Opinión
Un año y medio de ataques a fondo contra la clase obrera

Por: Aníbal “Tato” Zeretzki
En este año y medio de mandato del presidente Milei asistimos a un ataque a fondo contra los derechos de los trabajadores de nuestro país a través de un conjunto leyes que por la magnitud del impacto que tendrán sobre las condiciones de trabajo constituyen una verdadera reforma constitucional.
La reforma laboral no es una “actualización” de convenios colectivos de trabajo obsoletos sino, al contrario, un retroceso en importantes derechos que fueron conquistados con décadas de luchas.
Se extiende el período de prueba hasta ocho meses, al cabo de los cuales te pueden rajar sin problemas; elimina el reconocimiento de la relación de dependencia (y con eso, de los derechos laborales) para los trabajadores de empresas de hasta cinco trabajadores, algo que va a incentivar más la tercerización en empresas subsidiarias; elimina la reinstalación en los casos de despidos antisindicales, toda una señal de ofensiva contra los activistas y delegados combativos en los lugares de trabajo; y abarata las indemnizaciones por despido, en un momento de fuerte recesión económica e industrial. Como también barre con las multas a las patronales que precarizan a sus trabajadores, “la ley es un llamado a que se siga contratando trabajadores sin registrar”, como denunció la diputada del Frente de Izquierda y el Partido Obrero Romina Del Plá.
La informalidad laboral alcanzó a 4 de cada 10 asalariados bajo el gobierno de Milei. A su vez, este prepara una reforma antiobrera en función de proyectar la ausencia de derechos que padece el sector no registrado hacia el conjunto de los trabajadores. Pretende convertir al país en una plataforma de mano de obra barata al servicio del lucro capitalista. El dato proviene de un informe elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA), en base a estadísticas oficiales, correspondiente al tercer trimestre 2024.
De allí se desprende que la tasa de informalidad laboral supera el promedio en el caso de las trabajadoras de casas particulares (76,3%), los obreros de la construcción (67,3%) y los empleados de comercio (47%).
Lo anterior muestra el fracaso que significó la política de otorgar incentivos patronales como aliciente para crear empleo formal: ni la reducción de aportes patronales consignado en el Plan Registradas redujo la informalidad en el servicio doméstico, como tampoco el reemplazo de las indemnizaciones por el fondo de cese laboral en el convenio de la Uocra contribuyó a generar puestos de trabajo de calidad en dicho rubro.
Semejante tasa de informalidad agrega preocupación sobre la decisión del gobierno de eliminar la moratoria previsional, negándoles el derecho a jubilarse a aquellos que no lograron reunir los años de aportes requeridos por culpa del fraude patronal, condenándolos a sobrevivir con una pensión de indigencia.
Los capitalistas se ahorran las contribuciones a la Seguridad Social de dos quintos de la fuerza de trabajo de Argentina. Además, retienen una mayor porción de la riqueza creada por los trabajadores pagándoles peores sueldos a quienes no están registrados. La brecha salarial entre los asalariados formales e informales asciende al 46%. En ese sentido, 40% de los trabajadores vive en hogares pobres, escala a 60% en los no registrados.
Esta realidad desmiente el discurso del gobierno y empresarios sobre que reducir las contribuciones patronales y flexibilizar los convenios colectivos permitiría mejorar los salarios. Los que no tienen acceso a aportes jubilatorios, vacaciones, licencias pagas y aguinaldo perciben los ingresos más bajos.
También se revela como falsa la premisa de que las inversiones decaen por culpa del supuestamente elevado costo laboral. Lo cierto es que este último se encuentra por el piso como resultado de la extensión del trabajo precario y la caída salarial, sin embargo, el índice de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) cayó 17,1% interanual entre enero y noviembre 2024, según la consultora Orlando Ferreres.
Son argumentos falaces para justificar una reforma antiobrera que incremente la tasa de beneficio del capital.
El estudio citado describe que la informalidad laboral trepa al 75% en las empresas de hasta 5 empleados.
La Ley Bases borra la relación de dependencia en los establecimientos con hasta tres trabajadores, incorporando la figura del «colaborador», sin derechos de aguinaldo, vacaciones, enfermedad, licencias e indemnización, es decir, las condiciones básicas de la ley de contrato laboral.
