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Causa Fucammi: producían aceite de cannabis e irán a juicio por narcotráfico

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Los productores del aceite de cannabis que elaboraba la Fucammi en Puerto Rico irán a juicio acusados por delitos considerados como de narcotráfico. Así lo dispuso el Juzgado Federal de Oberá que, tras un dictamen emitido el año pasado por la Cámara Federal de Apelaciones, debió dar marcha atrás en su procesamiento inicial y elevó la causa a instancia de debate oral bajo los parámetros de la Ley 27.737 de Estupefacientes.

La medida alcanza a la presidenta de Familias Usuarias del Cannabis Medicinal Misiones (Fucammi), Rosana Vier (52); a su esposo Roberto Enrique Steckler (61); y a dos empleados de la asociación, uno administrativo y otro encargado de la distribución de los productos, según pudo establecer La Voz de Misiones en base a fuentes consultadas.

Inicialmente fueron acusados por la producción y venta de medicamentos sin autorización, que preveía penas de 4 años de cárcel como máximo pero, tras un apelación de la fiscalía interviniente y un dictamen de la Cámara de Apelaciones, sus imputaciones fueron agravadas y alcanzadas por la Ley 27.737, elevando las expectativas de penas hasta los 15 años. Todos están procesados sin prisión preventiva. 

Fucammi, denuncia anónima y allanamientos

La historia de Fucammi arrancó a mediados de 2015 y, según contó la propia Vier en entrevistas periodísticas brindadas en ese momento, ella comenzó a producir aceite de cannabis con fines terapéuticos para su hermano Juan Carlos, que presentaba un cuadro de epilepsia refractaria.

A partir de ahí, observó que decenas de personas se encontraban en su misma situación y empezó a elaborar el aceite de cannabis para otras familias con distintas dolencias que no encontraban respuesta en los tratamientos tradicionales.

“Fucammi es un grupo sin fines de lucro, políticos ni religiosos, apoyando a la legalización del uso medicinal del Cannabis, para tratar diferentes enfermedades, entre ellas: Epilepsia, Epilepsia Refractaria, Alzheimer, dolores crónicos, cáncer, migraña, artritis, anorexia, esclerosis múltiples, reumatismo, depresión, glaucoma ocular, parkinson”, se presentaba la asociación en sus redes sociales por aquel entonces.

Sin embargo, todo cambió el 2 de julio de 2019, cuando una denuncia anónima desde Ciudad de Buenos Aires alertó sobre el funcionamiento de la asociación a la Policía Federal Argentina (PFA).

El caso quedó en manos de la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de Viviana Vallejos, quien dio instrucciones a la División Antidrogas Eldorado de la PFA para confirmar o descartar lo denunciado.

Así fue como los investigadores marcaron domicilios de los involucrados e interdictaron envíos a toda la provincia de los productos elaborados por Fucammi y finalmente en agosto de 2019 se ordenaron allanamientos que derivaron en la incautación de frascos con aceite, lociones, urgüentos y jabones, todos producidos a base de cannabis, además de tachos con picadura de marihuana macerándose en alcohol y 720 gramos de cogollo.

En la investigación también se determinó que los involucrados no contaban con autorizaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), ni tampoco solicitaron ser incorporados al Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis (Recann).

La historia de Fucammi se hizo conocida por la ayuda que brindaba a numerosas familias misioneras. FOTO: Archivo El Territorio.

La causa judicial 

Toda la causa quedó en manos, entonces, del Juzgado Federal de Oberá, a cargo del magistrado Alejandro Gallandat Luzuriaga, que inicialmente resolvió procesar sin prisión preventiva a los cuatro imputados por los delitos de “producción de sustancias medicinales en establecimientos no autorizados y venta sin autorización de sustancias medicinales que requieren receta médica”, previstos por los artículos 204 ter y 204 quinquies del Código Penal de la Nación, los cuales establecen penas de hasta 4 años de prisión como máximo.

Y ello dio inicio a una contienda jurídico-legal sobre el asunto. Es que la fiscal Vallejos no compartió lo resuelto y apeló la resolución al considerar que el delito en el que presuntamente incurrieron los miembros de Fucammi debían ser encuadrados bajo la Ley 27.737 de Estupefacientes, argumentando que los productos que eran comercializados por la asociación tenían “capacidad toxicomanígena” y eran “nocivos para la salud pública”, por lo cual no debían ser consideradas “medicinales”, sino estupefacientes.

