Por Fernando OZ

@F_ortegazabala

Algunos observadores finos de la política local identifican la caducidad del legendario Frente Renovador de la Concordia con el fin de una era, un cisma que puede alejar al oficialismo de retener la gobernación en 2027. También están los que opinan que Encuentro Misionero es una reconversión necesaria del oficialismo para abrir las bases, sumar nuevos actores del cambio y generar un recambio generacional.

Sea como sea, no hay mal que por bien no venga. Los devotos del aceleracionismo terminaron trayendo a la mesa de discusión debates que permanecían fuera de agenda, para ser diplomáticos. Ficha limpia, mal llamada aduana paralela, Ley de lemas, y hasta la reelección, son algunos de los temas que vuelven a la palestra.

La discusión de Ficha Limpia ya lleva sus años. En Misiones, la iniciativa para que las personas condenadas por delitos de corrupción no puedan ser candidatas fue una bandera histórica impulsada por la oposición en la Cámara de Diputados. El radicalismo y el bloque del PRO fueron quienes presentaron sistemáticamente los primeros proyectos. Durante años, el Frente Renovador de la Concordia utilizó su mayoría para bloquear y encajonar estas iniciativas.

Otro capítulo tuvo como escenario el Congreso, cuando dos senadores renovadores se encargaron de darle el tiro de gracia al proyecto de ley de Ficha Limpia en el recinto. Su voto en contra fue determinante para que la ley no saliera. El argumento interno que circuló en la trastienda fue que votar la ley “era hacerle un favor político a Mauricio Macri y a Silvia Lospennato” (la impulsora del proyecto).

Pero lo bueno, lo importante es que en la provincia habrá Ficha Limpia gracias a la voluntad de Encuentro Misionero. También me parece fantástico que se debata la ley de Lemas; cuatro candidatos a intendentes por lema, es un buen principio.

La ley de Lemas genera una distorsión de la voluntad popular, porque el candidato electo no siempre representa a la mayoría absoluta de los ciudadanos. Desde hace años vengo escribiendo que este tipo de ingeniería electoral se utiliza a menudo de forma corporativa para blindar el poder de aparatos políticos hegemónicos y limitar el recambio real. En localidades medianas o pequeñas de Misiones, es común encontrar decenas de sublemas para una misma categoría. Esto no amplía la democracia; confunde a la gente simple, atomiza el debate y vacía de contenido programático a las propuestas.

Aunque a nivel provincial para las categorías de gobernador y diputados la Ley de Lemas fue derogada hace años, se la mantiene activa para los cargos municipales. Esta dualidad expone un doble estándar institucional: si el sistema es considerado obsoleto, confuso y poco transparente para elegir al gobernador de la provincia, resulta indefendible que se lo siga aplicando para definir el destino diario de los municipios, que es el territorio donde la gente necesita respuestas más claras y directas.

Por estos días también comenzó a debatirse dentro del ámbito de Encuentro Misionero las reelecciones indefinidas de intendentes. Se habló de reemplazar los liderazgos prolongados, también se dijo que la limitación de mandatos traerá oxigenación de la política. Como era de esperarse la idea no cayó nada bien entre los alcaldes que buscan ser reelectos y ya tienen varias gestiones sobre el lomo.

Si la reforma electoral que impulsa Encuentro Misionero pone un coto razonable a las reelecciones, espero que los partidos opositores apoyen. Dos periodos consecutivos sería lo más justo, como en el caso del cargo de gobernador. En 2006 el pueblo de Misiones dijo No a las reelecciones indefinidas.

La necesidad de poner límites temporales a los gobernantes es antiquísima. Aristóteles, en su obra Política, ya había escrito que la verdadera democracia se basa en “gobernar y ser gobernado alternativamente”. Había advertido que cuando un grupo o individuo se perpetúa en el cargo, se crea una clase política profesional desconectada de la realidad que termina utilizando el Estado para su propio beneficio, degenerando la república en una oligarquía o tiranía. Quién se iba a imaginar que a pocos meses de cumplirse veinte años de la victoria del exobispo emérito Joaquín Piña, referentes de la Renovación iban a poner sobre la mesa de discusión las reelecciones de los intendentes. Saben qué pienso, que eso se llama madurez política.

Ese mismo camino de madurez y debate debería extenderse, de manera natural, hacia las normas que regulan la transparencia. Por ejemplo, la legislación local que regula el control patrimonial de los funcionarios públicos quedó desactualizada frente a los estándares modernos. En nuestra provincia rige la Ley IV – Nº 21 del Digesto Jurídico (ley 2666), la cual determina que las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios —tanto provinciales como municipales— revisten un carácter estrictamente reservado y confidencial, quedando resguardadas bajo llave en la Fiscalía de Estado.

