Efectivos policiales acusaron que al menos cuatro agentes de Salud pública se negaron a prestar atención médica y efectuar el traslado a una joven de 25 años que se encontraba prácticamente desvanecida debido a presunto cuadro de intoxicación alcohólica en el microcentro de Posadas.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, el hecho que puede derivar en acciones legales contra los trabajadores de sanidad se registró ayer por la tarde, cuando efectivos del Grupo de Acción Preventiva (GAP) acudieron a un llamado del 911 que alertaba sobre la presencia de una joven desvanecida en la esquina de las calles San Lorenzo y La Rioja, en pleno microcentro posadeño.

Las fuentes indicaron que, tras verificar la situación, los agentes policiales solicitaron la intervención de salud pública, tras lo cual arribaron dos enfermeras en motoambulancias correspondientes a las unidades de respuestas rápidas, quienes se negaron a realizar el traslado y, en consecuencia, los uniformados llamaron a la comisaría Primera, interviniente por cuestiones de jurisdicción.

Así fue que en el caso también tomó parte la seccional que tiene base en el barrio Villa Sarita, cuyo encargado en ese momento se presentó en la escena y volvió a requerir los servicios de salud pública.

Allí apareció entonces la ambulancia 005 de la Red de Traslados, con otros dos trabajadores que también se negaron a realizar el traslado aduciendo que la joven “no corría riesgo de vida”.

Ante esta situación, los uniformados decidieron comunicar todo lo sucedido al magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, quien dispuso que la muchacha se trasladada en un móvil policial hacia el hospital Madariaga, donde fue atendida en el sector de emergencias.

Voceros consultados añadieron que el magistrado también requirió al 911 las imágenes de los videos de vigilancia para revisar lo sucedido, en tanto que se le tomará declaración a todo el personal actuante, como así también a los playeros de la estación de servicios que cercana que presenciaron todo.

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Los ocho policías detenidos y destituidos por el gobierno tras el inicio de una causa que los investiga por presuntos delitos de “sedición” y “conspiración” trabaron este lunes una acción de amparo en el que le solicitan a la Justicia la nulidad del decreto 2084/24 que dispuso la cesantía de todos ellos en la fuerza provincial.

El recurso fue presentado ante el Juzgado Laboral Dos de Posadas y lleva las firmas de los abogados Eduardo Paredes y Roxana Rivas, quienes actúan en representación de los ocho uniformados actualmente detenidos con prisión preventiva en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul: Ramón Oscar Amarilla, Iván Ezequiel Arrieta, Ramón Alejandro Arrieta, Lisandro Canteros, Diego Correa, Horacio Elias Couto, Adolfo Guirula y Joaquín Orrego.

En el documento, los letrados acusan que la medida del Ejecutivo es inconstitucional y que viola tanto el debido proceso, como el derecho a defensa y la garantía constitucional de estabilidad de empleo público.

Además, hacen hincapié en las consecuencias que esta decisión gubernamental acarrea en las familias de los agentes involucrados, quienes ahora quedaron en contextos de vulnerabilidad e indigencia.

Ramón Amarilla fue detenido el 19 de septiembre y trasladado a la UP VIII de Cerro Azul.

“De delegados a sediciosos”

“Estas sanciones disciplinarias y penales se dan en el marco de los reclamos y acciones vinculadas a la representación que ejercimos por le colectivos de los trabajadores policiales, demandando condiciones salariales y de trabajo, actividad que se ejerce sin ninguna de las protecciones o tutelas que cualquier otro delegado y o representantes gremial o sindical cuentan actualmente”, se lee en el documento de 31 páginas al cual La Voz de Misiones tuvo acceso.

Y añade: “Se nos ha reconocido en tanto hemos formado parte de las mesas paritarias durante los últimos años tal calidad homologándose nuestros acuerdos por el organismo de aplicación de las leyes laborales con anuencia del Ministerio de Gobierno, hasta que sin ningún tipo de motivación objetiva se nos desvirtuara el rol pasando de ser delgados a sediciosos, a los que además se nos priva de los mas elementales derechos como al debido proceso tanto administrativos como judiciales. Hasta los genocidas han gozado plenamente de estas garantías tanto en las instancias administrativas como penales”.

Finalmente, los recurrentes solicitan que el juzgado ordene una medida cautelar innovativa y retrotraiga la situación de revista de los funcionarios policiales involucrados a la fecha previa del decreto firmado el 24 de septiembre pasado por el gobernador Hugo Passalacqua. También solicitan que, en consecuencia, se liquiden los haberes correspondientes a los meses transcurridos, como así también la reinstauración de las prestaciones personales y familiares que corresponden.

“Solo Cola”

Los acusados fueron detenidos el 19 de septiembre, durante una serie de procedimientos simultáneos ordenados por el juez Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres, tras conocerse una serie de chats que daban cuenta de un plan para desestabilizar a la cúpula de la Policía e iniciar una nueva revuelta, incidentes nuevos e independientes a la protesta realizada en mayo.

La maniobra salió a la luz gracias a la detención días antes del oficial ayudante Diego Correa, a quien se le incautó el teléfono celular y de allí se recuperaron los diálogos que mantenían los involucrados a través de un grupo de Whatsapp llamado “Solo Cola”, según argumentan la Justicia.

En esas conversaciones, los involucrados presuntamente planificaban un nuevo levantamiento, aunque esta vez con medidas muchos más extremas que la protesta con acampe que se extendió desde el 17 hasta el 29 de mayo pasado.

En esta ocasión, los agentes bajo sospecha hablaban de provocar incendios de pastizales para luego sustraer móviles de los Bomberos y replicar la maniobra con patrulleros de distintas comisarías.

“Llamar al 911 en simultáneo y hacer incendio de malezas, o cerca del Parque de la Ciudad prender fuego. Que vayan los bomberos. Ahí hay que estar atento, apresto. Una vez que baja el chofer agarrar el móvil. Y así las demás jurisdicciones”, fue el audio que envío uno de los ahora detenidos.

Una vez que el informe pericial llegó a manos de la Justicia, el magistrado Verón libró las respectivas órdenes de detención, que se cumplieron ese 19 de septiembre. Menos de un mes, el mismo juez resolvió la prisión preventiva de los ocho detenidos por “sedición” y “conspiración”.

El gobierno destituyó a los ocho policías detenidos por intento de sedición

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La motociclista fallecida esta mañana en un accidente vial fue identificada como Paula Lugo, de 28 años. El hecho ocurrió a las 10.40 de hoy, sobre la avenida Martín Fierro, casi Santa Catalina de Posadas, más precisamente atrás del cementerio La Piedad.

Los primeros datos que trascendieron del accidente daban cuenta de que Lugo había colisionado con otra motocicleta, cuyo conductor se dio a la fuga del lugar.

Sin embargo, recientemente, la Policía de Misiones descartó esa versión y detalló que los ocupantes del otro rodado fueron hospitalizados debido a las lesiones sufridas en el mismo hecho.

En esa línea, la fuerza provincial precisó que una moto marca Rowser 160 fue la que colisionó contra la Gilera Smash que era conducida por Lugo, quien perdió la vida en el lugar.

Encargados de realizar las pericias de rigor, trabajaron agentes de la comisaría jurisdiccional, la Policía Científica y el médico policial en turno. Interviene en el caso el Juzgado de Instrucción Seis, a cargo del magistrado Ricardo Balor.

Motociclista murió arrollada en Posadas y buscan a conductor implicado

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