Judiciales
Etapa culmine en el juicio por el caso Irma: el lunes alegatos y sentencia

Tras oírse el testimonio de una treintena de testigos, del juicio oral por el femicidio de Irma Ferreyra Da Rocha (47), registrado en diciembre de 2016 en Garupá, ingresó a su etapa culmine y las audiencias se retomarán el lunes con la ronda de alegatos de las partes y posible sentencia.
Las testimoniales acabaron esta mañana, tras la declaración de los últimos tres testigos que estaban citados a comparecer ante el Tribunal Penal Uno de Posadas, a cargo de los magistrados Viviana Cukla, Ángel Dejesús Cardozo y César Yaya -subrogante-. Otras dos declaraciones serán incorporadas por lectura en la próxima audiencia.
De esta manera, la etapa de incorporación de pruebas culminará con la declaración de un total de 32 testigos, entre vecinos, policías, peritos en criminalística, médicos, psicólogos, bioquímicos y familiares tanto de la víctima como del único acusado, Alejandro Guillermo “Porteño” Esteche (34), quien afronta una acusación que el lunes puede conducirlo a una pena de prisión perpetua.
El debate comenzó el 16 de agosto con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa, instancia en la cual la Fiscalía de Instrucción Siete, a cargo de Patricia Clérici, consideró que Esteche debía ser juzgado como autor del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, seguido de muerte” cometido en perjuicio de Irma Ferreyra, quien el 18 de diciembre de 2016 falleció tras 30 de agonía por las graves lesiones internas sufridas al ser golpeada y ultrajada sexualmente con la rama de un árbol en un baldío de Garupá luego de asistir a una fiesta en la que conoció al imputado.

Esteche decidió declarar ante el Tribunal Penal Uno en la primera audiencia de debate.
Ese mismo día declaró Porteño Esteche y frente a los magistrados admitió haberse retirado de esa fiesta junto a Irma, aunque negó haber tenido contacto sexual con Irma argumentando que ambos estaban “muy alcoholizados”.
La versión dada por el imputado varió en relación a lo declarado días después de ser detenido cuando fue llevado a audiencia indagatoria. En aquella ocasión negó haber abusado de Irma, indicando que el hecho consistió en “relaciones sexuales consentidas” pero “extremas”.
En relación a ello, en el presente juicio Esteche manifestó que en la instancia previa se autoincriminó por golpizas y presiones recibidas de parte de los uniformados policiales que lo llevaron detenido a la Comisaría Quinta de Garupá.
Ubicado en la escena
Tras su declaración, el debate continuó y en la segunda jornada declararon las dos personas que en la noche del hecho auxiliaron a Irma malherida en un baldío próximo al túnel peatonal ubicado debajo de la autovía de la ruta nacional 12 y en inmediaciones a la calle 246 y la avenida Alberto Roth.

El fiscal Martín Rau y el defensor particular Edgardo Cabrera observando imágenes de la escena del hecho en un celular.
Esos testigos fueron el ex prefecturiano Lucas Frutos y su novia en ese momento Sonia Poterala. Ambos ubicaron a Esteche en la escena del hecho y lo identificaron como la persona que esa noche vieron salir del baldío donde la mujer fue hallada en estado agonizante y gimiendo de dolor.
Además, los dos describieron que el hombre que vieron esa noche vestía una chomba azul con figuras blancas en el estampado, bermuda blanca y zapatos blancos, vestimenta coincidente con las prendas que Esteche llevaba puesta en esa fiesta de fin de año.
La primera intervención
En la tercera audiencia fue el turno de declarar de los primeros efectivos policiales que intervinieron en la escena. Uno de ellos fue Jorge Rivero, que al momento del hecho era jefe de la Comisaría Quinta.
El uniformado recordó que se entrevistó con Irma malherida, quien en medio de gestos y gritos de dolor, alcanzó a brindar algunos datos que orientaron la posterior pesquisa.
Según el testigo, en esas circunstancias Irma describió a su agresor como un hombre alto, delgado, de entre 25 y 30 años, vestido de remera oscura y bermuda blanca. La víctima allí también alcanzó a decir que “ahí hicimos bien, después él me pegó, me agarró del cuello y me desmayé. Cuando me desperté estaba muy dolorida, con algo incrustado en el cuerpo”.

