Judiciales
Causa Fucammi: producían aceite de cannabis e irán a juicio por narcotráfico
Los productores del aceite de cannabis que elaboraba la Fucammi en Puerto Rico irán a juicio acusados por delitos considerados como de narcotráfico. Así lo dispuso el Juzgado Federal de Oberá que, tras un dictamen emitido el año pasado por la Cámara Federal de Apelaciones, debió dar marcha atrás en su procesamiento inicial y elevó la causa a instancia de debate oral bajo los parámetros de la Ley 27.737 de Estupefacientes.
La medida alcanza a la presidenta de Familias Usuarias del Cannabis Medicinal Misiones (Fucammi), Rosana Vier (52); a su esposo Roberto Enrique Steckler (61); y a dos empleados de la asociación, uno administrativo y otro encargado de la distribución de los productos, según pudo establecer La Voz de Misiones en base a fuentes consultadas.
Inicialmente fueron acusados por la producción y venta de medicamentos sin autorización, que preveía penas de 4 años de cárcel como máximo pero, tras un apelación de la fiscalía interviniente y un dictamen de la Cámara de Apelaciones, sus imputaciones fueron agravadas y alcanzadas por la Ley 27.737, elevando las expectativas de penas hasta los 15 años. Todos están procesados sin prisión preventiva.
Fucammi, denuncia anónima y allanamientos
La historia de Fucammi arrancó a mediados de 2015 y, según contó la propia Vier en entrevistas periodísticas brindadas en ese momento, ella comenzó a producir aceite de cannabis con fines terapéuticos para su hermano Juan Carlos, que presentaba un cuadro de epilepsia refractaria.
A partir de ahí, observó que decenas de personas se encontraban en su misma situación y empezó a elaborar el aceite de cannabis para otras familias con distintas dolencias que no encontraban respuesta en los tratamientos tradicionales.
“Fucammi es un grupo sin fines de lucro, políticos ni religiosos, apoyando a la legalización del uso medicinal del Cannabis, para tratar diferentes enfermedades, entre ellas: Epilepsia, Epilepsia Refractaria, Alzheimer, dolores crónicos, cáncer, migraña, artritis, anorexia, esclerosis múltiples, reumatismo, depresión, glaucoma ocular, parkinson”, se presentaba la asociación en sus redes sociales por aquel entonces.
Sin embargo, todo cambió el 2 de julio de 2019, cuando una denuncia anónima desde Ciudad de Buenos Aires alertó sobre el funcionamiento de la asociación a la Policía Federal Argentina (PFA).
El caso quedó en manos de la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de Viviana Vallejos, quien dio instrucciones a la División Antidrogas Eldorado de la PFA para confirmar o descartar lo denunciado.
Así fue como los investigadores marcaron domicilios de los involucrados e interdictaron envíos a toda la provincia de los productos elaborados por Fucammi y finalmente en agosto de 2019 se ordenaron allanamientos que derivaron en la incautación de frascos con aceite, lociones, urgüentos y jabones, todos producidos a base de cannabis, además de tachos con picadura de marihuana macerándose en alcohol y 720 gramos de cogollo.
En la investigación también se determinó que los involucrados no contaban con autorizaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), ni tampoco solicitaron ser incorporados al Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis (Recann).

La historia de Fucammi se hizo conocida por la ayuda que brindaba a numerosas familias misioneras. FOTO: Archivo El Territorio.
La causa judicial
Toda la causa quedó en manos, entonces, del Juzgado Federal de Oberá, a cargo del magistrado Alejandro Gallandat Luzuriaga, que inicialmente resolvió procesar sin prisión preventiva a los cuatro imputados por los delitos de “producción de sustancias medicinales en establecimientos no autorizados y venta sin autorización de sustancias medicinales que requieren receta médica”, previstos por los artículos 204 ter y 204 quinquies del Código Penal de la Nación, los cuales establecen penas de hasta 4 años de prisión como máximo.
