Por Fernando Oz

@F_ortegazabala

Me pregunto cuánto tendremos que esperar para que la Cámara de Representantes expulse al diputado Ramón Amarilla por “desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones” —artículo 99 de la Constitución provincial—. El agente del caos, esta semana, volvió a utilizar sus redes sociales con el único objetivo de inflar el malestar social en un contexto de crisis económica. Ya lo había hecho antes de finalizar el primer mes del año, cuando convocó a los empleados públicos, en especial a la policía y al servicio penitenciario, a reunirse en la plaza 9 de Julio para llevar una caterva de reclamos al Gobierno.

Este martes repitió la maniobra y, al día siguiente, volvió con el mismo espectáculo del miércoles anterior. Y el viernes también publicó en sus redes otro mensaje del tipo diplomáticamente incendiario. No tuvo reparos en aprovechar el conflicto salarial de la policía de Santa Fe para impulsar un reclamo masivo en Misiones, como tampoco parece darle ni una pizca de vergüenza la utilización, para su campaña de desestabilización, de los recientes casos de suicidio entre las filas de quienes fueron sus camaradas.

Hay un claro modus operandi: mediante hechos consecutivos, estudiados y planificados, el agente del caos realza un estado de malestar real de un sector social con el fin de magnificarlo y provocar violencia social. Ejecuta la acción de manera abierta a través de medios de comunicación y redes sociales. Su audiencia es el empleado público, especialmente de las fuerzas de seguridad. Lo repito: lo hace en el marco de un contexto de crisis económica a nivel nacional, dentro de un marco de ajustes y desempleo.

Amarilla no es un ciudadano común, de esos que tienen todo el derecho a plantarse y ponerle mala cara a un mal gobierno. Estamos hablando de un diputado; su función legislativa es clara: elaborar, discutir, modificar y sancionar leyes de interés público provincial; también puede fiscalizar actos del Poder Ejecutivo, como por ejemplo solicitar informes a funcionarios, además de prestar acuerdo para el nombramiento de magistrados o funcionarios judiciales y cuestiones institucionales.

A diferencia del ciudadano común, Amarilla cuenta con una serie de derechos e inmunidades: no puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones o discursos que emita en el desempeño de su mandato; también tiene inmunidad de arresto.

Cuenta con facultades valiosísimas, como la de presentar proyectos de ley, de resolución o de declaración sobre cualquier tema de competencia provincial. Puede participar en las comisiones que desee para patalear por cualquier iniciativa legislativa antes de su tratamiento y, si tiene ganas, puede seguir pataleando en el recinto. Puede pedir informes y hasta realizar investigaciones propias. Hay un vademécum de acciones que puede hacer, muchos puede, pero su interés es claro: generar y aprovechar el caos.

Que algún diputado provincial, fiscal o juez de turno diga si la instigación al desorden social corresponde al ejercicio de las atribuciones de un legislador. Que el presidente de la Cámara, Sebastián Macías, explique si Amarilla incurrió en “desorden de conducta” conforme a sus funciones.

Amarilla debe entender que no es un sindicalista y menos de una fuerza policial. Es un diputado, y la Cámara puede aplicar sanciones disciplinarias que van desde la amonestación hasta la expulsión definitiva, y que puede ser expulsado por incurrir en desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, con una mayoría especial de dos tercios de los votos de los miembros presentes.

El caso del expolicía no es el de un opositor más. Tiene antecedentes. Intentó amotinar una fuerza de seguridad. Fue imputado por los delitos de sedición y conspiración, acusaciones que surgieron tras la revuelta policial de mayo de 2024, que incluyó un acampe, corte de avenidas y la toma de vehículos oficiales.

