Policiales
Condenaron a los policías que robaban armas de un depósito judicial en Eldorado
El Tribunal Federal de Posadas condenó a penas de entre cinco y tres años de prisión a la banda eldoradense detenida en 2019 e integrada por dos policías que se dedicaban a robar armas de fuego y municiones del depósito judicial que custodiaban, para luego comercializarlas en el mercado negro.
Los condenados se tratan del sargento ayudante Diosnel Sebastián Vega (43), el sargento Marcelino Segundo “Tibo” Sanabria (43), Oscar Alberto Ríos (49) y Yeni Paola Cañiza (30).
Los dos ex uniformados recibieron penas de 4 años y 3 meses y 3 años y 6 meses de prisión, respectivamente, al ser declarados responsables de varios delitos, entre ellos “asociación ilícita”, “violación de los deberes de funcionario público” y “sustracción de objetos destinados a servir de prueba ante autoridad competente”.
Ríos, por su parte, recibió 5 años de prisión, ya que la Justicia también le atribuyó los delitos de “expendio y/o puesta en circulación de moneda nacional y/o extranjera”, “acopio y venta ilegal de armas de fuego sin la debida autorización legal” y “asociación ilícita y encubrimiento de contrabando de importación”.
Por último, a Cañiza le impusieron 3 años de prisión de cumplimiento condicional, es decir no irá a la cárcel.
Investigación
La banda fue desbaratada en marzo de 2019, luego de una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado Federal de Eldorado después de una investigación iniciada a partir de un informe que la Agencia Federal Inteligencia (AFI) elevó a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).
En ese informe que disparó la causa, la AFI alertaba sobre la presunta existencia de una organización criminal dedicada al narcotráfico que operaba en la zona Norte de Misiones con Ríos como actor clave, aunque esto no pudo ser probado en el expediente.
Sin embargo, mediante esa pista el Juzgado ordenó una serie de intervenciones telefónicas y con esas escuchas salieron a la luz los otros delitos por los cuales también quedaron bajo la lupa los efectivos Vega y Sanabria.
Es que a partir de ahí los investigadores recolectaron datos que permitieron presumir que los uniformados se dedicaban a sustraer armas de fuego y municiones que estaban a resguardo como pruebas de otros expedientes en el depósito de los Juzgados de Instrucción 1 y 2 de Eldorado, donde ellos cumplían servicio de custodia.
La sospecha era, entonces, que los efectivos sustraían las armas y las entregaban a Ríos, que se dedicaba a comercializarlas en el mercado negro. Se estima que en un año se sustrajeron cerca de 40 armas de los depósitos judiciales.
Los investigadores continuaron sumando elementos para sustentar esta hipótesis y en marzo de 2019 consideraron que era el momento de dar el golpe. Fue entonces que dispusieron la detención de los involucrados y la realización de varios allanamientos que terminaron confirmando las sospechas, ya que hallaron más de una decena de armas de fuego.
Desde ese momento, los dos efectivos y Ríos quedaron detenidos a disposición del Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel Ángel Guerrero, que instruyó el expediente a fines de 2020 dispuso la elevación a juicio de la causa.
Después de ello, los implicados debían ocupar un lugar en el banquillo de los acusados del Tribunal Federal de Posadas y enfrentar un debate oral, pero finalmente decidieron firmar un acuerdo de juicio abreviado en el cual admitieron sus responsabilidades en el hecho. El fallo fue publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ).
Actualmente, los dos uniformados se encuentran detenidos en la Unidad Penal 1 de Loreto, mientras que Ríos está alojado en una celda de la Unidad Penal 7 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de Resistencia, Chaco. Cañiza, por su parte, es la única que se encuentra en libertad.
Los policías Vega y Sanabria fueron inmediatamente apartados de la fuerza provincial cuando se concretaron sus detenciones.
