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Contrabando de soja: la palabra de los gendarmes y las relaciones con Marino

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El debate oral contra los ex gendarmes Marco Antonio Duette (53), ex jefe del Escuadrón 9 de Oberá, y su subalterno Ricardo Fabián Gómez (50), acusados de integrar una organización dedicada al contrabando de granos, se reanudó hoy con la palabra de los inculpados, quienes se desvincularon de los hechos y fueron intensamente interrogados por sus vínculos con Santiago Marino, empresario sindicado como “el rey de la soja” en Misiones e imputado en el mismo expediente, aunque ya condenado tras firmar un acuerdo de juicio abreviado.

Previo a su declaración, Duette escuchó atentamente el requerimiento de elevación a juicio de la causa, donde se lo acusa de integrar una asociación ilícita encargada de exportar granos hacia Brasil evadiendo controles tributarios, esquema en el cual él se valía de su cargo como jefe del Escuadrón 9 Oberá de GNA para “liberar rutas” a los camiones que provenía con las oleaginosas desde de Santiago del Estero, Córdoba y Chaco, entre otros puntos del país.

Según la acusación, esa organización estaba conformada por otros once imputados -nueve de los cuales ya se acogieron a juicios abreviados- y su desmantelamiento se concretó en noviembre de 2021, tras una larga investigación que se inició un año antes gracias a una denuncia anónima realizada ante la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Los instructores de la causa establecieron que para ejecutar la maniobra la banda utilizaba Cartas de Porte de Afip (ahora Arca) y formularios CTG (Código de Trazabilidad de Granos) emitidas por personas insolventes para tal fin o con direcciones de destino falsas para simular un marco de legalidad al transporte de las cargas, pero una vez ingresados a la provincia los documentos eran anulados.

“Nunca participé en ninguna organización, ni en nada de lo que se me acusa”, arrancó Duette ante el Tribunal Oral Federal de (TOF) de Posadas, presidido por el magistrado Manuel Alberto Jesús Moreira e integrado por sus pares Juan Manuel Iglesias (Chaco) y Víctor Antonio Alonso (Corrientes), estos dos últimos como subrogantes y conectados de manera telemática desde sus jurisdicciones.

El imputado afirmó que durante su gestión como jefe del Escuadrón 9 (2020-2021) labró varias actas de infracción contra camiones con documentaciones de carga irregulares, pero alegó que no secuestró ninguno porque así lo había establecido la Justicia Federal Oberá como una especie de “norma” de proceder para casos que hayan tributado ante ATM. 

“Algunos camiones no tenían carga de porte, pero habían pagado ATM. Se los infraccionaba, pero yo no tenía recursos para secuestrarlos porque para el juzgado y para la fiscalía eso no era delito. Ellos alegaban el contrabando se daba en la costa”, justificó. 

Y continuó: “Si ellos anulaban la carga de porte después yo no podía saberlo y tampoco tenía motivos legales para tenerlos retenido 24/48 horas hasta comprobarlo”.

Duette y Gómez estuvieron detenidos durante la instrucción en una delegación de PSA en Rosario.

“Marino se daba de informante”

En el resto de su indagatoria Duette hizo un repaso de su trayectoria como gendarme y de sus lineamientos de trabajo trazados en el Escuadrón 9, aunque tanto la fiscalía, encabezada por Pablo Di Loreto, como las abogadas querellantes de Afip, Rossana Sienra y Yamila Soledad Amado, hicieron especial hincapié en su relación con Marino, uno de los líderes de la organización, con quien además constan escuchas telefónicas consideradas comprometedoras para la causa. 

Conocí a Marino a fines de mayo de 2020. Era una relación protocolar, él se presentaba como un comerciante y empresario que iba a inaugurar un complejo turístico en la zona”, respondió ante la primera consulta, aunque en el desarrollo de la indagatoria admitió que su hijo trabajó para él, que intercambiaba mensajes de Whatsapp y que también mantuvo encuentros con él.

Él me invitó a la inauguración de su complejo y tuve que ir porque estaban todas las autoridades. Hasta el vicegobernador dio un discurso ese día”, apuntó, pero también recordó algunas conversaciones que llamaron la atención de la fiscalía.