La no registración es casi 5 puntos superior entre mujeres, dado que los puestos de trabajo con alta tasa de feminización son más precarios; deja en ridículo el negacionismo del gobierno respecto a la brecha de género.
A su turno, la informalidad escala al 64% entre la juventud y al 67% entre las mujeres jóvenes, específicamente.
La mitad de los jubilados cobra la mínima que, con el bono de $70.000, llega a $355.820, mientras la canasta básica de la tercera edad, calculada por la Defensoría de la Tercera Edad, se ubica en $1.200.000. Es decir, hoy una jubilación mínima, con aumento y todo representa casi la cuarta parte del costo de vida de un jubilado.
Las jubilaciones constituyeron el 19,2% del recorte total realizado por el Sector Público Nacional en 2024.
La Ley Bases pone fin de la presunción de existencia de relación laboral: se invierten las consideraciones al respecto, teniendo el trabajador que demostrar la naturaleza fraudulenta de una incorrecta registración. Así como se declara a ciertas actividades dudosas (prestación de servicios y de agencia, etc.) en el derecho civil y comercial y por fuera de las relaciones del trabajo. También se habilita el funcionamiento de “trabajadores independientes” con hasta 3 colaboradoras, en el régimen de monotributistas. Tras la reglamentación empezará a regir el nuevo “periodo de prueba”, pasando de los actuales 3 meses a un mínimo de 6 meses, pudiendo extenderse a 8 (empresas de seis a cien trabajadores) y 12 meses (empresas de hasta cinco trabajadores), lo que implica la consagración final de la inestabilidad laboral, siendo que “un año de trabajo” no implica ningún periodo de “prueba”. Esto exime a las patronales del pago de indemnización por antigüedad, preaviso e integración del mes.
Entre los ítems más esperados por patronales, se habilita el despido “con justa causa” ante medidas sindicales que puedan ser consideradas como “bloqueos o tomas de establecimientos” o la afectación de la “libertad de trabajo” de otros empleados, lo que otorga amplias facultades discrecionales a los capitalistas.
Incluso se faculta a las patronales al despido discriminatorio (algo prohibido por tratados internacionales) con un sobrecargo de entre 50 y 100% de la indemnización por antigüedad: con plata se puede discriminar.
La reglamentación también daría lugar a que patronales y burocracia sindical pacten reformas en los convenios colectivos para incorporar el Fondo de Cese Laboral en remplazo del actual régimen indemnizatorio
En la provincia de Misiones la situación del conjunto de los trabajadores es de las peores del país en términos salariales y en las condiciones laborales. Mientras el promedio nacional del salario bruto es de $1.049.781, en nuestra provincia es un 37% inferior a esta cifra. Además, la informalidad laboral está mucho más extendida que en otras provincias, sin mencionar el enorme grado de explotación que padecen quienes trabajan a destajo como los tareferos.
Todos los partidos políticos patronales coinciden en una reforma laboral flexibilizadora; desde el PRO, UCR, peronismo dialoguista, fuerzas provinciales como la Renovación hasta CFK se mostró a favor de avanzar en ese sentido. La CGT, en lugar enfrentarla, se sentó con el gobierno a negociar la reforma laboral a cambio de excluir de la ley los articulados que afectan a sus cajas. El único sector político que enfrentó este ataque desde el inicio fue el Frente de Izquierda y los trabajadores que integra el Partido Obrero movilizándose junto a los trabajadores, estudiantes y jubilados.
En ese sentido el FMI exige reformas sustanciales –el gobierno se comprometió a ello- como la previsional, que prevé el aumento de edad jubilatoria, la eliminación de los regímenes especiales, el doble beneficio de las pensiones, la privatización de las jubilaciones y la imposibilidad para quienes no tienen los aportes completos de jubilarse, esto en un país donde el trabajo informal supera el 42%; como la reforma laboral que va contra las indemnizaciones, por una mayor flexibilidad como la aplicación del “banco de horas” que convierte las horas extras en horas normales, etc.; como el régimen tributario que busca un mayor gravamen sobre los trabajadores, y que ya una resolución aumenta lo que pagan 2.500.000 de monotributistas, etc.
Este ataque contra la inmensa mayoría del pueblo y todos los trabajadores está planteado luego del mazazo que significó el ajuste brutal que ya efectuó la motosierra de Milei y los gobernadores, ahora afilada por el FMI para ir más a fondo.
