Policiales
Embarazada peleó con su pareja y murió: “No se quemó sola, tenía el cuello lastimado”
Angélica Soledad Cardozo, de 36 años, murió en el hospital Madariaga de Posadas el pasado 16 de marzo, luego de ser trasladada desde el Samic de Eldorado por graves quemaduras en su cuerpo.
La mujer, que era oriunda de San Pedro, estaba embarazada de tres meses y, además, era mamá de tres chicos más, de 14, 16 y 17 años.
Según el testimonio de su pareja, Sergio De Lima, de 39 años, tras una discusión que mantenían en la casa donde vivían juntos , el pasado 13 de marzo, Angélica se roció con alcohol y luego se prendió fuego. Durante el incidente, el adolescente de 14 años se encontraba durmiendo en su pieza.
Según declaró ante la Policía, el cónyuge de la víctima habría intentado socorrerla, tras lo cual terminó quemado en el 35% de su cuerpo.
“Mi sobrina tenía todo el cuello lastimado”
A casi un mes del hecho, la tía de la joven fallecida, Olinda Cardozo, asegura que su sobrina no tenía motivos para tomar la decisión de suicidarse. Incluso, la mujer argumenta que la joven, además de las quemaduras, tenía marcas en su cuello, como de ahorcamiento.
En diálogo con La Voz de Misiones, Olinda dijo: “Ese día que la llevaron al hospital, yo fui con ella, la tenía que acompañar al hospital de Eldorado porque ella estaba toda quemada y de ahí fue trasladada al Madariaga en Posadas y yo me fui también con ella”.
La mujer relató los últimos momentos de su sobrina, a quien acompañó hasta su fallecimiento: “Vi cómo estaba quemada, yo firmé todos los partes médicos. Según los doctores, Angélica no se quemó sola, fue quemada acostada, me dijeron, de la cintura para arriba, no tenía toda la espalda quemada, tenía parte de su espalda hasta la panza”, dijo a LVM.
“A mí personalmente no me queda claro, el hombre tiene la pierna derecha quemada, la mano derecha, la pierna que puso arriba de ella”, relató y sentenció: “Además, mi sobrina tenía todo el cuello lastimado, aparte de las quemaduras, como si alguien estuvo sobre ella apretándole el cuello”.
En este sentido, la tía reclamó: “Yo quiero que eso se investigue”, enfatizó y pidió que avance la investigación llevada a cabo en el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del juez Gerardo Casco.
En esa línea, Cardozo explicó: “Los que la llegaron a socorrer fueron el papá y el hermano. Cuando ellos llegaron, el señor De Lima estaba parado en la puerta y mi sobrina se estaba quemando en el piso, alejada del sillón. El sillón estaba quemado sólo por abajo y ella estaba en el medio de la casa”.
La mujer recordó que Angélica “tenía un embarazo de tres meses y lo perdió a raíz de las quemaduras, porque se quemó todo por dentro, porque tenía alcohol ingerido por garganta y vía respiratoria y se quemó todo el tórax, estómago, todo quemado; era imposible vivir con esas quemaduras”.
“Ella no quería morir”
La muerte de Angélica Cardozo aún es materia de investigación para la Justicia misionera y, a casi un mes de su fallecimiento, su tía pide que se esclarezca lo sucedido: “Ella no quería morir, yo escuche cómo gritaba dentro del hospital que no quería morir, mientras sufría de tanto dolor, y después la sedaron porque estaba demasiado quemada”, remarcó.
Además, relató que “el domingo anterior de aquella semana, yo fui a verla y ella estaba muy triste. Ella había tenido una pelea con él la noche anterior por una plata que había perdido. Mi sobrina hace un año más o menos estaba con De Lima, yo no lo conocía, pero mi familia sí, porque yo vivo en Buenos Aires”.
“No sé nada sobre él, por comentarios que fui escuchando, porque me pidieron testigos que declaren en la Comisaría, el hombre es muy agresivo. Pero hasta ahora no se hizo nada, yo hice denuncias. Al señor le dieron el alta y la investigación no avanzó en nada”, dijo Olinda a La Voz de Misiones.
Luego de la muerte de Angélica en el nosocomio de la capital provincial, su hija de 17 años obtuvo el permiso del juzgado para vivir sola en la casa de su madre, mientras que sus hermanos quedaron bajo la custodia de su padre, producto de una relación anterior de la joven de 36 años.
Olinda sostuvo que “la verdad tenemos miedo, porque la hija de mi sobrina, de 17 años, vive en la casa que era de su mamá y este hombre sigue mandando mensaje a los vecinos preguntando cómo está la casa y por los animales que tenían, si alguien ve algo, como que todo está bien, él nunca habla de la muerta de Angélica, lo único que dice que ella se prendió fuego sola”, señaló la mujer sobre el accionar del concubino de su sobrina.
Asimismo, la mujer agregó que “la hija de mi sobrina tiene mucho miedo de que él vuelva porque es violento, muy malo, inclusive ella se tuvo que ir de la casa porque peleaba mucho con su mamá. Además, él no le dejaba hacer nada a Angélica, ni visitarle a mi mamá, que la crio, porque ella vivió con nosotros desde muy chiquita, y se tenía que escapar de la casa para verla”.
Testigo clave
El 13 de marzo, cuando ocurrieron los hechos en la vivienda de Angélica, el adolescente de 14 años se encontraba durmiendo en su habitación, según declaró el mismo Sergio De Lima en ese momento.
Por ello, el menor sería sometido a una Cámara Gesell con el fin de esclarecer la muerte de su madre.
En esa línea, Olinda Cardozo comentó que “el papá de los chicos vino estos días a buscarme y me contó que el nene, de 14 años le había contado a él que una vez, una semana antes de lo que sucedió, la pareja se había peleado y la mamá dijo que se iba a ir de la casa y este señor De Lima le respondió: ‘Antes de que vos te vayas, te voy a prender fuego con alcohol y te voy a matar, porque no te vas a ir’; eso escuchó el nene una semana antes”.
Angustiada por la trágica muerte de su sobrina, Olinda señala “que lo único que quiero es justicia, que se aclare todo lo que pasó, esto no puede quedar así, queremos justicia”, concluyó.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
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