“El señor Marino se daba de informante de la Gendarmería. Era raro”, describió y ante otra consulta respondió que “unas cuatro o cinco veces recibí información de él. Una vez fue por el tema de (las patentes de) los camiones, después sobre cómo se maneja la costa, donde la gente habla en portuñol, porque la mayoría tiene parientes del otro lado”.

“No por mí, pero por mi cargo, siempre se me acercaba la gente para ver si podían sacar algún beneficio”, aclaró después, cuando ya el interrogatorio pasó a manos de su abogado patrocinante Carlos Larraburu.

Pablo Di Loreto -al medio- representa al Ministerio Público Fiscal.

Casi en misma sintonía se desarrolló la indagatoria de su consorte de causa Ricardo Fabián Gómez, que además cuenta con el mismo defensor particular.

Gómez también es un gendarme con varios años de servicio y su última labor la cumplió como conductor en la sección motorizada del Escuadrón que gestionaba Duette.

Ante las partes, el imputado negó los cargos, cuestionó a la Justicia y enalteció su función como uniformado. “No tengo la capacidad de formar parte de una organización tal como lo mencionan acá. Estoy tranquilo, sé que no hice nada. No me puedo avergonzar de nada”, se plantó.

El hombre aclaró que por su función nunca fue parte de ningún procedimiento, sino que más bien se dedicaba al traslado de detenidos a hospitales, a juzgados o al envío de víveres a otras delegaciones.

Fue en uno de esos viajes, puntualmente a Panambí, que conoció a Marino, según contó. “Yo lo conocí en 2020, en la ruta. Cuando paramos en la sección estábamos con otros gendarmes y ahí se presentó él, que era una persona, un empresario conocido en la zona”, dijo.

Las partes insistieron en ese vínculo y en la continuidad de su testimonio Gómez admitió que después de ese encuentro fortuito visitó en al menos dos oportunidades el complejo turístico de Marino, en ambas ocasiones para disfrutar de sus atractivos junto a su familia.

También contó sobre un viaje que hizo con Marino hasta Posadas. “Me dijo que tenía que hacer un service al auto en Posadas y como yo estaba solo en mi casa y hace mucho no iba a Posadas, acepté. Después en la concesionaria nos dijeron que el service iba a tardar mucho y en ese rato cruzamos a Paraguay”, se adelantó antes de la casi segura pregunta sobre cruce migratorio que comparte con el empresario.

Por último, afirmó que los viajes con Marino se dieron “dos o tres veces. Eran siempre de día y en días de descanso”.

Las partes también estaban interesadas en esclarecer los vínculos de ambos imputados con el ex policía Francisco Eladio Morel, otro de los integrantes de la organización.

Tanto Duette como Gómez respondieron que conocieron a Morel en encuentros que se dieron casualmente en el complejo turístico de Marino y contaron que las conversaciones solamente giraban en torno a “temas de la fuerza”.

El juicio continuará el 5 de mayo, a partir de las 8, con la toma de testimoniales. El listado de testigos se redujo a trece, dado que otros diez fueron desistidos por las partes al firmarse acuerdos de juicio abreviado con el cooperativista Juan Carlos Skavinsky y el empresario automotor Marcelo Da Silva, quienes debían estar en el banquillo junto a los ex gendarmes.

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Ex penitenciario irá a juicio por el crimen a martillazos de una jubilada

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El magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, decretó en las últimas horas la elevación a juicio de la causa por el femicidio de la jubilada Amanda Müller (70), perpetrado un año atrás en Santa Ana, y el expediente ya fue remitido al Tribunal Penal Uno de la capital provincial.

De acuerdo a fuentes consultadas por La Voz de Misiones, en el requerimiento de elevación a juicio se dispuso que el único acusado del hecho, el ex agente penitenciario Sebastián Isaías Keller (31), responda bajo la imputación de homicidio agravado por violencia de género (femicidio), figura contemplada por el artículo 80, inciso 11, del Código Penal de la Nación, y que prevé una pena de prisión perpetua.