Y ello dio inicio a una contienda jurídico-legal sobre el asunto. Es que la fiscal Vallejos no compartió lo resuelto y apeló la resolución al considerar que el delito en el que presuntamente incurrieron los miembros de Fucammi debían ser encuadrados bajo la Ley 27.737 de Estupefacientes, argumentando que los productos que eran comercializados por la asociación tenían “capacidad toxicomanígena” y eran “nocivos para la salud pública”, por lo cual no debían ser consideradas “medicinales”, sino estupefacientes.
Ante esta presentación, en el expediente debió intervenir la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia, cuyos magistrados analizaron el planteo y en base a los elementos recolectados resolvieron hacer lugar a la opinión de la fiscal Vallejos -sostenida a la vez por la Fiscalía General Federal-, revocando el procesamiento de primera instancia y estableciendo que los cuatro miembros de Fucammi debían ser imputados en el marco de la Ley de Estupefacientes, al igual que cualquier hecho de narcotráfico.
En ese fallo, tal como ya publicó LVM en abril de 2022, los magistrados consideran que los hechos cometidos por Vier y sus compañeros de Fucammi deben ser encuadrados por el artículo 5 de la Ley 27.737, incisos b y c, que hacen referencia a la producción, comercialización, almacenamiento y transporte de estupefacientes, figura que prevé penas que van desde los 4 hasta los 15 años de prisión.
La resolución en su momento fue publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ) y lleva las firmas de los jueces Ana Lía Cáceres de Mengoni, Mario Osvaldo Boldú y Mirta Tyden de Skanata.

Puerto Rico en su momento fue sede jornadas de cannabis medicinal.
Medicina no, droga
Entre los fundamentos de la decisión, los jueces de la cámara expusieron los resultados de las pericias químicas como elemento clave para acreditar la “aptitud toxicomanígena” de todos los productos elaborados a base de cannabis (aceite, jabones, lociones, etcétera) que fueron incautados en los diversos allanamientos realizados cuando comenzó la causa, entre 2019 y 2020.
De esas pericias se desprende que las muestras analizadas arrojaban concentraciones de THC de un mínimo de 1,2 hasta un máximo de 5,3% y los magistrados contrastaron esas conclusiones con un informe remitido por el presidente de Misiopharma S. E., que sostiene que el aceite de cannabis estandarizado y autorizado contiene THC en niveles de hasta 0,3%.
“Evidenciando que las muestras analizadas en el Informe Pericial Químico Nº 2766 excedían ampliamente los valores aceptados e imposibilita que la sustancia secuestrada sea considerada como “medicina”, arguyeron los magistrados.
En la resolución también hicieron énfasis en la escasez de controles microbiológicos en la producción (principalmente en las semillas) y a la falta de autorización legal para la fabricación de productos medicinales.
Ante todas estas argumentaciones, los magistrados de la cámara entendieron que las conductas de Vier, Steckler y el resto de los imputados debían ser calificadas como en orden a delitos vinculados a la Ley 27.737 de Estupefacientes. Es decir, como hechos de narcotráfico.
A juicio por narcotráfico
De esta manera, la Cámara revocó el procesamiento dictado en primera instancia por el juez Gallandat Luzuriaga y devolvió el expediente ordenando un nuevo pronunciamiento bajo los lineamientos recomendados.
Fue así que el magistrado no tuvo más que aceptar lo dispuesto por la instancia superior y decretar la elevación a juicio con un agravamiento en la acusación de los cuatro implicados.
Según consignaron fuentes de LVM, la resolución se firmó a fines del año pasado, tras el requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscal Vallejos, quien consideró que tanto Vier como Steckler deben responder coautores de los delitos de “producción, fabricación y comercialización”, previstos por el artículo 5 incisos b y c de la Ley 27.737, que prevé penas de entre 4 y 15 años de prisión.
Las mismas fuentes añadieron que el nuevo dictamen no recibió oposición alguna de las defensas, ante lo cual fue automática confirmada y remitida al Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, cuyas autoridades ahora deben programar fecha para la realización del debate donde se ventilará el caso.
Será en esa instancia, con los implicados en el banquillo, donde se resolverá la cuestión. “De darse será un debate con mucho para discutir y seguramente concitará la atención de muchos sectores involucrados, como así también de organizaciones pro y anti cannabis”, consideró un especialista consultado por este medio.

