Judiciales
El juicio al Negro Rojas y una escucha clave: “Le volé la cabeza”
El juicio oral contra el sindicado narco-sicario misionero Néstor Fabián “El Negro” Rojas tuvo su capítulo violencia y tan solo un fragmento de la declaración vertida hoy por un experimentado comandante de Gendarmería especializado en inteligencia funge como si fuese una sinopsis perfecta del expediente entero: “Nunca en mis 30 años de servicio había observado semejante nivel de violencia como en esta investigación. Uso de armamentos, amenazas de muerte, intentos de sicariato, planes de fuga y organizaciones brasileñas tratando operar en nuestro país”.
Nada suena exagerado. El hombre que el próximo martes cumple 48 años y que actualmente está detenido en el penal de Marcos Paz, e incorporado al régimen del “protocolo de gestión para presos de alto riesgo” del Ministerio de Seguridad de la Nación, está imputado por el asesinato a balazos de un socio y por montar una empresa narco criminal de carácter transnacional, dedicada al tráfico de estupefacientes, aunque en realidad enfrenta muchas otras acusaciones más que corren por causas separadas.
Puntualmente, en este juicio Rojas enfrenta cargos por el asesinato del Aldo Andrés Canteros, perpetrado el 5 de agosto de 2018 en la chacra donde vivía la víctima en Gobernador Roca, y por crear el Primer Comando de Frontera (PCF), nombre con el cual bautizó a su banda para emular a las grandes organizaciones criminales brasileñas, con quienes, según sus investigadores, tenía contactos, vínculos y negocios acordados. Por el primer hecho puede ser condenado a prisión perpetua.
El debate que se realiza en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas tuvo hoy su sexta jornada y, tras repasar en audiencias previas sus lazos con Canteros y su presencia en el lugar del hecho, esta mañana el foco del debate se concentró en su perfil violento, lo cual le valió la calificación de delincuente de alta peligrosidad.
En ese contexto, esta mañana declararon cuatro testigos, tres de los cuales ahondaron en detalles respecto a la personalidad agresiva de Rojas, uno de ellos a partir de haber tenido relación directa con el imputado y otros desde las pistas obtenidas mediante labores de inteligencia.

El juicio se realiza con Rojas y los jueces conectados de manera telemática.
“Le volé la cabeza”
El primer testimonio del día fue aportado por una joven cuya identidad se reserva por cuestiones de seguridad -como la de todos los testigos-, quien al momento del crimen de Canteros era pareja de Eduardo Javier M., hombre cercano de Rojas.
“Eduardo Javier era mi novio en ese momento. Ellos se tenían mucha confianza, era amigos, se decían primos. Siempre que hablaban él se apartaba de mí porque Rojas no es una persona que confíe mucho en las personas”, describió.
La mujer narró que, conforme avanzaba su relación con Eduardo Javier, también empezó a participar en maniobras de la banda, principalmente viajes para traslado de drogas o dinero, ante lo cual en determinado momento también conoció a Canteros, que aparentaba ser un simple mecánico pero en realidad era parte de los negocios narcos organizados por Rojas.
La testigo avanzó en su relato hasta que recordó un último viaje realizado a Entre Ríos en busca de un dinero que Rojas necesitaba “con urgencia”. Contó que regresó sola con la plata, que Canteros pasó a buscar el bolso por Posadas y afirmó que eso sucedió pocos días antes de su asesinato.
Y lo sucedido posteriormente explica la trascendencia de su testimonio. “Yo me entero de la muerte de Canteros cuando estaba en alquiler y Rojas le llamó a mi pareja. Ahí pude escuchar lo que decía sobre lo que pasó”, anticipó.
“Él le pidió a mi pareja que no llame al número del ‘Polaco’ (por Canteros) porque estaba muerto. Nosotros no entendíamos nada. Nos sorprendió. Dijo que supuestamente hubo una emboscada, una trampa y dijo que le voló la cabeza, que Cantero le traicionó. Por eso le pidió que no le mande más mensajes y que borre todo. Él decía todo como si nada. No estaba preocupado”, reconstruyó la testigo mientras Rojas seguía su testimonio entre risas y gesticulaciones por vía telemática desde la cárcel.
