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Condenan a ex gendarme misionero por delitos de lesa humanidad en Jujuy

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El ex gendarme misionero, Raúl José Borges do Canto (80), fue condenado a 24 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia Jujuy antes y durante la última dictadura militar, mientras cumplía funciones como jefe de sección.

Según los registros, Borges do Canto nació el 25 de abril de 1942 en Concepción de la Sierra, su último domicilio lo tiene radicado en la localidad bonaerense de Ituzaingó y actualmente está con prisión preventiva.

El misionero recibió su condena el viernes pasado, en el marco de un mega debate oral que se extendió durante cuatro años en el Tribunal Oral Federal de Jujuy y donde se juzgó la responsabilidad de 20 imputados en más de 300 delitos perpetrados en perjuicio de 121 personas antes, durante y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en las localidades de Libertador General San Martín, El Aguilar, Calilegua y Ledesma.

En ese contexto, Borges do Canto recibió 24 años de prisión al ser declarado responsable de los delitos de allanamiento ilegal agravado (4 hechos), privación ilegal de la libertad agravada (24) y tormentos agravados (23).

De acuerdo al alegato expuesto por el fiscal de juicio Federico Zurueta, al momento de los hechos, el misionero era segundo comandante de GNA y desde el 8 de enero 1975 hasta el 26 de octubre de 1976 cumplió funciones como jefe de la sección Mina Aguilar, ubicada en una zona del altiplano más cercana a La Quiaca y a la frontera con Bolivia que de la capital, San Salvador de Jujuy.

Para Zurueta, Borges do Canto “formó parte de la estructura represiva” y “participó en la articulación y ejecución de algunos procedimientos”, ya que era la máxima autoridad de la GNA en la localidad de El Aguilar, donde funcionaba una histórica mina a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

En su exposición, realizada ya en mayo, el titular de la fiscalía hizo hincapié en una protesta obrera que se denominó el Aguilarazo, realizada en 1973, donde hubo enfrentamientos con la GNA e incluso se registró un trabajador fallecido.

En esa línea, Zurueta sostuvo que “no resulta para nada una casualidad que Borges do Canto haya llegado a la Mina El Alguilar” y agregó que “resulta claro que precisaban a una persona de estas características, que pudiera desarrollar estas tareas”.

El fiscal se refería a labores para conocer e identificar a trabajadores y sindicalistas que pudieran poner en riesgo los intereses de la empresa minera, según relevó Página 12 al cubrir la etapa de alegatos del juicio que comenzó en 2018.

El debate oral se realizó en Jujuy y se extendió durante cuatro años. FOTO: Télam.

De esta manera, se reconstruyó que entre el 24 y el 26 de marzo de 1976 efectivos de la Gendarmería detuvieron a 23 trabajadores de la mina utilizando las propias camionetas de la empresa, lo que también denotó la complicidad civil.

Esos prisioneros fueron trasladados luego a distintos lugares de detención, donde sufrieron vejámenes, torturas e incluso violaciones, en algunos casos.

Uno de los testimonios más contundentes emitidos contra el misionero fue el de Efraín Guzmán, que integraba la comisión directiva del Sindicato Obrero Mina Aguilar. El trabajador aseguró que Borges do Canto realizó tareas de inteligencia previa al golpe, queriendo asistir a las asambleas y demás acciones similares.

Junto al ex gendarme misionero, fueron condenados otros 19 acusados, cuatro de los cuales recibieron penas de prisión perpetua, entre ellos, Juan Carlos Tamayo, ex jefe de la Central de Inteligencia dependiente del Regimiento de Montaña 20 del Ejército, a quien la fiscalía consideró culpable de 15 homicidios agravados, entre otros delitos.

En el mismo fallo, el tribunal jujeño dispuso mantener la prisión preventiva para varios de los condenados, entre ellos para el misionero Borges do Canto. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 3 de marzo del año que viene.

Los imputados oyendo la sentencia a través de dispositivos telemáticos. FOTOS: fiscales.gob.ar

 

Condena a Canto, lesa humanidad jujuy

FOTO PRINCIPAL: Hijos Jujuy.

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Rechazan anular causa contra contador imputado desde 2013 por delitos fiscales

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contador obereño

El contador Rubén Eduardo Kuhlmann, procesado hace más de diez años en una causa por asociación ilícita fiscal que tiene otros once involucrados, solicitó que la acción penal en su contra sea anulada por aplicación de la Ley 27.743, más conocida como “Paquete Fiscal”, que prevé el blanqueo de capitales y moratoria para deudas de contribuyentes, aunque el planteo fue denegado en dos instancias y por lo tanto el caso continúa abierto.

El planteo efectuado por Khulmann, a través de su abogado defensor, que también representa a otros tres imputados en la misma causa, fue rechazado por la Cámara Federal de Apelaciones, que en un fallo firmado este jueves ratificó una resolución en idéntico sentido alcanzada por el Juzgado Federal de Posadas, dependencia judicial que lleva la instrucción del expediente.

En su presentación, los recurrentes argumentaron que la Ley 27.743, sancionada en junio de 2024, establece “la extinción de todas las acciones penales derivadas de ‘delitos tributarios’ sin distinguir entre ellos” e hicieron especial hincapié en el decreto reglamentario 608/2024, que incluyó de manera específica a la asociación ilícita fiscal entre los delitos alcanzados por la normativa, medida que no había ocurrido en legislaciones antecesoras sobre la misma cuestión.