La causa se resolverá en debate en el Tribunal Oral Federal de Posadas.
Causas similares
Una causa similar se llevó adelante en Entre Ríos, donde un joven dueño de un grow shop fue llevado a juicio por “siembra o cultivo de plantas utilizables para producir estupefacientes” (art. 5 inc. a de la ley 23.737) y “tenencia simple de estupefacientes” (art. 14, primera parte, ley 23.737), pero finalmente en octubre de 2022 el Tribunal Oral Federal de Paraná lo sobreseyó luego que la Fiscalía considerara que no correspondía acusarlo por los delitos que le endilgaban.
En Córdoba también hubo casos parecidos que culminaron en sobreseimientos. En esa causa la Justicia de primera instancia desestimó la acusación, aunque, al igual que en el caso Fucammi, la Cámara de Apelaciones revocó ese primer dictamen.
Sin embargo, luego el caso fue analizado en casación y el tribunal superior entendió que no había delito. En la causa Fucammi, como se mencionó, las defensas no recurrieron en casación.
Judiciales
Perpetua para los sicarios brasileños por el asesinato de Cristian Díaz
Hay dos nuevos condenados a prisión perpetua en Misiones. Se trata de los brasileños David Weslley De Oliveira Silva (24) y Gabriel Junior Guimaraes Da Silva (24), quienes hoy al mediodía fueron hallados culpables del asesinato de Cristian Díaz (34), cometido el 8 de mayo de 2022 en el barrio Yacyretá de Posadas.
Los jóvenes oriundos de Porto Alegre fueron condenados como coautores del delito de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y uso de arma de fuego” y recibieron la pena de prisión perpetua, lo que equivale a 35 años de prisión efectiva, ante lo cual deberán permanecer privados de su libertad hasta 2057.
La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Dos de Posadas, integrado por los magistrados César Yaya -presidente-, Martín Rau y Gregorio Busse, quienes coincidieron parcialmente con el pedido planteado por el fiscal Vladimir Glinka, ya que eliminaron el agravante de alevosía.
Para el fiscal no hubo dudas en la coautoría del hecho. “Weslley fue el tirador, Guimaraes asistió con su presencia en el lugar y Leche dio el apoyo logístico necesario”, argumentó Glinka.
Leche se trata de Héctor Rodríguez, tercer implicado en la causa que permanece prófugo desde el día del hecho. El hombre les brindó alojamiento en un “búnker” del barrio Luis Piedrabuena y además de aportar recursos también ofició como chofer de los extranjeros, tanto en la ida como en la fuga.

David Weslley De Oliveira Silva fue quien empuñó el arma y disparó siete veces contra la víctima, según pericias que ponderó el fiscal.
“Acuerdo de voluntades”
El representante de la fiscalía apoyó su teoría en la batería de pericias balísticas y en el testimonio brindado por vecinos que ubicaron a los sospechosos en la escena.
“Esto no pasó de arrebato. Acá hubo un acuerdo de voluntades entre Leche y los imputados para que Diez muera. Cada uno sabía lo que tenía que hacer. Había un plan para que todo que impune, un plan que se pensó bien, pero que se ejecutó mal”, desarrolló Glinka.
El fiscal puso sobre el tapete que entre la víctima y Leche existía un “estrecho vínculo previo”, posiblemente relacionado a la venta de estupefacientes, aunque consideró esa hipótesis no modificaba el escenario probado.
Glinka reconstruyó que en esa madrugada del 8 de mayo, Leche trasladó en su Fiat Duna a los extranjeros hasta el kiosco que Díaz abría por las noches en el barrio Yacyretá, donde los ahora condenados atacaron a tiros a la víctima a través de la ventana.
“No había ningún riesgo para ellos. Díaz no estaba armado y estaba enrejado. En esas condiciones, Weslley apuntó y disparó con una 9 milímetros. El primer disparo pegó en un mueble. Ahí Díaz se cae y queda acostado. Weslley ingresó la mano y tiró seis veces más, todas al cuerpo”, detalló.
Para el fiscal fueron clave los resultados de pericias balística, principalmente los exámenes científicos que encontraron presencia de “residuos de disparos” en la vestimenta de ambos involucrados, como así también en el habitáculo del Fiat Duna.

