Judiciales
Caso D’Amico: penas de 24 y 20 años de prisión para principales acusados

Los principales acusados por el homicidio del preventista cárnico Nicolás Junior D’Amico (35), ultimado a fierrazos en un abasto de Oberá y luego incinerado dentro de su auto en cercanías a Leandro N. Alem, fueron condenados a 24 y 20 años prisión, mientras que los restantes mientras que otros cuatro imputados recibieron penas de entre 4 y 1 años de cárcel.
La sentencia fue dictada esta tarde por el Tribunal Penal Uno de Oberá y las mayores penas alcanzan a Diego Ramón Benegas (40) y Jonathan Emanuel “Yoni” Gutiérrez (31), quienes recibieron 24 y 20 años de prisión, respectivamente, tras ser declarados autores del delito de homicidio simple. Habían llegado a debate acusados de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y en concurso premeditado de agentes”, que contemplaba prisión perpetua.
Por su parte, Gustavo Germán Benegas (36) y Diego Orlando Gutiérrez (33) -hermanos de los primeros- recibieron penas de 5 años de cárcel y a Gustavo Ramón García (33) se le impuso una condena de 4 años de prisión. Todos fueron considerados partícipes secundarios del mismo delito.
Contra estos cinco imputados el tribunal dispuso la revocación del beneficio de excarcelación que gozaban y fueron detenidos dentro dentro del recinto judicial para luego ser trasladados a la Unidad Penal II de Oberá, donde deberán purgar las penas establecidas.
Sobre los restantes dos acusados que llegaron a juicio, Guillermo Andrés Burkiewicz recibió 1 años de prisión en suspenso por haber entregado un arma de fuego a Benegas, considerado “ilegítimo usuario” por no tener permiso de portación, en tanto que el ex policía Sebastián Rockenbach fue absuelto por el beneficio de la duda, según consignó El Territorio.
El fallo, dictado por los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Jorge Villalba, no se ajustó a lo solicitado por el fiscal Elías Bys y por la querella encabezada por el letrado Claudio Katiz, quienes habían pedido penas de prisión perpetua.
La pesquisa trazada, con intervención determinante del personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic), estableció que el 21 de octubre de 2015 D’Amico fue ultimado a fierrazos dentro del abasto La Rueda de Oberá y posteriormente su cuerpo fue trasladado en su Volkswagen Bora hasta El Chatón, donde fue rociado con combustible e incinerado.
La principal sospecha es que Diego Benegas y Jonathan Gutiérrez fueron quienes propinaron la golpiza mortal, con el objetivo de evadir una deuda de 350.000 pesos que la víctima pretendía cobrar como empleado de un frigorífico bonaerense.
El resto de los implicados quedaron bajo la lupa por colaborar tanto en el traslado del cadáver como en limpiar el escenario del crimen, aunque las pericias de la Saic de igual manera permitieron reconstruir lo sucedido.
FOTO: El Territorio
Judiciales
Un policía será juzgado por la muerte de Luciano Villalba en un operativo

El Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem, a cargo de la magistrada Selva Raquel Zuetta, dispuso la elevación a juicio del expediente que investiga a cuatro agentes policiales que en 2019 participaron de un procedimiento en el barrio La Cantera de Apóstoles que culminó un muerto y un herido.
El uniformado más comprometido es Alan Daniel Chupiak, quien está imputado por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma y por el carácter de funcionario público”, en perjuicio de un joven identificado como Luciano Villalba (18). Esta acusación prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser declarado culpable.
Los demás involucrados son Milton Bernabé Escobar, Gerardo Germán Escobar y Daniel Elías Pereyra, quienes están acusados por “abuso de autoridad y lesiones agravadas” cometidas contra Ramón “Chueco” Piris, hermano del fallecido.
Al momento del hecho, todos ellos cumplían funciones en diferentes seccionales dependientes de la Unidad Regional VII y hasta junio figuraban como agentes activos, según la planilla de uniformados que el Tribunal Electoral tachó del padrón para las elecciones provinciales, medida que después fue revertida.
Tras el dictamen emitido por la magistrada Zuetta, el expediente fue remitido al Tribunal Penal Uno de Posadas, cuyas autoridades ahora deberán programar una fecha acorde a su calendario para la realización del debate oral donde se juzgará la responsabilidad de cada uno de los involucrados en los hechos investigados.