Cabeceras ajenas, promesas y silencios

En política, las mesas importan tanto como las sillas, pero mucho más los sitios donde se sientan los protagonistas. No es casualidad que la reciente reunión sobre el destino del sector yerbatero haya tenido al presidente de la Cámara de Representantes relegado al rol de invitado, mientras el diputado Adrián Nuñez, vicepresidente primero, ocupaba la cabecera y, con gesto de anfitrión, organizaba el encuentro junto a Rodrigo Correa, mandamás del INYM. Uno podría esperar que, en el Cantón, la cabecera sea la prerrogativa del que lleva la insignia institucional más pesada. Pero no. Aquí, la cabecera fue el trono del que maneja la agenda, aunque sea por coyuntura y no por jerarquía.

Nuñez no solo eligió dónde sentarse; también el ritmo y el tono de la conversación, como esos generales que, sin serlo, se adueñan del mapa de batalla. Es curioso observar cómo el diputado, envalentonado por el aire fresco de la desregulación y el desempleo, se convirtió en un hábil organizador de agendas. Pero la política es el arte de la oportunidad, y el Doctor la aprovechó una vez más.

El sector yerbatero está inmerso en una crisis que parece no tener fin, como el mate de la tarde que se enfría y nadie quiere terminar. Los pequeños productores, siempre al margen, siguen esperando que los libertarios traigan un milagro. Pero la fe en los discursos no paga cuentas. El encuentro concluyó, como suele suceder, con promesas de diálogo y avances difusos. Los pequeños productores ven pasar la procesión de charlatanería sin que el santo yerbatero les preste atención. No hubo medidas concretas, apenas palabras que, como el humo, se disipan enseguida.

Rodrigo Correa se mueve entre el pragmatismo y la diplomacia, intentando sostener un equilibrio imposible entre la defensa del sector y la presión de quienes quieren abrir la compuerta del mercado sin restricciones. Nuñez, el abogado tributarista que hasta ayer gestionaba las cobranzas impositivas de varios municipios, sostiene la bandera de la libertad económica, como si el mercado fuera un dios benevolente; mientras Macías observa cómo los equilibrios institucionales se desdibujan ante la embestida política. Nadie se atreve a decirlo, pero la mesa sirvió más para mostrar quién comanda la oposición en el Cantón que para resolver lo urgente.

En definitiva, el encuentro fue una postal de tiempos nuevos: los políticos que organizan no siempre son los que tienen el cargo, y quienes deberían defender a los pequeños productores terminan sentados en el borde, escuchando. En política, por lo general, suele suceder que lo importante no está en lo que se dice, sino en lo que se calla y en lo que se muestra. Las mesas no siempre resuelven, pero sirven para apoyar las cartas al finalizar la partida. El sector yerbatero, golpeado y fragmentado, espera que alguna vez, quien se siente en la cabecera lo haga no por coyuntura, sino por compromiso real. Hasta entonces, los pequeños seguirán esperando, y la política seguirá jugando a cambiar de sillas, sin cambiar el fondo.

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Por Javier Mela

Misiones se acerca al millón y medio de habitantes, pero su estructura económica sigue anclada en un modelo productivo pensado para una provincia mucho más pequeña. Este desajuste no es coyuntural ni ideológico: es estructural.

La matriz productiva misionera continua dependiendo de actividades primarias tradicionales —yerba mate, té, tabaco y foresto-industria algo de mandioca y no muchos más, en cuanto a la ganadería, unas 300 mil cabezas, el cuadro lo completa el turismo que tiene un gran potencial, un poco mas desarrollado en Puerto Iguazú (a pesar de la crónica falta de infraestructura eléctrica, de agua y saneamiento) muy lejos de su vecina Foz de Iguacú, poco y nada en el resto de la Provincia .

Todas estas actividades enfrentan límites claros. Crisis de precios, concentración, bajo valor agregado y escaso encadenamiento industrial, falta de infraestructura, hacen que este ecosistema productivo provincial ya no generen el empleo ni los ingresos necesarios para sostener a una población creciente, alcanza para pocos y empobrecidos.

No se trata de cuestionar al productor ni al trabajo rural. El problema no es quién produce, sino qué estructura económica se ha construido alrededor de esa producción. Una economía que no agrega valor termina expulsando, aun cuando produzca.