Gabriel Junior Guimaraes Da Silva llegó a Misiones con Weslley, estuvo con él en la escena y fue detenido con él.
Aventura
La abogada Ramona Gómez, defensora particular de los acusados, en tanto, solicitó la absolución de ambos al considerar que la autoría del hecho no estaba probada o, en su defecto, había dudas.
De manera subsidiaria, solicitó que, en caso de que el tribunal decidiera un fallo condenatorio, aplique una sentencia acorde a un homicidio simple para Weslley, mientras que para Guimareas correspondía la absolución o una pena menor como partícipe secundario.
Gómez planteó que “todo condice más con la versión de mis asistidos que con la hipótesis del fiscal” y recordó la declaración en la que Weslley afirmó haber llegado a Posadas para visitar a una mujer que había conocido en las playas de Florianópolis, tras lo cual conocieron de casualidad de Leche y en las noches que compartieron con él fueron testigos del crimen de Díaz.
“Eran dos chicos de 20 años que ingresaron a nuestro país impulsado por la aventura de uno de ellos”, señaló la letrada en relación y agregó que los imputados “han estado en el lugar y en el momento equivocado ya que se juntaron con una persona que no gozaba de la mejor conducta”.
“Es Rodríguez la persona que podía dar explicaciones más claras sobre lo sucedido, pero no lo tenemos en esta sala”, reclamó.
Antes de oír la sentencia, los dos jóvenes dieron sus últimas palabras y coincidieron al sostener su inocencia y reclamar que sus familias esperan por ellos en Brasil.
Piden prisión perpetua para brasileños acusados de acribillar a Cristian Díaz
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Piden prisión perpetua para brasileños acusados de acribillar a Cristian Díaz
En la cuarta audiencia del juicio oral, el fiscal Vladimir Glinka solicitó la pena de prisión perpetua para los dos presuntos sicarios brasileños acusados de asesinar a balazos a Cristian Díaz (34), hecho cometido el 8 de mayo de 2022 en el barrio Yacyretá de Posadas.
Para el fiscal, no hubo dudas en la participación de los extranjeros en el hecho y los acusó como coautores del delito de “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía“.
“Weslley fue el tirador, Guimaraes asistió con su presencia en el lugar y Leche dio el apoyo logístico necesario”, argumentó Glinka.
Leche se trata de Héctor Rodríguez, tercer implicado en la causa que permanece prófugo desde el día del hecho.
El representante de la fiscalía apoyó su teoría en la batería de pericias balísticas y en el testimonio brindado por vecinos que ubicaron a los sospechosos en la escena.
Ahora será el turno de alegar de Ramona Gómez, abogada defensora particular de los imputados Gabriel Junior Guimaraes Da Silva (24) y David Weslley De Olveira Silva (24).
Crimen de Díaz: de los tiros, a la pista del Duna y la captura de los brasileños
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Crimen de Díaz: de los tiros, a la pista del Duna y la captura de los brasileños
Cinco testigos declararon hoy en la tercera audiencia del juicio oral para esclarecer el crimen del kiosquero Cristian Díaz (34), hecho por el cual hay dos presuntos sicarios brasileños sentados en el banquillo de los acusados, y la etapa de incorporación de pruebas culminará mañana, tras lo cual se dará inicio a la ronda de alegatos.
Entre los testigos del día estuvieron Celeste Soto, viuda de Díaz, como así también una vecina, un taxista y dos comisarios que intervinieron en la pesquisa que permitió dar con los ahora imputados Gabriel Junior Guimaraes Da Silva (24) y David Weslley De Olveira Silva (24), quienes enfrentan una acusación por “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
Soto fue la primera en pasar a la sala de debates del Tribunal Penal Dos de Posadas y ante los magistrados contó que en la madrugada del hecho ella estaba mirando tele mientras su marido atendía el kiosco que tenían en su casa ubicada en la chacra 94 del barrio Yacyretá.
La viuda señaló que, si bien no alcanzó a ver nadie, sí escuchó que poco antes del ataque oyó que su marido “estaba hablando como en broma en portugués”. Al mismo tiempo, negó que clientes brasileños hayan ido a su comercio días antes del crimen como afirmaron los sospechosos en sus declaraciones dada en instrucción.