La avanzada del gobierno de Milei y los gobernadores contra los trabajadores da lugar a un envalentonamiento de las patronales por medio de despidos, suspensiones y extorsiones y presiones sobre los trabajadores.
La reglamentación de esta normativa antiobrera deja sin ningún beneficio para los trabajadores y la población en general, siendo estos perjudicados por la pérdida significativa de derechos y conquistas laborales y por la imposición de un régimen de precarización y flexibilización laboral a imagen y semejanza de las pretensiones patronales. Derrotemos esta orientación contraria a los trabajadores, con la organización independiente, con la huelga general contra Milei y los gobernadores.
*Aníbal “Tato” Zeretzki candidato a diputado provincial del Partido Obrero.
Opinión
La política misionera comienza a alinearse para volver a poner a Corpus en agenda

Por Nicolás Sosa*
Durante años, hablar de Corpus en Misiones parecía un tema prohibido. La experiencia traumática del plebiscito de 1996, la fuerte resistencia ambiental de aquella época y la consolidación de ciertos consensos políticos dejaron al proyecto hidroeléctrico prácticamente fuera de discusión. Sin embargo, algo comenzó a cambiar.
En los últimos meses, referentes políticos, técnicos, empresariales e institucionales empezaron a coincidir en un punto: Misiones necesita volver a debatir seriamente su futuro energético y el aprovechamiento de sus recursos estratégicos.
El cambio de contexto es evidente. Primero el proyecto fue enteramente revisado, cambiado de emplazamiento y se redujeron las afectaciones en un 50 %. Por otro lado, la provincia enfrenta crecientes restricciones energéticas, altos costos eléctricos y dificultades para sostener procesos de industrialización e inversiones de gran escala. Al mismo tiempo, países vecinos y provincias limítrofes avanzan en el aprovechamiento intensivo de los recursos hídricos como herramienta de competitividad, desarrollo y generación de energía firme.
En ese marco, Corpus Pindo-í volvió lentamente a aparecer en la agenda pública.
Uno de los pronunciamientos más impactantes fue el del ex gobernador Ricardo “Cacho” Barrios Arrechea, figura históricamente vinculada al rechazo a Corpus en los años noventa, quien admitió públicamente que “el mundo cambió” y que hoy el proyecto merece una nueva discusión.
También el ex director de Yacyretá y dirigente del PRO, Humberto Schiavoni, se expresó en términos favorables, sosteniendo que “no podemos negarnos” a debatir Corpus y remarcando que Yacyretá terminó generando enormes beneficios en infraestructura, conectividad y desarrollo regional. Para Schiavoni, el nuevo diseño de Corpus presenta impactos considerablemente menores que los imaginados décadas atrás y podría transformarse en una palanca de crecimiento para Misiones.
En paralelo, el ex gobernador Maurice Closs planteó públicamente que la provincia debe revisar “temas intocables” y analizar nuevamente qué le conviene a Misiones en materia de energía, empleo y desarrollo. Sin definiciones categóricas, sus declaraciones fueron leídas como otro gesto político hacia la reapertura del debate.
A esas voces comenzaron a sumarse referentes técnicos y académicos. Desde el Consejo Profesional de Ingeniería de Misiones se impulsaron conversatorios y exposiciones donde se planteó que la provincia necesita discutir soberanía energética, demanda reprimida y planificación de infraestructura estratégica.
Pero además hay otro dato que empieza a mostrar el cambio de clima político y social alrededor del proyecto: el creciente interés que despiertan las exposiciones técnicas sobre Corpus Pindo-í.
En las últimas semanas, especialistas de la Comisión Mixta del Río Paraná fueron invitados a presentar el proyecto en el evento realizado con motivo del 90º aniversario de la Cámara Argentina de la Construcción.
La Facultad de Ingeniería de UNaM en Oberá también fue anfitrión de un grupo de expertos que analizaron y expusieron los alcances técnicos y ambientales del nuevo Proyecto Corpus en Pindoí.
En Puerto Rico, la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Libertador General San Martín invitó a empresarios, inversores, profesionales y referentes productivos de distintos sectores a escuchar sobre los alcances del proyecto.