El procedimiento que resultó con un muerto y un fallecido ocurrió el 5 de diciembre de 2019 en el barrio La Cantera de Apóstoles.
Operativo y muerte
El hecho que se ventilará en juicio ocurrió el 5 de diciembre de 2019, año que tuvo otros dos casos de violencia institucional: el asesinato de Víctor Márquez Dos Santos (17) en Santa Ana; y la persecución y muerte de Reinaldo Andrade (37) en El Soberbio, causa que ya fue a juicio y culminó con un policía condenado a prisión perpetua.
Aquel 5 de diciembre a la madrugada una serie de patrulleros acudieron al barrio La Cantera de Apóstoles a raíz de un presunto hurto de motocicleta y el objetivo era detener a Chueco Piris, pero los familiares del implicado intentaron entorpecer el procedimiento.
En ese contexto, se produjeron corridas, forcejeos, pedradas y disparos. Uno de esos proyectiles calibre 9 milímetros alcanzó a Luciano Villalba, hermano de Piris. El balazo le perforó un pulmón y le desagarró el corazón, provocándole la muerte en el acto.
Después de ello, el magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, dispuso la detención de los cuatro uniformados que participaron del operativo y el secuestro de las armas reglamentarias de cada uno de ellos para los correspondientes estudios balísticos.
A la espera de esos resultados y en medio de movilizaciones a favor de los policías en Apóstoles, los cuatro involucrados recuperaron la libertad.
En el transcurso de la causa, finalmente el juez Faría se apartó del caso y el expediente quedó en manos del Juzgado de Instrucción Cinco de Alem, donde se culminó la etapa investigativa.
Judiciales
Grooming en Garupá: uno de los policías se defendió y pidió la excarcelación

El sargento Mario Enrique M. (43), uno de los dos policías detenidos en la causa que investiga delitos de grooming en perjuicio de una niña de 12 años que se encontraba cautiva en una fábrica abandonada de Garupá, aceptó declarar ante la Justicia este sábado y se dijo absolutamente inocente, desligándose de los hechos y negando conocer a los demás involucrados.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, al momento de comparecer ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Uno por subrogancia legal, el uniformado tomó la decisión de declarar y brindó su versión de los hechos, descartando su participación en el hecho investigado.
Las fuentes de este medio señalaron que en el desarrollo de su declaración el sargento afirmó que el domingo 12 de octubre, día en que se reporta la desaparición de las niñas del hogar Papa Francisco y en que presuntamente son trasladadas al galpón de Garupá, él estuvo todo el día en su casa junto a su familia dado que estaba de franco.
Agregó que al día siguiente se presentó a trabajar normalmente en la oficina del 911 en el microcentro posadeño y más tarde cumplió adicional en la planta de una reconocida empresa de lácteos en Garupá, de donde afirmó no moverse en ningún momento. Solicitó que se revisen cámaras de seguridad para que se coteje su relato.
Al día siguiente, ya martes, día en que se produjo el rescate de la niña, el uniformado llevó su auto al taller y llegó un poco más tarde a su trabajo con autorización de la Jefatura. Poco después terminó siendo detenido y en esa condición continúa, aunque su defensa legal, encabezada por el letrado Nicolás Emanuel Zayas, solicitó la excarcelación, lo cual podría resolverse en los próximos días.
Más implicados
En paralelo, la investigación continuará su curso. Este sábado también comparecieron ante el juez Monte los otros cuatro implicados que fueron detenidos el martes pasado. Ellos son Pedro G. (37), Eugenio A. (63), Samuel N. (63) y Matías C. (19).
Los tres primeros fueron capturados en el interior de la fábrica abandonada de la ex firma Envasadora Misionera, donde también fue encontrada y rescatada la niña de 12 años que estaba desaparecida desde el domingo. El restante implicado trabaja en una gomería de la zona y se cree que él tuvo alojada en ese lugar a la otra menor que logró escapar para llegar a la comisaría Quinta pidiendo auxilio.
La causa tiene un sexto implicado. Se trata de Cristian Rolando M. (38), otro agente de la Policía de Misiones que está sospechado de cometer hechos de abuso contra la misma niña.
El sargento fue detenido el viernes a la madrugada, cuando se entregó en el antiguo edificio de la seccional Quinta de Garupá. Su indagatoria fue programada para el lunes.
Todas las capturas se dieron gracias a un trabajo articulado entre la propia fuerza provincial y la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), con coordinación conjunta entre el procurador general Carlos Giménez, el juez Juan Manuel Monte, el fiscal de Ciberdelitos Juan Pablo Espeche y el subjefe de la Saic Juan Pablo Vedoya Recio.
Detienen a otro policía en investigación por caso de grooming en Garupá
Judiciales
Indagan este viernes a los cinco detenidos por la niña cautiva en Garupá

