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Directora del IPS imputada en una causa por incumplimiento de los deberes

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Mónica Rodríguez IPS

La abogada Mónica Liliana Rodríguez (55), quien desde 2006 se desempeña como directora de Asuntos Jurídicos Previsionales del IPS, afronta una causa judicial en la que está imputada por los posibles delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público tras una denuncia vinculada a un expediente administrativo por el otorgamiento de una pensión que desde 2018 no encuentra resolución.

Según pudo reconstruir La Voz de Misiones, la denuncia en contra de la funcionaria del Instituto de Prevención Social (IPS) fue radicada en octubre de 2023 por el letrado Víctor Luciano Gómez, quien actuó en representación de una mujer perjudicada en el trámite de la pensión que reclamaba tras el fallecimiento de su esposo, un ex empleado de Vialidad provincial. 

En su presentación, el letrado narró que el expediente administrativo tuvo su inicio en el 26 de septiembre de 2018 y nunca prosperó, pero además acusó a Rodríguez de manifestar a viva voz su “voluntad irrevocable” de no conceder el beneficio, amparándose en una presunta documentación apócrifa o irregular que habría sido presentada para acreditar la convivencia de la mujer con su esposo fallecido, lo cual la parte demandante niega.

Ante ello, Gómez consideró que las conductas de Rodríguez encuadraban en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, presentación tras lo cual el fiscal Christian Antúnez requirió formalmente la apertura de una investigación penal contra la funcionaria.

Se inicio entonces una causa penal que se actualmente tramita en el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte.

Cuidar la caja

Durante el proceso de la causa, el 1 de junio de 2024 declaró como testigo la diputada provincial María del Carmen Méndez Ason, quien se desempeñó como Vicepresidenta del IPS durante el período comprendido entre febrero de 2022 y diciembre de 2023.

En su declaración, según pudo averiguar LVM, la legisladora ratificó que el expediente administrativo por la pensión solicitada demostraba un retraso inusual y que ante esas circunstancias en varias oportunidades solicitó informes sobre lo sucedido a Rodríguez, aunque tampoco obtuvo respuestas.

Méndez Ason también dio fe de una discusión entre la parte denunciante y Rodríguez durante un encuentro mantenido en su propia oficina, ocasión en la cual ratificó que la funcionaria apuntada admitió que el beneficio solicitado no iba a obtener dictamen positivo porque “afectaría la economía” y que ella era quien “cuidaba la caja” del organismo.

Defensa

El siguiente acto procesal del expediente se dio el 28 de abril de 2025 y consistió en la citación a declaración indagatoria de la funcionaria acusada, donde fue imputada por los delitos denunciados.

En esa ocasión, Rodríguez aceptó declarar y se consideró inocente, negando las acusaciones y argumentando que todas sus decisiones fueron tomadas a “derecho” y conforme a “las leyes previsionales”.

También apuntó que entre Méndez Ason y la demandante existía un vínculo de amistad y dejó entrever que como respuesta iniciaría una acusación por “falsa denuncia”.

En esa misma audiencia, la funcionaria propuso a otras tres personas para que declaren como testigos en la causa y el proceso continúa instruyéndose.

Judiciales

Piden reconocer el crimen de Carlos Tereszecuk como de lesa humanidad

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Carlos Tereszecuk

La Fiscalía Federal de Resistencia solicitó que se dicte una sentencia por el derecho a la verdad en el caso del militante misionero Carlos Enrique Tereszecuk, detenido, torturado, asesinado y desaparecido en noviembre de 1976, tras su paso como preso político en la Jefatura de la Policía chaqueña.

El pedido fue formulado por el fiscal ad hoc de Derechos Humanos Diego Vigay a la jueza federal Zunilda Niremperger, con el objetivo de que se reconstruya lo sucedido y que se establezca que el misionero fue ultimado por razones políticas, declarándolo así víctima de un crimen de lesa humanidad en el marco de las acciones de terrorismo de Estado perpetrado por el régimen militar que llevó adelante un gobierno de facto en el país entre 1976 y 1983.

El requerimiento se da a raíz del fallecimiento de los máximos responsables de la Jefatura de Policía del Chaco en 1976, los comisarios Carlos Thomas, Wenceslao Ceniquel y Lucio Humberto Caballero, y ante la imposibilidad de avanzar con la identificación de otros responsables del secuestro y la desaparición de Tereszecuk, cuyos restos recién fueron identificados en 2018 gracias a un trabajo del prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Los familiares de Tereszecuk acompañaron el planteo al considerar que un pronunciamiento de este tipo garantiza el derecho a la verdad con un sentido de reparación y contribuye a la reconstrucción de la memoria histórica de la sociedad.