Según quienes participaron de esos encuentros, las preguntas que se repiten una y otra vez: si Corpus permitirá mejorar la calidad y disponibilidad de energía en Misiones, si podría reducir costos eléctricos y si la infraestructura asociada ayudaría a bajar costos logísticos. Son justamente dos de los factores que hoy colocan a Misiones en desventaja frente a otras regiones a la hora de atraer inversiones industriales o grandes proyectos productivos.
En paralelo, distintos dirigentes y funcionarios de la Renovación admiten en conversaciones reservadas que el escenario regional y las necesidades estructurales de la provincia obligan a volver a discutir el tema. En off, muchos reconocen que el contexto energético cambió profundamente, que la transición hacia matrices menos contaminantes gana peso en todo el mundo y que la necesidad de reducir emisiones de carbono vuelve indispensable analizar proyectos de generación limpia y firme como Corpus.
Ingenieros, especialistas energéticos y consultores coinciden además en otro aspecto: el contexto ambiental también cambió. Hoy el río Paraná ya no es el mismo de hace treinta años. Se trata de un sistema altamente regulado aguas arriba y aguas abajo, con decenas de represas operando en la cuenca brasileña y paraguaya. En ese escenario, el debate comenzó a desplazarse desde la lógica del “represa sí o no” hacia otra pregunta: bajo qué condiciones, con qué controles y con qué beneficios para Misiones podría pensarse un nuevo aprovechamiento hidroeléctrico.
En ese marco, desde el Partido Libertario de Misiones impulsamos en la Legislatura, con nuestro diputado provincial Martín Arjol, un proyecto de Comunicación para que el Poder Ejecutivo misionero convoque a otro plebiscito por la represa de Corpus Christi; y otra iniciativa dirigida a estimular el estudio y la inversión en centrales hidroeléctricas de pequeña escala en la provincia.
El sector empresario también empezó a involucrarse. La Cámara Argentina de la Construcción y la Confederación Económica de Misiones vienen promoviendo espacios de análisis vinculados al desarrollo energético, la infraestructura y la competitividad provincial. En distintos ámbitos empresariales comienza a instalarse la idea de que sin energía abundante y estable será difícil sostener procesos de industrialización, radicación de inversiones o agregado de valor.
El dato político más relevante quizás no sea todavía una definición concreta sobre Corpus, sino algo previo: el tema dejó de ser tabú.
Por primera vez en muchos años, dirigentes de distintos espacios políticos, técnicos, empresarios e instituciones profesionales comienzan a coincidir en que Misiones necesita discutir su futuro energético sin prejuicios y con una mirada estratégica de largo plazo.
Y en ese nuevo escenario, Corpus vuelve lentamente a ocupar un lugar central en la conversación pública con una consigna muy clara, esta vez los misioneros deben poner las condiciones, para que el proyecto deje claros beneficios a los misioneros.
*Abogado, presidente del Partido Libertario de Misiones
Opinión
Misiones frente al remolino global: pacto social y realismo periférico

Por Fernando OZ
Vivimos días signados por una aceleración que marea. Quienes habitamos este territorio, una cuña estratégica adentrada en el corazón del Mercosur, rodeada en un noventa por ciento de su perímetro por fronteras internacionales y flanqueada por la principal vía navegable de la región, nos encontramos ante un cambio de era que se percibe disruptivo, revolucionario y, por momentos, sísmico. La crisis nacional es severa, y frente al teatro de sombras de la inmediatez y las emociones paralizantes que genera la coyuntura, los habitantes de Misiones nos debemos una discusión seria para planificar el futuro, con los números sobre la mesa. Es una obligación ético-cívica que sobrevuela las internas partidarias y la política de cartelería de vanidades. No hay margen para la distracción menor.
Para interpretar este escenario complejo, resulta imperativo rescatar herramientas teóricas basadas en hechos concretos, que funcionen como una guía válida frente al asedio histórico y los vaivenes que impone el puerto de Buenos Aires. En esta misma columna, alguna vez, escribí sobre el Realismo Periférico y su autor, Carlos Andrés Escudé, una eminencia de las relaciones internacionales, intelectual formado en las universidades de Oxford y Yale; tuve el honor de formarme bajo su tutela directa en mis tiempos de estudiante en las aulas universitarias y estudié minuciosamente su obra.