Después de esta afirmación, la fiscal Vivian Barboza solicitó la reproducción de una de las tantas escuchas que incorporadas al expediente, grabación en la cual se oye prácticamente el mismo diálogo y la testigo reconoció las voces como de Rojas y de su ex pareja. La comunicación duró 5 minutos y se registró el 5 de agosto a las 23.07, es decir, apenas unas horas del crimen de Canteros.
“Él siempre decía, como jodiendo, que a él nadie le tenía fallar. Cuando eso pasaba, él siempre reaccionaba mal y además cuando consumía cocaína se ponía diferente, se ponía peor”, acotó luego la mujer.
La testigo también recordó que en una de esas llamadas posteriores al crimen, Rojas reveló que se encontraba en la casa de un hijo en Eldorado, lugar donde posteriormente fue hallada oculta en un gallinero la pistola Bersa 9 milímetros utilizada en el asesinato. Canteros recibió cuatro disparos: en la pierna, en el abdomen, en la boca y en la cabeza.

La escucha clave, registrada el mismo día del crimen de Canteros.
Sicarios, órdenes de ejecución y conexiones criminales
Similar consideración expuso minutos después el tercer testigo del día, un comandante de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) con 28 años de experiencia en trabajos de inteligencia que participó de la investigación por el PCF, banda que comenzó a operar un año después del asesinato de Canteros, cuando Rojas ya estaba preso en el penal de Ezeiza.
“Él siempre ordenaba represalias para los que fallaban en sus maniobras delictivas”, apuntó el uniformado, conclusión a la que arribó tras analizar horas y horas de intervenciones telefónicas junto a un equipo de aproximadamente 15 agentes dedicados exclusivamente al caso, incluyendo intérpretes en guaraní y portugués.
El experimentado comandante dio un relato pormenorizado. Describió al PCF como una “organización transnacional con gran capacidad operativa”, dedicada a abastecer tanto de marihuana como de cocaína “al sur de Brasil y a la zona oeste de Buenos Aires”.
“Rojas era el organizador. Él articulaba todo. No solo planificaba, sino que también coordinaba y controlaba las acciones desde el penal de Ezeiza por celular. Ahí adentro celebró una asociación delictiva con Campos -Pablo Antonio-”, describió y mencionó al otro imputado en la causa por el PCF, a quien se lo acusa de ser el capo de la pata bonaerense de la banda.
Pero el comandante fue mucho más profundo en su testimonio y graficó la violencia que se transformó en un sello distintivo del Negro Rojas, principalmente después de la pérdida de cargamentos.
En la causa se consigna que contra la banda se asestaron cuatro operativos, lográndose incautar 11.204 kilogramos de marihuana y 32,564 kilogramos de cocaína, aunque otro certero golpe se dio en Pirapó (Paraguay), donde una carga de 10 toneladas fue interceptada antes de ser cruzada a Misiones.
“Para ese cargamento que terminaron interceptando en Paraguay estaba previsto el ingreso de sicarios a Misiones para que se encarguen de escoltar el traslado y resguardar la carga”, detalló el efectivo federal.

En octubre de 2020 la Policía paraguaya interceptó una carga de 10 toneladas que Rojas pretendía ingresar a Misiones.
Luego, enumeró las amenazas proferidas por Rojas e incluso nombré a quiénes les declaró la muerte. “Cuando la Prefectura incautó 700 kilos de marihuana en el río Paraná estaba convencido que un paraguayo identificado como Lecayá era quien filtró la información y ordenó su eliminación, para ello buscó sicarios y uno de ellos se llamaba Fidel”, precisó.
Sin embargo, las amenazas por esa carga perdida no terminaba ahí, dado que -según el investigador- Rojas también identificó al efectivo de PNA que supuestamente había sido recibido la información de la maniobra y prometió venganza.
El comandante agregó que toda esa información fue comunicada de inmediato a autoridades judiciales, quienes dispusieron medidas de seguridad para el prefecturiano e incluso alertaron de todo a sus pares en Paraguay que también resguarden a Lecayá.
