Judiciales
Causa Fucammi: producían aceite de cannabis e irán a juicio por narcotráfico
Los productores del aceite de cannabis que elaboraba la Fucammi en Puerto Rico irán a juicio acusados por delitos considerados como de narcotráfico. Así lo dispuso el Juzgado Federal de Oberá que, tras un dictamen emitido el año pasado por la Cámara Federal de Apelaciones, debió dar marcha atrás en su procesamiento inicial y elevó la causa a instancia de debate oral bajo los parámetros de la Ley 27.737 de Estupefacientes.
La medida alcanza a la presidenta de Familias Usuarias del Cannabis Medicinal Misiones (Fucammi), Rosana Vier (52); a su esposo Roberto Enrique Steckler (61); y a dos empleados de la asociación, uno administrativo y otro encargado de la distribución de los productos, según pudo establecer La Voz de Misiones en base a fuentes consultadas.
Inicialmente fueron acusados por la producción y venta de medicamentos sin autorización, que preveía penas de 4 años de cárcel como máximo pero, tras un apelación de la fiscalía interviniente y un dictamen de la Cámara de Apelaciones, sus imputaciones fueron agravadas y alcanzadas por la Ley 27.737, elevando las expectativas de penas hasta los 15 años. Todos están procesados sin prisión preventiva.
Fucammi, denuncia anónima y allanamientos
La historia de Fucammi arrancó a mediados de 2015 y, según contó la propia Vier en entrevistas periodísticas brindadas en ese momento, ella comenzó a producir aceite de cannabis con fines terapéuticos para su hermano Juan Carlos, que presentaba un cuadro de epilepsia refractaria.
A partir de ahí, observó que decenas de personas se encontraban en su misma situación y empezó a elaborar el aceite de cannabis para otras familias con distintas dolencias que no encontraban respuesta en los tratamientos tradicionales.
“Fucammi es un grupo sin fines de lucro, políticos ni religiosos, apoyando a la legalización del uso medicinal del Cannabis, para tratar diferentes enfermedades, entre ellas: Epilepsia, Epilepsia Refractaria, Alzheimer, dolores crónicos, cáncer, migraña, artritis, anorexia, esclerosis múltiples, reumatismo, depresión, glaucoma ocular, parkinson”, se presentaba la asociación en sus redes sociales por aquel entonces.
Sin embargo, todo cambió el 2 de julio de 2019, cuando una denuncia anónima desde Ciudad de Buenos Aires alertó sobre el funcionamiento de la asociación a la Policía Federal Argentina (PFA).
El caso quedó en manos de la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de Viviana Vallejos, quien dio instrucciones a la División Antidrogas Eldorado de la PFA para confirmar o descartar lo denunciado.
Así fue como los investigadores marcaron domicilios de los involucrados e interdictaron envíos a toda la provincia de los productos elaborados por Fucammi y finalmente en agosto de 2019 se ordenaron allanamientos que derivaron en la incautación de frascos con aceite, lociones, urgüentos y jabones, todos producidos a base de cannabis, además de tachos con picadura de marihuana macerándose en alcohol y 720 gramos de cogollo.
En la investigación también se determinó que los involucrados no contaban con autorizaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), ni tampoco solicitaron ser incorporados al Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis (Recann).

La historia de Fucammi se hizo conocida por la ayuda que brindaba a numerosas familias misioneras. FOTO: Archivo El Territorio.
La causa judicial
Toda la causa quedó en manos, entonces, del Juzgado Federal de Oberá, a cargo del magistrado Alejandro Gallandat Luzuriaga, que inicialmente resolvió procesar sin prisión preventiva a los cuatro imputados por los delitos de “producción de sustancias medicinales en establecimientos no autorizados y venta sin autorización de sustancias medicinales que requieren receta médica”, previstos por los artículos 204 ter y 204 quinquies del Código Penal de la Nación, los cuales establecen penas de hasta 4 años de prisión como máximo.
Y ello dio inicio a una contienda jurídico-legal sobre el asunto. Es que la fiscal Vallejos no compartió lo resuelto y apeló la resolución al considerar que el delito en el que presuntamente incurrieron los miembros de Fucammi debían ser encuadrados bajo la Ley 27.737 de Estupefacientes, argumentando que los productos que eran comercializados por la asociación tenían “capacidad toxicomanígena” y eran “nocivos para la salud pública”, por lo cual no debían ser consideradas “medicinales”, sino estupefacientes.