Personal de la División Investigaciones de la Unidad Regional I detuvo a un joven de 22 años que se desempeñaba como vendedor en una reconocida concesionaria de autos, tras ser denunciado por el propietario del comercio al detectar irregularidades en los movimientos financieros de la firma.
La captura del sospechoso se concretó ayer alrededor de las 21 en la sede de la empresa, ubicada en el kilómetro 5 de la ruta 12, por orden del juez de Instrucción Siete, Miguel Mattos, y del secretario de turno, Juan Pablo Trejo.
Documentación de presuntas operaciones fraudulentas y dinero secuestrado
Posteriormente, alrededor de las 22:30, el personal de la fuerza realizó un allanamiento en el domicilio del acusado, sobre calle Zabala casi avenida Blas Parera, donde procedieron al secuestro de casi dos millones de pesos en efectivo y la totalidad de los bienes que habrían sido adquiridos de manera ilícita.
Entre ellos, cinco motos 0km, un vehículo Toyota Corolla modelo 2024, cinco dispositivos GPS, cinco cascos nuevos y tres iPhone 16, además de los documentos vinculados a las presuntas operaciones fraudulentas.
Finalmente, el acusado fue notificado de su detención por el delito de estafa y quedó alojado en la Comisaría Seccional Octava, junto con los elementos secuestrados.
Más de cuatro de años después de haber sido denunciado por abusos sexuales perpetrados contra su hijastra de 14 años, Sergio E. (53) fue localizado en Brasil, detenido y trasladado nuevamente a Misiones gracias a un operativo internacional ejecutado el fin de semana.
El caso comenzó en septiembre de 2021, cuando una vecina de Campo Viera denunció en la comisaría local que su nieta sufría violaciones por parte de su padrastro, acusación tras la cual el hombre se dio a la fuga y se mantuvo en la clandestinidad.
Pero esos días en las sombras se terminaron porque los investigadores intervinientes en el caso obtuvieron datos que ubicaban al sospechoso en el barrio Alta Faraday, de la localidad brasileña de Capanema, ubicada frente a Comandante Andresito.
Con esta información, los pesquisas entrecruzaron datos con agentes de la Policía de Militar brasileña, quienes confirmaron la presencia de Sergio E. en la zona y además cotejaron que el hombre no había realizado los trámites de residencia en Brasil, por lo cual su estadía era ilegal.
Eso permitió su expulsión del país y su entrega a las autoridades argentinas, procedimiento que se concretó el sábado, cuando los brasileños trasladaron al detenido hasta el cruce fronterizo de Dionisio Cerquiera y Bernardo de Irigoyen, donde policías misioneros se hicieron cargo del implicado.
El detenido ahora quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, para responder en una causa por “abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia preexistente”.
Un hombre de 42 años que estaba prófugo desde 2016 por el asesinato de un vecino en Pozo Azul, fue capturado el viernes tras un operativo desplegado por la Policía en El Soberbio.
La detención se concretó gracias a una serie de pistas recabadas por la Policía que indicaban que el sospechoso había regresado a Misiones tras un largo tiempo viviendo de clandestino fuera del país.
Fue así que, al realizar un intercambio de información con agentes brasileños y paraguayos, los investigadores misioneros pudieron establecer la ubicación del sospechoso, el cual finalmente fue encontrado en la localidad de El Soberbio.
Ahora el detenido deberá comparecer ante la Justicia y responder por el homicidio de Gilberto Pereyra Da Silva (34), quien fue asesinado a puñaladas durante una gresca registrada el 2 de noviembre de 2016 en Picada Nueva, Pozo Azul.
Según consta en los archivos, ese día Pereyra Da Silva se encontraba en una chacra compartiendo bebidas alcohólicas con un vecino hasta que, por causas que se desconocen, se produjo una gresca entre ambos que derivó en un homicidio.
Después del hecho, el sospechoso se dio a la fuga y así se mantuvo hasta este fin de semana, cuando sus días de impunidad acabaron.
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