Judiciales
Duette, apuntado por los primeros testigos del juicio por contrabando de soja
Investigadores de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y agentes de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que eran subalternos de Marco Antonio Duette (53) declararon hoy en la tercera jornada del juicio que se lleva adelante contra el ex jefe del Escuadrón 9 de Oberá y de su presunto cómplice, Ricardo Fabián Gómez (50), acusados de cobrar coimas a cambio de liberar rutas para una banda dedicada al contrabando de granos hacia Brasil.
Los primeros de comparecer ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas fueron los agentes Tamara Rodríguez y Brian Godoy Wdoviak, quienes fueron parte del equipo de investigadores de la PSA que fue destinado a desentrañar el funcionamiento de la red de contrabando e identificar a sus responsables.
Fueron más de doce meses de investigación y el trabajo de los pesquisas aeroportuarios permitió desbaratar la organización tras un operativo ejecutado el 5 de noviembre de 2021, con un total de doce imputados, entre ellos el empresario Santiago Marino, aunque solo Duette y Gómez llegaron a debate oral porque los restantes implicados firmaron acuerdos de juicio abreviado donde admitieron sus responsabilidades en la causa.
Tanto Rodríguez como Wdoviak relataron que entre las tareas efectuadas marcaron camiones cargados con granos que carecían o falseaban datos en las Cartas de Porte para esquivar tributos, hicieron seguimiento de los rodados hasta zonas costeras y participaron de escuchas telefónicas.
“Pudimos corroborar el contrabando”, aseveró Rodríguez y resumió parte del ardid: “Hacíamos los seguimientos y los camiones en vez de ir hacia San Vicente, se iban hacia (Colonia) Alicia o El Soberbio. De ahí ingresaban a caminos de tierra que iban hacia el río Uruguay. Pudimos documentar eso y también el cruce de mercadería hacia Brasil”.
Lo mismo contó Wdoviak, aunque agregó detalles de cómo fueron aquellos de días de labores encubiertas en tierras rurales próximas al río. “Algunos camiones iban con camionetas o motos como escoltas. Había veces que nos paraban y nos preguntaban qué hacíamos por ahí. Un día encontramos un lugar en el que se hacía kayak y nos hicimos pasar como turistas, desde ahí vimos todo: las barcazas y cómo cruzaban la mercadería a Brasil, donde habían trailers con tractores esperando la carga”, describió.
“300 mil razones”
La declaración de Rodríguez también tomó relevancia cuando mencionó haber sido parte de las escuchas telefónicas realizadas en el marco de la causa y de allí recordó un diálogo que compromete al comandante principal Duette (actualmente en disponibilidad), que en ese momento era jefe del Escuadrón 9 Oberá.
La testigo precisó que la conversación se dio entre el jefe de Gendarmería y el empresario Santiago Marino, sindicado como uno de los cerebros de la organización y considerado en aquel entonces como el rey de la soja en la provincia.
“Marino hablaba mucho de camiones y de cargas. En una conversación con Duette, Marino dice que había 300 mil razones para que él libere o dejara pasar un camión”, desarrolló la uniformada, quien en base a las escuchas efectuadas calificó que la relación entre ambos implicados era “personal y laboral”.
El abogado Carlos Larraburu junto a sus defendidos Gómez y Duette.
Tractores
Después de los aeroportuarios declaró un grupo de gendarmes, quienes al momento de los hechos cumplían funciones en diferentes unidades dependientes del Escuadrón 9, dirigido por Duette.
Dos testigos de ese grupo, el comandante Mario Barrientos Sarmiento y el sargento primero (en disponibilidad por otra causa) Marcos Antonio Ferreyra relataron un episodio de 2021 en el cual presuntamente Duette intervino para intentar impedir el secuestro de tres tractores brasileños que eran transportados ilegalmente arriba de un camión sobre la ruta provincial 221 en Alicia.
“Una vez entré a la oficina del jefe de unidad (por Duette) y escuché que él estaba hablando sobre una persona y documentaciones. Después el jefe de sección (de San Vicente), el alferez Ortiz me hizo escuchar una grabación donde Duette decía que el conductor se había olvidado, pero que la documentación ya había sido presentada”, reconstruyó.