Ante esta presentación, en el expediente debió intervenir la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia, cuyos magistrados analizaron el planteo y en base a los elementos recolectados resolvieron hacer lugar a la opinión de la fiscal Vallejos -sostenida a la vez por la Fiscalía General Federal-, revocando el procesamiento de primera instancia y estableciendo que los cuatro miembros de Fucammi debían ser imputados en el marco de la Ley de Estupefacientes, al igual que cualquier hecho de narcotráfico.
En ese fallo, tal como ya publicó LVM en abril de 2022, los magistrados consideran que los hechos cometidos por Vier y sus compañeros de Fucammi deben ser encuadrados por el artículo 5 de la Ley 27.737, incisos b y c, que hacen referencia a la producción, comercialización, almacenamiento y transporte de estupefacientes, figura que prevé penas que van desde los 4 hasta los 15 años de prisión.
La resolución en su momento fue publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ) y lleva las firmas de los jueces Ana Lía Cáceres de Mengoni, Mario Osvaldo Boldú y Mirta Tyden de Skanata.

Puerto Rico en su momento fue sede jornadas de cannabis medicinal.
Medicina no, droga
Entre los fundamentos de la decisión, los jueces de la cámara expusieron los resultados de las pericias químicas como elemento clave para acreditar la “aptitud toxicomanígena” de todos los productos elaborados a base de cannabis (aceite, jabones, lociones, etcétera) que fueron incautados en los diversos allanamientos realizados cuando comenzó la causa, entre 2019 y 2020.
De esas pericias se desprende que las muestras analizadas arrojaban concentraciones de THC de un mínimo de 1,2 hasta un máximo de 5,3% y los magistrados contrastaron esas conclusiones con un informe remitido por el presidente de Misiopharma S. E., que sostiene que el aceite de cannabis estandarizado y autorizado contiene THC en niveles de hasta 0,3%.
“Evidenciando que las muestras analizadas en el Informe Pericial Químico Nº 2766 excedían ampliamente los valores aceptados e imposibilita que la sustancia secuestrada sea considerada como “medicina”, arguyeron los magistrados.
En la resolución también hicieron énfasis en la escasez de controles microbiológicos en la producción (principalmente en las semillas) y a la falta de autorización legal para la fabricación de productos medicinales.
Ante todas estas argumentaciones, los magistrados de la cámara entendieron que las conductas de Vier, Steckler y el resto de los imputados debían ser calificadas como en orden a delitos vinculados a la Ley 27.737 de Estupefacientes. Es decir, como hechos de narcotráfico.
A juicio por narcotráfico
De esta manera, la Cámara revocó el procesamiento dictado en primera instancia por el juez Gallandat Luzuriaga y devolvió el expediente ordenando un nuevo pronunciamiento bajo los lineamientos recomendados.
Fue así que el magistrado no tuvo más que aceptar lo dispuesto por la instancia superior y decretar la elevación a juicio con un agravamiento en la acusación de los cuatro implicados.
Según consignaron fuentes de LVM, la resolución se firmó a fines del año pasado, tras el requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscal Vallejos, quien consideró que tanto Vier como Steckler deben responder coautores de los delitos de “producción, fabricación y comercialización”, previstos por el artículo 5 incisos b y c de la Ley 27.737, que prevé penas de entre 4 y 15 años de prisión.
Las mismas fuentes añadieron que el nuevo dictamen no recibió oposición alguna de las defensas, ante lo cual fue automática confirmada y remitida al Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, cuyas autoridades ahora deben programar fecha para la realización del debate donde se ventilará el caso.
Será en esa instancia, con los implicados en el banquillo, donde se resolverá la cuestión. “De darse será un debate con mucho para discutir y seguramente concitará la atención de muchos sectores involucrados, como así también de organizaciones pro y anti cannabis”, consideró un especialista consultado por este medio.

La causa se resolverá en debate en el Tribunal Oral Federal de Posadas.