Aquí es donde nos encontramos con un marcado absurdo institucional. Para que un ciudadano común o un periodista de investigación tengan acceso a revisar el patrimonio de un funcionario bajo sospecha, es indispensable la existencia previa de una causa penal y la firma de una orden expresa por parte de un juez. Esto implica que el control nunca opera de forma preventiva ni ciudadana; el secreto patrimonial solo se rompe de manera tardía, cuando el presunto delito ya fue consumado y se encuentra en manos de la Justicia de la provincia.

Este panorama plantea un fuerte contraste con el espejo nacional y expone una profunda contradicción federal. A nivel de la Nación, la Ley de Ética Pública (Ley 25.188) obliga a los integrantes de los tres poderes a presentar declaraciones juradas de carácter plenamente público y libre consulta. Cualquier persona puede ingresar a la web de la Oficina Anticorrupción y puede pedir en detalle los bienes de los funcionarios nacionales.

La asimetría en la vereda local es evidente: un diputado nacional por Misiones tiene su patrimonio expuesto al control permanente de toda la ciudadanía. En cambio, un diputado provincial, un ministro del gabinete local o el intendente de cualquier municipio se amparan en el secreto absoluto que provee la Ley IV – Nº 21. Cabe preguntarse, entonces, por qué la riqueza de un funcionario de la Nación es pública y la de uno provincial se mantiene como un secreto de Estado.

La transparencia y la ética no deberían ser discursos vacíos para campañas electorales ni conceptos teóricos destinados a debatirse de forma abstracta en seminarios. Estas virtudes se miden en la realidad fáctica de los hechos, abriendo los números de cara a la gente simple. Quien toma la decisión de administrar los recursos de todos los ciudadanos asume la obligación elemental de transparentar con qué patrimonio entró y con cuál se va de la función pública.

Frente a esto, el argumento oficialista suele sostener que el Estado ya ejerce el control necesario a través de organismos burocráticos como la Fiscalía de Estado o el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, la realidad demuestra que ningún organismo cerrado reemplaza el ojo vigilante de la sociedad civil. La apertura pública es el único antídoto real y preventivo contra el enriquecimiento ilícito.

La provincia cuenta formalmente en sus papeles con la Ley IV – Nº 58 (anteriormente Ley 4474), sancionada en junio de 2012 por la Cámara de Representantes, que regula el Libre Acceso a la Información Pública. Esta norma consagra el derecho de toda persona física o jurídica a solicitar y recibir información completa, adecuada y veraz de toda la administración pública provincial, entes autárquicos y sociedades con participación estatal, bajo los principios de gratuidad, informalidad y sencillez, sin necesidad de justificar los motivos de la petición.

Sabiendo que esta ley existe y define con claridad qué se considera información pública, el problema real no radica en un vacío legal, sino en la inaplicabilidad práctica y la letra chica de la propia norma. El Estado provincial se ampara sistemáticamente en la lista de excepciones contemplada en el artículo 6 —como la reserva de notas internas con recomendaciones o los datos que afecten intereses legítimos de terceros— para denegar las peticiones en las mesas de entradas, transformando el acceso en una carrera de obstáculos.

Es allí donde se hace visible la contradicción de fondo. Mientras la Ley IV – Nº 58 discurre sobre la importancia del control ciudadano en el manejo de los recursos públicos, el patrimonio real de los gobernantes sigue blindado por el secreto de la Ley IV – Nº 21. ¿De qué sirve tener una Ley de Acceso a la Información si la propia legislación provincial clasifica como un secreto blindado el patrimonio con el que entran y salen las autoridades? ¿Cuántos Adorni detectaríamos si abrieran el cofre de la Fiscalía de Estado?

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Héctor Julio Franco

Abogado

La democracia moderna fue una de las mayores conquistas de la civilización. Surgió como respuesta a siglos de guerras, monarquías absolutas, caudillismos y gobiernos donde el poder se imponía por la fuerza o por herencia. Su principal mérito no fue encontrar a los mejores gobernantes, sino impedir que alguien pudiera arrogarse el derecho de decidir quién debía gobernar a los demás.

Por eso la democracia representativa fue diseñada como un sistema de límites. Límites al poder, límites a los gobernantes y límites a la concentración de autoridad. La división de poderes, la alternancia, las elecciones periódicas y el control ciudadano nacieron para evitar la tiranía. Y en ese objetivo la democracia ha sido extraordinariamente exitosa.

Sin embargo, dos siglos después, cabe preguntarse si ese objetivo, siendo indispensable, sigue siendo suficiente.