Sin embargo, los camaristas Mirta Delia Tyden y Mario Osvaldo Boldú, no compartieron los argumentos esgrimidos y en contrapartida avalaron el rechazo al recurso, al considerar que “el ilícito investigado al ser un delito de peligro abstracto no generó obligaciones tributarias o impositivas susceptibles de regularización a través del procedimiento previsto en la ley”.

Rubén Kuhlmann, en 2013, cuando nombre y su rostro ocupó la portada los diarios durante varias semanas.

Y en otro párrafo del documento alegan que “más allá de la improcedencia de acceder a la extinción de la acción penal respecto del delito enrostrado a los incidentistas, tampoco se acompañó constancia alguna que acredite el pago de tributo en los términos exigidos por la normativa aplicable, lo que no hace sino evidenciar la inexistencia de obligaciones tributarias generadas por el tipo penal en cuestión”.

Conocida esta resolución, ahora la defensa cuenta con un plazo de diez días hábiles para presentar un nuevo recurso de casación o, en caso contrario, el expediente regresará al Juzgado Federal de Posadas para que la instrucción avance hasta la elevación a juicio del caso.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones, la causa ya había sido elevada al Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, aunque regresó a instrucción para subsanar falencias y deficiencias observadas.

La causa tiene un total de doce imputados, aunque Khulmann fue el hombre de mayor relevancia cuando estalló el caso a comienzos de 2013 y su nombre supo ser tapa de diario en la provincia durante varios meses.

Tanto él como los demás involucrados fueron procesados por la Justicia Federal a mediados de 2024, al considerar que formaban parte de una organización dedicada a facilitar la evasión tributaria de terceras personas a través de la creación de empresas fantasmas, utilización de presta nombres y documentación apócrifa, entre otras tretas.

En el marco de la investigación hubo una veintena de allanamientos y como querellantes particulares en la causa se constituyeron tanto Afip -ahora Arca- y la Dirección General Impositiva (DGI).

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Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad

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crimen del penitenciario

Tanto la hermana como la pareja del penitenciario Julio César Argüello (45), asesinado de un disparo en la cabeza, comparecieron este miércoles en audiencia de declaración indagatoria, instancia en la que la primera de ellas guardó silencio y la otra se desligó de la acusación, al tiempo que ambas fueron imputadas por el crimen y continuarán detenidas mientras avanza la investigación que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, ambas mujeres fueron trasladadas esta mañana hacia dicha dependencia judicial, donde la primera en comparecer ante el magistrado Miguel Mattos fue Lidia Rosa Argüello (54), hermana de la víctima.

La mujer ya había estado en ese mismo juzgado el lunes, cuando designó como defensor legal a un abogado particular y ahora estaba citada para prestar declaración indagatoria, aunque optó por guardar silencio.

De igual manera, Lidia fue notificada del hecho que se investiga, oyó al detalle el listado de indicios que se registran en su contra y provisoriamente fue imputada como autora del homicidio, que podría sumar el agravante del vínculo existente con la víctima, lo que elevaría la expectativa de pena que podría recibir en su contra en caso de declararse su responsabilidad en el hecho en un futuro debate oral y público.

La que pisó por primera vez el juzgado que dirige Mattos fue Paola Z. (35), pareja del penitenciario, quien en contrapartida su cuñada eligió declarar y negó haber prestado su complicidad en el crimen.

La joven fue imputada como encubridora del homicidio y por el momento también continuará detenida hasta que las autoridades dispongan nuevas medidas en el marco de la causa que aún aguarda el resultado de pericias balísticas.

crimen del penitenciario

Lidia Argüello fue imputada como autora del homicidio.

Crimen y sospechas

El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.

El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.

El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.

Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.

Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 milímetros encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.

El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica y será sometido a pericias.

Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.

Un revólver calibre 32 que se investiga como arma homicida fue incautada en la casa de la hermana de la víctima.

 

Muerte de penitenciario se investiga como homicidio y detuvieron a su hermana

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Crimen del penitenciario: su hermana designó abogado y declara el miércoles

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crimen del penitenciario

El miércoles fue el día establecido por la Justicia para citar en audiencia de declaración indagatoria a Lidia Rosa Argüello (54), detenida desde el último viernes como sospechosa del crimen de su hermano, el agente penitenciario Julio César Argüello (45), herido de un disparo en la cabeza en su casa y fallecido una semana después en el hospital Madariaga.

Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la mujer fue trasladada este lunes al Juzgado de Instrucción Siete de Posadas y designó a un abogado defensor, mientras que la indagatoria ante el juez Miguel Mattos fue postergada al miércoles.

En esa instancia, la sospechosa podrá brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar. También será notificada del hecho que se investiga, de los elementos de prueba que se registran en su contra y sería imputada.

Cabe mencionar que la causa tiene una segunda persona detenida, que se trata, ni más ni menos, que de la pareja de la víctima, quien fue aprehendida como presunta encubridora del crimen.

El caso

Según lo que se pudo reconstruir, todo comenzó el viernes 6 de febrero, minutos antes de las 9, cuando Lidia alertó haber encontrado a su hermano herido dentro de su casa sobre la calle Puerto Rico de Posadas.

El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en severo estado de salud hasta que este jueves se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo.

Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.

Entre esos elementos se destacan una cámara de seguridad que la muestra ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 milímetros encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.

El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica.

Crimen del penitenciario Argüello: detuvieron a su pareja por encubrimiento

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