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Policiales

Comisario reivindicó a Videla en WhatsApp y afirman que fue travesura del hijo

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El jefe de la Unidad Regional XI de Aristóbulo del Valle, el comisario Marcelo Chimiski, publicó una foto del dictador y fue sancionado. Altas fuentes confirmaron que se trató de una broma de un hijo adolescente que accedió a su teléfono.

La viralización de un estado de WhatsApp publicado desde el teléfono del comisario Marcelo Chimiski desató polémica entre los camaradas que dieron cuenta del llamativo posteo en la aplicación de mensajería instantánea durante el último fin de semana.

Una vez que se publicó la imagen del escándalo desde el número de celular del jefe de la Unidad Regional XI, de Aristóbulo del Valle, los contactos telefónicos de Chimiski pudieron observar la foto del condenado genocida Jorge Rafael Videla uniformado con gorra de diario, haciendo la venia y una frase que dice: “con esta gorra no habría más de estas gorras”, para dar continuidad a la imagen de un adolescente con gorrita, aros, cejas depiladas, campera deportiva y un arma en la mano, como representando la imagen de un pibe chorro.

En tanto, desde la Jefatura de Policía, la reacción fue inmediata, al decidirse un sumario administrativo interno al comisario Chimiski, quien, sin embargo, mientras se resuelve su situación, continuará al mando de la policía en la zona centro de la provincia.

La travesura del hijo

Las fuentes consultadas por La Voz de Misiones dijeron que el argumento de Chimiski durante el descargo “fue directo: contó que uno de sus hijos subió la imagen desde su celular durante el fin de semana en familia”.

Según esa misma fuente, los altos mandos de la policía “confían en el comisario Chimiski, tiene un buen concepto y no le van a manchar la carrera por un mensaje que no tiene que ver con su forma de pensar”.

La sustentación del sumario administrativo iría acompañada por días de arresto para el jefe policial que, luego de cumplir el castigo, continuará al frente de la UR XI.

En 2011, el uniformado en cuestión era jefe de la comisaría de la localidad de Villa Bonita y responsable de la comisión policial que en abril de ese año detuvo y luego mató a golpes a Hugo Wasyluk, en uno de los casos más graves de violencia institucional de la provincial.

Por ese hecho, Chimiski no fue imputado, pero sí declaró en el juicio oral que se realizó a fines del año pasado en Oberá.


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Judiciales

Sicarios brasileños van a juicio por acribillar a un kiosquero en Posadas

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sicarios brasileños

El magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, decretó en las últimas horas la elevación a juicio de la causa contra los dos sicarios brasileños acusados de acribillar a un comerciante del barrio Yacyretá a mediados de 2022, hecho que encierra un posible trasfondo vinculado al narcotráfico, aunque la hipótesis no pudo ser acreditada.

Los imputados en esta causa son los brasileños Gabriel Junio Guimaraes Da Silva (22) y David Weslley de Oliveira Silva (24), ambos oriundos de Porto Alegre, y el último de ellos presuntamente ligado al temible Bala Na Cara, calificado como el segundo grupo narco-criminal más potente de Río Grande Do Sul.

Según fuentes de La Voz de Misiones, los dos están alojados en una Unidad Penal VI de Posadas y tras la resolución del juez Mattos irán a juicio acusados por el delito de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos personas y alevosía, figura que prevé una pena de prisión perpetua.

En la causa figura un tercer involucrado, acusado de brindar alojamiento y prestar logística a los extranjeros, aunque se mantiene prófugo desde el día en que el comerciante Cristian Javier Díaz (34) encontró la muerte a balazos.

El expediente ahora será remitido al Tribunal Penal Dos de Posadas, cuyas autoridades deberán programar fecha para la realización del correspondiente debate oral para terminar de esclarecer lo sucedido.

El Fiat Duna utilizado por los extranjeros captado por cámaras de seguridad.

Timbre y ráfaga de disparos

El crimen de Díaz se registró el 8 de mayo de 2022 en su casa y también kiosco ubicado en la esquina de las calles 74 y 95, de la chacra 94, en jurisdicción del barrio Yacyretá.

Eran las 3.30 de la madrugada cuando tocaron el timbre del kiosco y al asomar por la ventana de atención fue acribillado. En la escena se recogieron vestigios de siete disparos y en el cuerpo de seis, localizadas en cuello (lesión fatal), tórax y abdomen.

La esposa de Díaz fue quien alertó de lo sucedido a la Policía y en menos de 24 horas los investigadores de la Dirección Homicidios dieron con los dos extranjeros hoy detenidos mediante el relevamiento de testimoniales y rastreo de cámaras de seguridad.

