El Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas rechazó esta mañana todas las nulidades planteadas por las defensas de los cuatro aduaneros que llegaron a juicio por una causa de coimas en el puente internacional Posadas-Encarnación y programó la próxima audiencia para el 27 de mayo, instancia en la que los imputados tendrán la oportunidad de declarar.

Tras culminar la lectura de los documentos del plexo probatorio que restaban, las partes procedieron al planteo de cuestiones preliminares y las defensas desarrollaron diversos pedidos, aunque ninguno prosperó.

El primero en tomar la palabra fue el letrado Ramón Camargo, en representación de los aduaneros Orlando Ariel Alfonso (56) y Lorenzo René Juárez (67). Ambos están imputados por “asociación ilícita en concurso ideal con los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho, en calidad de coautores”, aunque el primero también afronta otra causa por “contrabando de importación agravado por la intervención de un funcionario aduanero”.

En ese otro expediente está involucrado Miguel Ángel Jara, quien en 2017 fue detenido tras cruzar el puente al mando de un vehículo repleto de mercadería de contrabando y ya reconoció su culpabilidad al acogerse a un acuerdo de juicio abreviado con la fiscalía, aunque su homologación por parte del tribunal depende de cómo avance el juicio en proceso.

Ambas cuestiones fueron atacadas por el abogado Camargo, quien pidió la nulidad de la conexicidad de ambas causas en un solo juicio y también la nulidad del acuerdo firmado entre Jara y la fiscalía. 

Para el letrado, la incorporación de ese otro expediente en este juicio podría vulnerar el “principio de imparcialidad” en los magistrados del tribunal ya que podría “generar elementos de convicción” previo a dictar sentencia, consideración al cual adhirieron sus colegas.

Luis Palma, por su parte, defensor particular de Francisco Antonio Llorente (64), sumó otro planteo y solicitó declarar la nulidad del dictamen por el cual se ordenaron las escuchas telefónicas que permitieron develar el esquema de corrupción que reinaba en el puente e identificar a los involucrados en el ardid.

Lo mismo pidió Roberto Benítez, abogado del cuarto imputado, Bernardino Castor Esquivel (51), quien añadió que la medida se ejecutó sin los fundamentos necesarios y viola “el derecho a la privacidad de las personas”.

Tanto la fiscal Vivian Barbosa, como la querellante particular por Arca (ex Afip) Rossana Sienra, se opusieron a todos los planteos y requirieron al tribunal no hacer lugar a nada, lo cual finalmente fue la resolución adoptada por los jueces Gustavo Cardozo, Manuel Alberto Jesús Moreira y Enrique Bosch.

Después de comunicar el dictamen, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo martes 27 de mayo, instancia en la cual los imputados tendrán la posibilidad de declarar ante las partes.

Contrabando en clave futbolera: los chats entre paseros y aduaneros

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El Tribunal Penal Uno de Oberá condenó esta mañana a 15 años de prisión a un hombre acusado de un abuso sexual perpetrado en contra de una hijastra con discapacidad que residía con él en Campo Grande.

El hombre, identificado como Félix Eduardo Fernández, llegó a juicio imputado en una causa que se inició el 21 de enero de 2023, tras ser denunciado por violar a su hijastra de 17 años.

Según indicaron las fuentes, la víctima padece un grado de retraso moderado e hipoacusia, cuadro bajo el cual requiere de atención de permanente y se encuentra imposibilitada de consentir libremente una relación sexual.

Durante el juicio declararon como testigos cinco personas, entre ellas la madre de la víctima y denunciante del hecho, como así también una vecina, una maestra integradora y una psicopedagoga.

Tras escuchar sus testigos, las partes dieron inicio a la ronda de alegatos, donde el fiscal Elías Bys solicitó una pena de 18 años de cárcel para el acusado, mientras que el abogado defensor solicitó la absolución de Fernández o en forma subsidiaria una condena por abuso sexual simple.