Ante esta presentación, en el expediente debió intervenir la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia, cuyos magistrados analizaron el planteo y en base a los elementos recolectados resolvieron hacer lugar a la opinión de la fiscal Vallejos -sostenida a la vez por la Fiscalía General Federal-, revocando el procesamiento de primera instancia y estableciendo que los cuatro miembros de Fucammi debían ser imputados en el marco de la Ley de Estupefacientes, al igual que cualquier hecho de narcotráfico.

En ese fallo, tal como ya publicó LVM en abril de 2022, los magistrados consideran que los hechos cometidos por Vier y sus compañeros de Fucammi deben ser encuadrados por el artículo 5 de la Ley 27.737, incisos b y c, que hacen referencia a la producción, comercialización, almacenamiento y transporte de estupefacientes, figura que prevé penas que van desde los 4 hasta los 15 años de prisión.

La resolución en su momento fue publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ) y lleva las firmas de los jueces Ana Lía Cáceres de Mengoni, Mario Osvaldo Boldú y Mirta Tyden de Skanata.

Puerto Rico en su momento fue sede jornadas de cannabis medicinal.

Medicina no, droga

Entre los fundamentos de la decisión, los jueces de la cámara expusieron los resultados de las pericias químicas como elemento clave para acreditar la “aptitud toxicomanígena” de todos los productos elaborados a base de cannabis (aceite, jabones, lociones, etcétera) que fueron incautados en los diversos allanamientos realizados cuando comenzó la causa, entre 2019 y 2020.

De esas pericias se desprende que las muestras analizadas arrojaban concentraciones de THC de un mínimo de 1,2 hasta un máximo de 5,3% y los magistrados contrastaron esas conclusiones con un informe remitido por el presidente de Misiopharma S. E., que sostiene que el aceite de cannabis estandarizado y autorizado contiene THC en niveles de hasta 0,3%.

“Evidenciando que las muestras analizadas en el Informe Pericial Químico Nº 2766 excedían ampliamente los valores aceptados e imposibilita que la sustancia secuestrada sea considerada como “medicina”, arguyeron los magistrados.

En la resolución también hicieron énfasis en la escasez de controles microbiológicos en la producción (principalmente en las semillas) y a la falta de autorización legal para la fabricación de productos medicinales.

Ante todas estas argumentaciones, los magistrados de la cámara entendieron que las conductas de Vier, Steckler y el resto de los imputados debían ser calificadas como en orden a delitos vinculados a la Ley 27.737 de Estupefacientes. Es decir, como hechos de narcotráfico.

A juicio por narcotráfico

De esta manera, la Cámara revocó el procesamiento dictado en primera instancia por el juez Gallandat Luzuriaga y devolvió el expediente ordenando un nuevo pronunciamiento bajo los lineamientos recomendados.

Fue así que el magistrado no tuvo más que aceptar lo dispuesto por la instancia superior y decretar la elevación a juicio con un agravamiento en la acusación de los cuatro implicados.

Según consignaron fuentes de LVM, la resolución se firmó a fines del año pasado, tras el requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscal Vallejos, quien consideró que tanto Vier como Steckler deben responder coautores de los delitos de “producción, fabricación y comercialización”, previstos por el artículo 5 incisos b y c de la Ley 27.737, que prevé penas de entre 4 y 15 años de prisión.

Las mismas fuentes añadieron que el nuevo dictamen no recibió oposición alguna de las defensas, ante lo cual fue automática confirmada y remitida al Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, cuyas autoridades ahora deben programar fecha para la realización del debate donde se ventilará el caso.

Será en esa instancia, con los implicados en el banquillo, donde se resolverá la cuestión. “De darse será un debate con mucho para discutir y seguramente concitará la atención de muchos sectores involucrados, como así también de organizaciones pro y anti cannabis”, consideró un especialista consultado por este medio.

La causa se resolverá en debate en el Tribunal Oral Federal de Posadas.

Causas similares

Una causa similar se llevó adelante en Entre Ríos, donde un joven dueño de un grow shop fue llevado a juicio por “siembra o cultivo de plantas utilizables para producir estupefacientes” (art. 5 inc. a de la ley 23.737) y “tenencia simple de estupefacientes” (art. 14, primera parte, ley 23.737), pero finalmente en octubre de 2022 el Tribunal Oral Federal de Paraná lo sobreseyó luego que la Fiscalía considerara que no correspondía acusarlo por los delitos que le endilgaban.

