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Cámara Federal revoca amparo de funcionarios despedidos de la EBY

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La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, rechazó el amparo de funcionarios desvinculados de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), tras el recambio de gobierno y la asunción de la nueva plana ejecutiva de la empresa hidroeléctrica argentino–paraguaya.

En un fallo firmado ayer, la Cámara revocó lo resuelto en primera instancia por el juez Correccional y de Menores, César Jiménez, a comienzos de mayo, que dio lugar al amparo interpuesto por un grupo de 22 funcionarios despedidos, y ordenaba su inmediata reincorporación a la EBY.

Tras la apelación de la binacional, el recurso se elevó a la Cámara Federal, que rechazó una a una todas las incidencias planteadas por los demandantes y le dio la razón a la EBY.

El amparo estaba impulsado por Carlos Nahuel Ifrán, que se desempeñaba en el área de Prensa y Comunicación de la Entidad, y entre el grupo se destacaba Efraín Fernando Samudio, ex jefe del Departamento de Obras Complementarias (DOC) y pareja de la ex diputada nacional kirchnerista, Cristina Brítez; además de los ex funcionarios Gastón Alejandro Douton, Lorenzo Darío Martos, Lionel José Dahir, Paula Sánchez, Víctor Hugo Méndez, Gustavo Aníbal Charón, Paula Jimena Simonte, Sebastián Elizathe, Sergio René Roko, José Gabriel Stevenson, Cynthia Verónica Citadini Pirelli, Adrián Marcelo Bellone, Diego Rodolfo Sesnic, Adriel Rodrigo Padin, Diego Hernán Sánchez, Natalia Laura García, Regina Larregui, Santiago Uriarte, María Verónica Muriel, y María Victoria Cazarre.

En la medida cautelar, el grupo de ex funcionarios alegaba figuras jurídicas como el “peligro en la demora”, que refiere al interés por disipar un temor de daño inminente; los “recaudos de admisibilidad” o el “derecho a litigar sin costos”, y el denominado “derecho alimentario”, que refiere a las garantías para la propia supervivencia.

Sobre este último punto, la Cámara dictaminó que la sentencia del juzgado de primera instancia, “resulta arbitraria, constituyendo ello otro agravio de esta parte; pues los actores tienen a su disposición en sus cuentas bancarias denunciadas oportunamente ante la EBY las indemnizaciones correspondientes a su despido ajustado a derecho, indemnizaciones que cumplen cabalmente con la cuestión alimentaria introducida por el A quo”.

El fallo agrega que “los actores cuentan con sumas equivalentes a varios meses de sueldo, según antigüedad y demás particularidades de cada caso, lo cual echa por tierra la cuestión alimentaria invocada como sustento de  la medida cautelar dictada”.

Finalmente, la Cámara “advierte la clara inexistencia de los presupuestos procesales necesarios, no solo para el otorgamiento de las cautelares genéricas, sino también el incumplimiento de los recaudos específicos exigidos por la Ley 26.854, máxime teniéndose presente que la misma ha sido dispuesta inaudita parte y sin informe previo, todo lo cual debió extremar los recaudos de admisibilidad, – previstos por los arts. 13 v 14 de la norma para conceder la cautelar innovativa en crisis”.

Hasta abril, la EBY había despedido a más de 100 funcionarios de sus tres sedes: Posadas, Ituzaingó y Buenos Aires, la mayoría de planta permanente, y todos ingresados a partir de enero de 2019, tras la asunción de Alberto Fernández.

Estancieros correntinos

La medida cautelar rechazada el lunes por la Cámara Federal, es uno de los varios amparos contra la EBY de quienes fueron desvinculados tras el cambio de administración, entre los que aparecen los promovidos por dos estancieros correntinos, familiares del ex senador del Partido Justicialista (PJ), empresario de medios y ganadero de la vecina provincia, José Rodolfo Martínez Llano.

Se trata de Aitor Zugasti y Juan Delio Martínez Llano, que revestían como funcionarios de la EBY en la categoría A6 y fueron despedidos el 11 y 15 de abril pasados, a través de las resoluciones 27.325 y 27.353, respectivamente.

Ambos, son sobrinos del político y ganadero correntino y en la acción contra la Entidad, que se tramita en el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas, están representados por su tío.

El recurso del abogado Martínez Llano, se fundamenta en términos muy parecidos a los alegados por el grupo de funcionarios cuyo amparo fue rechazado por las camaristas Mirta Delia Tyden, Ana Lía Cáceres de Mengoni y Verónica Susana Zapata.