Tereszecuk -al medio- junto a otros militantes misioneros.

Detenido, torturado, asesinado y desaparecido

Para la fiscalía, las pruebas recolectadas permiten reconstruir que el misionero fue secuestrado en los primeros días de noviembre de 1976 y posteriormente fue llevado a la Jefatura de la Policía de Resistencia, donde fue alojado en un primer piso acondicionado como Centro Clandestino de Detención, que estaba dirigido de manera conjunta entre la fuerza provincial y el Ejército Argentino.

Tereszecuk fue visto en ese lugar en pésimas condiciones de salud como consecuencia de las graves y diversas torturas padecidas. Su deterioro físico era tal que, según los testimonios recogidos, ya ni podía mantenerse en pie y necesitó ayuda hasta para bañarse. 

En la segunda semana de noviembre finalmente fue asesinado y arrojado al río Paraná. Sus restos fueron encontrados días después en la costa de Empedrado y el misionero fue sepultado como NN en el cementerio local.

Los investigadores entienden que entonces que el caso Tereszecuk “su secuestro, tortura y homicidio se produjo en un contexto de persecución generalizada y sistemática por razones ideológicas, dirigida contra la población, y que tenía como objetivo la detención y exterminio de todo aquel que encuadrara en lo que se etiquetaba como opositores al régimen”.

El pronunciamiento requerido también solicita que la Justicia declare al arrojamiento de cuerpos al río Paraná como una maniobra sistemática, respondiendo a un patrón común de ejecuciones por parte de las fuerzas armadas durante la dictadura.

“Cuerpos desnudos, atados con alambres en manos y pies, con disparos de ejecución en el pecho o el cráneo, con la yema de los dedos cortados para obstaculizar su individualización y con un corte importante en el abdomen para intentar que no flotaran”, reconstruye la fiscalía.

Sus restos fueron identificados en 2018 gracias al trabajo del EAAF.

Carlos Tereszecuk

Carlos Enrique Tereszecuk nació en Posadas en 1952. Estudió para ser sacerdote en el Seminario de Fátima de Córdoba, pero abandonó la carrera. 

Luego tuvo una activa militancia estudiantil y política, siendo elegido en 1974 vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Servicio Social de la Universidad Nacional de Misiones y en 1975 participó de la campaña electoral del Partido Auténtico, pasando a ser secretario de los diputados provinciales electos Juan Figueredo y Pablo Fernández Long.

Como secretario legislativo realizó un gran trabajo con representantes de gremios, comisiones barriales, colonos, tareferos, trabajadoras de casas particulares, siendo el autor de diversos proyectos de ley de protección de sus derechos.

En 1975 un operativo de efectivos de civil intentó secuestrarlo en la Cámara de Diputados, pero pudo escapar, debiendo pasar a la clandestinidad. 

En 1976 se refugió en Corrientes, siendo visto finalmente como detenido político y muy torturado en la Jefatura de Policía de Resistencia Chaco.

Con la vuelta de la democracia su hermano Norberto Tereszecuk realizó la denuncia en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y ante el Juzgado Federal de Resistencia.

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Estafaba con causas de lesa humanidad y recibió 14 años de cárcel por abuso

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El misionero Adrián Martínez Moreira, procesado por liderar una banda que estafaba al Estado con el cobro de reparaciones para víctimas y familiares de la última dictadura, fue condenado por el Tribunal Oral Criminal 16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) a 14 años de prisión por la violación de un muchacho, a quien para abusarlo le dio tres puñaladas en la espalda y lo privó de su libertad, amenazándolo con dejarlo desangrarse si no le prometía que no formularía ninguna denuncia.

Según el fallo de los jueces Gustavo González Ferrari, Inés Cantisani y Valeria Rico, al que accedió La Voz de Misiones, el acusado, cuyo nombre real es Matías Ezequiel López, fue encontrado “plenamente responsable” de “abuso sexual con acceso carnal reiterado en tres oportunidades, dos de ellas agravado por el uso de arma, y hurto”.

El misionero se encontraba guardando prisión preventiva desde agosto del año pasado, esperando el desenlace del juicio oral por el hecho ocurrido en mayo de 2024 en su departamento, adonde mediante engaños había llevado a su víctima.

Según confiaron a LVM fuentes judiciales, entre los elementos de prueba, figuraban mensajes de Whatsapp Martínez Moreira con otros hombres, con quienes también habría empleado la misma metodología, y de hecho el misionero está procesado por otro caso de abuso, que habría ocurrido en julio de 2024, semanas antes de que el TOC porteño dictara su prisión preventiva en la causa por la que fue condenado ahora.

