Policiales
Condenaron a los policías que robaban armas de un depósito judicial en Eldorado
El Tribunal Federal de Posadas condenó a penas de entre cinco y tres años de prisión a la banda eldoradense detenida en 2019 e integrada por dos policías que se dedicaban a robar armas de fuego y municiones del depósito judicial que custodiaban, para luego comercializarlas en el mercado negro.
Los condenados se tratan del sargento ayudante Diosnel Sebastián Vega (43), el sargento Marcelino Segundo “Tibo” Sanabria (43), Oscar Alberto Ríos (49) y Yeni Paola Cañiza (30).
Los dos ex uniformados recibieron penas de 4 años y 3 meses y 3 años y 6 meses de prisión, respectivamente, al ser declarados responsables de varios delitos, entre ellos “asociación ilícita”, “violación de los deberes de funcionario público” y “sustracción de objetos destinados a servir de prueba ante autoridad competente”.
Ríos, por su parte, recibió 5 años de prisión, ya que la Justicia también le atribuyó los delitos de “expendio y/o puesta en circulación de moneda nacional y/o extranjera”, “acopio y venta ilegal de armas de fuego sin la debida autorización legal” y “asociación ilícita y encubrimiento de contrabando de importación”.
Por último, a Cañiza le impusieron 3 años de prisión de cumplimiento condicional, es decir no irá a la cárcel.
Investigación
La banda fue desbaratada en marzo de 2019, luego de una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado Federal de Eldorado después de una investigación iniciada a partir de un informe que la Agencia Federal Inteligencia (AFI) elevó a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).
En ese informe que disparó la causa, la AFI alertaba sobre la presunta existencia de una organización criminal dedicada al narcotráfico que operaba en la zona Norte de Misiones con Ríos como actor clave, aunque esto no pudo ser probado en el expediente.
Sin embargo, mediante esa pista el Juzgado ordenó una serie de intervenciones telefónicas y con esas escuchas salieron a la luz los otros delitos por los cuales también quedaron bajo la lupa los efectivos Vega y Sanabria.
Es que a partir de ahí los investigadores recolectaron datos que permitieron presumir que los uniformados se dedicaban a sustraer armas de fuego y municiones que estaban a resguardo como pruebas de otros expedientes en el depósito de los Juzgados de Instrucción 1 y 2 de Eldorado, donde ellos cumplían servicio de custodia.
La sospecha era, entonces, que los efectivos sustraían las armas y las entregaban a Ríos, que se dedicaba a comercializarlas en el mercado negro. Se estima que en un año se sustrajeron cerca de 40 armas de los depósitos judiciales.
Los investigadores continuaron sumando elementos para sustentar esta hipótesis y en marzo de 2019 consideraron que era el momento de dar el golpe. Fue entonces que dispusieron la detención de los involucrados y la realización de varios allanamientos que terminaron confirmando las sospechas, ya que hallaron más de una decena de armas de fuego.
Desde ese momento, los dos efectivos y Ríos quedaron detenidos a disposición del Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel Ángel Guerrero, que instruyó el expediente a fines de 2020 dispuso la elevación a juicio de la causa.
Después de ello, los implicados debían ocupar un lugar en el banquillo de los acusados del Tribunal Federal de Posadas y enfrentar un debate oral, pero finalmente decidieron firmar un acuerdo de juicio abreviado en el cual admitieron sus responsabilidades en el hecho. El fallo fue publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ).
Actualmente, los dos uniformados se encuentran detenidos en la Unidad Penal 1 de Loreto, mientras que Ríos está alojado en una celda de la Unidad Penal 7 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de Resistencia, Chaco. Cañiza, por su parte, es la única que se encuentra en libertad.
Los policías Vega y Sanabria fueron inmediatamente apartados de la fuerza provincial cuando se concretaron sus detenciones.
Policiales
Un joven fue detenido por reporte internacional de archivos Masi en el A3-2
Un joven fue detenido esta mañana en el marco de un allanamiento realizado en su casa del barrio A3-2 de Posadas a raíz de una investigación iniciada por reportes emitidos desde Estado Unidos por posibles maniobras tráfico de archivos Masi (material de abuso sexual infantil).
El aprehendido fue identificado como Matías Nahuel E., quien ahora se encuentra a disposición del Juzgado de Instrucción Seis, a cargo del magistrado Ricardo Balor, encargado de llevar adelante la pesquisa del caso en conjunto con la Fiscalía de Ciberdelitos, presidida por Juan Pablo Espeche.
Según detallaron, la pesquisa inició hace varios meses, cuando la Justicia misionera recibió un reporte emitido por National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos, información que fue articulada por la Fiscalía de Ciberdelitos, cuyas autoridades ordenaron nuevas medidas de cotejo y con datos técnicos solicitados a la plataforma Telegram obtuvieron resultados determinantes para el avance del proceso judicial.
Mediante esas labores pudieron establecer una relación concreta entre las maniobras de tráfico de Masi y actividades digitales que quedaron registradas en direcciones de IP vinculadas al domicilio del sospechoso.
En el lugar allanado los agentes policiales de Cibercrimen y el personal de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic) incautaron numerosos aparatos electrónicos, celulares y dispositivos de almacenamiento, como así también ladrillos de marihuana, dosis de cocaína y un arma de fuego.
Todo los elementos serán enviados ahora al laboratorio de la Saic para ser sometidos a los correspondientes exámenes periciales para seguir recolectando pruebas para esclarecer el ardid efectuado.

El allanamiento fue realizado con personal de la Policía y de la Saic.