La democracia actual administra un proceso de selección entre quienes desean gobernar. Pero no necesariamente entre quienes están mejor preparados para hacerlo. El sistema no fue concebido para encontrar al más capaz, sino para resolver pacíficamente la disputa entre quienes aspiran al poder.

Hoy la humanidad ha encontrado sistemas para elegir al más inteligente, al más veloz, al más preparado físicamente, al más fuerte, al más talentoso. Pero no ha podido todavía encontrar al mejor preparado para gobernar.

Platón ya advertía hace más de dos mil años una paradoja que continúa vigente: muchas veces quienes más desean el poder son precisamente quienes menos deberían tenerlo, mientras que quienes poseen las virtudes necesarias para gobernar suelen ser reacios a buscarlo. El verdadero problema no es solamente cómo elegimos a nuestros gobernantes, sino cómo logramos que las mejores personas estén dispuestas a representarnos.

La política contemporánea enfrenta una dificultad adicional. La creciente desconfianza social, la polarización permanente, la lógica de la confrontación constante y la exposición pública han convertido al servicio político en una actividad cada vez menos atractiva para muchos ciudadanos valiosos.

Profesionales prestigiosos, docentes, científicos, empresarios honestos, líderes sociales o servidores públicos con trayectoria observan la política desde afuera y concluyen que el costo personal de participar es demasiado alto. El escrutinio permanente, los ataques oportunistas, la sospecha generalizada y la pérdida de privacidad terminan desalentando a quienes podrían aportar capacidad, experiencia y vocación.

La consecuencia es preocupante: la sociedad exige mejores dirigentes mientras simultáneamente expulsa o desalienta a muchos de aquellos que podrían convertirse en ellos.

En este contexto surgen iniciativas institucionales que intentan elevar la calidad de la representación política. Normas como la Ficha Limpia Ultra constituyen un avance porque buscan elevar los estándares mínimos de integridad para acceder a cargos públicos. Son herramientas valiosas y necesarias. Sin embargo, debemos reconocer que representan apenas un primer paso.

La verdadera discusión es mucho más profunda que una reforma electoral.

Debemos comenzar a preguntarnos si la evolución de la democracia durante el siglo XXI no debería orientarse hacia un nuevo objetivo: conservar todos los mecanismos que limitan el poder, pero complementarlos con mecanismos que permitan identificar, formar, promover y convocar a los mejores.

No se trata de reemplazar la democracia por una tecnocracia ni de sustituir la voluntad popular por algoritmos o expertos. Tampoco de eliminar el derecho de los ciudadanos a elegir libremente. Se trata de enriquecer la democracia para que la libertad de elegir pueda ejercerse sobre una oferta de liderazgo cada vez más calificada.

El desafío consiste en pasar gradualmente de una democracia que únicamente limita el poder, a una democracia que también incentive la excelencia en el servicio público.

Son quizás esos incentivos los que esperan ver los jóvenes para decidirse a participar.

Quizás el futuro no consista en preguntarnos solamente quién tiene derecho a gobernar, sino también quién está mejor preparado para hacerlo.

Porque una sociedad madura no debería conformarse únicamente con evitar a los peores. Debería aspirar, además, a encontrar y convencer a los mejores.

Ese podría ser el próximo gran salto evolutivo de la democracia.

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Por Nicolás Sosa*

Durante años, hablar de Corpus en Misiones parecía un tema prohibido. La experiencia traumática del plebiscito de 1996, la fuerte resistencia ambiental de aquella época y la consolidación de ciertos consensos políticos dejaron al proyecto hidroeléctrico prácticamente fuera de discusión. Sin embargo, algo comenzó a cambiar.

En los últimos meses, referentes políticos, técnicos, empresariales e institucionales empezaron a coincidir en un punto: Misiones necesita volver a debatir seriamente su futuro energético y el aprovechamiento de sus recursos estratégicos.

El cambio de contexto es evidente. Primero el proyecto fue enteramente revisado, cambiado de emplazamiento y se redujeron las afectaciones en un 50 %. Por otro lado, la provincia enfrenta crecientes restricciones energéticas, altos costos eléctricos y dificultades para sostener procesos de industrialización e inversiones de gran escala. Al mismo tiempo, países vecinos y provincias limítrofes avanzan en el aprovechamiento intensivo de los recursos hídricos como herramienta de competitividad, desarrollo y generación de energía firme.

En ese marco, Corpus Pindo-í volvió lentamente a aparecer en la agenda pública.

Uno de los pronunciamientos más impactantes fue el del ex gobernador Ricardo “Cacho” Barrios Arrechea, figura históricamente vinculada al rechazo a Corpus en los años noventa, quien admitió públicamente que “el mundo cambió” y que hoy el proyecto merece una nueva discusión.