En Córdoba también hubo casos parecidos que culminaron en sobreseimientos. En esa causa la Justicia de primera instancia desestimó la acusación, aunque, al igual que en el caso Fucammi, la Cámara de Apelaciones revocó ese primer dictamen.

Sin embargo, luego el caso fue analizado en casación y el tribunal superior entendió que no había delito. En la causa Fucammi, como se mencionó, las defensas no recurrieron en casación.

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Entró en vigencia el sistema acusatorio federal en Misiones

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sistema acusatorio federal

Desde este lunes 24 de agosto comenzó a regir en Misiones el sistema acusatorio previsto por el Código Procesal Penal Federal, un cambio que modifica el funcionamiento de la Justicia federal y redefine los roles de fiscales y jueces en las investigaciones penales.

La implementación alcanza a la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas y convierte a Misiones en la décima jurisdicción del país en incorporar este modelo procesal. El nuevo esquema se aplica sobre los 17 departamentos de la provincia.

El principal cambio está en la investigación de los delitos: a partir de ahora, el Ministerio Público Fiscal tendrá a su cargo la dirección de las investigaciones, mientras que los jueces dejarán de conducir la instrucción y pasarán a concentrar sus funciones en el control de las garantías y la resolución de los planteos que formulen las partes.

Fiscalía Distrito Misiones

La puesta en marcha del sistema acusatorio está acompañada por la creación de la Fiscalía de Distrito Misiones, una estructura que reemplaza el esquema anterior de fiscalías federales y generales y concentra la representación del Ministerio Público Fiscal de la Nación en toda la provincia.

El distrito estará conformado por una Unidad Fiscal con asiento en Posadas y tres sedes fiscales descentralizadas: Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú.

La fiscal general Vivian Andrea Barbosa fue designada provisoriamente como coordinadora de la Fiscalía de Distrito. Como fiscal revisora quedó la fiscal general interina Silvina Flavia Gutiérrez, mientras que el fiscal general interino Pablo Ricardo Di Loreto fue designado como reemplazante suplente.

La Unidad Fiscal Posadas tendrá competencia sobre Capital, Candelaria, Apóstoles y Concepción de la Sierra.

La sede de Oberá abarcará Cainguás, San Ignacio, Leandro N. Alem, San Javier, Libertador General San Martín, Veinticinco de Mayo, Oberá y Guaraní. Eldorado tendrá jurisdicción sobre Eldorado, Montecarlo y San Pedro, mientras que Puerto Iguazú comprenderá los departamentos Iguazú y General Manuel Belgrano.

Fiscal en lugar central

Con el nuevo modelo, el fiscal pasa a ocupar un lugar central en el proceso penal. Será quien dirija la investigación, determine las líneas de trabajo y lleve adelante la acusación, mientras que los jueces actuarán como terceros imparciales encargados de controlar que el proceso se desarrolle dentro de las reglas establecidas.

La Unidad Fiscal Posadas contará con áreas diferenciadas para Atención Inicial; Investigación y Litigio de Casos Sencillos; Investigación y Litigio de Casos Complejos; Transición; Ejecución Penal; Atención y Acompañamiento a Víctimas; y asuntos No Penales y Electorales.

En las sedes de Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú funcionarán áreas de Atención Inicial, Investigación y Litigio de Casos, Transición y No Penal.

El cambio también apunta a un proceso penal con mayor protagonismo de las audiencias orales. La Oficina Judicial tendrá un rol central en la gestión de las audiencias y en la organización de los recursos necesarios para el funcionamiento del nuevo sistema.

Salas de audiencia

La puesta en funcionamiento del sistema acusatorio también demandó una adecuación de la infraestructura judicial de la provincia.

El Consejo de la Magistratura informó que durante 2026 se realizaron obras de puesta en valor y readecuación de seis salas de audiencia y dependencias de la Oficina Judicial distribuidas en cinco edificios de la jurisdicción.

Desde este lunes, la Cámara Federal contará con seis salas operativas: una en Puerto Iguazú, una en Oberá, una en Eldorado y tres en Posadas.

Los trabajos incluyeron modificaciones en instalaciones eléctricas, colocación de equipos de aire acondicionado, pintura, detectores de humo y señalética de emergencia, entre otras tareas.

Según el Consejo de la Magistratura, la inversión destinada a infraestructura física alcanzó los $71.186.700, mientras que otros $32.590.000 fueron destinados a mobiliario. En total, las mejoras demandaron una inversión de $103.776.700.

