Judiciales
Detienen a policías apuntados en la nueva hipótesis del crimen de Mirta Rosa
Los tres policías puestos bajo la lupa por el asesinato de la docente con esquizofrenia Mirta Carmen Rosa (47) durante el juicio realizado en agosto fueron detenidos esta mañana por orden del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, quien quedó a cargo de la nueva investigación solicitada por el fiscal del Tribunal Penal Dos Vladimir Glinka.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la misma Jefatura de Policía cumplió esta mañana el pedido efectuado por el magistrado Marcelo Cardozo y, de esta manera, los uniformados Emilio Broemser, Adrián Roberto Borda y José María Bernal quedaron detenidos a la espera nuevas disposiciones judiciales.
Los tres fueron notificados del inicio de una investigación en su contra y se espera que en las próximas horas sean citados a prestar declaración indagatoria como sospechosos de haber asesinado a la docente Mirta Carmen Rosa, cuya muerte se registró el 14 de febrero de 2013 en Garupá.
La pesquisa en contra de los tres uniformados que al momento del hecho eran integrantes de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X de la Policía de Misiones fue solicitada por el fiscal Glinka luego del juicio desarrollado contra los ex policías Aldo Gabriel Aníbal Villalba (37) y Luis Albino Rotela (43).
En ese juicio, tanto Villalba como Rotela fueron juzgados y finalmente condenados por el delito de abandono, ya que se los consideró responsables de haber prestado una atención deficiente a la docente, quien se encontraba deambulando por Garupá en medio de un cuadro de esquizofrenia.
Según se reconstruyó en el debate oral, ese 14 de febrero de 2013 los policías Villalba y Rotela auxiliaron a Rosa tras el pedido de una vecina, pero en lugar de ponerla en resguardo en la comisaría o trasladarla al hospital la llevaron hasta el barrio Los Potrillos, donde la bajaron para “deshacerse” de ella.
Lo que sucedió fue que, apenas unas horas después, la misma docente fue hallada sin vida en una antigua cancha del barrio. En principio se especuló con un deceso por causas naturales, pero la autopsia determinó que se trató de una muerte violenta, dado que la mujer presentaba estallido de vejiga, ni más ni menos.
Los ex policías Villalba y Rotela fueron condenados a 4 y 2 años de prisión, respectivamente, por abondono a Mirta Rosa.
A partir de ahí surgió la mayor incógnita del caso: saber quiénes fueron los responsables del crimen.
Y en ese sentido avanzó el fiscal Glinka al momento de desplegar su alegato durante el cierre del juicio contra Villalba y Rotela, instancia en la que sacudió la sala a solicitar que los policías Broemser, Borda y Bernal sean investigados por “homicidio calificado por criminis causa y por haber sido perpetrado por personal de una fuerza de seguridad”, lo cual finalmente fue aprobado por los magistrados del Tribunal Penal Dos.
La nueva hipótesis del caso Mirta Rosa
La nueva hipótesis trazada por Glinka refirió que una vez que Villalba y Rotela “abandonaron a su suerte” a Rosa, la mujer tuvo el “infortunio de cruzarse con la Brigada”.
“Los de la Brigada, bandidos los tres, estaban haciendo cagada, estaban en un lugar donde no tenían que estar”, contextualizó el fiscal y afirmó que en esas circunstancias se cruzaron con Rosa, con quien discutieron y como “ella reaccionó mal debido a su estado de exaltación por la esquizofrenia, ellos reaccionaron peor: la golpearon y la dejaron prácticamente muerta”.
La nueva teoría desplegada por el fiscal se sustentó principalmente en el testimonio de un testigo identificado como Chinito Veláquez, quien recordó que ese día él había sido detenido por robo y luego fue llevado por la Brigada a realizar recorridas por el barrio para “marcar objetos robados”.
El testigo contó que durante esa recorrida se detuvieron cerca de la cancha del barrio Los Potrillos y comenzó a ser castigado dentro del auto, instancia en la que apareció la mujer que sería Rosa.
El fiscal Glinka pidió la apertura de una investigación por homicidio contra los policías de la Brigada.
Además de ello, durante las declaraciones vertidas en calidad de testigos por los policías ahora puestos bajo la lupa el fiscal Glinka ahondó en sus contradicciones, irregularidades en libros de guardia y otras maniobras realizadas con la supuesta intención de desviar la pesquisa.
En su pedido, Glinka solicitó que se extraigan copias de todo lo registrado en el debate y que ese documento sea remitido al juzgado de origen a fin de que “se haga cabeza de sumario” contra Broemser, Borda y Bernal.
Después de la aprobación del tribunal, las actuaciones fueron enviadas al juzgado de origen, aunque debido a las inhibiciones registradas en su momento, finalmente el nuevo expediente quedó en manos del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo, que está pronto a asumir al frente del flamante Juzgado Federal de Puerto Iguazú.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
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El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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