Causas similares
Una causa similar se llevó adelante en Entre Ríos, donde un joven dueño de un grow shop fue llevado a juicio por “siembra o cultivo de plantas utilizables para producir estupefacientes” (art. 5 inc. a de la ley 23.737) y “tenencia simple de estupefacientes” (art. 14, primera parte, ley 23.737), pero finalmente en octubre de 2022 el Tribunal Oral Federal de Paraná lo sobreseyó luego que la Fiscalía considerara que no correspondía acusarlo por los delitos que le endilgaban.
En Córdoba también hubo casos parecidos que culminaron en sobreseimientos. En esa causa la Justicia de primera instancia desestimó la acusación, aunque, al igual que en el caso Fucammi, la Cámara de Apelaciones revocó ese primer dictamen.
Sin embargo, luego el caso fue analizado en casación y el tribunal superior entendió que no había delito. En la causa Fucammi, como se mencionó, las defensas no recurrieron en casación.
Judiciales
Fiscal pidió perpetua para la madre de Belén: “La dejó morir de hambre y sed”
Con un extenso, detallado y crudo alegato, el fiscal Vladimir Antonio Glinka solicitó esta mañana la pena de prisión perpetua para la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), al acusarla de actuar en forma deliberada para dejar morir de hambre y sed a su hija Rocío Belén López (15), adolescente con discapacidad cognitiva y motriz por Síndrome de Rett.
“Esto fue un asesinato. Ella adrede decidió dejar de alimentar y de dar agua a su hija para que muriera”, apuntó el fiscal y encuadró el caso en un homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión, ampliando la imputación originaria que era abandono de persona agravado por el vínculo y el resultado.
Ante el Tribunal Penal Uno de Posadas, el fiscal desarrolló un alegato de dos horas y media que partió en dos partes. En la primera trazó su teoría del caso y en la segunda fundamentó su cambio de calificación legal.
“Acá vamos a demostrar que Belén no se murió porque la imputada se fue a trabajar o por el riguroso estándar laboral de la Municipalidad”, adelantó Glinka y con ironía respondió a la estrategia defensiva planteada por la imputada y por el defensor oficial Miguel Ángel Varela desde el primer día de debate.
Antes de ahondar en su hipótesis acusatoria, el fiscal exhibió varias fotografías que consideró necesarias para graficar la gravedad del caso. Con una de ellas contrastó el antes y del después de Belén bajo el cuidado de su madre, mientras que otra serie imágenes ilustraron la escena donde la adolescente fue hallada sin vida como consecuencia de un cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia.
“Estoy acá por Belén, pero voy por ella”, lanzó en referencia a la imputada y calificó el hecho como “un acto de semejante crueldad que no puede quedar impune”.

El fiscal Glinka en pleno desligue de su alegato ante el tribunal y la defensa.
“Fue un asesinato”
Repasando los testimonios recolectados durante las seis audiencias previas, Glinka recordó que Belén “pasó el 85% de su vida” al cuidado de su abuela Delira y su tía Clara -madre y hermana de la imputada-, mientras que con su madre solo estuvo un período de dos años comprendido a medidos de los 2000 donde “sufrió maltratos de todo tipo” y un lapso de diez días entre el 13 y el 23 de julio de 2013, cuando finalmente se produjo la muerte.
“Fíjense la diferencia en el cuidado que hubo que ella entró caminando y bailando a la casa de su madre y diez días después salió en una morguera, muerta de hambre, de sed, con hipotermia y escaras en la espalda del tiempo que llevaba postrada en un colchón todo podrido”, señaló.
En ese punto, volvió a mostrar las fotografías de Criminalística que registraron a la víctima tendida en una cama en condiciones precarias y prácticamente sin colchón, dentro de una habitación abarrotada de muebles rotos y bolsas de ropa apilada que apenas dejaban un angosto pasillo de acceso.
“Belén estaba tirada como una cosa. Tenía una barricada a sus costados para que no pudiera salirse de ahí. Y así estuvo no sabemos cuánto tiempo”, describió con vehemencia.
Para Glinka no hay dudas y todo el accionar de Ramírez fue adrede. “Ella tomó la decisión de eliminarla porque Belén no formaba parte de su proyecto de vida. Esto fue un asesinato y lo más grave de todo es que no solo le privó de alimentos, sino que también se aseguró de que nadie se interponga en su plan porque nadie ni siquiera sabía que Belén estaba en esa pieza”, fustigó.