También el ex director de Yacyretá y dirigente del PRO, Humberto Schiavoni, se expresó en términos favorables, sosteniendo que “no podemos negarnos” a debatir Corpus y remarcando que Yacyretá terminó generando enormes beneficios en infraestructura, conectividad y desarrollo regional. Para Schiavoni, el nuevo diseño de Corpus presenta impactos considerablemente menores que los imaginados décadas atrás y podría transformarse en una palanca de crecimiento para Misiones.

En paralelo, el ex gobernador Maurice Closs planteó públicamente que la provincia debe revisar “temas intocables” y analizar nuevamente qué le conviene a Misiones en materia de energía, empleo y desarrollo. Sin definiciones categóricas, sus declaraciones fueron leídas como otro gesto político hacia la reapertura del debate.

A esas voces comenzaron a sumarse referentes técnicos y académicos. Desde el Consejo Profesional de Ingeniería de Misiones se impulsaron conversatorios y exposiciones donde se planteó que la provincia necesita discutir soberanía energética, demanda reprimida y planificación de infraestructura estratégica.

Pero además hay otro dato que empieza a mostrar el cambio de clima político y social alrededor del proyecto: el creciente interés que despiertan las exposiciones técnicas sobre Corpus Pindo-í.

En las últimas semanas, especialistas de la Comisión Mixta del Río Paraná fueron invitados a presentar el proyecto en el evento realizado con motivo del 90º aniversario de la Cámara Argentina de la Construcción.

La Facultad de Ingeniería de UNaM en Oberá también fue anfitrión de un grupo de expertos que analizaron y expusieron los alcances técnicos y ambientales del nuevo Proyecto Corpus en Pindoí.

En Puerto Rico, la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Libertador General San Martín invitó a empresarios, inversores, profesionales y referentes productivos de distintos sectores a escuchar sobre los alcances del proyecto.

Según quienes participaron de esos encuentros, las preguntas que se repiten una y otra vez: si Corpus permitirá mejorar la calidad y disponibilidad de energía en Misiones, si podría reducir costos eléctricos y si la infraestructura asociada ayudaría a bajar costos logísticos. Son justamente dos de los factores que hoy colocan a Misiones en desventaja frente a otras regiones a la hora de atraer inversiones industriales o grandes proyectos productivos.

En paralelo, distintos dirigentes y funcionarios de la Renovación admiten en conversaciones reservadas que el escenario regional y las necesidades estructurales de la provincia obligan a volver a discutir el tema. En off, muchos reconocen que el contexto energético cambió profundamente, que la transición hacia matrices menos contaminantes gana peso en todo el mundo y que la necesidad de reducir emisiones de carbono vuelve indispensable analizar proyectos de generación limpia y firme como Corpus.

Ingenieros, especialistas energéticos y consultores coinciden además en otro aspecto: el contexto ambiental también cambió. Hoy el río Paraná ya no es el mismo de hace treinta años. Se trata de un sistema altamente regulado aguas arriba y aguas abajo, con decenas de represas operando en la cuenca brasileña y paraguaya. En ese escenario, el debate comenzó a desplazarse desde la lógica del “represa sí o no” hacia otra pregunta: bajo qué condiciones, con qué controles y con qué beneficios para Misiones podría pensarse un nuevo aprovechamiento hidroeléctrico.

En ese marco, desde el Partido Libertario de Misiones impulsamos en la Legislatura, con nuestro diputado provincial Martín Arjol, un proyecto de Comunicación para que el Poder Ejecutivo misionero convoque a otro plebiscito por la represa de Corpus Christi; y otra iniciativa dirigida a estimular el estudio y la inversión en centrales hidroeléctricas de pequeña escala en la provincia.

El sector empresario también empezó a involucrarse. La Cámara Argentina de la Construcción y la Confederación Económica de Misiones vienen promoviendo espacios de análisis vinculados al desarrollo energético, la infraestructura y la competitividad provincial. En distintos ámbitos empresariales comienza a instalarse la idea de que sin energía abundante y estable será difícil sostener procesos de industrialización, radicación de inversiones o agregado de valor.

El dato político más relevante quizás no sea todavía una definición concreta sobre Corpus, sino algo previo: el tema dejó de ser tabú.

Por primera vez en muchos años, dirigentes de distintos espacios políticos, técnicos, empresarios e instituciones profesionales comienzan a coincidir en que Misiones necesita discutir su futuro energético sin prejuicios y con una mirada estratégica de largo plazo.

Y en ese nuevo escenario, Corpus vuelve lentamente a ocupar un lugar central en la conversación pública con una consigna muy clara, esta vez los misioneros deben poner las condiciones, para que el proyecto deje claros beneficios a los misioneros.

*Abogado, presidente del Partido Libertario de Misiones

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