Martínez Llano, presenta la documentación por la cual sus sobrinos fueron nombrados en la planta permanente de la EBY, en 2019 y 2022, firmadas por los directores ejecutivos de la entidad de entonces, tanto de la margen argentina como paraguaya.

Asimismo, solicita la inconstitucionalidad de la normativa aplicada, derogue las resoluciones contra sus parientes, ordene la reincorporación de ambos en sus puestos y el pago de los salarios caídos desde que fueron despedidos.

Entre sus alegatos, el político correntino apela también al “derecho alimentario”, y señala que sus sobrinos se encuentran desempleados, en una “situación de extrema necesidad personal y familiar”.

Sin embargo, en el escrito de 44 páginas, Martínez Llano declara como domicilio de sus sobrinos la estancia “El Cármen del Itaembé”, ubicada apenas pasando el Arco que marca el límite provincial, ya en territorio correntino, y que tiene a ambos como parte de la administración.

El establecimiento posee miles de hectáreas y comparte la cría de ganado bovino y porcino, y de caballos cuarto de milla, con la actividad turística, con paseos guiados por un bosque de azahares muy comentado por visitantes que dejaron sus impresiones en internet.

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Prisión perpetua para Remskij por estrangular y arrojar a la basura a su madre

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Alfredo Rafael Remskij (30) firmó un acuerdo de juicio abreviado este lunes a la mañana, minutos antes del inicio del debate oral que estaba programado en el Tribunal Penal Dos de Posadas, y fue condenado a la pena de prisión perpetua por el asesinato de su madre Dominga Huzy, cometido en 2017 en Apóstoles.

El acuerdo llevó la rúbrica del acusado, de su abogado defensor Fausto Vergara y del fiscal Vladimir Glinka. En el documento, Remskij admitió la autoría del crimen y aceptó ser condenado a perpetua, que equivale a 35 años de prisión efectiva.

La ex pareja de Remskij, Mayra Dutra, había llegado hasta este instancia imputada por “encubrimiento”, pero resultó sobreseída. Estaba acompañada por el defensor oficial Marcelo Ozuna.

El acuerdo alcanzado entre las partes posteriormente fue aceptado por los magistrados César Yaya, Gregorio Busse y Marcela Leiva (subrogante), quienes transformaron el acta en sentencia.

Dominga Huzy era madre de dos hijos.

Estrangulada y arrojada al basural

El crimen que aún conmociona a Apóstoles se descubrió el domingo 10 de septiembre de 2017, cuando dos personas revolvían cosas en el basural y al estirar de un cable descubrieron un cadáver envuelto en mantas.

La víctima allí fue identificada como Dominga Isabel Huzy, separada, madre de dos hijos y residiendo en ese entonces en una vivienda ubicada sobre la calle Moreno, en pleno centro de la ciudad.

Con el correr de las horas los investigadores posaron la lupa sobre Rafael, uno de sus hijos, quien tenía antecedentes de violencia contra ella y quien los días previos al descubrimiento del asesinato había desparramado por el barrio la versión de que su mamá se había mudado a Virasoro, Corrientes.

El devenir de la investigación lo acorraló aún más. Cámaras de seguridad dispuestas en varios puntos de la ciudad detectaron que entre el sábado y domingo el muchacho utilizó el camión pluma de su padre para trasladar todas las pertenencias de su madre hasta el basural.

En uno de esos viajes, también habría llevado el cuerpo de Huzy y una prueba de ello es que en el camión se halló una cadenita de la mujer.

La autopsia estableció que la víctima murió por un estrangulamiento y la principal hipótesis es que el crimen fue cometido para quedarse con la vivienda de Huzy.

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Chofer de micro y su esposa, condenados por llevar 20.655 pastillas de éxtasis

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La operatoria estaba coordinada. Él manejaba y ella llevaba la mercadería. Pero no iban en auto, ni tampoco transportaban nada legal. Iban en un colectivo de larga distancia conducido por el hombre, mientras la mujer iba como pasajera junto a varios bolsos que contenían más de 20.000 pastillas de éxtasis.

Él se llama Gustavo Eden Rodríguez (45), es chofer de colectivos, nació y vive en Puerto Iguazú. Su esposa es Marisa María Almada (31), bonaerense, aunque compartiendo domicilio con su marido hace varios años. Ambos ahora también comparten condena por  narcotráfico.

Todo comenzó el 29 de marzo de 2023, cuando en Paso de los Libres (Corrientes) la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) controló un micro larga de distancia que cumplía el recorrido Puerto Iguazú-Retiro (Buenos Aires).

