Policiales
Imputaron a la dueña de los pitbulls que atacaron al ladrón dentro de su casa
El asaltante fue atacado por dos perros pitbull cuando se metió a robar en una casa de Los Polvorines. Le amputaron una pierna.
BUENOS AIRES. “Tenía un perro, está permitido, hay que pasearlo con correa y con bozal, eso sí. Pero en tu casa, sin nada. No es un tigre de bengala”.
La figura planteada por una importante fuente judicial alcanza y sobra para entender que parece insólita la imputación que aún pesa sobre la dueña de dos perros que atacaron a un ladrón en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, provocándole la amputación de una de sus piernas y otras lesiones importantes.
Para la mujer, “lesiones graves culposas”, un delito que prevé una sanción de seis meses a dos años de prisión (Art. 91 del Código Penal). Para el ladrón, “violación de domicilio”, con una condena similar. Y allí se instala la cuestión y la polémica. “Es un exceso de garantismo”, agrega la fuente.
En en el hecho, ocurrido durante la madrugada del sábado, un hombre sufrió la amputación de una pierna y otras heridas graves luego de ser atacado por dos perros pitbull cuando se metió en una casa de la calle Senillosa al 400. Los vecinos llamaron al 911 al escuchar ladridos y los gritos de dolor del hombre.
El intruso apareció casi desnudo, ya que los perros le desgarraron la ropa, y presentaba lesiones en varias regiones de su cuerpo, como la cabeza, los brazos y, en especial, en la pantorrilla de la pierna izquierda, que luego le fue amputada. El herido fue trasladado en ambulancia al Hospital de Trauma de Malvinas Argentinas.
El subsecretario de Seguridad del municipio de Malvinas Argentinas, Jorge Cancio, dijo que desde la dependencia van a asesorar jurídicamente a la dueña de los perros ya que cree desmedido que la Justicia la haya imputado cuando, según su punto de vista, “todo indica que los perros actuaron porque este hombre entró con fines de robo”.
La causa fue tramitada al inicio por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 23 descentralizada de Malvinas Argentinas, pero luego las actuaciones fueron giradas a la UFI 4 de San Martín de Delitos Culposos.
“No habría que imputar a la mujer, no hay delito. Lo que deberían analizar es qué acto imprudente cometió la mujer para que se le impute un delito. Un acto doloso no es, no tuvo la intención de lastimar a nadie. Debería ser legítima defensa para ella”, detalla la fuente.
Para dejar más en claro aún la discutible imputación, este funcionario judicial plantea el escenario al revés: “Ella podría estar imputada si ve a los ladrones, los deja encerrados en un patio y le suelta los perros, sin que ella esté bajo peligro. ¿Se entiende? Hay otro concepto judicial que también debe considerarse. La autopuesta en peligro de la víctima, en el caso del delincuente. Yo tengo un deber con ese perro pero cede cuando la otra persona, en este caso el ladrón, eleva su nivel de riesgo”.
“Creemos que no es justo que la mujer termine imputada en una causa penal cuando, por lo que se está averiguando, todo indica que el hombre entró a cometer algún robo en la propiedad. La vamos a defender desde la subsecretaría”, confirmó, por su parte, Cancio.
Las idas y vueltas, los detalles finos, los grises, las distintas líneas de pensamiento… todo cabe en la cara injusta de la Justicia.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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