Esteche y su abogado defensor, Edgardo Cabrera.
Rivero también indicó “le pregunté si le conocía (al agresor) y me dijo que sí, que ‘siempre está en el lavadero MyM y aparentemente es familiar de los dueños. No me supo decir más nada”.
Esteche trabajaba en ese lavadero, que era propiedad de la familia de Verónica Otazu -su pareja en ese momento-, quienes le alquilaban el predio a Hugo Martínez, un hombre que al principio de la investigación fue demorado como sospechoso pero recuperó su libertad cuando el ahora imputado apareció en escena y las pruebas lo dejaron comprometido con el caso.
Martínez declaró hoy. Aseguró el día del hecho estaba de viaje y recién volvió a Garupá en horas de la noche. Otros testigos declararon que el hombre no estuvo presente en la fiesta y el propio organizador del evento, Raúl Bareiro, aseguró que en un horario coincidente a la hora del hecho vio a Martínez tomando cerveza en un kiosco de la zona.
La agonía de Irma
En la cuarta jornada declararon los profesionales médicos que atendieron y operaron a la víctima en el Madariaga, quienes ratificaron que Irma falleció como consecuencia de una infección generalizada provocada por las desgarradores lesiones internas que provocó la rama incrustada en su cuerpo durante el ultraje sexual. El deceso de la mujer se produjo después de 30 horas internada.

Mabel Ferreyra Da Rocha, hermana de la víctima, dio uno de los testimonios más dramáticos del debate.
“Me acerqué al hospital y ahí encontré algo que no se lo deseo a nadie. Ni a un animal se le hace algo así. Fue lo peor que vi en mi vida. Me quedó un trauma de por vida. Ya desde afuera de la sala se escuchaba como mi hermana gemía de dolor (…) Le pregunté mil veces quién fue, pero nunca me respondió. Sólo preguntaba por su hijo. Ya estaba con la mirada perdida. Sentía vergüenza e impotencia por la humillación que sufrió. Sólo le caían lágrimas”, describió Mabel Ferreyra Da Rocha, hermana de la víctima, cuando le tocó declarar.
Lesiones en las manos
En la segunda semana del debate, se destacaron las declaraciones vertidas por un efectivo que prestaba servicios para la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic) y una médica policial que trabajaba en la Comisaría Quinta, quienes coincidieron en señalar que Esteche presentaba lesiones en ambas manos al momento de ingresar a la seccional como detenido.
Tanto Héctor Giménez como Liliana Benítez describieron que el imputado tenía “escoriaciones en la palma de la mano derecha y en el dorso de la mano izquierda”, lo cual llamó la atención de los uniformados intervinientes y por ello decidieron dejarlo asentado en un certificado médico firmado ese 18 de diciembre de 2016, un día y medio después del ataque sufrido por Irma Ferreyra.
Pedido de falso testimonio
En la sexta audiencia del juicio, realizada el último martes, declararon otros cinco testigos, entre ellos Elizabeth González, hermana de Esteche, contra quien el fiscal Martín Rau pidió investigar por la posible comisión del delito de falso testimonio.
Rau argumentó que su pedido se basó en las contradicciones que detectó en las declaraciones vertidas por la mujer a lo largo del proceso. “Los dichos de hoy (por el martes) ni siquiera son similares a las de otras oportunidades”, apuntó el fiscal y reforzó su postura al mencionar que la testigo “ha variado completamente sus dichos, pero no sólo de ella, sino de otros testigos”.

