Judiciales
Duette, apuntado por los primeros testigos del juicio por contrabando de soja
Investigadores de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y agentes de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que eran subalternos de Marco Antonio Duette (53) declararon hoy en la tercera jornada del juicio que se lleva adelante contra el ex jefe del Escuadrón 9 de Oberá y de su presunto cómplice, Ricardo Fabián Gómez (50), acusados de cobrar coimas a cambio de liberar rutas para una banda dedicada al contrabando de granos hacia Brasil.
Los primeros de comparecer ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas fueron los agentes Tamara Rodríguez y Brian Godoy Wdoviak, quienes fueron parte del equipo de investigadores de la PSA que fue destinado a desentrañar el funcionamiento de la red de contrabando e identificar a sus responsables.
Fueron más de doce meses de investigación y el trabajo de los pesquisas aeroportuarios permitió desbaratar la organización tras un operativo ejecutado el 5 de noviembre de 2021, con un total de doce imputados, entre ellos el empresario Santiago Marino, aunque solo Duette y Gómez llegaron a debate oral porque los restantes implicados firmaron acuerdos de juicio abreviado donde admitieron sus responsabilidades en la causa.
Tanto Rodríguez como Wdoviak relataron que entre las tareas efectuadas marcaron camiones cargados con granos que carecían o falseaban datos en las Cartas de Porte para esquivar tributos, hicieron seguimiento de los rodados hasta zonas costeras y participaron de escuchas telefónicas.
“Pudimos corroborar el contrabando”, aseveró Rodríguez y resumió parte del ardid: “Hacíamos los seguimientos y los camiones en vez de ir hacia San Vicente, se iban hacia (Colonia) Alicia o El Soberbio. De ahí ingresaban a caminos de tierra que iban hacia el río Uruguay. Pudimos documentar eso y también el cruce de mercadería hacia Brasil”.
Lo mismo contó Wdoviak, aunque agregó detalles de cómo fueron aquellos de días de labores encubiertas en tierras rurales próximas al río. “Algunos camiones iban con camionetas o motos como escoltas. Había veces que nos paraban y nos preguntaban qué hacíamos por ahí. Un día encontramos un lugar en el que se hacía kayak y nos hicimos pasar como turistas, desde ahí vimos todo: las barcazas y cómo cruzaban la mercadería a Brasil, donde habían trailers con tractores esperando la carga”, describió.
“300 mil razones”
La declaración de Rodríguez también tomó relevancia cuando mencionó haber sido parte de las escuchas telefónicas realizadas en el marco de la causa y de allí recordó un diálogo que compromete al comandante principal Duette (actualmente en disponibilidad), que en ese momento era jefe del Escuadrón 9 Oberá.
La testigo precisó que la conversación se dio entre el jefe de Gendarmería y el empresario Santiago Marino, sindicado como uno de los cerebros de la organización y considerado en aquel entonces como el rey de la soja en la provincia.
“Marino hablaba mucho de camiones y de cargas. En una conversación con Duette, Marino dice que había 300 mil razones para que él libere o dejara pasar un camión”, desarrolló la uniformada, quien en base a las escuchas efectuadas calificó que la relación entre ambos implicados era “personal y laboral”.
El abogado Carlos Larraburu junto a sus defendidos Gómez y Duette.
Tractores
Después de los aeroportuarios declaró un grupo de gendarmes, quienes al momento de los hechos cumplían funciones en diferentes unidades dependientes del Escuadrón 9, dirigido por Duette.
Dos testigos de ese grupo, el comandante Mario Barrientos Sarmiento y el sargento primero (en disponibilidad por otra causa) Marcos Antonio Ferreyra relataron un episodio de 2021 en el cual presuntamente Duette intervino para intentar impedir el secuestro de tres tractores brasileños que eran transportados ilegalmente arriba de un camión sobre la ruta provincial 221 en Alicia.
“Una vez entré a la oficina del jefe de unidad (por Duette) y escuché que él estaba hablando sobre una persona y documentaciones. Después el jefe de sección (de San Vicente), el alferez Ortiz me hizo escuchar una grabación donde Duette decía que el conductor se había olvidado, pero que la documentación ya había sido presentada”, reconstruyó.
