpes en Puerto Iguazú, se desligaron del hecho, mientras que el restante implicado eligió guardar silencio al momento de declarar ante la Justicia, aunque de igual manera los tres fueron imputados como coautores del delito de transfemicidio, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
Las audiencias de indagatoria se realizaron ayer en el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, dependencia a la cual fueron trasladados desde la comisaría donde están alojados desde el sábado y uno a uno comparecieron ante Martín Brites, el magistrado que dirige la investigación iniciada el 2 de abril, cuando Caí fue encontraba gravemente herida en un eucaliptal ubicado en el predio de la comunidad Fortín Mbororé.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, el principal apuntado por el crimen es Axel Facundo “Chana” M. (20), hijo del cacique de la mencionada comunidad mbya, quien eligió prestar declaración indagatoria, aunque negó haber sido el autor del golpe que provocó la muerte de la víctima y se desligó por completo del hecho.
El otro implicado que declaró fue Celso (17), quien dio en testimonio similar al de Chana y también rechazó la acusación. El tercer involucrado, Bruno “Nene” D. (18), optó por guardar silencio.
A pesar de sus testimonios, los tres sospechosos, todos ellos integrantes de comunidades guaraníes, fueron formalmente imputados por homicidio agravado por odio a la identidad de género de la víctima y violencia de género, figura contemplada por el artículo 80, inciso 4 y 11.
El caso
El caso comenzó a investigarse el pasado 2 de abril, cuando Caí, de nombre Claudia Gabriela Gómez (34), fue encontrada gravemente herida en inmediaciones a la comunidad Fortín Mbororé, donde residía en una casilla en contexto de extrema precariedad y abandono.
En esa instancia, la mujer trans quedó internada en el hospital Samic de Iguazú, donde finalmente falleció el miércoles 8 y la autopsia posterior concluyo que el deceso se produjo como consecuencia de una fractura de cráneo.
El examen forense además determinó que esa lesión fue provocada por un golpe efectuado con un objeto contundente. La víctima también presentaba múltiples heridas en el rostro, descarándose lesiones compatibles con abuso sexual.
Tras al hecho, organizaciones sociales, de derechos humanos y diversidades reclamaron justicia por la muerte de Caí.
En ese marco, según se pudo saber, el Observatorio de Crímenes de Odio LGBT del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se puso a disposición y sus autoridades comenzaron a trabajar en conjunto con el juez Brites en pos de garantizar una investigación que respete la perspectiva de género y de diversidades.
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