Policiales
Condenaron a los policías que robaban armas de un depósito judicial en Eldorado
El Tribunal Federal de Posadas condenó a penas de entre cinco y tres años de prisión a la banda eldoradense detenida en 2019 e integrada por dos policías que se dedicaban a robar armas de fuego y municiones del depósito judicial que custodiaban, para luego comercializarlas en el mercado negro.
Los condenados se tratan del sargento ayudante Diosnel Sebastián Vega (43), el sargento Marcelino Segundo “Tibo” Sanabria (43), Oscar Alberto Ríos (49) y Yeni Paola Cañiza (30).
Los dos ex uniformados recibieron penas de 4 años y 3 meses y 3 años y 6 meses de prisión, respectivamente, al ser declarados responsables de varios delitos, entre ellos “asociación ilícita”, “violación de los deberes de funcionario público” y “sustracción de objetos destinados a servir de prueba ante autoridad competente”.
Ríos, por su parte, recibió 5 años de prisión, ya que la Justicia también le atribuyó los delitos de “expendio y/o puesta en circulación de moneda nacional y/o extranjera”, “acopio y venta ilegal de armas de fuego sin la debida autorización legal” y “asociación ilícita y encubrimiento de contrabando de importación”.
Por último, a Cañiza le impusieron 3 años de prisión de cumplimiento condicional, es decir no irá a la cárcel.
Investigación
La banda fue desbaratada en marzo de 2019, luego de una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado Federal de Eldorado después de una investigación iniciada a partir de un informe que la Agencia Federal Inteligencia (AFI) elevó a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).
En ese informe que disparó la causa, la AFI alertaba sobre la presunta existencia de una organización criminal dedicada al narcotráfico que operaba en la zona Norte de Misiones con Ríos como actor clave, aunque esto no pudo ser probado en el expediente.
Sin embargo, mediante esa pista el Juzgado ordenó una serie de intervenciones telefónicas y con esas escuchas salieron a la luz los otros delitos por los cuales también quedaron bajo la lupa los efectivos Vega y Sanabria.
Es que a partir de ahí los investigadores recolectaron datos que permitieron presumir que los uniformados se dedicaban a sustraer armas de fuego y municiones que estaban a resguardo como pruebas de otros expedientes en el depósito de los Juzgados de Instrucción 1 y 2 de Eldorado, donde ellos cumplían servicio de custodia.
La sospecha era, entonces, que los efectivos sustraían las armas y las entregaban a Ríos, que se dedicaba a comercializarlas en el mercado negro. Se estima que en un año se sustrajeron cerca de 40 armas de los depósitos judiciales.
Los investigadores continuaron sumando elementos para sustentar esta hipótesis y en marzo de 2019 consideraron que era el momento de dar el golpe. Fue entonces que dispusieron la detención de los involucrados y la realización de varios allanamientos que terminaron confirmando las sospechas, ya que hallaron más de una decena de armas de fuego.
Desde ese momento, los dos efectivos y Ríos quedaron detenidos a disposición del Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel Ángel Guerrero, que instruyó el expediente a fines de 2020 dispuso la elevación a juicio de la causa.
Después de ello, los implicados debían ocupar un lugar en el banquillo de los acusados del Tribunal Federal de Posadas y enfrentar un debate oral, pero finalmente decidieron firmar un acuerdo de juicio abreviado en el cual admitieron sus responsabilidades en el hecho. El fallo fue publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ).
Actualmente, los dos uniformados se encuentran detenidos en la Unidad Penal 1 de Loreto, mientras que Ríos está alojado en una celda de la Unidad Penal 7 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de Resistencia, Chaco. Cañiza, por su parte, es la única que se encuentra en libertad.
Los policías Vega y Sanabria fueron inmediatamente apartados de la fuerza provincial cuando se concretaron sus detenciones.
Judiciales
Sobreseyeron a dos gendarmes misioneros investigados por homicidio en La Quiaca
El avance de la causa por el homicidio de Ivo Rodrigo Torres, el joven indígena de 22 años asesinado durante una persecución de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en La Quiaca (Jujuy), derivó en el sobreseimiento de dos efectivos misioneros que habían sido imputados en el expediente judicial.
Se trata del subalférez Alexander Gunther, oriundo de Aristóbulo del Valle, y del cabo primero Marcos Leonardo Wisniewski, oriundo de Santa Rita, quienes integraban la patrulla del Escuadrón 21 al momento del hecho ocurrido el 6 de febrero de 2025.
