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Condenaron a los policías que robaban armas de un depósito judicial en Eldorado

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El Tribunal Federal de Posadas condenó a penas de entre cinco y tres años de prisión a la banda eldoradense detenida en 2019 e integrada por dos policías que se dedicaban a robar armas de fuego y municiones del depósito judicial que custodiaban, para luego comercializarlas en el mercado negro.

Los condenados se tratan del sargento ayudante Diosnel Sebastián Vega (43), el sargento Marcelino Segundo “Tibo” Sanabria (43), Oscar Alberto Ríos (49) y Yeni Paola Cañiza (30).

Los dos ex uniformados recibieron penas de 4 años y 3 meses y 3 años y 6 meses de prisión, respectivamente, al ser declarados responsables de varios delitos, entre ellos “asociación ilícita”, “violación de los deberes de funcionario público” y “sustracción de objetos destinados a servir de prueba ante autoridad competente”.

Ríos, por su parte, recibió 5 años de prisión, ya que la Justicia también le atribuyó los delitos de “expendio y/o puesta en circulación de moneda nacional y/o extranjera”, “acopio y venta ilegal de armas de fuego sin la debida autorización legal” y “asociación ilícita y encubrimiento de contrabando de importación”.

Por último, a Cañiza le impusieron 3 años de prisión de cumplimiento condicional, es decir no irá a la cárcel.

Investigación

La banda fue desbaratada en marzo de 2019, luego de una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado Federal de Eldorado después de una investigación iniciada a partir de un informe que la Agencia Federal Inteligencia (AFI) elevó a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

En ese informe que disparó la causa, la AFI alertaba sobre la presunta existencia de una organización criminal dedicada al narcotráfico que operaba en la zona Norte de Misiones con Ríos como actor clave, aunque esto no pudo ser probado en el expediente.

Sin embargo, mediante esa pista el Juzgado ordenó una serie de intervenciones telefónicas y con esas escuchas salieron a la luz los otros delitos por los cuales también quedaron bajo la lupa los efectivos Vega y Sanabria.

Es que a partir de ahí los investigadores recolectaron datos que permitieron presumir que los uniformados se dedicaban a sustraer armas de fuego y municiones que estaban a resguardo como pruebas de otros expedientes en el depósito de los Juzgados de Instrucción 1 y 2 de Eldorado, donde ellos cumplían servicio de custodia.

La sospecha era, entonces, que los efectivos sustraían las armas y las entregaban a Ríos, que se dedicaba a comercializarlas en el mercado negro. Se estima que en un año se sustrajeron cerca de 40 armas de los depósitos judiciales.

Los investigadores continuaron sumando elementos para sustentar esta hipótesis y en marzo de 2019 consideraron que era el momento de dar el golpe. Fue entonces que dispusieron la detención de los involucrados y la realización de varios allanamientos que terminaron confirmando las sospechas, ya que hallaron más de una decena de armas de fuego.

Desde ese momento, los dos efectivos y Ríos quedaron detenidos a disposición del Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel Ángel Guerrero, que instruyó el expediente a fines de 2020 dispuso la elevación a juicio de la causa.

Después de ello, los implicados debían ocupar un lugar en el banquillo de los acusados del Tribunal Federal de Posadas y enfrentar un debate oral, pero finalmente decidieron firmar un acuerdo de juicio abreviado en el cual admitieron sus responsabilidades en el hecho. El fallo fue publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ).

Actualmente, los dos uniformados se encuentran detenidos en la Unidad Penal 1 de Loreto, mientras que Ríos está alojado en una celda de la Unidad Penal 7 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de Resistencia, Chaco. Cañiza, por su parte, es la única que se encuentra en libertad.

Los policías Vega y Sanabria fueron inmediatamente apartados de la fuerza provincial cuando se concretaron sus detenciones.

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Recapturaron en el monte al joven que escapó de la comisaría de Santo Pipó

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Marcos Antonio Acosta (19), el joven que el lunes escapó de la comisaría de Santo Pipó, fue recapturado esta madrugada en una zona de montes en la localidad de General Urquiza.