El fiscal Rau y la testigo González durante su testimonial brindada el martes.
Uno de los puntos de mayor discusión fue cuando González contó que su ex pareja -Facundo Uboldi- fue llevado a la comisaría el mismo día de la detención de Esteche y, según ella, el hombre fue encerrado en un lugar oscuro donde recibió amenazas e intimidaciones de parte de policías para autoincriminarse.
Incluso, la testigo señaló que mientras eso sucedía intercambió mensajes con Uboldi, ante lo cual el fiscal Rau intervino y apuntó que en las pericias telefónicas esa conversión es “inexistente”. Un día antes, cuando la ex pareja de la mujer declaró por videoconferencia, tampoco hizo referencia a ninguna situación de apremios.
Rau también cuestionó que en la instrucción González declaró haber recriminado a Esteche por no haber ido a dormir a su casa esa madrugada posterior al hecho investigado, mientras que en el juicio negó haber existido “discusión” alguna entre ambos.
En otro tramo de su declaración, la testigo aseguró que el juez que llevó adelante la investigación del caso, Carlos Giménez, hoy miembro del Tribunal Penal Dos de Posadas, la maltrató durante un allanamiento en su casa e incluso la amenazó respecto a la tenencia de sus hijos en caso de no colaborar con la investigación.
Allí intervino el César Yaya, uno de los magistrados del tribunal que lleva adelante el debate, quien preguntó a la testigo si en su momento denunció todo lo que estaba declarando ahora y González respondió que no.

El Tribunal es presidido por la magistrada Viviana Cukla e integrado por sus pares César Yaya -a la izquierda- y Ángel Dejesús Cardozo.
Con todos estos testimonios recolectados e incorporados como elementos de prueba al proceso, el debate oral pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes, cuando se dará lugar a la ronda de alegatos.
En esa instancia, tanto el fiscal Rau, como el defensor particular, Edgardo Cabrera, deberán exponer sus conclusiones finales y efectuar sus pedidos al tribunal, cuyos magistrados luego tendrán que tomar una decisión. Se estima que la sentencia sea dictada ese mismo día.
Judiciales
Perito repasó indicios que contradicen teoría de un robo en el caso Elsa Díaz

El juicio oral contra Nelson Orlando De Menes (51), imputado de asesinar a su propia madre Elsa Díaz (70), continuó esta mañana en el Tribunal Penal Uno de Posadas con la declaración de seis testigos, entre ellos el de una licenciada en criminalística que encabezó las pericias en la escena del hecho y repasó en forma detallada cada uno de los indicios que contradijeron la teoría de un robo esbozada por el encartado apenas se descubrió el crimen.
Andrea Strocen Schelske es el nombre de la licenciada que aquel 10 de febrero de 2019 estaba de turno la División Criminalística de la Unidad Regional X y cuya intervención podría ser una de las claves para resolver la causa que tiene a De Menes acusado por “homicidio agravado por el vínculo”, delito que prevé una pena de prisión perpetua.
La profesional fue la tercera testigo en declarar esta mañana ante el tribunal integrado por los magistrados Viviana Cukla -presidente-, Gustavo Bernie y Miguel Ángel Faría -subrogante-.
Strocen Schelske explicó que su función fue “la búsqueda de indicios” y explicó que su manera de trabajar consiste en comenzar por el exterior y dejar el “núcleo crítico” del hecho para lo último, a fin de preservar lo máximo posible las condiciones del escenario a estudiar.
Bajo esa premisa, su intención era empezar el trabajo por el depósito ubicado en el fondo de la propiedad, pero se vio impedida de hacerlo porque De Menes afirmaba desconocer el paradero de la llave que permitía el ingreso al lugar. “Me acuerdo que me llegué a enojar porque no podía ser que no se encuentre la llave”, afirmó y admitió que hasta pensó en forzar la entrada.