Los cinco hombres, entre ellos un suboficial de la Policía, que el martes a la mañana fueron detenidos en el marco de una investigación que comenzó por grooming y que derivó en el rescate de una niña de 12 años cautiva en el galpón de una fábrica abandonada de Garupá, comparecerán ante la Justicia este viernes.
Las audiencias de declaración indagatoria se desarrollarán en el Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, donde deberán comparecer ante el magistrado Juan Manuel Monte, actualmente titular de esa dependencia por subrogancia legal.
Hasta allí serán trasladados uno a uno los cinco sospechosos detenidos. Ellos son Pedro G. (37), Eugenio A. (63), Samuel N. (63), Matías C. (19) y Mario M. (43), quienes en principio afrontan acusaciones por grooming, aunque no se descarta que la imputación sume delitos mayores, dependiendo de lo que resulte de los estudios y pericias encomendadas a realizar.
Ante el juez Monte, todos tendrán la posibilidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y sin que ese silencio signifique presunción de culpabilidad.
Los primeros tres sujetos mencionados fueron arrestados en la fábrica abandonada donde también fue encontrada y rescatada la niña de 12 años que estaba desaparecida desde el domingo anterior, tras ausentarse del hogar Papa Francisco en compañía de otra niña de 13 que había logrado escapar de una gomería cercana para llegar hasta la comisaría Quinta en busca de ayuda.
Todo ocurrió en el predio de la ex firma Envasadora Misionera, ubicada en el barrio Ñu Porá de Garupá, donde los investigadores llegaron a partir de los datos aportados por la primera niña auxiliada y tareas de geolocalización.

Así estaba acondicionado el interior del galpón donde fue encontrada la niña desaparecida.
El operativo se activó de inmediato, a tal punto que los primeros investigadores en llegar al predio se arriesgaron a ingresar sin esperar el apoyo de personal táctico para evitar que los sospechosos se fugaran.
Según describieron voceros del procedimiento, al llegar se encontraron con un portón cerrado con cadena y candado, y desde adentro la primera reacción fue entorpecer la acción policial, ante lo cual los presentes decidieron irrumpir.
Allí dieron con los tres primeros arrestados y en el lugar también encontraron a la niña desaparecida. La menor estaba semidormida -se investiga si era producto de algún somnífero o estupefaciente- sobre una cama, tapada con una manta y en compañía de uno de los implicados.
Pero el operativo no acabó ahí. Otro grupo se dirigió hacia la gomería de donde escapó la primera niña. Allí arrestaron al sospechoso de 19 años y en simultáneo otra comitiva arribó a la oficina del 911, en pleno microcentro posadeño, donde esposaron al suboficial de 43 años involucrado. En principio, se especula con que el uniformado obtuvo o buscaba fines sexuales con la menor cautiva.
Fuentes consultadas por La Voz de Misiones indicaron que la trama comenzó días antes, cuando una tercera adolescente del mismo hogar fue contactada a través de Instagram por un adulto que se hizo pasar por menor de edad y la convenció de escaparse para ir a dormir a otro lugar.

Así el estaba el resto del predio donde anteriormente funcionó la ex Envasadora Misionera.
La invitación se extendió hacia las otras dos menores, quienes finalmente lograron fugarse del hogar a pesar de la custodia y de esa forma cayeron en la trampa que, se presume, tenía fines de abuso y explotación sexual en ese predio abandonado y sórdido descubierto el martes a la mañana.
Los investigadores ahora aguardan por el resultado de varios estudios. En principio determinar si existen signos de abuso en las niñas y lo que pueda aparecer mediante el peritaje de aparatos telefónicos y el análisis de cuentas en redes sociales que fueron preservadas ante la volatilidad de la prueba digital.
El operativo general fue coordinado de manera conjunta por el procurador general Carlos Giménez, el magistrado Juan Manuel Monte y el fiscal de Ciberdelitos Juan Pablo Espeche, quienes presenciaron y supervisaron las labores de rescate.
En el procedimiento participaron agentes de la comisaría Quinta, de la División Investigaciones de la Unidad Regional X y personal especializado de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), bajo directivas del subjefe Juan Pablo Vedoya Recio, que también estuvo en el lugar.

El juez Monte, el fiscal Espeche y el subjefe de Saic Vedoya Recio, supervisaron las labores.
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