Policiales
El Mago, tiene cuatro condenas por estafa y está cerca de ir a otro juicio
La Fiscalía de Instrucción Siete de Posadas, a cargo de Patricia Inés Clérici, solicitó que Luciano Oscar “El Mago” Méndez, de 62 años, con múltiples antecedentes y condenas por estafas tanto en Argentina como en Paraguay, sea juzgado por las últimas maniobras fraudulentas que, presuntamente, orquestó junto a su banda a fines de 2020 en Posadas.
En el requerimiento de elevación a juicio de la causa, Clérici sostuvo que Méndez y sus tres cómplices -todos detenidos con prisión preventiva- deben responder en debate oral por los delitos de “estafa y asociación ilícita”, figura ante la cual son pasibles de recibir penas de entre 3 y 10 años de prisión, en caso de ser hallados culpables cuando llegue el juicio.
El pedido fue presentado ante el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, que ahora deberá definir si envía o no la causa para debate al Tribunal Penal Uno de la capital provincial, consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones.
Es que, previo a ello, la defensa de los imputados tiene la posibilidad de oponerse al pedido de la fiscalía y esas argumentaciones o nuevos planteos deben ser, a su vez, también analizados por Mattos. En caso de que no exista oposición, el requerimiento formulado por Clérici quedará firme.
De acuerdo a los elementos recolectados en la investigación, los roles de la banda quedaron definidos de la siguiente manera: Méndez está sindicado como el “jefe” u “organizador”; Ricardo Luna (39), operaba como supuesto gestor; Cristian Garcete (32) simulaba ser un mecánico; y José Luis Rivero cumplía labores como remisero del grupo.
Todos ellos están procesados con prisión preventiva y pasan sus noches en distintas celdas de la Unidad Penal VI de Encausados y Procesados, en Miguel Lanús.
La banda
La banda fue detenida en febrero del año pasado, tras una serie de procedimientos que fueron el corolario de una investigación que el Juzgado de Instrucción Siete impulsaba desde diciembre de 2020 tras la denuncia que disparó el caso y volvió a poner bajo la lupa al Mago Méndez, célebre personaje de la delincuencia misionera, con múltiples antecedentes y cuatro condenas previas por delitos similares.
En esta última causa, la damnificada resultó ser una vecina del barrio San Isidro, a quien Méndez -utilizando otra identidad- presuntamente le ofreció a la venta automóviles que estaban para remate judicial.
Bajo ese engaño, a fines de 2020, la víctima alcanzó a entregar 120.000 pesos, pero luego el acusado desapareció y el contacto se perdió.
La familia de la damnificada comenzó entonces a indagar respecto al estafador y mediante búsquedas por internet llegaron hasta las noticias sobre las andanzas previas del Mago y lo reconocieron al ver sus imágenes.
Con todos esos datos, los investigadores comenzaron a seguirle el paso a Méndez y a sus cómplices, hasta que el 3 de febrero del año pasado consideraron que era el momento de actuar. El sindicado estafador fue detenido en la habitación de un hotel ubicado sobre la avenida Quaranta, donde -aparentemente- aguardaba cometer otro fraude.
Vida de estafas
Mago Méndez no es ningún desconocido para la Justicia, ni tampoco un improvisado en el tema.
El hombre registra al menos cuatro condenas por delitos similares e incluso cuenta con un antecedente idéntico en Paraguay.
Según consta en los archivos, la historia de Méndez ligada a las estafas comenzó en los 90 y una de sus primeras víctimas fue una mujer con aspiraciones a ser intendenta de General Alvear, a quien le ofreció ayudarla con la campaña pero una vez obtenido el dinero desapareció.
En 2013 fue condenado por última vez. Recibió seis años de prisión por 16 hechos de estafa y esa pena luego fue unificada a siete porque lo declararon reincidente por tercera vez.
Se cree, además, que hasta dentro de la propia cárcel continuó con sus andanzas y estafó a varios compañeros de celda prometiéndoles computadoras y nexo con abogados que podían agilizar sus causas a cambio de dinero.
Ahora, a merced del avance del último expediente que lo sindica como organizador de una asociación ilícita dedicada a las estafas, Méndez se encamina a recibir otra condena y varios años más de prisión.