El implicado estaba detenido desde el 1 de julio por una causa de lesiones graves y el lunes en plena siesta logró escapar de la dependencia policial al violentar un candado.

A partir de ese momento se activó un operativo de búsqueda que finalmente dio resultados esta madrugada, cuando el joven fue localizado en General Urquiza y rodeado en una zona de montes.

Según detallaron, el prófugo fue individualizado a las 00.30, tras lo cual se montó un cerco policial alrededor del monte y minuto a minuto quedó más acorralado, hasta que exactamente a las 1.24 estaba reducido.

De esta manera, el joven quedó nuevamente a disposición de la Justicia, mientras que la Jefatura de Policía inició una investigación interna para determinar las responsabilidades del personal de guardia al momento de la evasión.

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Trasladaron a adultos mayores tras clausura de geriátrico en Posadas

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Por disposición judicial, varios adultos mayores fueron restituidos a sus familias y otros trasladados al Geriátrico Público de Miguel Lanús, luego de que se detectaran graves irregularidades en las condiciones de funcionamiento de una residencia, que terminó clausurada en el barrio San Isidro de Posadas.

La intervención se originó a partir de una denuncia radicada el 19 de enero en la Comisaría 15ª, por una vecina del barrio, quien manifestó que mientras circulaba en su vehículo observó salir de una vivienda a una persona de avanzada edad que solicitaba ayuda y pedía que se diera aviso a la Policía, señalando que en el lugar se encontraban varios adultos mayores y que les sustraían dinero.

Tras la denuncia, personal policial realizó las diligencias correspondientes y dio intervención a las autoridades competentes, lo que derivó en un operativo concretado alrededor de las 10 en una vivienda ubicada en la manzana 12 del barrio San Isidro, con la participación de efectivos de la Unidad Regional X y distintas áreas de la Municipalidad de Posadas.

Durante el procedimiento intervinieron la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano y la Dirección de Fiscalización de Seguridad y Contaminación Humana, constatándose que en el inmueble funcionaba un geriátrico no habilitado, sin autorización municipal ni las condiciones mínimas exigidas para el cuidado de adultos mayores, careciendo además de salidas de emergencia y controles médicos adecuados.

Ante las irregularidades detectadas, y por disposición judicial, se ordenó la clausura inmediata del lugar y la reubicación de las cinco personas alojadas. 

Algunos adultos mayores fueron restituidos a sus familiares, mientras que otros fueron trasladados al Geriátrico Público de Miguel Lanús, quedando bajo resguardo y atención especializada.

Por estas horas continúan las actuaciones judiciales correspondientes en la causa que se encuentra en etapa investigativa.

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Investigan la muerte de una mujer en su casa del barrio Santa Rita

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La Policía investiga las circunstancias del fallecimiento de una mujer de 40 años, identificada como Carmen Franco, cuyo cuerpo fue hallado sin signos vitales este martes al mediodía en el interior de su habitación, en una vivienda ubicada en la chacra 132 del barrio Santa Rita de Posadas.

El hecho se descubrió alrededor de las 11.47 horas, cuando efectivos de la comisaría Decimotercera fueron convocados al domicilio situado entre las calles 92 y 133A a partir de un llamado efectuado por Ramona R. (75), quien relató que al ingresar a la habitación de su hija constató que no presentaba signos vitales.

Inmediatamente, el personal policial dio aviso a las autoridades judiciales y procedió a resguardar la escena del hecho. Efectivos de la Dirección General de Policía Científica realizaron las pericias de rigor en el inmueble, mientras que el médico policial examinó el cuerpo y solicitó la realización de una autopsia para determinar las causas exactas del deceso.

En el marco de las primeras actuaciones, personal de la Dirección de Cibercrimen secuestró un teléfono celular perteneciente a la víctima, con el objetivo de realizar las pericias técnicas correspondientes. Además, se recepcionaron declaraciones testimoniales de personas presentes en el lugar.

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