La resolución fue adoptada por la Justicia Federal de Jujuy tras considerar que no existían elementos suficientes para atribuirles participación directa en los disparos que terminaron con la vida del joven motociclista.
La investigación determinó, a partir de pericias balísticas y reconstrucciones técnicas, que los proyectiles mortales provinieron de un único arma reglamentaria, utilizada por el sargento primero Walter Daniel Álvarez, otro integrante del operativo.
En una primera etapa, los dos efectivos misioneros, junto a la cabo Juliana Enciso, habían quedado imputados por homicidio agravado, aunque con el correr de la instrucción fueron desvinculados del hecho principal.
Los sobreseimientos fueron firmados el 27 de febrero y el 4 de marzo pasado, por el juez de Garantías N° 1 de Jujuy Eduardo Hansen.

Ivo Rodrigo Torres fue asesinado de un disparo en la espalda en febrero del año pasado.
Un gendarme a juicio
Con la elevación de la causa, el único acusado que llegará a juicio oral será el sargento primero Álvarez, señalado como autor de los dos disparos efectuados durante la persecución que se extendió por varios kilómetros en inmediaciones de la frontera entre Argentina y Bolivia.
Según la acusación fiscal, uno de los proyectiles impactó por la espalda en Torres y le provocó heridas fatales. Por ese hecho, Álvarez deberá responder por homicidio doblemente agravado, tanto por alevosía como por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.
La acusación es impulsada por el fiscal federal Federico Zurueta, mientras que la querella, en representación de la familia de la víctima, sostiene que existió un uso desproporcionado de la fuerza durante el procedimiento.
Dos gendarmes misioneros detenidos por el crimen de un joven indígena en Jujuy
Policiales
San Ignacio: arrastró un perro con su moto, fue filmado y terminó preso
Luego de que se viralizaran imágenes de un hombre, que con la moto en marcha arrastró a un perro en plena vía pública durante varios metros, un operativo policial logró interceptar y capturar al responsable quien quedó a disposición de la justicia.
El hecho fue filmado por un transeúnte generando indignación y repudio en redes sociales, lo que también habría impulsado la rápida respuesta policial luego de que los investigadores iniciaran tareas que permitieron identificar al implicado y montar el operativo que derivó en su captura.
La aprehensión del hombre involucrado, de 69 años de edad, se concretó ayer martes a las 16 sobre la ruta 210, cuando el acusado aún llevaba al animal atado a la motocicleta.
Intervino la comisión policial de la comisaría local, que interceptó al implicado sobre la arteria provincial, mientras circulaba en sentido San Ignacio–Colonia Pastoreo y procedió a su detención.
Tras el rescate, el animal fue examinado por una médica veterinaria, quien constató lesiones compatibles con el arrastre, incluyendo escoriaciones en extremidades y otras afecciones que requerían atención.
Por disposición judicial, se notificó la detención del implicado en el marco de una causa por maltrato animal. En tanto, el perro fue entregado a una asociación protectora para su resguardo y posterior adopción responsable.

Rescate y resguardo del perro afectado
Policiales
Incautan 300 ampollas de fentanilo en un monte de Puerto Esperanza
En un operativo realizado en la zona de Puerto Esperanza, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestraron casi 300 ampollas de fentanilo valuadas en aproximadamente 660 millones de pesos, en el marco de una investigación por presunto tráfico ilícito de estupefacientes proveniente de Paraguay.
El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Puerto Iguazú durante la mañana del domingo, a partir de tareas de inteligencia criminal que advertían sobre un posible envío de droga bajo la modalidad encubierta.
Con intervención de la Justicia Federal, se dispuso un operativo de vigilancia discreta en un sector previamente identificado como punto de entrega, en una zona de frontera señalada por su utilización para maniobras ilegales de cruce.
Durante el despliegue, los efectivos detectaron un bulto negro oculto entre la vegetación. Tras varias horas de observación sin que ninguna persona se presentara a retirarlo, y ante el empeoramiento de las condiciones climáticas, se informó a la autoridad judicial, que ordenó la apertura del paquete.
En el interior se encontró una caja con casi 300 ampollas plásticas que contenían una sustancia líquida. Las pruebas de campo realizadas confirmaron que se trataba de fentanilo, un opioide sintético de alta potencia.
El cargamento fue secuestrado y puesto a disposición del Juzgado y la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, que dispusieron actuaciones por infracción a la Ley 23.737.
La investigación continúa con el objetivo de identificar a los responsables de la maniobra y determinar la organización criminal involucrada en el intento de tráfico internacional de estupefacientes.
Incautan 300 ampollas de fentanilo cruzadas en canoa desde Paraguay
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