La denuncia de un pasajero permitió la detención de un chofer de colectivos que conducía bajo los efectos del alcohol y efectuaba maniobras peligrosas durante el trayecto comprendido entre Puerto Iguazú y Montecarlo, donde finalmente fue interceptado por la Policía.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, la intervención policial comenzó cuando el pasajero de un micro que había partido desde Puerto Iguazú con rumbo hacia Posadas alertó a las autoridades que el conductor de la unidad realizaba maniobras peligrosas sobre la ruta.
En ese marco, agentes de la División Comando Radioeléctrico de Montercarlo interceptaron el vehículo en la terminal local y abordaron al conductor, a quien le practicaron un test de alcoholemia que arrojó 1,65 como resultado.
El chofer, identificado como Ricardo Rodolfo B. (56), quedó detenido por infracción a la Ley Nacional de Tránsito, en tanto que también se labró el acta correspondiente y se procedió a la retención del colectivo.
Las fuentes agregaron que el micro llevaba trece pasajeros, a quienes se les reintegró el boleto y se los reubicó en otro servicio para que pudieran continuar con su viaje.
El gobernador Hugo Passalacqua dispuso el apartamiento de Carlos Alberto Heppner, quien se desempeñaba como director de Promoción y Protección de Derechos del Adulto Mayor, en el ámbito de la Subsecretaría del Adulto Mayor, luego de que su nombre quedara incorporado en la investigación judicial por una estafa piramidal.
La medida se conoció mientras avanza la causa que investiga un esquema de inversiones denunciado por varios damnificados, en el que se habrían ofrecido retornos económicos elevados a partir de supuestas operaciones comerciales vinculadas a exportaciones e importaciones. Según fuentes consultadas, Heppner aparece mencionado dentro del expediente y habría tenido participación en la operatoria investigada.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, la maniobra consistía en captar fondos con promesas de ganancias semanales y mensuales por encima de los valores habituales del mercado. Durante los primeros meses se habrían concretado pagos parciales, pero luego comenzaron los incumplimientos y reclamos por falta de devolución del dinero invertido.
En el marco de la causa, en los últimos días también se realizaron nuevos procedimientos en Posadas, entre ellos un operativo en el barrio Itaembé Guazú donde fueron detenidas dos personas vinculadas al entorno del principal acusado, conocido como Charly. En esos allanamientos se secuestraron tarjetas bancarias y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.
La investigación judicial continúa enfocada en el análisis de movimientos financieros y en el circuito de fondos utilizado para canalizar los aportes de los inversores, mientras no se descartan nuevas medidas procesales en los próximos días.
Luego de que Geremías D. S (69) arrastrara a un perro atado a su moto en marcha y sea filmado por un transeúnte, lo que derivó en un operativo policial que capturó al hombre, la agrupación proteccionista “Patas Sucias” formalizó la denuncia enmarcada en la Ley Nacional 14.346, que sanciona el maltrato animal.
En el video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, se puede observar que el perro presentaba resistencia mientras el hombre a bordo de la moto avanzaba lentamente para pasarlo de un lado a otro de la ruta 210 de San Ignacio.
El hecho provocó un rápido repudio social y, tras la llegada de efectivos policiales que concretaron la detención del hombre y el resguardo del animal, una mujer de 26 años, integrante de la agrupación proteccionista Patas Sucias, radicó la denuncia correspondiente.
Según consta en la presentación, el acusado identificado como Geremías D. S, “había sido visto mientras arrastraba a un perro atado con una soga a una motocicleta, provocándole sufrimientos innecesarios”.
Por disposición del Juzgado de Paz local, la denuncia fue incorporada al sumario contravencional en curso en el marco de la Ley Nacional 14.346, que sanciona los actos de crueldad hacia los animales.
Puntualmente, esta normativa nacional penaliza el maltrato y la crueldad hacia los animales, considerándolos víctimas y no solo propiedad.
Al mismo tiempo, establece penas de 15 días a un año de prisión para quienes cometan actos de maltrato o crueldad, incluyendo el abandono, la falta de alimento y la tortura.
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