Los uniformados constataron que Almada, una de las pasajeras, transportaba una serie de bolsos que llamaron la atención y ante la sospecha de una posible maniobra de narcotráfico decidieron bajarla del colectivo para efectuar una requisa más exhaustiva y liberaron el micro para que pueda continuar viaje.

Los gendarmes acertaron, porque descubrieron que la mujer efectivamente trasladaba sustancias ilegales, más precisamente 20.655 comprimidos de MDMA (éxtasis), en diferentes variantes, algunas con el sello de Kit Kat, además de 4 kilogramos de crack.

Almada fue inmediatamente detenida y los investigadores decidieron extender la pesquisa con el objetivo de dar con más involucrados en el ardid. La sorpresa fue que en esa labor descubrieron que su marido era, ni más ni menos, que el chofer que ese mismo día conducía el micro que se detuvo en el control.

Se realizaron tareas de vigilancia, labores de seguimiento y, fundamentalmente, pericias telefónicas, trabajo que permitió establecer que efectivamente el matrimonio orquestó el traslado de la mercadería ilícita.

Según reconstruyeron, antes de emprender el viaje la pareja pasó la noche en Posadas, donde se sospecha que obtuvieron la mercancía y recién allí partieron hacia Buenos Aires. Mientras lo hacía, Rodríguez alertaba su Almada sobre los puestos de control próximos, pero no pudieron sortear el de Paso de los Libres.

El colectivero fue detenido durante un operativo ejecutado el 20 de junio de ese mismo año y desde ese entonces enfrentan una causa federal por el delito de transporte de estupefacientes.

Dicho expediente fue tramitado ante el Juzgado Federal de Paso de los Libres, que luego elevó a debate oral la causa y ahora ambos admitieron su responsabilidad en el hecho al firmar un acuerdo de juicio de abreviado.

La pareja fue condenada a 5 años y 6 meses de prisión.


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Gitano acusado de homicidio se negó a declarar y fue trasladado a una cárcel

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Sebastián Jonás Jesús Marcos (19), el gitano detenido desde anoche por el asesinato del Daniel Jesús Traico (24) -integrante de la misma comunidad-, se abstuvo de declarar esta mañana ante la Justicia, fue imputado por homicidio y continuará el avance de la causa alojado en una unidad penal.

El joven fue trasladado a primeras horas de este jueves hasta el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, donde debía comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Juan Manuel Monte.

Según detallaron las fuentes de La Voz de Misiones, el implicado designó abogado defensor oficial y luego de cumplimentar ese trámite optó por abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho.

En la misma audiencia fue notificado de las pruebas que hasta el momento obran en su contra y fue imputado por el delito de “homicidio simple”, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Por razones de seguridad, culminado los trámites de rigor, las autoridades judiciales intervinientes dispusieron que Marcos sea alojado en una unidad penal de la provincia para preservar su integridad y evitar cualquier clase de ataque, represalia o episodio de violencia en su contra.

Prácticamente acorralado por los agentes que estaban en su búsqueda y persuadido también por su propio padre, el implicado se entregó anoche ante la Policía tras permanecer una semana prófugo.

Crimen y venganza

El crimen de Traico se registró el 29 de enero. El joven fue atropellado intencionalmente mientras cruzaba la colectora de la avenida Quaranta, en cercanías a la estación de transferencia y de su casa.

La víctima fue arrollada por un automóvil Peugeot 308 que era conducido por Marcos, ahora detenido e imputado por homicidio.

Después del hecho, Traico fue trasladado de urgencia al hospital Madariaga, aunque desafortunadamente falleció horas después como consecuencia de las graves lesiones sufridas. Su deceso desató una cacería por parte de sus familiares, quienes esa misma mañana incendiaron dos viviendas relacionadas a los Marcos.

“Hay más casas para incendiar si no meten presos al acusado. Si nadie hace nada vamos a hacer justicia por mano propia. Una casa, un auto, se recupera. Una vida no”, habían amenazado ese mismo día y es por ello que tanto la Justicia como la Policía extrema medidas seguridad en torno al caso.

En su denuncia, la familia de la víctima acusó un homicidio planificado, con varios actores más involucrados, a quienes apuntan como encubridores. En ese marco, el día siguiente al crimen fueron detenidos otros dos jóvenes de la misma comunidad, quienes en las próximas horas podrían ser excarcelados y continuar el proceso en libertad dado que el principal sospechoso ya se encuentra tras las rejas.

Homicidio entre gitanos y casas incendiadas por venganza en Posadas


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