Policiales
Estafas con el logo del IPS sumó numerosas denuncias: “Hubo grandes pérdidas”
En los meses de noviembre y diciembre, la Dirección de Cibercrimen de la Policía de Misiones recibió numerosas denuncias por intentos de estafa y fraudes concretados tras la circulación de avisos en redes sociales, con un logo que usurpa la identidad del Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS), mediante los cuales prometían gestiones y descuentos en medicación a fin de obtener datos personales del afiliado y acceder a sus cuentas personales y bancarias.
La información fue confirmada a La Voz de Misiones por Celia Tavárez, directora de la Rama Pasiva del IPS: “Esto apareció en el mes de noviembre, en consonancia con el cobro del sueldo, tanto en redes sociales como Facebook y WhatsApp, donde le proponen el carnet digital a los jubilados y un 100% de descuento en medicamentos, y es el enganche con el que inician las estafas. Si cortan lo vuelven a llamar”.
Mediante este mecanismo, solicitan al afiliado realizar un registro biométrico -facial o dactilar- a fin de ingresar a sus cuentas personales y bancarias, ya sea por la jubilación, pensión, billeteras virtuales o la solicitud de préstamos.
En ese sentido, Tavárez remarcó que todas estas solicitudes son falsas, ya que IPS “no utiliza redes sociales, como tampoco va a llamar para ofrecer este tipo de trámites”.
Al mismo tiempo, recordó que el organismo utiliza solamente las vías oficiales, como su sitio web y la atención personalizada en sus diferentes sedes físicas ubicadas a lo largo y ancho de la provincia.
“La cobertura de la medicación oncológica o enfermedades raras existen, pero se debe hacer un pedido a través de la auditoría. No es así, por un llamado de teléfono o un mensaje, tiene otros canales para recibir el beneficio”, reiteró.
De la misma manera, el carnet digital de IPS se encuentra alojado en el Home Banking de la cuenta bancaria del afiliado.
Por su parte, Marilyn Ozuna, directora de Cibercrimen confirmó a este medio que, si bien no lograron reunir precisiones sobre la cifra exacta, aseguró que hubo numerosas denuncias entre noviembre y diciembre, efectuadas desde distintas localidades de la provincia.
Así mismo, alertó que con la misma modalidad recibieron denuncias por intentos de estafa bajo los sellos de Energía de Misiones y California Supermercados.
Recomendaciones
Ante el llamado de una línea sospechosa o el aviso en redes sociales que contenga el logo de IPS, recomiendan bloquear el número telefónico, realizar la denuncia correspondiente en la comisaría más cercana y enviar la constancia a la Rama Pasiva del organismo provincial, desde donde recolectan los casos para elevar a la Dirección de Cibercrimen.
Para quienes hayan sido víctimas de estafa, aconsejan desconocer los gastos efectuados en la sede bancaria correspondiente: “El afiliado debe acercarse al banco para realizar la denuncia y desconocer el gasto realizado o la transferencia, porque también suelen enviar el dinero a otra cuenta”.
“Esto está pasando en toda la provincia y con sumas importantes de pérdidas. Es muy triste lo que está pasando. Ahora se acerca fin de mes y tenemos miedo de que los jubilados vuelvan a sufrir estos hackeos, que en su inocencia o al querer recibir un beneficio más grande sean perjudicados”, concluyó Tavárez.
Policiales
Robo de identidad y fraude: sacó tarjeta a nombre de otro y gastó USD 42.000
La Policía detuvo a un paraguayo de 38 años que, sorteando todos los filtros de seguridad, ejecutó una meticulosa maniobra de estafa al obtener una tarjeta de crédito a nombre de otra persona y efectuó compras por más de 40.000 dólares en dos semanas.
El implicado fue identificado como José Luis R. (38), oriundo de Paraguay, aunque con domicilio radicado en Puerto Iguazú.
El artífice de la señalada estafa fue detenido este mediodía, cuando se presentó en un banco en Posadas para retirar un segundo plástico con el que pretendía continuar con su fraudulenta maniobra.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, la investigación comenzó cuando un hombre detectó consumos irregulares en el resumen de su tarjeta de crédito y al interiorizarse en la situación advirtió que un desconocido había obtenido un plástico adicional.
El método fue aparentemente sencillo. El hombre llamó por teléfono al banco, se hizo pasar por el verdadero titular de la tarjeta y accedió a otro plástico, aunque lo alarmante del caso es que superó todos los filtros de seguridad, tanto el ingreso de información personal precisa como los métodos de validación.
De esa manera, el estafador culminó el trámite con éxito y acudió al banco para retirar la tarjeta con la cual registró consumos por 42.000 dólares mediante diferentes operaciones financieras concretadas entre el 5 y el 18 de noviembre.
Al advertir los movimientos, el titular de la tarjeta desconoció los gastos y el banco bloqueó el plástico, pero el estafador volvió a comunicarse, sorteando nuevamente los pasos de seguridad y solicitando la nueva emisión de un plástico.
A partir de esto, el caso fue elevado a la Justicia y fueron los efectivos de la Dirección Investigaciones Complejas de la Policía quienes trazaron una minuciosa investigativa para hallar el implicado.
Esas labores incluyeron tareas de vigilancia, análisis de cámaras de seguridad y coordinación con el personal bancario interviniente, trabajo que esta mañana permitió individualizar al sujeto y arrestarlo cuando se presentó a retirar la nueva tarjeta.
El extranjero quedó detenido a disposición del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, que en las próximas horas lo imputará por delitos de “estafa agravada, defraudación y falsedad ideológica”.
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