Ferreyra, a su turno, agregó: “Mi jefe Ortiz dijo que Duette preguntó quién había hecho las comunicaciones del procedimiento al juzgado y dijo que el camión tenía papeles, pero que se habían olvidado”.
También señaló que después de aquel procedimiento “sacaron al 100% de la sección”, medida que solo podría haber tomado el jefe de unidad.
El testigo, además, añadió que el día de aquel procedimiento él formó parte de la patrulla vial que retuvo el camión con los tractores y recordó que “entre 3 y 4 minutos antes” pasó por ese mismo control Ricardo Fabián Gómez, quien iba al mando de una Ford Eco Sport.
Viajes
Gómez cumplía labores como conductor en la sección motorizada del Escuadrón 9, funciones entre las cuales hacía de chofer del propio Duette, aunque también lo ubican haciendo viajes con Marino.
De eso dio cuenta Carina Mereles, una trabajadora social que también era parte del Escuadrón y compartía viajes de trabajo con Gómez, ocasión en la que se producían largas charlas cuyo contenido reveló en el marco de la investigación.
La profesional recordó que una de las charlas Gómez le admitió que por “la crisis económica” estaba realizando “una actividad externa” y también contó que el ahora imputado le habló de varios viajes realizados con Santiago Marino a provincias como Corrientes y Chaco.
Con seis testimoniales recabadas, el tribunal presidido por el magistrado Manuel Alberto Jesús Moreira e integrado por sus pares Víctor Alonso (Corrientes) y Juan Manuel Iglesias (Chaco), dispuso un cuarto intermedio hasta el 13 de mayo.
Los dos acusados están imputados por “contrabando de exportación agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y por la participación de un agente de las fuerzas de seguridad, en concurso real con partícipe de asociación ilícita y autor de cohecho activo”, además de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La fiscalía está representada por Pablo Di Loreto y Gabriela Acususo, en tanto que como querellantes intervienen las letradas Rossana Sienra y Yamila Soledad Amado en representación de Arca (ex Afip).
Los ex gendarmes, por su parte, son defendidos por los abogados particulares Carlos Larraburu y Augusto Leguiza.
Contrabando de soja: la palabra de los gendarmes y las relaciones con Marino
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
Una semana después del informe que releva un esquema de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, llegó una amenaza de censura contra La Voz de Misiones. Lo hizo el ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes, quien ahora se desempeña como abogado defensor particular de una pareja bonaerense que fue condenada por los delitos cometidos en el hecho investigado.
El ex magistrado, que fue destituido por un juicio político realizado en 2007, envío una carta documento a título a personal que llegó este lunes a la mañana a la redacción de La Voz de Misiones, medio que el 5 de enero pasado publicó la nota “Entrega de bebés en Concepción de la Sierra: maniobra, artilugios y condena”.
En dicha publicación, LVM expuso dos casos de entrega de niños recién nacidos que ocurrieron entre 2021 y 2022 en Concepción de la Sierra, donde los diversos autores implicados, tanto la madre biológica, como quienes oficiaron de intermediarios y quienes recibieron a los menores, asumieron sus respectivas responsabilidades en sendos acuerdos de juicio abreviado que se tradujeron en sentencias condenatorias.
Uno de esos involucra a la pareja conformada por el utilero de escenografía Luis Gabriel Ibáñez y a su esposa Lorena Soledad Márquez, quienes residen en San Miguel, provincia de Buenos Aires, pero que en marzo de 2022 vinieron hasta la tierra colorada para llevarse a una niña de cuatro meses con la que convivieron unos pocos meses hasta que el Juzgado Multifuero de Apóstoles descubrió la maniobra y ordenó un operativo de rescate que se concretó exitosamente.
Después de ello, se activó una causa penal que fue dirigida por la magistrada Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas. El expediente continuó su curso normal, con incorporación de pruebas, toma de indagatorias y exámenes de ADN, hasta que fue enviado a juicio oral, aunque antes de llegar a esa instancia los bonaerenses firmaron un acuerdo de juicio abreviado donde admitieron su culpabilidad con la anuencia de Reyes como abogado defensor.