Y así continuó el testigo, repasando más amenazas de Rojas hacia otras personas, mencionando además aquella escucha telefónica donde el imputado desde la cárcel de Ezeiza apuntó contra el juez federal Miguel Ángel Guerrero y juraba revancha.
“… Graben bien, y ustedes saben de lo que le estoy diciendo, la sigla PCF, graben bien, porque lo van marcar para toda la vida el resto de su corta vida… Se dieron cuenta, pero en cada celda le deje una señal, si son bastante vivos, ahora recién se van a dar cuenta, contra que se van a enfrentar esta vuelta, no tienen idea ustedes son los que me crearon, ustedes son lo que van a tener que aguantar su propia creación señores…”, se oye en esa intervención telefónica.
Si bien no son objeto de análisis de esta causa, el testigo también ahondó en las vinculaciones de Rojas con otros actores criminales con quienes comparte otras causas judiciales abiertas como, por ejemplo, la del plan orquestado para asesinar al juez Fernando Verón, que lleva adelante el expediente por el doble crimen de El Acuerdo, donde el ahora juzgado también está imputado como autor de un homicidio bajo la modalidad de sicariato.
También expuso el vínculo hecho entre Rojas y Rudinei “Gordo” Lopes, un brasileño que integraba la facción Bala Na Cara y con quien compartió unas semanas en la Unidad Penal II de Oberá.
“Rudinei, de Bala Na Cara, iba a ser el receptor de la carga de 400 kilogramos de marihuana que fueron interceptados en Oberá. Esa droga iba a ser pasada por Panambí o San Javier. Estas organizaciones pretendían ingresar y operar en el país”, cerró, casi como alerta, el comandante.

Rojas y Canteros, horas antes del crimen, apunto de comprar carne para celebrar su cumpleaños.
Próxima audiencia
Hoy también declararon otros dos testigos y quedó uno pendiente, dado que la audiencia debió ser suspendida al mediodía debido a un corte de internet en el penal de Marcos Paz.
En consecuencia, se dispuso un cuarto intermedio hasta el otro jueves, donde se prevé la declaración de al menos seis testigos más.
El tribunal que lleva adelante el juicio está íntegramente conformado por magistrados subrogantes: Víctor Alonso (Corrientes), Fermín Ceroleni (Corrientes) y Enrique Bosch (Chaco).
Por la acusación intervienen la fiscal Vivian Barbosa y los fiscales Diego Iglesias y Martín Uriona por la Procuraduría General de la Nación (Procunar).
Rojas es representado por el defensor oficial Marco Racagni, mientras que su consorte de la causa en el expediente que investiga el accionar del PCF, Pablo Antonio Campos Retamar (53,) cuenta con la tutela legal de Mariano Romero.
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Defensor de Ramírez tras la sentencia por el caso Belén: “Primó el patriarcado”
Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.
“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.
Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.
“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.
Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.
“Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.
En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.
“No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
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Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
La empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48) fue declarada responsable por el homicidio de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15) y fue condenada a 16 años de prisión, pena que desde hoy comenzará a cumplir en la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús.
La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Uno de Posadas, con los votos mayoritarios de los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos (subrogante), quienes se impusieron ante la jueza Viviana Cukla que se inclinó por la absolución.
De acuerdo a la parte resolutiva del fallo, Ramírez fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias de atenuación, razón por la cual recibió 16 años de prisión y no perpetua, como había solicitado el fiscal Vladimir Antonio Glinka en su alegato.
Con una votación idéntica, el tribunal también resolvió disponer la inmediata detención de Ramírez, que llegó a este debate libre y se retiró esposada dentro de un vehículo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras sus familiares desde la vereda reprochan a gritos la resolución.

Los jueces Mattos y Bernie se impusieron con los votos y la decisión final fue condenar a la imputada.
El caso
La muerte de Belén López se registró el 23 de julio de 2013 en la casa de su madre, donde estuvo en forma transitoria durante diez días porque su abuela y tía materna, quienes la cuidaron gran parte de su vida, hicieron un viaje a Corrientes.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia. Apoyado en esa conclusión y en el testimonio vertido por casi una veintena de testigos, el fiscal Glinka consideró que la mujer actuó en forma deliberada y desatendió a su hija con el objetivo de dejarla morir de hambre y sed para “eliminarla de su proyecto de vida”.