En segundo turno declaró Patricia Galeano, una de las vecinas que llegó a aportar datos que fueron clave para la detención de los extranjeros. “Yo ya estaba en mi casa y escuché los tiros. Después vi que dos personas pasaron corriendo y se subieron a un auto blanco”, recordó.

El Duna blanco con luces rotas fue captado por cámaras del 911 y más tarde localizado en el barrio Luis Piedrabuena.
El Duna y el “búnker”
Ese auto se trataba de un Fiat Duna blanco, con luces rotas tanto adelante como atrás, detalles particulares que permitieron ubicarlo en cámaras de seguridad y llegar hasta una casa del barrio Luis Piedrabuena donde los presuntos sicarios se alojaron cinco días del ataque.
Sobre ese mismo punto fueron interrogados los comisarios Oscar Sánchez y Antonio Comes. El primero de ellos era jefe de la comisaría Sexta, dependencia donde Guimaraes Da Silva estuvo preso inicialmente y se hizo viral por un video filmado desde su celda, episodio que derivó en el desplazamiento de la cúpula.
Sánchez recordó como jefe de la seccional arribó a la escena del hecho y participó de la primera toma de testimoniales con vecinos del barrio, instancia en la que le comentaron que después de los tiros vieron a dos personas correr del lugar y describieron que “uno era más bajito y el otro más alto”, contexturas que coinciden con los imputados.
Comes, ex jefe de la Dirección Homicidios, por su parte, resaltó que el dato del Fiat Duna blanco fue trascendental. Gracias a la descripción del vehículo, agentes del 911 lograron ubicarlo cruzando la avenida Quaranta en dirección hacia el barrio Luis Piedrabuena, donde tras un seguimiento encubierto descubrieron el momento exacto en que los sospechosos tomaron un taxi en dirección a la terminal.
“Estaban en una casa que era conocida como un búnker por los vecinos. Era un inmueble de dos plantas, semiabandonado”, describió Comes en referencia a la propiedad que pertenecía a Héctor Rodríguez, alias Leche, sindicado como el hombre que hospedó y ejerció como chofer de los presuntos de sicarios con su Fiat Duna.
“Lo seguí en mi auto y en la terminal los identificamos. Ahí quedaron detenidos. El más alto de ellos estaba más nervioso”, recordó Comes sobre la detención de los sospechosos, quienes ya tenían un pasaje rumbo a Santo Tomé para desde ahí regresar a su país.

El debate se realiza en el Tribunal Penal Dos de Posadas.
Cierre y alegatos
Como ocurrió en la primera audiencia, el fiscal Vladimir Glinka y la defensora particular Ramona Gómez acordaron desistir de tres testigos que estaban citados, entre ellos uno de identidad reservada.
Para mañana, en tanto, queda pendiente la recepción de los dos últimos testimonios. Se trata de una pareja que residía en el barrio Yacyretá pero que hoy no comparecieron y a pedido del tribunal se profundizará en la localización de ambos para llevarlos a declarar. Después de ello se dará inicio a la ronda de alegatos.
El debate se realiza en el TP Dos de Posadas, bajo la presidencia del magistrado César Yaya y el acompañamiento de Martín Rau y Gregorio Busse como vocales.
Cristian Díaz fue acribillado en la madrugada del 8 de mayo de 2022. Sus asesinos se presentaron en su kiosco de bebidas y lo ejecutaron de seis balazos. Uno de los proyectiles quedó alojado en su cerebro.
Los imputados admiten su presencia en la escena del hecho, pero niegan el crimen. En una declaración dada en instrucción, Weslley De Olveira Silva sostuvo que ellos fueron a comprar bebidas y en el kiosco había otra persona que abrió fuego contra la víctima.
Si bien no llegó a acreditarse, una hipótesis del caso es que detrás del crimen hay trasfondo vinculado al narcotráfico y que los ciudadanos oriundos de Porto Alegre son asesinos a sueldo que pertenecen a la organización criminal brasileña Bala Na Cara.
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