Las mismas fuentes indicaron que el expediente ya fue remitido al Tribunal Penal Uno de Posadas, cuyas autoridades ahora deberán fijar fecha en su agenda para realización del debate oral y público.

El auto de la víctima fue encontrado días después en Posadas.

El caso

El femicidio de Müller fue descubierto el 18 de enero de 2025, en horas de la tarde, cuando vecinos del barrio Parque Industrial de Santa Ana alertaron sobre la presencia de un cadáver dentro de un inmueble de la zona.

Al llegar, los efectivos locales se toparon con el cuerpo de la dueña de casa masacrada a golpes. La autopsia luego estableció que la víctima recibió al menos diez martillazos que le fracturaron el cráneo y otras tantas heridas cortantes en la espalda que le perforaron un pulmón.

Tras las primeras averiguaciones, quien quedó bajo la lupa fue Keller, un ex penitenciario dado de baja en diciembre de 2024 por “conductas incompatibles” y que en el último tiempo se había convertido en un hombre de extrema confianza para Müller.

La relación entre ambos era tal que la mujer le encomendaba trabajos domésticos y mandados a Keller, además de que planeaba alquilarle su casa y que ese 16 de enero almorzaron juntos, según los últimos movimientos que pudieron reconstruir en ese momento los investigadores que intervinieron el caso bajo la supervisión del juez Monte.

Incluso, los pesquisas determinaron que ese mismo día el sospechoso llegó a la casa de su novia en Posadas totalmente ensangrentado y alegó haberse peleado con el presunto comprador de un auto que tenía en venta.

Tras quedar bajo la lupa, la Policía desplegó operativos en toda la provincia y el domingo 19 de enero, a la madrugada, detuvieron al sospechoso en Colonia Aurora, donde tenía previsto viajar para pasar el fin de semana junto a familiares.

Al momento de su detención, Keller iba al mando de un automóvil Volkswagen y en compañía de su novia. La joven, de 28 años, fue demorada inicialmente pero ya recuperó la libertad tras la constatación de antecedentes y fue desvinculada de la causa.

Dentro de ese auto incautaron una mochila que contenía 1,8 millones de pesos, dinero que se supone fue robado a Müller, además del Peugeot 208 negro, dominio AG-914-NL, que recién fue encontrado el 23 de enero en una vivienda de la comunidad gitana en Posadas.

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Juzgan a Polaquito Ferreyra, acusado de matar a un amigo y violar a la novia

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Polaquito Ferreyra

Tras la suspensión de la semana pasada, el Tribunal Penal Uno de Eldorado fijó para este martes a las 8.30 la nueva fecha de inicio del juicio oral contra Nazareno “Polaquito” Ferreyra (38), acusado de asesinar a su amigo Bruno Mendez (21) y violar a la novia de éste dentro de una casa del barrio Villa Alta de Puerto Iguazú, en uno de los crímenes más resonantes de los últimos años en la provincia.

El implicado, de 38 años, está imputado por “homicidio doblemente calificado por ensañamiento y criminis causa” en perjuicio de Mendez y por “abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma y privación ilegítima de la libertad agravada” en perjuicio de la muchacha.

Bajo esos cargos, que pueden significarle una pena de prisión perpetua al final del proceso, Polaquito enfrentará el debate oral que prevé una extensión de al menos tres jornadas y la participación de una quincena de testigos que fueron citados para prestar declaración.

El hecho que se ventilará en debate oral se registró el 4 de abril de 2022, en una vivienda del barrio Villa Alta de Puerto Iguazú y se descubrió a partir de que la joven abusada pudo escapar de su captor para pedir ayuda a los vecinos de la zona.

La reconstrucción del caso indica que esa madrugada Ferreyra estuvo compartiendo una ronda de tragos en su casa con Mendez y la novia de éste, de 18 años.

En determinado momento de la noche, se estima que Mendez le pidió al dueño de casa una habitación para tener intimidad con su novia y el acusado accedió, aunque luego intentó participar del encuentro sexual.

En esa instancia, se desató una pelea entre Mendez y Ferreyra, que alcanzó a tomar un cuchillo e hirió de al menos cuatro estocadas a su contrincante.