El fiscal desacreditó la versión de la imputada en la que alegaba que por sus obligaciones laborales se veía impedida de brindar el cuidado necesario a Belén y criticó la estrategia defensiva: “Ella trabajaba 6 horas. Tenía otras 18 para cuidar a Belén. Acá vinieron a deshumanizar a una nena, a reducirla a una simple enfermedad que ella no eligió tener para justificar los actos de su madre”.
También objetó el pedido de “reautopsia” planteado por la defensa e interpeló a las partes en forma cruda: “¿Qué dudas hay en la causa de muerte? A Belén la abrieron al medio, le sacaron las tripas y en su estómago no encontraron ni un arroz. Murió de hambre y por no tomar una gota de agua en siete días”.
Como cierre, encuadró el caso en un homicidio agravado por el vínculo cometido por omisión, pidió la prisión perpetua.
Alternativamente, solicitó que se mantenga la calificación inicial de abandono de persona agravado por el vínculo y el resultado y se dicte la máxima pena prevista: 20 años de cárcel.
Para cualquiera de los casos, Glinka pidió que la imputada sea inmediatamente detenida una vez que se dicte sentencia. “Han demostrado que están dispuestos a entorpecer la causa, sumado a que la presunción de inocencia se encuentra en riesgo y que no he escuchado una sola palabra cierta de su parte, no estoy seguro de que se someta a la justicia”, concluyó.

El defensor Miguel Ángel Varela pidió diferir su alegato al jueves y el tribunal aceptó.
Defensa
Concluida su exposición era el turno del defensor Miguel Ángel Varela, aunque el letrado pidió diferir su alegato al jueves. “No estoy condiciones”, planteó y argumentó un agotamiento físico propiciado por la seguidilla de audiencias y por la “extensa” presentación de Glinka.
El fiscal se opuso al pedido al considerar que el otorgamiento de un plazo extra atentaba contra la “igualdad de armas” e incluso acusó a Varela de dilatar el inicio de la audiencia. “Si es tarde es porque el defensor llegó una hora tarde”, apuntó.
El tribunal presidido por Gustavo Bernie e integrado por los magistrados Viviana Cukla y Miguel Mattos (subrogante) pasó a deliberar y tras un cuarto intermedio decidieron hacer lugar al pedido del defensor. El debate se reanudará mañana a las 7.30.
La palabra de Ramírez
Previo a los alegatos de la fiscalía, la imputada brindó una ampliación de declaración indagatoria en la que mantuvo su versión de los hechos.
Argumentó que debió afrontar el cuidado de su hija en soledad, con dificultades económicas y apremiada por obligaciones laborales. “Reconozco que estuvo mal haberla dejado e irme a trabajar. Hice lo que estaba dentro de mis posibilidades, no podía darme el lujo de quedar sin trabajo”, justificó.
E insistió: “Jamás la abandoné. Nunca dejé de cuidarla y alimentarla. Jamás se me pasó por la mente este resultado. Pude tener mis errores como madre pero nunca quise matar a mi hija”.
Judiciales
Fiscal del caso Belén se opuso al amicus curiae: “Tratan de condicionar”
Culminada la resolución de las incidencias pendientes, vinculadas a pedidos tanto de la fiscalía como de la defensa, que marcaron la audiencia del lunes, el debate oral para esclarecer la muerte de la adolescente con discapacidad Rocío Belén López (15) avanzó hoy con la incorporación de los últimos elementos de prueba. Para mañana se prevé una jornada de varias horas, con una ampliación de indagatoria por parte de la madre de la víctima y única imputada, como así también con el inicio de la ronda de alegatos.
La última prueba incorporada consiste en un informe emitido por la Municipalidad de Posadas respecto al legajo personal de la imputada Mariela Andrea Ramírez (48), que llegó a este debate acusada de abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y el resultado, aunque podría enfrentar un cargo mayor si la fiscalía finalmente decide ampliar la calificación a homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión.
Resta decidir respecto a un pedido formulado por el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, quienes solicitaron ser incorporados al proceso en carácter de amicus curiae, planteo al cual el fiscal Vladimir Glinka se opuso y descargó duras críticas contra el escrito.

La imputada, Mariela Ramírez, mañana ampliará su declaración indagatoria. FOTO: Félix Armengol.