La comparación con el estado brasileño de Santa Catarina es inevitable. Allí, con unidades productivas chicas y medianas, similares a las misioneras, se desarrolló un complejo agroindustrial basado en el maíz. Ese grano no se exporta sin procesar: se transforma en proteína animal, en industria alimentaria, en empleo y en exportaciones con valor agregado.

El resultado es visible: mayores ingresos, más trabajo local y mejor calidad de vida. No es una cuestión cultural ni geográfica; es una decisión estratégica sostenida en el tiempo.

Misiones, además, cuenta con un recurso clave que no puede seguir fuera del debate: la energía. Una provincia chica, con vocación industrial, necesita energía abundante y competitiva. Bendecida por dos grandes ríos, Misiones debería discutir seriamente su potencial hidroeléctrico, incluyendo proyectos largamente estudiados como Corpus–Pindoí.

No explotar la hidroenergía en Misiones, es como que los jujeños no exploten el litio, los neuquinos el petroleo y el gas de vaca muerta o las provincias marítimas sus recursos pesqueros.

Sin energía no hay industria. Sin industria no hay empleo. Y sin empleo, no hay futuro.

Misiones no necesita más administración del presente. Necesita discutir, con madurez y sin prejuicios, cómo transformar su matriz productiva para contener a su población y evitar la diáspora de los jóvenes.

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Por Cristian Castro

En el debate yerbatero suele instalarse una idea simplista: “hay mucha yerba, por eso baja el precio”. Los datos muestran que eso no alcanza para explicar la crisis actual.

Entre 2021 y 2025 la producción de hoja verde prácticamente no cambió: pasó de 882 millones a 889 millones de kilos, un aumento marginal del 0,8%. No hubo una explosión productiva ni un desborde de oferta que justifique el derrumbe del precio al productor.

Sin embargo, cuando se mira el consumo total neto, el panorama es distinto: creció 7,7%, impulsado principalmente por las exportaciones, que aumentaron 63,3%. Es decir, la yerba se vende más, especialmente hacia afuera, aun cuando el consumo interno cayó por pérdida del poder adquisitivo.

El punto clave aparece en la relación oferta–demanda de hoja verde.

En 2021 la demanda prácticamente absorbía la producción: la diferencia era de apenas 7,2 millones de kilos, un mercado relativamente equilibrado. En ese contexto, con el Inym activo regulando precios, plazos y condiciones de pago, el productor cobraba bien y cobraba en tiempo. El precio de la hoja verde no era un regalo del mercado: era el resultado de reglas claras y poder de negociación equilibrado.

En 2025 ocurre algo aparentemente contradictorio: la demanda crece fuerte (941 millones de kilos, +7,7%), incluso supera ampliamente a la oferta, pero el sistema muestra un “excedente negativo” de más de 52 millones de kilos. ¿Qué significa esto en la práctica? Que la industria compra más de lo que se produce, pero lo hace en condiciones cada vez más desiguales para el productor.

Aquí aparece el factor político y estructural: la desregulación del mercado yerbatero y el vaciamiento de las funciones del Inym. Sin un precio efectivo de referencia, sin control de plazos de pago y sin sanciones reales, el “libre mercado” no generó competencia sino concentración de poder en la industria.

El resultado es conocido por todos en la chacra: precios por debajo de los costos, pagos a 90, 120 o 180 días, cheques rechazados y productores financiando a molinos y exportadores. No hay crisis por exceso de yerba; hay crisis por abuso de posición dominante.

En síntesis, en 2021 el productor cobraba bien no porque faltara yerba, sino porque había Estado y reglas.
En 2025 se paga mal no porque sobre yerba, sino porque el mercado quedó librado a actores concentrados que trasladan todo el ajuste hacia el eslabón más débil.

La discusión de fondo no es técnica, es política: o la yerba mate se gobierna con criterios de equilibrio social y productivo, o se transforma en un negocio financiero donde el pequeño productor queda condenado a perder, aun cuando la yerba se venda más que nunca.

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