Ferreyra, a su turno, agregó: “Mi jefe Ortiz dijo que Duette preguntó quién había hecho las comunicaciones del procedimiento al juzgado y dijo que el camión tenía papeles, pero que se habían olvidado”.
También señaló que después de aquel procedimiento “sacaron al 100% de la sección”, medida que solo podría haber tomado el jefe de unidad.
El testigo, además, añadió que el día de aquel procedimiento él formó parte de la patrulla vial que retuvo el camión con los tractores y recordó que “entre 3 y 4 minutos antes” pasó por ese mismo control Ricardo Fabián Gómez, quien iba al mando de una Ford Eco Sport.
Viajes
Gómez cumplía labores como conductor en la sección motorizada del Escuadrón 9, funciones entre las cuales hacía de chofer del propio Duette, aunque también lo ubican haciendo viajes con Marino.
De eso dio cuenta Carina Mereles, una trabajadora social que también era parte del Escuadrón y compartía viajes de trabajo con Gómez, ocasión en la que se producían largas charlas cuyo contenido reveló en el marco de la investigación.
La profesional recordó que una de las charlas Gómez le admitió que por “la crisis económica” estaba realizando “una actividad externa” y también contó que el ahora imputado le habló de varios viajes realizados con Santiago Marino a provincias como Corrientes y Chaco.
Con seis testimoniales recabadas, el tribunal presidido por el magistrado Manuel Alberto Jesús Moreira e integrado por sus pares Víctor Alonso (Corrientes) y Juan Manuel Iglesias (Chaco), dispuso un cuarto intermedio hasta el 13 de mayo.
Los dos acusados están imputados por “contrabando de exportación agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y por la participación de un agente de las fuerzas de seguridad, en concurso real con partícipe de asociación ilícita y autor de cohecho activo”, además de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La fiscalía está representada por Pablo Di Loreto y Gabriela Acususo, en tanto que como querellantes intervienen las letradas Rossana Sienra y Yamila Soledad Amado en representación de Arca (ex Afip).
Los ex gendarmes, por su parte, son defendidos por los abogados particulares Carlos Larraburu y Augusto Leguiza.
Contrabando de soja: la palabra de los gendarmes y las relaciones con Marino
El magistrado Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, dictaminó la prisión preventiva por femicidio contra Ismael Centurión (29), único acusado por el asesinato de su ex pareja Juana Maciel, cometido dentro de la comunidad mbya guaraní Yryapú, donde ambos residían.
La resolución se firmó esta martes y mantiene la imputación del sospechoso por el delito de “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido contra una persona con la que mantuvo una relación de pareja y en un contexto de violencia de género”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
El dictamen firmado por el juez Brites también dispone el traslado de Centurión hacia una unidad penitenciaria, donde continuará detenido mientras avance la causa que se instruye en su contra.
Femicidio en Yryapú
El hecho que se investiga se registró en la noche del 4 de mayo dentro de la comunidad mbya guaraní Yryapú de Puerto Iguazú, donde Juana Maciel (23) fue asesinada de 27 puñaladas.
El crimen fue alertado a la Policía por uno de los integrantes de la comunidad y al llegar la Policía encontró el cadáver de Maciel a unos 20 metros de su casa, mientras que bajo la lupa quedó su ex pareja, quien fue detenido poco después durante un rastrillaje por la zona.
El sospechoso se trata de Centurión y, según señalaron fuentes consultadas por LVM en ese entonces, el hombre se había separado de Maciel pocos meses antes, tras ser acusado de un intento de abuso en contra de una sobrina de la víctima, hecho que aunque no fue denunciado formalmente habría generado conflictos en la relación.
Se cree que por ese mismo motivo esa noche de mayo se desató una nueva discusión que acabó en femicidio. En el lugar la Policía también secuestró un cuchillo que pudo haber sido utilizado como arma homicida.
De acuerdo a las conclusiones forenses, el cuerpo de la muchacha presentaba 27 lesiones cortantes localizadas en cabeza, cara, cuello y miembros superiores, estos últimos de características defensivas.
De ese total de puñaladas, uno alcanzó a penetrar en la zona del hemitórax anterior izquierdo y a perforar un pulmón, lesión que finalmente provocó la muerte de la víctima.
Femicidio en comunidad mbya: Juana recibió 27 puñaladas e imputaron a su ex
Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.
El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.
Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.
Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.
La causa
La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.
Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.
Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.
El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.
De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.
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