“Llevaba gente vulnerable y las abusaba bajo presión”, comentaron las fuentes y explicaron, en relación con este último caso que desembocó en su condena: “Esto era lo mismo, pero agarró un cuchillo porque parece que el tipo se quiso defender”.

“En un chat un tipo le decía ‘no puedo, estoy descompuesto con mi hijito’; él le decía ‘subí igual y lo dejamos por ahí’; el tipo vomitó y no subió”, relataron.

Fabulador

Martínez Moreira y otras cuatro personas están, asimismo, procesadas por conformar una organización criminal que engañaba a víctimas y familias de víctimas de la dictadura y estafaba al Estado con el cobro de las reparaciones por crímenes de lesa humanidad.

El misionero se presentaba desde hace años como hijo de una pareja de militantes paraguayos desaparecidos durante la dictadura del general Alfredo Stroessner, y viene acumulando denuncias desde 2015.

Entre las figuras penales incorporadas a la investigación se encuentran acciones judiciales que Martínez Moreira encaminó en la Justicia Federal de Posadas, donde se sospecha pudo haber utilizado testigos falsos y documentos adulterados.

Según la investigación judicial, la banda liderada por el misionero comenzó a operar en 2013, a través de una organización llamada “Comisión Nacional y Popular de Leyes Reparatorias”, con la que contactaba con víctimas y familiares del terrorismo de Estado y ofrecía representarlos en gestiones y demandas por sus indemnizaciones.

Martínez Moreira y su grupo se presentaban como abogados, pero distintas investigaciones periodísticas sostienen que no hay registro de ninguno de ellos en los colegios profesionales de Caba y la provincia de Buenos Aires.

El misionero afirmaba, además, ser sociólogo graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y haber cursado el secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires.

Nada de esto era cierto. Tampoco su nombre. Una investigación de la Procuración General de la Nación (PGN) determinó que su nombre real es Ovidio Martínez, nacido el 30 de abril de 1993 en el hospital de Jardín América, hijo de Santa Moreira y Emilio Martínez, domiciliados en Puerto Leoni, quienes lo entregaron con fines adoptivos en la Defensoría Oficial de Puerto Rico, y cuya nueva familia lo anotó como Ezequiel Matías López.

 

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Imputaron a acusado de matar y arrancarle los ojos a su víctima en San Vicente

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homicidio ojos san vicente

El joven acusado de matar y arrancarle los ojos a su compañero de tragos en San Vicente se abstuvo de declarar y fue imputado, por lo que continuará detenido mientras avanza la investigación del hecho ocurrido el 29 de julio.

El sospechoso identificado como Franco Antonio D. L. (19) fue trasladado ayer a la mañana al Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, donde compareció ante el magistrado Gerardo Casco y optó por guardar silencio, tal como lo ampara su derecho.

En esa misma instancia fue notificado del hecho que se investiga, de las pruebas que lo incriminan y fue formalmente imputado por el delito de homicidio simple, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

El joven está acusado por el asesinado del tarefero Luis Salvador Batista Da Silva (18), cuyo sin vida fue encontrado el 29 de julio en medio de un yerbal ubicado a la altura del kilómetro 5 de la ruta provincial 13.

El cuerpo estaba semidesnudo, rodeado de malezas y completamente embarrado. Tenía escoriaciones en la espalda, heridas cortantes en el rostro, cavidad bucal y mentón, además de contusiones en el cuero cabello y, lo más extremo, la ausencia de ambos globos oculares.

Una comisión policial inició la pesquisa tendiente a esclarecer lo sucedido y en ese marco establecieron que Batista Da Silva estaba desaparecido desde el domingo a la noche.

Los agentes reconstruyeron que ese domingo, hasta aproximadamente las 22, estuvo compartiendo bebidos alcohólicas con un joven de 19 años, con quien además salió caminando en dirección al lugar donde casi dos días después se encontró el cadáver de la víctima.

Ese joven que aparece como la última persona en tener contacto con Batista Da Silva se trata de Franco Antonio D. L., domiciliado en el barrio Tarumá de San Vicente, quien ahora se encuentra imputado por el caso.

Testimonios señalan que esa misma noche el muchacho llegó a la casa de sus familiares con los ojos de su víctima en la mano y señaló que asesinó a su compañero “porque era el Diablo”.

Encontraron un cadáver sin ojos en un yerbal de San Vicente: un detenido

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