Bruno Mendez recibió al menos cuatro estocadas durante el ataque de su amigo.

Después de ello, el hombre abusó sexualmente de la joven y a la mañana siguiente se dispuso a esconder el cadáver de su amigo, pero la muchacha logró aprovechar un descuido suyo para escapar junto su bebé de un año.

Allí el acusado intentó darse a la fuga, pero fue detenido a los pocos minutos por una comisión policial.

Al momento de prestar declaración indagatoria, el acusado dio vuelta la versión de los hechos, afirmando que la relación sexual con la joven fue consentida y que a Mendez lo mató en defensa propia ya que él fue agredido en primera instancia. “Me defendí y me fui de mambo, me pasé”, declaró.

La joven sobreviviente luego dialogó con el canal CVI Noticias 5 de Iguazú y dio un testimonio que contrasta severamente con la versión del acusado: “Toda la noche abusó de mí. Mi hijo estaba cerca de nosotros y en un momento le pasó el cuchillo por el cuerpo de mi bebé para que yo le tratara con cariño. Me dijo que si no le hacía sentir placer, lo iba a matar”.

Ferreyra fue procesado con prisión preventiva en mayo 2022 y desde ese momento está preso en la Unidad Penal VII de Cerro Azul.

Además del testimonio de la sobreviviente, en la causa también obran informes periciales que confirman la presencia del perfil genético de Ferreyra tanto en el cuchillo utilizado para matar a Mendez, como en el cuerpo de la joven abusada sexualmente.

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Abogado de intendente denunciado por abuso: “Estaríamos ante una fábula”

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Sergio Báez, el abogado de Mario Peyer, el intendente de Caraguatay que hoy retomó su cargo tras pedirse 30 días de licencia para ponerse a disposición de la Justicia por una denuncia por abuso sexual que pesaba en su contra, calificó el caso como una “falsa denuncia” y apuntó que la presentación en contra de su cliente consistió en una “fábula” por parte de la presunta víctima.

Las declaraciones de Báez se dieron esta mañana, en paralelo al pedido de sobreseimiento total y definitivo de Peyer solicitado por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, interviniente en el expediente abierto en febrero pasado cuando se radicó la denuncia contra el jefe comunal.

“Hoy tuvimos varias novedades. Una fue el pedido de sobreseimiento total y definitivo del intendente Mario Peyer. Lógicamente el juez (Manuel Balanda Gómez) va a correr traslado a la querella y a las otras partes, para después tomar su decisión. Al ser el fiscal el dueño de la acción pública, esto es un tema prácticamente consumado”, aseveró Báez, en diálogo con Radio República.

Sobre el desarrollo de la causa en sí, el letrado consideró que “nos encontramos con una falsa denuncia, pero hemos demostrado que el intendente es inocente” y detalló que “hoy se agregaron las pericias psicológicas que establecen que la denuncian recurre a la fabulación y a la sobreactuación de sus síntomas como estrategia defensiva y tiende a reinterpretar su vivencia”.

“Esto significa que tiene un cuadro de magnificación y fabulación instrumental. Estos indicadores están en contra de una persona que haya sufrido un trauma de abuso sexual. Es decir, estaríamos ante una fábula”, resumió.

Báez también sostuvo que, en el marco de la investigación y análisis de pruebas, del teléfono de la denunciante se recuperó una grabación donde advierten que al momento de efectuar la presentación contra Peyer sus dichos estuvieron “semidirigidos” por su abogada.

“La víctima puede ir acompañada porque se siente protegida, pero lo que no puede pasar es que esa persona que la acompaña semidirija la denuncia acotando datos y solicitando que se agregue datos. Esa otra persona es la abogada de la supuesta víctima”, precisó.

“A pesar de eso, nosotros, durante todo el proceso, como estrategia defensiva, tratamos de ofrecer todo tipo de pruebas. Testigos, lugares donde podían haber cámaras y más”, agregó y explicó que en esa labor buscaron fotografías tomadas en fechas cercanas a los hechos denunciados para “demostrar que ni la denunciante ni el intendente presentaban signos de golpes o marcas en sus cuerpos como se señaló en la primera denuncia”.

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