La perito Strocen Schelske fue el testimonio destacado de la jornada.
Ante esa situación, decidió avanzar con su trabajo en la vivienda. “Apenas entramos vimos una billetera con efectivo sobre la mesa. Eso me llamó la atención porque estábamos ante una posible escena de robo como dijo el hombre, que había dicho que robaron una tele y una garrafa”, adelantó la perito y continuó: “No había violencia en ningún acceso a la vivienda. El lugar además estaba muy ordenado y limpio”.
Un elemento importante en la pesquisa es la presencia de una serie de pisadas de barro que tuvieron compatibilidad con una zapatilla del acusado. En ese punto, Strocen Schelske se apoyó en un plano del inmueble y con el dedo índice acompañó el recorrido trazado a partir de las huellas relevadas.
La mujer detalló que las improntas comenzaban bajo una ventana de la misma habitación donde Díaz fue asesinada de un garrotazo en la cabeza mientras dormía y avanzaban primero hacia el hall y luego hacia una salida que se dirige al depósito, lugar que horas después arrojaría más indicios que derivaron en la detención del acusado ese mismo día.
La perito especificó que las labores dentro de la vivienda comenzaron a las 8 de la mañana y recordó que recién a las 5 de la tarde pudieron encontrar la llave de acceso al depósito.
“Las llaves estaban en un tacho con agua y ropa. Creo que por cansancio las terminó entregando y él mismo abrió el depósito”, dijo en relación al imputado.
“Cuando ingresamos encontramos muchas cosas encimadas y en un momento cuando cambio la mirada veo una zapatilla, la tele y la garrafa. Esas zapatillas después pusimos al lado de la huella y el tamaño coincidían”, ahondó la licenciada, que además indicó que la segunda puerta del depósito estaba obstruida desde adentro con herramientas, chapas y otros objetos.
En otro punto de su declaración también se refirió sobre las condiciones en las que se encontraba el cuerpo de Díaz y precisó que el cadáver estaba sobre la cama tendida, cuya parte posterior presentaba vestigios de sangre.
En un momento, el fiscal Martín Rau se apoyó en la declaración del acusado y consultó con la perito si en la escena había “olor a sangre”, a lo que la testigo respondió que no.

Orlando De Menes está detenido desde 2019 y puede ser condenado a perpetua.
Casa impecable
En la continuidad de la jornada también declararon Carolina Rojas y su esposo Néstor Fabián Lemes, quienes residían frente a la casa de la víctima y a quienes el acusado acudió esa mañana para alertar sobre el fallecimiento de su madre.
“Él llegó diciendo que su mamá había fallecido, que la habían matado, que le habían robado la tele y una garrafa”, coincidió al recordar la pareja, que además de vecinos son agentes policiales.
Rojas incluso entró el inmueble y constató el pulso de la mujer para confirmar el deceso. “Me acuerdo que entré a la casa y nunca había visto una casa tan impecable. Ella estaba como dormidita. No había olor a nada. Ella estaba fría ya”, describió.
Los siguientes en enterarse de la situación fueron Rogelio Díaz, hermano de la víctima, y su esposa Carmen Docarmo, quienes fueron desde Santa Ana avisados del hecho por De Menes.
“Nos llamó diciendo que mi hermana quería hablar conmigo. Cuando llegamos nos encontramos con todos los efectivos. Él lloraba y decía eso, que habían matado a la mamá”, contó Rogelio.
También señaló que “él era un muchacho bueno. Le ayudaba mucho a la mamá, le cocinaba, le lavaba la ropa, limpiaba la casa. A mi me extrañó mucho lo que pasó”.

Los jueces Bernie y Cukla observando documentos de la causa.
El debate oral continuará mañana con la declaración de más peritos, agentes policiales y médicos forenses.
El crimen de Elsa Díaz se registró entre las 21 del 9 de febrero y las 8 del 10 de febrero de 2019 en su casa del barrio 2 de Febrero de Candelaria. La mujer murió como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico provocado con un objeto contundente.
En la primera jornada De Menes aceptó declarar y se declaró inocente.
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Judiciales
Suspenden inicio del juicio contra los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez

