Policiales
El Mago, tiene cuatro condenas por estafa y está cerca de ir a otro juicio
La Fiscalía de Instrucción Siete de Posadas, a cargo de Patricia Inés Clérici, solicitó que Luciano Oscar “El Mago” Méndez, de 62 años, con múltiples antecedentes y condenas por estafas tanto en Argentina como en Paraguay, sea juzgado por las últimas maniobras fraudulentas que, presuntamente, orquestó junto a su banda a fines de 2020 en Posadas.
En el requerimiento de elevación a juicio de la causa, Clérici sostuvo que Méndez y sus tres cómplices -todos detenidos con prisión preventiva- deben responder en debate oral por los delitos de “estafa y asociación ilícita”, figura ante la cual son pasibles de recibir penas de entre 3 y 10 años de prisión, en caso de ser hallados culpables cuando llegue el juicio.
El pedido fue presentado ante el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, que ahora deberá definir si envía o no la causa para debate al Tribunal Penal Uno de la capital provincial, consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones.
Es que, previo a ello, la defensa de los imputados tiene la posibilidad de oponerse al pedido de la fiscalía y esas argumentaciones o nuevos planteos deben ser, a su vez, también analizados por Mattos. En caso de que no exista oposición, el requerimiento formulado por Clérici quedará firme.
De acuerdo a los elementos recolectados en la investigación, los roles de la banda quedaron definidos de la siguiente manera: Méndez está sindicado como el “jefe” u “organizador”; Ricardo Luna (39), operaba como supuesto gestor; Cristian Garcete (32) simulaba ser un mecánico; y José Luis Rivero cumplía labores como remisero del grupo.
Todos ellos están procesados con prisión preventiva y pasan sus noches en distintas celdas de la Unidad Penal VI de Encausados y Procesados, en Miguel Lanús.
La banda
La banda fue detenida en febrero del año pasado, tras una serie de procedimientos que fueron el corolario de una investigación que el Juzgado de Instrucción Siete impulsaba desde diciembre de 2020 tras la denuncia que disparó el caso y volvió a poner bajo la lupa al Mago Méndez, célebre personaje de la delincuencia misionera, con múltiples antecedentes y cuatro condenas previas por delitos similares.
En esta última causa, la damnificada resultó ser una vecina del barrio San Isidro, a quien Méndez -utilizando otra identidad- presuntamente le ofreció a la venta automóviles que estaban para remate judicial.
Bajo ese engaño, a fines de 2020, la víctima alcanzó a entregar 120.000 pesos, pero luego el acusado desapareció y el contacto se perdió.
La familia de la damnificada comenzó entonces a indagar respecto al estafador y mediante búsquedas por internet llegaron hasta las noticias sobre las andanzas previas del Mago y lo reconocieron al ver sus imágenes.
Con todos esos datos, los investigadores comenzaron a seguirle el paso a Méndez y a sus cómplices, hasta que el 3 de febrero del año pasado consideraron que era el momento de actuar. El sindicado estafador fue detenido en la habitación de un hotel ubicado sobre la avenida Quaranta, donde -aparentemente- aguardaba cometer otro fraude.
Vida de estafas
Mago Méndez no es ningún desconocido para la Justicia, ni tampoco un improvisado en el tema.
El hombre registra al menos cuatro condenas por delitos similares e incluso cuenta con un antecedente idéntico en Paraguay.
Según consta en los archivos, la historia de Méndez ligada a las estafas comenzó en los 90 y una de sus primeras víctimas fue una mujer con aspiraciones a ser intendenta de General Alvear, a quien le ofreció ayudarla con la campaña pero una vez obtenido el dinero desapareció.
En 2013 fue condenado por última vez. Recibió seis años de prisión por 16 hechos de estafa y esa pena luego fue unificada a siete porque lo declararon reincidente por tercera vez.
Se cree, además, que hasta dentro de la propia cárcel continuó con sus andanzas y estafó a varios compañeros de celda prometiéndoles computadoras y nexo con abogados que podían agilizar sus causas a cambio de dinero.
Ahora, a merced del avance del último expediente que lo sindica como organizador de una asociación ilícita dedicada a las estafas, Méndez se encamina a recibir otra condena y varios años más de prisión.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
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