“No cualquiera es amicus curiae”
“Está tan mal hecho que parece apropósito, todo con tal de que sea rechazado y esto habilite un micrófono externo. Esto tiene que ir directamente a la basura, es una falta de respeto para quienes trabajamos de esto”, disparó el fiscal, quien argumentó que la presentación tiene “once defectos formales en 22 carillas” e incumple con los requisitos estipulados para su admisión.
Glinka consideró que los integrantes de dicho equipo carecen o al menos no adjuntaron nada que acredite algún grado de conocimiento o experiencia puntual sobre el Síndrome de Rett como para ser habilitados como voces legitimadas en el asunto. “No cualquiera es un amicus curiae”, objetó.
“Acá no hablan de un interés público comprometido, sino hablan contra la causa y piden que se valoren pruebas según sus interpretaciones. No vienen con la intención de arrojar luz sobre algunos temas, vienen a tratar de condicionar y de condicionar a ustedes”, señaló en referencia al tribunal presidido por Gustavo Bernie e integrado por Viviana Cukla y Miguel Mattos (subrogante).
Independientemente de la parte técnica-jurídica, Glinka también puso en duda el “interés real” detrás de la presentación formulada. “Solo quieren meter su cuchara trece años después. ¿Creen que les importa la imputada con una nota a destiempo? ¿Creen que les importa Belén trece años después? Hicieron todo mal apropósito. Quisieron aprovechar una causa de trascendencia pública para hacerse más conocidos para fines personales”, remató.
Por su parte, el defensor oficial Miguel Ángel Varela, que el lunes había solicitado nuevas medidas pruebas, entre ellas una “reautopsia” y una nueva testigo, que fueron rechazadas por el tribunal, pidió que no se tenga en cuenta la oposición de Glinka y se autorice el amicus curiae.
Tras los planteos, los jueces dieron por terminada la audiencia y dieron un cuarto intermedio hasta el miércoles a las 7.30 para reanudar el proceso.
Según la programación estipulada, en primer turno la imputada volverá a pasar frente al tribunal para una ampliación de declaración indagatoria y una vez culminada su deposición se iniciará la ronda de alegatos. La sentencia, en principio, se dará a conocer el jueves.
Judiciales
Juicio por la muerte de Belén: testimonios para reconstruir un caso 13 años después
El juicio para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Rocío Belén López (15), adolescente con discapacidad por una enfermedad neurodegenerativa, ingresará la semana que viene a su recta final, con el lunes y martes como últimas jornadas para la etapa de incorporación de pruebas antes de la ronda de alegatos prevista inicialmente para el jueves.
El debate oral que tiene a Mariela Andrea Ramírez (48), madre de la niña, como única imputada por “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y el resultado muerte”, comenzó el 3 de agosto y durante las primeras cuatro audiencias desarrolladas en el Tribunal Penal Uno de Posadas declararon una veintena de testigos, entre efectivos policiales, peritos forenses, médicos especialistas, familiares, vecinos y compañeros de trabajo de la acusada.
Según los estudios médicos, Belén padecía Síndrome de Rett, una enfermedad neurodegenerativa de origen genético que provoca una pérdida progresiva de las capacidades del habla, el movimiento de las manos y la coordinación motora, condición que torna al paciente incapaz de valerse por sí mismo.
Durante el transcurso del debate se pudo reconstruir que la niña residió gran parte de su vida con sus abuelos y una tía materna, quienes se encargaron de su cuidado, excepto en una temporada comprendida entre 2006 y 2007 cuando vivió junto a su madre en una casa de Itaembé Miní y otro pequeño lapso de diez días en el que regresó circunstancialmente junto a Ramírez a un inmueble del barrio Las Rosas, donde finalmente falleció el 23 de julio de 2013.
La autopsia concluyó que la muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición y deshidratación. En este juicio se intenta determinar qué circunstancias derivaron en ese trágico desenlace y qué grado de responsabilidad en el hecho pudo tener su madre.
Ramírez alega que se vio sobrepasada por la situación. Argumenta que debió afrontar el cuidado de su hija en absoluta soledad, con dificultades económicas y apremiada por obligaciones laborales. La Justicia la tiene imputada por abandono de persona y el fiscal de juicio, Vladimir Antonio Glinka, adelantó que contempla la posibilidad de ampliar la acusación a homicidio calificado por el vínculo en su modalidad por omisión al considerar que la mujer pudo haber dejado de alimentar a Belén en forma deliberada para dejarla morir.