La pesquisa trazada permitió reconstruir que los brasileños habían ingresado a la Argentina el 3 de mayo a través del paso fronterizo Santo Tomé-Sao Borja y tenían pasajes de regreso para el 9 de mayo, poco más de 24 horas después de la ejecución de Díaz.

Justamente, ambos extranjeros fueron aprehendidos esa misma madrugada en la terminal de colectivos, mientras esperaban el micro de regreso y desde ese momento permanecen privados de la libertad.

La carga de droga incautada en 2021.

Se cree que los brasileños pernoctaron en Posadas desde el mismo día en que ingresaron al país y que lo hicieron en una vivienda prestada por el sospechoso que permanece prófugo, a quien además le sindican una carga de 155 kilogramos de marihuana incautada frente al mismo lugar por Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en 2021 y el trasfondo del crimen podría estar vinculado a ese episodio, aunque no hay pruebas concretas de que ese sea el móvil del hecho. Tampoco se pudo identificar a un posible autor intelectual.

En contrapartida, indicaron las fuentes de LVM, de lo que sí hay pruebas consistentes, principalmente registros de cámaras de seguridad, es que los extranjeros llegaron y huyeron de la escena del crimen en un Fiat Duna blanco con desperfectos en las luces traseras, características idénticas a las del rodado incautado en el inmueble donde se alojaron en el barrio Luis Piedrabuena.

En su momento el juez Mattos se declaró incompetente y remitió la causa al Juzgado Federal de Posadas al entender que el crimen podría estar vinculado al narcotráfico, pero la medida no prosperó y el expediente volvió a su juzgado. Ahora la investigación culminó y todo el material probatorio deberá ser ventilado en instancia de juicio oral, donde finalmente se decidirá el futuro de los dos foráneos imputados.


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Policiales

Mujer lucha por su vida tras ser prendida fuego por su pareja en San Onofre

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san onofre

Una mujer de 39 años lucha por su vida en el hospital Madariaga de Posadas luego ser rociada con alcohol y prendida fuego por su pareja durante un episodio de violencia de género registrado el domingo en el barrio San Onofre.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, la víctima se trata de Ramona M. (39), quien desde el domingo permanece internada con más de 20% del cuerpo quemado y riesgo de muerte en el nosocomio posadeño.

La mujer fue traslada al hospital por su padre, quien luego denunció que las lesiones fueron provocadas por la ex pareja de la muchacha, que en un episodio de violencia de género la roció con alcohol y luego la prendió fuego.

Producto del hecho, la víctima sufrió quemaduras graves en la cara, cuero cabelludo, orejas, región anterior del tórax, cervical, mano derecha y miembro superior izquierdo.

En el caso intervinieron efectivos de la comisaría Decimoprimera, dependiente de la Unidad Regional X, quienes gracias a los datos aportados detuvieron al sospechoso identificado como Jonatan Jordan C. P. (34), quien ahora permanece a disposición del Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo.


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Piden controlar a represor misionero con domiciliaria que hizo mega fiesta

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A dos semanas de la ampulosa fiesta realizada por las bodas de oro del represor misionero con prisión domiciliaria Jorge Antonio Olivera (73), trascendieron más fotografías del evento y en una de ellas aparece como uno de los invitados Gustavo Ramón De Marchi, otro militar con causas por lesa humanidad, ante lo cual la fiscalía interviniente solicitó avanzar en la investigación de lo sucedido y amplió medidas de control en contra del ex militar oriundo de la tierra colorada.

El festejo se llevó adelante el 3 de febrero en la casa de Vicente López donde el misionero Olivera cumple prisión domiciliaria por las tres penas de prisión perpetua que registra en su contra, aunque nunca pidió permiso ni avisó de su realización, pero el jolgorio con más de 60 presentes y show de Palito Ortega tomó estado público a partir de fotografías y videos publicados en redes sociales por algunos de los invitados, entre ellos la negacionista Cecilia Pando.

Luego de ello, los fiscales generales de San Juan Francisco Maldonado y Dante Vega solicitaron que los pormenores del evento sean objeto de una investigación y también pidieron que a Olivera se le imponga “la obligación de abstenerse de realizar eventos sociales que supongan la concurrencia de un número considerable de personas ajenas al entorno familiar, la contratación de servicios de música, mobiliario, catering o cualquier otra actividad que, en definitiva, desnaturalice el alcance y sentido de la pena impuesta, y ponga en crisis la motivación estrictamente humanitaria que justifica dicho régimen de excepción, sin que ello deba interpretarse, claro está, como un impedimento para el desarrollo de su vida familiar y social”.