A partir de esa hipótesis, el fiscal amplió la acusación inicial de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y por el resultado muerte” a “homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión”.
La defensa, en tanto, encabezada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, cuestionó severamente el informe forense y aseveró que la muerte se dio por causas naturales propias a la enfermedad Síndrome de Rett, factor que no fue tenido en cuenta por el médico encargado de efectuar la autopsia.
También criticó que el fallo no tuvo perspectiva de género y apuntó contra “el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada de las desigualdades que ha sufrido una mujer”.
Varela adelantó que recurrirá la resolución, aunque no confía en que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revierta la medida y sí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Mariela Ramírez se quebró al recibir el abrazo de su hija y familiares después de la sentencia.
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Dieron arresto domiciliario a los 17 policías implicados en el caso Golemba
Los 17 policías, entre activos y retirados, detenidos en el marco de la investigación por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, ocurrida en marzo de 2008, quedaron este jueves bajo arresto domiciliario por disposición de la Justicia Federal de Posadas.
La medida fue adoptada por la magistrada María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, y la fiscal Silvina Gutiérrez analiza si presenta un recurso de apelación.
El beneficio alcanza a los 16 efectivos que habían sido detenidos durante los allanamientos realizados el lunes a la mañana y a Alfredo Lorenzo Ortiz, quien se presentó posteriormente de manera espontánea ante el juzgado.
De esta manera, los 17 sospechosos continuarán sujetos al proceso, aunque ya no permanecerán alojados en dependencias de Gendarmería Nacional. La resolución todavía puede ser apelada por la Fiscalía Federal Dos de Posadas, a cargo de Silvina Gutiérrez.
La investigación busca determinar qué ocurrió con Golemba, quien fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008, cuando regresaba a su domicilio en la zona de Dos de Mayo después de haber viajado a Oberá.
La hipótesis de la desaparición forzada
La principal hipótesis que impulsa la Fiscalía Federal sostiene que Golemba fue privado ilegalmente de su libertad y que, posteriormente, habría sido trasladado y sometido a violencia en dependencias policiales.
De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, distintos testimonios ubicaron al joven dentro de la comisaría de Dos de Mayo durante las horas posteriores a su desaparición.
La pesquisa también apunta a determinar la existencia de un presunto “pacto de silencio institucional” entre integrantes de la Policía para ocultar lo ocurrido y garantizar la impunidad de los responsables.
En ese sentido, la fiscalía analiza no solamente la posible participación de quienes pudieron haber intervenido directamente en la privación de la libertad de Golemba, sino también las conductas de aquellos funcionarios que eventualmente hayan colaborado con el encubrimiento o hayan omitido actuar ante lo sucedido.
Entre los imputados se encuentra el comisario retirado Ewaldo Katz, quien estaba al frente de la comisaría de Dos de Mayo al momento de la desaparición y durante su indagatoria decidió abstenerse de declarar.
Una causa que lleva 18 años
Golemba tenía 27 años cuando desapareció. El 27 de marzo de 2008 había viajado desde Dos de Mayo hasta Oberá para asistir a una consulta médica y posteriormente emprendió el regreso.
Sin embargo, nunca llegó a su casa y desde entonces nada se supo de su paradero.
La causa tuvo durante años una investigación en el ámbito de la Justicia provincial, hasta que posteriormente pasó al fuero federal. Con el avance de la pesquisa comenzaron a incorporarse nuevos testimonios y elementos que permitieron poner el foco sobre el accionar de policías que se encontraban en funciones durante los días posteriores a la desaparición.
Las detenciones concretadas esta semana marcaron un giro significativo en una investigación que llevaba casi dos décadas sin personas imputadas por la desaparición del joven.
Ahora, con los 17 acusados bajo arresto domiciliario, la Justicia Federal deberá avanzar con el análisis de las pruebas y determinar la situación procesal de cada uno de ellos.
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