La mujer llegó a esta instancia en libertad y bajo la representación del defensor oficial Miguel Ángel Varela, aunque dependiendo de la acusación final que eventualmente reciba hasta podría ser condenada a prisión perpetua. Eso lo decidirá, a su debido tiempo, el tribunal presidido por el magistrado Gustavo Bernie e integrado por sus pares Viviana Cukla y Miguel Mattos (subrogante).

Mariela Ramírez junto al defensor oficial Miguel Ángel Varela.
“Hice lo que pude”
En la primera audiencia, la imputada tomó la palabra y se explayó durante más de horas frente al tribunal. Contó su historia, desde su embarazo hasta la muerte de Belén. Se defendió de las acusaciones, alegó sentirse “sobrepasada” en la última etapa de su cuidado y cuestionó al Estado por la falta de asistencia.
Afirmó que, a pesar de que Belén vivía y estaba al cuidado de sus abuelos, ella nunca se “desentendió” de su hija. “Por las tardes iba siempre a la casa de mi mamá y yo le pasaba todo mi sueldo a mi papá, que era el que administraba. Por eso me busqué un segundo trabajo”, justificó.
Recordó que cuando su padre enfermó debió recibir a Belén en su casa de Itaembé Miní, donde ya vivía junto a su nueva pareja y su segunda hija. Ramírez aseguró que contrató una persona para los cuidados de la niña e indicó que tiempo después debió vender la casa por deudas, tras lo cual Belén volvió con su abuela.
“Después me separé de nuevo y ahí empezó mi caos. Ahí me comienzo a ver superada por la situación”, dijo y agregó que “días antes del hecho por el que estoy acá me llama mi mamá y me dice que tenía que ver cómo me iba a hacer cargo de Belén porque ellos necesitaban viajar a Corrientes para descansar. Yo no sabía qué hacer, estaba separaba, ganaba poco, no tenía para pagar a nadie. Mi hermana me dice que me arregle”.
Según su relató, de ahí en más la situación empeoró día a día: estaba sola, sin dinero y sin posibilidad de faltar al trabajo. Sumado a ello, aseguró que Belén comenzó a rechazar la comida: “Empecé a notar que se enojaba, noté que se estaba deprimiendo porque extrañaba a mi hermana y a mi mamá. Ese era su hogar para ella. Entonces ella empieza a trabajarme la mandíbula, a cerrar la boca y a comer menos”.
“Yo en ningún momento abandoné a mi hija. Hice lo que pude con lo que tenía”, se defendió y lo mismo repitió en una reciente entrevista con el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, organización que ahora solicitó ser parte del debate oral y aportar su perspectiva del caso como amicus curiae.
Primeros testimonios
Entre los primeros testigos que declararon ante el tribunal estuvieron agentes policiales que trabajaron el día del fallecimiento de Belén y con ellos el fiscal Glinka hizo hincapié en la escena encontrada.
Tanto el comisario retirado Carlos Adolfo Krapp como el agente Javier Olmedo describieron la habitación de la víctima como “un depósito”, con bolsas amontonadas y objetos desparramados alrededor de una cama que tampoco estaba en buenas condiciones. La misma Ramírez admitió que la cama tenía la rejilla rota y apilaba pañales abajo para compensar la cavidad.
En la segunda jornada declararon Delira Clara Aldana y Clara Argentina Ramírez, abuela y tía de la niña fallecida, respectivamente. Emocionadas, recordaron con dolor el fallecimiento de Belén. “Ella era nuestra vida y nuestros ojos. Nos llamó la atención su muerte, ella estaba bien cuando la dejamos con su mamá”, lanzó Aldana.
Aldana contó que la niña “a veces lloraba” cuando tenía que irse con la mamá y Clara admitió que fue “traumatizante” ver en qué estado murió su sobrina.
Ese mismo día estuvo el neurólogo infantil José Galeano, sobre quien el defensor Varela profundizó respecto a los síntomas, alcances y condiciones de cuidado que requiere una persona con Síndrome de Rett.
“Son dependientes 100% de un tercero para poder subsistir”, resumió y desarrolló, entre otros factores, que “el proceso de deglución, por ejemplo, es muy complejo. Alimentar a un paciente de estas características resulta muy difícil porque realmente no coordina. Hay que tener mucha paciencia y saber cómo alimentarlo”.