Ahora, al conocerse además la posible presencia en la fiesta de Gustavo De Marchi, también condenado a perpetua junto a Olivera en una de las causas en San Juan y además cómplice del misionero en la fuga de ambos registrada en 2013, los mismos funcionarios requirieron nuevos informes e incluso solicitaron la detención del represor.

De Marchi fue apartado del último juicio por motivos de salud psiquiátrica y estuvo en la fiesta de Olivera.

Apartado del juicio y luego de fiesta

Según consignaron desde el portal oficial del Ministerio Público Fiscal de la Nación, De Marchi se encontraba en libertad al momento de la fiesta debido a que el Tribunal Oral Federal (TOF) de San Juan había dictado la suspensión de la ejecución de sus dos condenas por razones de salud, aunque la orden fue anulada por la Sala III de la Cámara Federal de Casación el 6 de julio pasado.

“Se advierte que han transcurrido siete meses desde que la Sala III de la Cámara Federal de Casación (CFCP) anuló la resolución citada y ordenó el reenvío de las actuaciones. Por tal motivo, solicito al Tribunal que -imprimiendo la celeridad que amerita el caso- se dé cumplimiento a lo ordenado por la CFCP, ordenándose la inmediata detención del condenado Gustavo Ramón De Marchi”, indicó el fiscal Maldonado en su presentación efectuada el 7 de febrero, aunque el planteo no fue hecho público para reducir los riesgos procesales que ello podría conllevar.

En paralelo a ello, informaron que el TOF de San Juan hizo lugar hoy al pedido presentado por el fiscal Dante Vega respecto a la realización de un nuevo examen físico a De Marchi, ya que el imputado había sido apartado del juicio por la denominada Megacausa III “en razón de su condición psiquiátrica, neurológica y psicológica”.

“Resulta evidente que la presencia del nombrado en la celebración llevada a cabo en la casa de Jorge Antonio Olivera torna ineludible la necesidad de realizar un nuevo examen médico a los efectos de determinar si las condiciones médicas oportunamente constatadas se mantienen, particularmente teniendo en cuenta que en la imagen publicada por el diario Tiempo de San Juan se lo observa en condiciones que -prima facie- parecieran no condecirse con aquellas que mostraba al momento de realizarse la pericia que derivó en la suspensión de los procesos en su contra”, sostuvo Vega en su requerimiento.

Respecto al misionero Olivera, Vega sumó pedidos y planteó que al condenado se le imponga, además, la “prohibición de que ingrese a su domicilio cualquier persona imputada, procesada o condenada por crímenes contra la humanidad”, como así también “la realización de controles sorpresivos y periódicos semanales, en diferentes horarios, diurnos y nocturnos, debiendo informarse cualquier situación que suponga la violación de a las restricciones antes referidas” y, por último, “rondines policiales con la frecuencia que el Tribunal estimare pertinentes”.

El TOF corrió a la defensa de Olivera los requerimientos planteados por la Fiscalía y se aguarda resolución al respecto.

Olivera, junto a su esposa y Palito Ortega en pleno festejo el 3 de febrero.

Represor misionero

Según consta en los registros oficiales, Olivera nació en Posadas el 10 de agosto de 1950 y en San Juan se desempeñaba bajo el rango de Teniente y operaba como jefe de Inteligencia del RIM 22 (Regimiento de Infantería de Montaña), en una de las esferas de mayor poder dentro de la estructura.

El año pasado recibió su tercera condena a prisión perpetua tras un extenso juicio realizado por la Megacausa III, donde se acumularon seis expedientes con hechos padecidos por un total de 96 víctimas, de las cuales trece permanecen desaparecidas y cinco fueron ejecutadas. También se investigan secuestros, torturas y casos de violencia sexual.

Las otras condenas a perpetuas contra el misionero bautizado como “El Carnicero” fueron dictadas en julio de 2013 y octubre de 2018.

Entre las víctimas de las desapariciones, secuestros y torturas que se investigaron en las causas donde Olivera fue imputado aparecen la francesa criada en Misiones, Marie Anne Erize, y el actual diputado y ex gobernador de San Juan en tres oportunidades, José Luis Gioja.

El misionero, además, estuvo prófugo en dos oportunidades. Primero a mediados de los 2000 y luego en 2013, cuando 22 días después de recibir su primera condena escapó del hospital militar Cosme Argerich de Buenos Aires junto a su cómplice y hasta hoy compañero de andanzas Gustavo De Marchi.


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