Judiciales
Duette, apuntado por los primeros testigos del juicio por contrabando de soja
Investigadores de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y agentes de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que eran subalternos de Marco Antonio Duette (53) declararon hoy en la tercera jornada del juicio que se lleva adelante contra el ex jefe del Escuadrón 9 de Oberá y de su presunto cómplice, Ricardo Fabián Gómez (50), acusados de cobrar coimas a cambio de liberar rutas para una banda dedicada al contrabando de granos hacia Brasil.
Los primeros de comparecer ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas fueron los agentes Tamara Rodríguez y Brian Godoy Wdoviak, quienes fueron parte del equipo de investigadores de la PSA que fue destinado a desentrañar el funcionamiento de la red de contrabando e identificar a sus responsables.
Fueron más de doce meses de investigación y el trabajo de los pesquisas aeroportuarios permitió desbaratar la organización tras un operativo ejecutado el 5 de noviembre de 2021, con un total de doce imputados, entre ellos el empresario Santiago Marino, aunque solo Duette y Gómez llegaron a debate oral porque los restantes implicados firmaron acuerdos de juicio abreviado donde admitieron sus responsabilidades en la causa.
Tanto Rodríguez como Wdoviak relataron que entre las tareas efectuadas marcaron camiones cargados con granos que carecían o falseaban datos en las Cartas de Porte para esquivar tributos, hicieron seguimiento de los rodados hasta zonas costeras y participaron de escuchas telefónicas.
“Pudimos corroborar el contrabando”, aseveró Rodríguez y resumió parte del ardid: “Hacíamos los seguimientos y los camiones en vez de ir hacia San Vicente, se iban hacia (Colonia) Alicia o El Soberbio. De ahí ingresaban a caminos de tierra que iban hacia el río Uruguay. Pudimos documentar eso y también el cruce de mercadería hacia Brasil”.
Lo mismo contó Wdoviak, aunque agregó detalles de cómo fueron aquellos de días de labores encubiertas en tierras rurales próximas al río. “Algunos camiones iban con camionetas o motos como escoltas. Había veces que nos paraban y nos preguntaban qué hacíamos por ahí. Un día encontramos un lugar en el que se hacía kayak y nos hicimos pasar como turistas, desde ahí vimos todo: las barcazas y cómo cruzaban la mercadería a Brasil, donde habían trailers con tractores esperando la carga”, describió.
“300 mil razones”
La declaración de Rodríguez también tomó relevancia cuando mencionó haber sido parte de las escuchas telefónicas realizadas en el marco de la causa y de allí recordó un diálogo que compromete al comandante principal Duette (actualmente en disponibilidad), que en ese momento era jefe del Escuadrón 9 Oberá.
La testigo precisó que la conversación se dio entre el jefe de Gendarmería y el empresario Santiago Marino, sindicado como uno de los cerebros de la organización y considerado en aquel entonces como el rey de la soja en la provincia.
“Marino hablaba mucho de camiones y de cargas. En una conversación con Duette, Marino dice que había 300 mil razones para que él libere o dejara pasar un camión”, desarrolló la uniformada, quien en base a las escuchas efectuadas calificó que la relación entre ambos implicados era “personal y laboral”.
El abogado Carlos Larraburu junto a sus defendidos Gómez y Duette.
Tractores
Después de los aeroportuarios declaró un grupo de gendarmes, quienes al momento de los hechos cumplían funciones en diferentes unidades dependientes del Escuadrón 9, dirigido por Duette.
Dos testigos de ese grupo, el comandante Mario Barrientos Sarmiento y el sargento primero (en disponibilidad por otra causa) Marcos Antonio Ferreyra relataron un episodio de 2021 en el cual presuntamente Duette intervino para intentar impedir el secuestro de tres tractores brasileños que eran transportados ilegalmente arriba de un camión sobre la ruta provincial 221 en Alicia.
“Una vez entré a la oficina del jefe de unidad (por Duette) y escuché que él estaba hablando sobre una persona y documentaciones. Después el jefe de sección (de San Vicente), el alferez Ortiz me hizo escuchar una grabación donde Duette decía que el conductor se había olvidado, pero que la documentación ya había sido presentada”, reconstruyó.
Ferreyra, a su turno, agregó: “Mi jefe Ortiz dijo que Duette preguntó quién había hecho las comunicaciones del procedimiento al juzgado y dijo que el camión tenía papeles, pero que se habían olvidado”.
También señaló que después de aquel procedimiento “sacaron al 100% de la sección”, medida que solo podría haber tomado el jefe de unidad.
El testigo, además, añadió que el día de aquel procedimiento él formó parte de la patrulla vial que retuvo el camión con los tractores y recordó que “entre 3 y 4 minutos antes” pasó por ese mismo control Ricardo Fabián Gómez, quien iba al mando de una Ford Eco Sport.
Viajes
Gómez cumplía labores como conductor en la sección motorizada del Escuadrón 9, funciones entre las cuales hacía de chofer del propio Duette, aunque también lo ubican haciendo viajes con Marino.
De eso dio cuenta Carina Mereles, una trabajadora social que también era parte del Escuadrón y compartía viajes de trabajo con Gómez, ocasión en la que se producían largas charlas cuyo contenido reveló en el marco de la investigación.
La profesional recordó que una de las charlas Gómez le admitió que por “la crisis económica” estaba realizando “una actividad externa” y también contó que el ahora imputado le habló de varios viajes realizados con Santiago Marino a provincias como Corrientes y Chaco.
Con seis testimoniales recabadas, el tribunal presidido por el magistrado Manuel Alberto Jesús Moreira e integrado por sus pares Víctor Alonso (Corrientes) y Juan Manuel Iglesias (Chaco), dispuso un cuarto intermedio hasta el 13 de mayo.
Los dos acusados están imputados por “contrabando de exportación agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y por la participación de un agente de las fuerzas de seguridad, en concurso real con partícipe de asociación ilícita y autor de cohecho activo”, además de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La fiscalía está representada por Pablo Di Loreto y Gabriela Acususo, en tanto que como querellantes intervienen las letradas Rossana Sienra y Yamila Soledad Amado en representación de Arca (ex Afip).
Los ex gendarmes, por su parte, son defendidos por los abogados particulares Carlos Larraburu y Augusto Leguiza.
Contrabando de soja: la palabra de los gendarmes y las relaciones con Marino
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
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