El fiscal Vladimir Glinka encabeza la acusación.
Las vecinas
El día más complicado para la imputada fue el miércoles, cuando entre los testigos citados estuvieron una empleada doméstica y dos vecinas que coincidieron al describir condiciones de “descuido” en que presuntamente Ramírez tenía a Belén cuando la adolescente vivía a su cargo en Itaembé Miní.
“La veíamos mucho tiempo afuera en pleno verano, descalza, solo con pañal y muerta de calor en el patio. Estaban todas las puertas cerradas y Belén afuera”, describió Hilda Margot Da Silveira.
“Un día puse una silla para ver por encima del muro y vi que estaba la nena llorando afuera, sola y en pañales en plena noche”, contó después otra testigo, Lourdes Balmaceda, quien ante esa situación decidió llamar a la línea 102 para pedir la intervención de asistentes sociales.
En esa línea también declaró Esther Leiva, una empleada doméstica que trabajó en la casa de Ramírez en aquel tiempo. “Yo fui contratada para limpiar la casa, no para cuidar a la nena. Cuando entré a la casa me encontré con ella”, dijo, contraponiendo lo dicho por la imputada en su declaración.
“La encuentro a ella con excremento por todos lados. Yo le bañaba y le daba de comer, le pedía comida a mi otra patrona o le llevaba lo que podía, bifes, huevos, fideos porque la dejaban encerrada y sin comida”, apuntó.
“Ella estaba totalmente abandonada”, definió y a pedido de las partes ahondó: “Vivía en pañales, encerrada, con música y aire. Dormía en una cama que tenía dos almohadones como colchón. A la puerta de su pieza le sacaban el picaporte para que no se pueda abrir”.

El juicio se transmite en vivo por Youtube.
El padre y las compañeras
La cuarta jornada estuvo marcada por la declaración del sindicado padre de la niña y de algunas empleadas municipales que fueron compañeras de Ramírez al momento de los hechos.
César Luis Romero fue convocado al debate como testigo a pedido de la defensa. Al hombre le atribuyen la paternidad de Belén, aunque él lo negó: “Fue mi novia hace muchos años, pero no sabía que quedó embarazada. Me enteré de eso cuando su papá le mandó una carta documento a mi papá diciéndole que ella tuvo un bebe. Mi papá contestó con otra carta documento diciendo que si era mi hijo yo me iba a hacer cargo, pero de ahí en más nunca contestaron”.
Después Romero declararon los ex compañeros de trabajo de la imputada. Sobre esos aportes ahondó el defensor Varela, buscando recabar información sobre las pautas laborales que cumplían y las condiciones económicas en las que se encontraba Ramírez en ese momento.
Entre esos testimonios, el fiscal aprovechó para recordar una declaración dada por Olga Gauto, que en la etapa de instrucción aseguró que en el sepelio de la niña Ramírez estaba “normal, sin arrepentimiento” y que pocos días después la vio “en el boliche Metrópolis”.
Marcelina Arevalos fue la última en comparecer. Ella contó que era amiga de Ramírez, que compartió “varias cenas” en su casa y vio cómo la ahora imputada “cuidaba, atendía, daba de comer y cambiaba los pañales” a Belén. También sostuvo que la mujer varias veces le comentó de sus problemas económicos e incluso le pidió dinero para comprar leche y pañales.

El tribunal es presidido por Gustavo Bernie -en el centro- e integrado por Miguel Mattos y Viviana Cukla como vocales.
Pedidos y etapa final
Antes de finalizar esa jornada, el fiscal Glinka pidió convocar a una nueva testigo: se trata de otra trabajadora municipal que en su momento administraba el sector de cajas donde la imputada trabajaba.
Si su convocatoria no es aceptada, pidió que se solicite a la Municipalidad la remisión de un informe con las novedades volcadas al legajo de Ramírez para constatar si efectivamente la mujer tramitó pedidos de licencias, como así también verificar otros aspectos que considera clave para su teoría del caso.
Ambos planteos, como así también el pedido para que la tía de la fallecida aporte como prueba una foto de Belén tomada días antes de su fallecimiento, serán resueltos por el tribunal en la audiencia del lunes.
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