El Juzgado en lo Correccional y de Menores Uno de Posadas suspendió el inicio del juicio contra los docentes y sindicalistas, Leandro Sánchez y Mónica Gurina, acusados por “desobediencia judicial” y “obstrucción del libre tránsito”, que estaba previsto que comience el miércoles 15 de octubre.
La resolución judicial se enmarca en pedidos de la defensa de los acusados, a cargo de Eduardo Paredes, y diferentes organizaciones sociales para que el debate se realice en el Salón de Usos Múltiples del Superior Tribunal de Justicia (STJ) a fin de garantizar el mayor aforo.
“Déjese sin efecto la audiencia de debate oportunamente fijada, a fin de dar trámite a lo peticionado y garantizar las condiciones para la correcta realización del juicio”, resolvió el juzgado interviniente y notificó a la defensa de los docentes.
El secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (Utem), Sánchez, y la secretaria General de la CTA -Misiones, Gurina, son acusados por la Justicia misionera por “desobediencia judicial” y “obstrucción del libre tránsito” durante la protesta multisectorial llevada a cabo sobre la avenida Uruguay de Posadas, entre mayo y junio del 2024.
Cabe mencionar que los docentes y sindicalistas que participan de las movilizaciones de la educación expusieron el último lunes en el Congreso de la Nación para reclamar por su “absolución” en la causa y sostienen que se trata de una “criminalización” de la protesta.
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Judiciales
Rechazan apartar al juez que investiga al intendente de Colonia Polana

A dos semanas de la suspensión de la indagatoria al intendente de Colonia Polana, Raúl Francisco Núñez, investigado en una causa por “usurpación y amenazas” contra los hermanos Germán y Julio Llanos, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores rechazó un recurso defensivo y ratificó la continuidad del magistrado Roberto Sena, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, al frente del expediente.
El camino hasta llegar a esta instancia comenzó con un planteo de recusación en el que Ángel Raúl Gauto, abogado defensor del jefe comunal, acusaba al juez Sena de “pronunciamiento o prejuzgamiento dictado”, solicitud que el propio magistrado rechazó en primera instancia.
Después de ello, la defensa decidió apelar esa primera resolución y la cuestión pasó a la Cámara de Apelaciones, donde el primero en emitir opinión fue el fiscal Andrés Poujade, tal como publicó La Voz de Misiones.
En su dictamen, Poujade había considerado que “corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto”, ya que -a su entender- “la recusación articulada carece de cualquier sustento, pues no se condice con los motivos dispuestos por los arts. 48 y conc. de la ley XIV Nro. 13”.
A su vez, calificó como “jurídicamente inaceptable” el intento por apartar de la causa al juez Sena.
Tras la vista fiscal, el caso pasó a análisis de los magistrados del órgano de revisión judicial, quienes finalmente este martes decidieron rechazar el planteo defensivo.
El voto principal correspondió a la magistrada Marisa Ruth Dilaccio, quien consideró que la situación planteada “no puede ser tomada como prejuzgamiento, ya que la intervención del juez en el presente proceso se debió al cumplimiento de sus deberes jurisdiccionales y constitucionales y de ningún modo autorizan la recusación basada en la causal indicada por la defensa recurrente”.
En tanto, sobre la recusación señaló que “no encuadra en el supuesto del art. 48 inc. a) de la Ley XIV Nº 13, como asimismo en ninguno de los demás supuestos que contempla la norma citada por la defensa recurrente”.
A lo que agregó: “Los argumentos de la parte recusante en abono de su pretensión recusatoria resultan inconducentes e insuficientes al propósito de corroborar la causal de prejuzgamiento alegada”.
Y concluye: “Los motivos esgrimidos por la defensa recusante carecen de entidad para generar temor de parcialidad respecto de la actuación del juez de grado y no se advierte sustento objetivo que conduzca a poner en jaque la garantía de ser juzgado por un juez o tribunal imparcial“.
Por su parte, el vocal José Alberto López adhirió al voto planteado por Dilaccio previamente, compartiendo los argumentos allí expuestos.
De esta manera, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la Provincia de Misiones resolvió no hacer lugar a la apelación presentada por Gauto.
Citaciones y causas
Núñez fue citado en diciembre pasado en el marco de la causa que lo investiga por “usurpación y amenazas” contra los hermanos Llanos, momento en que se negó a declarar. Luego, el 19 de septiembre el recurso de apelación interpuesto anuló la indagatoria.
En este expediente Núñez es señalado como el actor principal detrás de la usurpación de 107 hectáreas en sucesión, a nombre de Julio César Llanos (padre).
Por otro lado, aún queda pendiente la resolución de otro caso vinculado al anterior por “falsificación de instrumento público”, en relación al boleto de compraventa con el cual el mandatario local habría iniciado la maniobra fraudulenta.
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