Finalmente, tras un cuarto intermedio para deliberar, el tribunal conformado por los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Erasmo Villalba (subrogante) decidieron condenar al imputado a 15 años de prisión como autor del delito de “abuso sexual con acceso carnal calificado por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con la víctima menor de 18 años”, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.

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Tras más de cinco años de investigación y en el marco de un proceso judicial que se extendió más de la cuenta por las reiteradas evasivas al llamado a declaración indagatoria del imputado, finalmente este martes se dictó el procesamiento del ex fiscal federal general Rubén González Glaría (70) por un total de seis hechos delictivos presuntamente cometidos mientras ocupaba el mayor cargo jerárquico del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación en Misiones.

Si bien la medida dictaminada es sin prisión preventiva, atento a su avanzada edad y a su estado de salud, si incluye un embargo por 10 millones de pesos y una prohibición de salida del país en su contra, según pudo averiguar La Voz de Misiones.

Las mismas fuentes precisaron que el procesamiento de González Glaría se resolvió esta mañana y lleva la firma del juez federal José Luis Casals, quien interviene en el expediente por subrogancia legal.

En su dictamen, Casals consideró que existen los elementos suficientes para dar por acreditado seis hechos o conductas delictivas que le endilgaban al ex fiscal: exigencia de parte del sueldo a funcionaria a su cargo; amenazas a dos funcionarios judiciales; incumplimiento de las tareas asignadas como subrogante; utilización particular de un vehículo asignado para uso oficial; ejercicio de funciones correspondientes a otro cargo, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, todo ello con en carácter de autor, con el agravante de haber sido cometido mediante violencia de género y en concurso real.

A su vez, la medida dispone el sobreseimiento del procesado en relación a los hechos vinculados a malversación de caudales públicos, violación de secreto y amenazas y extorsión.

Proceso judicial

González Glaría se desempeñó como el jefe de todos los fiscales federales de Misiones desde su designación en 1993 hasta su renuncia en septiembre 2024, en medio de constantes citaciones a declaración indagatoria y luego de un pedido de desafuero formulado en su contra.

La investigación en su contra fue impulsada por el fiscal Pablo Turano, de la Procuración General de la Nación, a partir de una serie de denuncias que arrancaron en 2019 y que se multiplicaron con el correr de los meses posteriores.

Entre otras cosas, el ahora ex fiscal está acusado de solicitar dos tercios del sueldo a una funcionaria judicial desde 2008 hasta 2012, de hacer uso particular de una camioneta entregada como depositario judicial y destinada para uso oficial de la Fiscalía General y de emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.

La primera vez que fue citado a prestar declaración indagatoria fue en noviembre de 2021 y a partir de ahí su sucedieron otros siete llamados, pero evitó todos a partir de certificados médicos o recursos judiciales defensivos que retrasaron el avance del expediente. En el medio hubo juntas médicas, apelaciones y hasta pedidos de recusamiento contra el juez Casals.

La audiencia clave finalmente se concretó en octubre de 2024, dos meses después del pedido de desafuero en su contra y un mes después de la presentación de su renuncia, la cual fue aceptada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial de la Nación con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.

González Glaría compareció a la indagatoria de manera telemática y se abstuvo de declarar. La única vez que habló sobre las acusaciones en su contra fue durante una entrevista concedida a La Voz de Misiones en febrero de 2022.

En esa ocasión, el funcionario acusado afirmó que todas las acusaciones en su contra consistían en una “conspiración” armada con el objetivo de quedarse con el cargo de que ocupaba hacía casi dos décadas.

“A mí me nombran en 1993 y la primera denuncia de que no soy intachable fue en el año 2018 o 2019. Con la cantidad de años y expedientes que pasaron, nunca jamás nadie me acusó ni de que lo miré feo y, de golpe y porrazo, aparecen todas estas denuncias”, sostuvo, entre otras cuestiones, en esa exclusiva entrevista a este medio.

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