Policiales
Detienen a referente feminista tras asistir a una menor institucionalizada
La directora del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades de Salta, Irene Cari fue detenida ayer en la subcomisaria de Limache.
SALTA. Irene Cari, titular del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades de Salta, fue detenida ayer por efectivos de la subcomisaría 106 de Limache. Sin embargo, Procuración y Fiscalía de turno ordenaron su liberación.
La presidenta del Foro de Mujeres por la Igualdad de Salta, Irene Cari, estuvo detenida ayer durante casi todo el día. Recién al atardecer se le concedió el arresto domiciliario, con custodia policial, y hoy sería indagada. Aparentemente, se le imputa desobediencia a una orden judicial. Pero en realidad todo en el operativo de la Policía de Salta es confuso y ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público Fiscal brindaron información certera según Página 12..
Según se pudo establecer, la titular del Foro de Mujeres fue detenida luego de que prestara ayuda a una niña de 14 años que en la madrugada del sábado recurrió a ella tras escapar de un hogar, a donde había sido enviada por decisión de una jueza de Tartagal, luego de que la menor denunciara un delito en su perjuicio.
“Fui detenida por haber salvado la vida de una niña a la que ni siquiera estaban buscando y por no entregarle (a la Policía) a las 2, 3 de la mañana a la pequeña me han declarado delincuente, y esta mañana me han golpeado ahí en la vereda, en la calle”, denunció Cari.
Según trascendió, se le indicó a la referente feminista que debía llevar a la nena de vuelta a la institución esa misma madrugada, exigencia que ella rechazó, porque la menor estaba ya descansando en un lugar seguro. En cambio, se comprometió a llevarla a la mañana del domingo, cosa que intentaba hacer cuando fue detenida en un operativo policial de la Comisaría de Villa Palacios.
“La pusimos en un domicilio seguro para que descanse, para que esté protegida. Inmediatamente hicimos la denuncia al 911 y me fui a la comisaría a hacer la denuncia donde me negaron, no querían tomar la denuncia, y me puse mal, como loca, que me tomen la denuncia porque había una menor desaparecida, una menor que se había escapado”, relató Cari.
La detención puso en movimiento a distintas organizaciones, el diputado nacional Juan Ameri concurrió junto con un abogado a la Alcaidía de la Ciudad Judicial, a donde había sido trasladada Cari. Allí la esperaba la abogada Gabriela Gaspar, de la Multisectorial de Mujeres.
Según se supo, la detención de Cari fue decidida por la fiscala Verónica Simesen. Por su parte, el procurador general Abel Cornejo informó que el Ministerio Público Fiscal intervino porque se presentó una denuncia por la desaparición de la nena.
Reclamos por violencia institucional y policial
Un total de 49 organizaciones, del campo popular, de la política, estudiantiles, de organismos de derechos humanos y hasta gremios, suscribieron anoche un comunicado de solidaridad con Irene Cari.
“Su detención violenta y arbitraria se da en el marco de una serie de acciones de ésta índole protagonizadas por las fuerzas de seguridad a lo largo de todo el país, que se han agudizado desde la imposición de la cuarentena por el Covid-19″, señala el comunicado que inició la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo, pero que enseguida recibió la adhesión generalizada de otras organizaciones.
Las organizaciones aseguraron que Cari fue detenida arbitrariamente y se atropellaron “todos sus derechos constitucionales”. Asimismo solicitaron que no se le imputen cargos a Cari, “que no solo no ha cometido ningún delito, sino que además hizo lo que le corresponde al Estado”, responsabilizaron al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, por “cualquier perjuicio ocasionado a la compañera”.
Y exigieron también que haya un acompañamiento a las adolescentes en situación de vulnerabilidad de derechos, y que se pongan en práctica políticas públicas integrales.
Un hombre de 64 años se descompensó mientras esperaba un colectivo, en la parada ubicada en la intersección de las avenidas Centenario y Monseñor de Andrea de Posadas, y falleció en el lugar.
Según pudo saber este medio, alrededor de las 9 de esta mañana la Policía de Misiones recibió un alerta por una persona identificada como Jorge Ramón Ramírez, que se había descompensado en la vía pública, por lo que se solicitó atención médica.
Al arribar la ambulancia al lugar, el personal de salud constató que el hombre ya no presentaba signos vitales.
En el sitio, donde se encuentra la parada de colectivos, los efectivos de la Policía Científica realizaron los trabajos de rigor y el médico policial en turno diagnosticó que Ramírez sufrió un paro cardiorrespiratorio no traumático.
En tanto, por disposición judicial, el cuerpo fue entregado a sus familiares para su velatorio y posterior inhumación.
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Un cadáver en avanzado de estado de descomposición fue encontrado este martes en una propiedad rural del paraje San Sebastián, en Bernardo de Irigoyen, y los investigadores intentan establecer si los restos se corresponden a un hombre reportado como desaparecido en la vecina ciudad brasileña de Dionisio Cerqueira.
Según consignaron fuentes policiales, el hallazgo se registró a las 13.25 de hoy, cuando un vecino de la zona se presentó en la comisaría local para informar que un trabajador rural había observado un cuerpo envuelto en una manta en cercanías a un alambrado del predio rural.
De inmediato, una comisión policial se dirigió al lugar y poco después constataron que efectivamente el bulto se trataba de un cuerpo sin vida.
Los restos se encontraban en avanzado estado de descomposición y mediante averiguaciones trazadas posteriormente surgió la sospecha de que el cadáver corresponda a un hombre de 71 años que se encuentra en condición de desaparecido desde el 16 de diciembre del año pasado en Dionisio Cerqueira.
Mediante una revisión practicada en el lugar, el médico policial determinó que el fallecido es un hombre de entre 65 y 75 años, con uso de prótesis dental. También detallaron que el cadáver vestía pantalón azul, remera clara y ojotas negras.
Por otra parte, estimaron que la data de muerte probable sería mayor a 25 días, lo cual derivó en una descomposición severa de los restos, lo que impidió establecer a simple vista una posible causa de muerte.
Por disposición del Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, se ordenó la realización de la autopsia judicial, iniciándose el correspondiente sumario, mientras continúan las tareas investigativas para esclarecer las circunstancias del hecho.
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