Policiales
Detienen a referente feminista tras asistir a una menor institucionalizada
La directora del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades de Salta, Irene Cari fue detenida ayer en la subcomisaria de Limache.
SALTA. Irene Cari, titular del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades de Salta, fue detenida ayer por efectivos de la subcomisaría 106 de Limache. Sin embargo, Procuración y Fiscalía de turno ordenaron su liberación.
La presidenta del Foro de Mujeres por la Igualdad de Salta, Irene Cari, estuvo detenida ayer durante casi todo el día. Recién al atardecer se le concedió el arresto domiciliario, con custodia policial, y hoy sería indagada. Aparentemente, se le imputa desobediencia a una orden judicial. Pero en realidad todo en el operativo de la Policía de Salta es confuso y ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público Fiscal brindaron información certera según Página 12..
Según se pudo establecer, la titular del Foro de Mujeres fue detenida luego de que prestara ayuda a una niña de 14 años que en la madrugada del sábado recurrió a ella tras escapar de un hogar, a donde había sido enviada por decisión de una jueza de Tartagal, luego de que la menor denunciara un delito en su perjuicio.
“Fui detenida por haber salvado la vida de una niña a la que ni siquiera estaban buscando y por no entregarle (a la Policía) a las 2, 3 de la mañana a la pequeña me han declarado delincuente, y esta mañana me han golpeado ahí en la vereda, en la calle”, denunció Cari.
Según trascendió, se le indicó a la referente feminista que debía llevar a la nena de vuelta a la institución esa misma madrugada, exigencia que ella rechazó, porque la menor estaba ya descansando en un lugar seguro. En cambio, se comprometió a llevarla a la mañana del domingo, cosa que intentaba hacer cuando fue detenida en un operativo policial de la Comisaría de Villa Palacios.
“La pusimos en un domicilio seguro para que descanse, para que esté protegida. Inmediatamente hicimos la denuncia al 911 y me fui a la comisaría a hacer la denuncia donde me negaron, no querían tomar la denuncia, y me puse mal, como loca, que me tomen la denuncia porque había una menor desaparecida, una menor que se había escapado”, relató Cari.
La detención puso en movimiento a distintas organizaciones, el diputado nacional Juan Ameri concurrió junto con un abogado a la Alcaidía de la Ciudad Judicial, a donde había sido trasladada Cari. Allí la esperaba la abogada Gabriela Gaspar, de la Multisectorial de Mujeres.
Según se supo, la detención de Cari fue decidida por la fiscala Verónica Simesen. Por su parte, el procurador general Abel Cornejo informó que el Ministerio Público Fiscal intervino porque se presentó una denuncia por la desaparición de la nena.
Reclamos por violencia institucional y policial
Un total de 49 organizaciones, del campo popular, de la política, estudiantiles, de organismos de derechos humanos y hasta gremios, suscribieron anoche un comunicado de solidaridad con Irene Cari.
“Su detención violenta y arbitraria se da en el marco de una serie de acciones de ésta índole protagonizadas por las fuerzas de seguridad a lo largo de todo el país, que se han agudizado desde la imposición de la cuarentena por el Covid-19″, señala el comunicado que inició la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo, pero que enseguida recibió la adhesión generalizada de otras organizaciones.
Las organizaciones aseguraron que Cari fue detenida arbitrariamente y se atropellaron “todos sus derechos constitucionales”. Asimismo solicitaron que no se le imputen cargos a Cari, “que no solo no ha cometido ningún delito, sino que además hizo lo que le corresponde al Estado”, responsabilizaron al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, por “cualquier perjuicio ocasionado a la compañera”.
Y exigieron también que haya un acompañamiento a las adolescentes en situación de vulnerabilidad de derechos, y que se pongan en práctica políticas públicas integrales.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
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Una mujer de 50 años fue detenida, acusada de sustraer dos vinos de colección valuados en más de 6 millones de pesos de una tienda de bebidas ubicada sobre avenida Mitre casi Colón.
Todo comenzó con una denuncia radicada el pasado 12 de febrero por la propietaria del local “Vinos y Co”, ubicado en la mencionada intersección, quien advirtió el faltante de dos botellas de alta gama.
Según consta en la denuncia, se trata de un vino Estiva Reservado 1994 de Catena Zapata, valuado en $4.000.000, y otro Estiva Reservado 2008 de la misma bodega, con un valor de $2.450.000, lo que eleva el perjuicio económico a más de 6 millones de pesos.
En ese marco, se inició una investigación para dar con el paradero de la presunta autora del hecho. Finalmente, en la tarde del 31 de marzo, personal policial ubicó a la sospechosa, quien fue detenida y quedó a disposición de la Justicia en averiguación del hecho. La misma fue identificada como Celia S. (50).
Por su parte, los investigadores buscan establecer el destino de las botellas sustraídas, analizando si fueron consumidas, obsequiadas o comercializadas.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente.
Un oficial subayudante de la Policía de Misiones fue detenido y separado de la fuerza luego de dos denuncias por hechos contra la integridad sexual radicadas por uniformadas que compartieron dependencias con él en la localidad de El Soberbio.
El implicado fue identificado como Emanuel K. (26), cuya detención fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, donde se tramita ambas presentaciones radicadas en su contra.
Según la información brindada por la propia fuerza, de las denuncias se desprende que uno de los hechos ocurrió en diciembre de 2023, cuando el apuntado presuntamente encerró a una camarada en una oficina e intentó someterla sexualmente.
El siguiente hecho tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando el mismo uniformado se propasó con una agente con la que compartía lugar de trabajo y después de ello la amenazó para que no relevara lo que había sucedido.
Las denuncias fueron presentadas hace pocos días y después de ello el juzgado ordenó la detención del agente involucrado, al tiempo que la Jefatura de Policía inició una investigación administrativa a través de la Dirección de Asuntos Internos y ordenó el pase a disponibilidad del acusado.
El uniformado ahora se encuentra detenido y a disposición de las autoridades intervinientes en la causa, quienes decidirán los próximos pasos a seguir.
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