 

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Leche Rodríguez, el tercer implicado en el caso Díaz que continúa prófugo

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Leche Rodríguez

El juicio por el asesinato a balazos del comerciante Cristian Díaz (34), del barrio Yacyretá, culminó con dos sicarios brasileños condenados a prisión perpetua, pero la causa tiene un tercer involucrado que nunca pudo ser capturado y que permanece entre las sombras.

Su nombre es Héctor Rodríguez, aunque los brasileños lo llamaron Yona en su declaración y en el expediente aparece bajo el alias de Leche. La investigación lo sindica como el hombre que recibió, hospedó y trasladó a los homicidas hacia la casa de Díaz en la madrugada que seis balazos sesgaron su vida.

Rodríguez era, también, el dueño del Fiat Duna blanco que fue la pista clave para esclarecer el crimen. El rodado fue visto en inmediaciones a la escena del crimen, fue captado en cámaras de seguridad y más tarde incautado en la casa que él mismo usaba como “búnker” en el barrio Luis Piedrabuena, misma propiedad donde los brasileños se hospedaron desde el 3 de mayo hasta el 9 de mayo, cuando pidieron un remis para ir a la terminal, donde finalmente fueron capturados.

Todo eso era lo que ya se sabía antes del juicio, pero en el transcurso del debate y, principalmente durante los alegatos desarrollados el viernes por el fiscal Vladimir Glinka, se conocieron más detalles de su relación con el hampa.

“A la víctima y a Leche Rodríguez los unía una estrecha relación previa”, precisó Glinka, que utilizó unos minutos de su exposición para repasar la declaración dada por un testigo de identidad reservada que dio pie a la hipótesis narco detrás del crimen, cuestión que no alcanzó a ser probada.

Los sindicados sicarios brasileños de Porto Alegre fueron condenados a prisión perpetua.

El testigo reservado y la hipótesis narco

Según explicó el fiscal, el testigo reservado “pernoctaba” de seguido en el búnker de Leche Rodríguez en el barrio Luis Piedrabuena y no solo que compartió momentos con los brasileños ahora condenados David Weslley De Oliveira Silva (24) y Gabriel Junior Guimaraes Da Silva (24), sino que también vio episodios previos que darían cuenta del dueño de casa y la víctima.

Según su declaración, a fines de 2021, el propio Díaz llegó al lugar y pidió que lo dejarán guardar una Fiat Fiorino al garage, pero como el testigo no estaba avisado de nada impidió que eso suceda y por lo tanto el vehículo quedó estacionado en la vereda.

A los pocos días, una patrulla del Escuadrón 50 de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) pasó por el lugar, sospechó de ese vehículo abandonado y en una breve inspección encontraron 155 kilogramos de marihuana en su interior. La carga se perdió.

El mismo testigo narró que al día siguiente Díaz volvió al lugar y al no ver la camioneta se alarmó. “Hiciste que me maten”, le reclamó, según aportó en su testimonio dado en instrucción.

Todo esto dio pie a la hipótesis narco detrás del crimen y en su momento el juez a cargo de la causa, Miguel Mattos, remitió las actuaciones a la Justicia Federal pero esa línea de investigación no prosperó.

La Fiorino con 155 kilos de marihuana fue incautada frente al “búnker” de Leche.

En el requerimiento de elevación del expediente, la fiscal Patricia Clérici también mencionó estas cuestiones y aunque no pudo dar por acreditada la teoría, sí dio por hecho que los tres involucrados actuaron en forma coordinada para dar muerte al comerciante Díaz.

Lo mismo consideró el fiscal Glinka, que en su alegato de hoy, expuso: “Es posible que lo de la Fiorino sea real, pero la pregunta acá no es si eso tuvo relación con el hecho, no interesa. La pregunta acá es quién mató a Díaz y lo cierto es que hubo un acuerdo de voluntades entre Leche y los imputados para que Díaz muera”.

De ese acuerdo voluntades planteado por el fiscal ya hay dos presos y condenados, pero resta Rodríguez, que permanece en las sombras y con un pedido de captura en su contra que sigue vigente.

Perpetua para los sicarios brasileños por el asesinato de Cristian Díaz

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Perpetua para los sicarios brasileños por el asesinato de Cristian Díaz

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Hay dos nuevos condenados a prisión perpetua en Misiones. Se trata de los brasileños David Weslley De Oliveira Silva (24) y Gabriel Junior Guimaraes Da Silva (24), quienes hoy al mediodía fueron hallados culpables del asesinato de Cristian Díaz (34), cometido el 8 de mayo de 2022 en el barrio Yacyretá de Posadas.