De esa manera, tanto Ibáñez como Márquez recibieron 3 años de prisión en suspenso por delitos de “alteración del Estado civil y de la Identidad de un menor de diez años y Falsedad ideológica de un instrumento público”, con la diferencia de que a la mujer también se le atribuyó “promoción e intermediación”.
La carta documento de Reyes fue emitida el 9 de enero y llegó hoy a la redacción de LVM.
“Merecen la censura”
Ahora, Reyes, en su carácter de abogado defensor de ambos condenados, pero a título personal y desde su estudio en J.J. Lanusse 136 de Apóstoles, envío una carta documento intimando al medio a eliminar la nota publicada argumentando “calumnias”, atacando la fuente de información y considerando que los datos revelados “merecen la censura”.
“Intimo se abstenga a calumniar a mis defendidos mencionados en el segundo caso publicado en las redes sociales, en clara violación ART. 1° Ley 27.708, que únicamente pudieron ser obtenidos de fuentes judiciales del fuero penal federal y provincial”, invoca Reyes.
En otro párrafo, arguye que “el periodismo viola el ART. 28 CN porque están incurriendo en el delito revelando los datos de los involucrados judicialmente y con ello perjudican el honor, la reputación e integridad de personas concretas”.
“Es indudable que obtuvieron esos datos y los publicaron injustificadamente con un efecto de amplitud y velocidad impredecible que merecen la censura”, remata luego.
Incluso, añade cuestiones que de índole cuasi personal que en ningún momento fueron objeto de la publicación efectuada por este diario. En su escrito Reyes acusa que “el juez y la defensora oficial de Apóstoles inculparon falsamente a sus defensores por instigadores a cometer delito supresión de identidad” y acto seguido se defiende “nunca antes tuvimos contactos con ellos ni la madre de la niña”.
El documento cierra con una intimidación de 72 horas para “retractarse y suprimir de las redes dicha noticia”, con la advertencia de ser “demandados y querellados” en caso contrario.
Información pública
Asesores consultados por LVM calificaron la presentación como “errónea, improcedente y hasta contradictoria”.
Por ejemplo, explicaron que uno de los articulados citados, el ART. 1° Ley 27.708 (Ley Argentina Digital), que tiene por objeto declarar “de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes”, normativa considerada “no aplicable” para este caso puntual.
Además, yerra severamente Reyes cuando hipotetiza sobre el origen de la información. Es que, más allá de las inobjetables fuentes consultadas por este medio, el fallo que condena a sus defendidos es de público conocimiento en internet, donde el documento está a solo unos click’s de distancia para quien sabe navegar en sitios oficiales de información pública.
Sin ir más lejos, la sentencia condenatoria de 16 páginas emitida por el Tribunal Oral Federal de Posadas contra los defendidos de Reyes se encuentra aún disponible en el Centro de Información Judicial (CIJ), siendo de esta manera información pública, a disposición de cualquier ciudadano.
El fallo que condena a los defendidos de Reyes es público en el Centro de Información Judicial (CIJ) del Poder Judicial de la Nación.
Destituido
Reyes, que ahora ejerce como abogado particular, supo ser un juez marcado por resoluciones polémicas que incluso le valieron un juicio político que derivó en su destitución.
El ex magistrado fue titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, pero fue acusado de habilitar un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE”, que le permitió extraer 3 millones de pesos del banco Macro, supuestamente en concepto de pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Esa situación le valió un Jury que culminó en 2007 con su destitución del cargo. Para evitar la expulsión había renunciado, pero la dimisión no le fue aceptada.
El nombre Reyes, además, volvió a ser noticia recientemente cuando se supo que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) ordenó reabrir la investigación por la muerte del soldado Mauro Ramírez, ocurrida el 26 de junio de 2003 dentro del destacamento de Monte 30 del Ejército Argentino en Apóstoles.
El primero en atender esa causa fue Reyes cuando dirigía el Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, pero en tres meses decidió archivar el expediente al considerar el hecho como suicidio, tesis que aún 20 años después sigue en duda, con fuertes indicios de que en realidad se trató de un caso de violencia institucional.
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