Los jóvenes oriundos de Porto Alegre fueron condenados como coautores del delito de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y uso de arma de fuego” y recibieron la pena de prisión perpetua, lo que equivale a 35 años de prisión efectiva, ante lo cual deberán permanecer privados de su libertad hasta 2057.

La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Dos de Posadas, integrado por los magistrados César Yaya -presidente-, Martín Rau y Gregorio Busse, quienes coincidieron parcialmente con el pedido planteado por el fiscal Vladimir Glinka, ya que eliminaron el agravante de alevosía.

Para el fiscal no hubo dudas en la coautoría del hecho. “Weslley fue el tirador, Guimaraes asistió con su presencia en el lugar y Leche dio el apoyo logístico necesario”, argumentó Glinka.

Leche se trata de Héctor Rodríguez, tercer implicado en la causa que permanece prófugo desde el día del hecho. El hombre les brindó alojamiento en un “búnker” del barrio Luis Piedrabuena y además de aportar recursos también ofició como chofer de los extranjeros, tanto en la ida como en la fuga.

David Weslley De Oliveira Silva fue quien empuñó el arma y disparó siete veces contra la víctima, según pericias que ponderó el fiscal.

“Acuerdo de voluntades”

El representante de la fiscalía apoyó su teoría en la batería de pericias balísticas y en el testimonio brindado por vecinos que ubicaron a los sospechosos en la escena.

“Esto no pasó de arrebato. Acá hubo un acuerdo de voluntades entre Leche y los imputados para que Diez muera. Cada uno sabía lo que tenía que hacer. Había un plan para que todo que impune, un plan que se pensó bien, pero que se ejecutó mal”, desarrolló Glinka.

El fiscal puso sobre el tapete que entre la víctima y Leche existía un “estrecho vínculo previo”, posiblemente relacionado a la venta de estupefacientes, aunque consideró esa hipótesis no modificaba el escenario probado.

Glinka reconstruyó que en esa madrugada del 8 de mayo, Leche trasladó en su Fiat Duna a los extranjeros hasta el kiosco que Díaz abría por las noches en el barrio Yacyretá, donde los ahora condenados atacaron a tiros a la víctima a través de la ventana.

“No había ningún riesgo para ellos. Díaz no estaba armado y estaba enrejado. En esas condiciones, Weslley apuntó y disparó con una 9 milímetros. El primer disparo pegó en un mueble. Ahí Díaz se cae y queda acostado. Weslley ingresó la mano y tiró seis veces más, todas al cuerpo”, detalló.

Para el fiscal fueron clave los resultados de pericias balística, principalmente los exámenes científicos que encontraron presencia de “residuos de disparos” en la vestimenta de ambos involucrados, como así también en el habitáculo del Fiat Duna.

Gabriel Junior Guimaraes Da Silva llegó a Misiones con Weslley, estuvo con él en la escena y fue detenido con él.

Aventura

La abogada Ramona Gómez, defensora particular de los acusados, en tanto, solicitó la absolución de ambos al considerar que la autoría del hecho no estaba probada o, en su defecto, había dudas.

De manera subsidiaria, solicitó que, en caso de que el tribunal decidiera un fallo condenatorio, aplique una sentencia acorde a un homicidio simple para Weslley, mientras que para Guimareas correspondía la absolución o una pena menor como partícipe secundario.

Gómez planteó que “todo condice más con la versión de mis asistidos que con la hipótesis del fiscal” y recordó la declaración en la que Weslley afirmó haber llegado a Posadas para visitar a una mujer que había conocido en las playas de Florianópolis, tras lo cual conocieron de casualidad de Leche y en las noches que compartieron con él fueron testigos del crimen de Díaz.

“Eran dos chicos de 20 años que ingresaron a nuestro país impulsado por la aventura de uno de ellos”, señaló la letrada en relación y agregó que los imputados “han estado en el lugar y en el momento equivocado ya que se juntaron con una persona que no gozaba de la mejor conducta”.

“Es Rodríguez la persona que podía dar explicaciones más claras sobre lo sucedido, pero no lo tenemos en esta sala”, reclamó.

Antes de oír la sentencia, los dos jóvenes dieron sus últimas palabras y coincidieron al sostener su inocencia y reclamar que sus familias esperan por ellos en Brasil.

Piden prisión perpetua para brasileños acusados de acribillar a Cristian Díaz

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