Su formulación del Realismo Periférico no es más que prudencia y sentido común; es, fundamentalmente, disminución de costos innecesarios y control de daños. No representa una fórmula rígida respecto a lo que no hay que hacer, sino un llamado descarnado al pragmatismo. “La única política exterior moral es aquella que reduce costos y riesgos de costos eventuales, maximiza beneficios y, por sobre todo, atrae inversiones y baja las tasas de riesgo país”, escribió Escudé. El profesor solía repetir en sus clases que el Realismo Periférico es compatible con cualquier modelo, ya sea liberal, proteccionista o incluso marxista. Lo que exige es racionalidad factual.
Trasladado a nuestra escala local, Misiones debe asumir este realismo de manera urgente. A fines del siglo pasado, el Cantón se encontraba empobrecido, vulnerable, endeudado, dependiente y poco relevante en el escenario político del país. Sus diputados y senadores eran más proclives a votar lo que pedían las cúpulas de sus partidos tradicionales en Buenos Aires, y el interés del conjunto quedaba relegado a un lejano segundo lugar. Esa vieja política del sometimiento a las estructuras nacionales ha demostrado su obsolescencia. La verdadera autonomía de un territorio periférico es, en esencia, su capacidad de negociación, la cual se consigue a través de una abstención de su consumo, lo que equivale a la eliminación de confrontaciones estériles que no están directamente vinculadas a nuestro interés vital. No podemos discutir ni gastar capacidad de negociación en batallas ajenas. El poder central solo escucha cuando se le confronta con datos empíricos y realidades de mercado que afectan sus propias variables.
¿Cómo se construye esa capacidad de negociación en el siglo XXI? La respuesta está en la densidad conceptual. Estuve leyendo el preámbulo y una declaración de principios del nuevo espacio Encuentro Misionero. Interesante, de base indiscutible. Sin embargo, la ciudadanía necesita un proyecto de provincia a mediano y a largo plazo que traduzca esos enunciados en políticas de Estado verificables. Para que los principios tengan un destino real y no queden reducidos a promesas de coyuntura, resulta imperativo movilizar y organizar de manera lúcida nuestra mayor riqueza: la materia gris.
Ustedes imagínense un centro de estudios ordenador, una usina de ideas independiente de las estructuras partidarias, concebida como un espacio de inteligencia aplicada y rigor empírico. Un espacio con capacidad operativa para que los mejores especialistas, académicos y profesionales independientes de la sociedad puedan contribuir con soluciones basadas desde el pensamiento crítico y la seriedad de propósito.
Esta necesidad se vuelve acuciante cuando calibramos los desafíos globales que se nos vienen encima. A principios de los años 70, el académico Alvin Toffler irrumpió con un libro titulado Future Shock. En sus páginas de apertura, el autor advertía con lucidez: “Este libro versa sobre el cambio y sobre la manera de adaptarnos a él. Trata de los que parecen medrar con el cambio y flotan alegremente en sus olas, así como las multitudes que le resisten o tratan de evadirse de él. Trata de nuestra capacidad de adaptación. Trata del futuro y del shock inherente a su llegada”. Para Toffler, el shock del futuro se podía prevenir, pero señalaba con firmeza que para que eso suceda “será necesaria una drástica acción social e incluso política”, porque “la sociedad, como conjunto, se verá arrastrada por el remolino, a menos que consigamos hacernos del control del impulso acelerador”. Hace más de cincuenta años advertía sobre la necesidad de domesticar la tecnología, y el cambio vertiginoso requiere método, no consignas de barricada.
Misiones se debe preparar para el shock del futuro; por eso, tal como lo afirmó Toffler en su obra, lo que necesitamos es una nueva visión revolucionaria para determinar los objetivos. La provincia cuenta con activos geoestratégicos que no son meros paisajes contemplativos, sino capitales críticos para las próximas décadas. El territorio se encuentra montado sobre el Sistema Acuífero Guaraní, uno de los reservorios de agua subterránea más grandes del planeta —un recurso vital de seguridad global—, y sus montes y bosques custodian más del 52% de la biodiversidad total del país en apenas el 0,6% de la superficie nacional. Nuestra selva y nuestros ríos brindan servicios ecosistémicos indispensables a toda la cuenca continental.
El Realismo Periférico nos exige traducir este valor geográfico y ambiental en un argumento de negociación técnico y científico inapelable. Exigir un esquema fiscal de frontera, regímenes impositivos diferenciales —emulando modelos internacionales exitosos de estados federados o regiones ultraperiféricas— o la compensación por la custodia ecológica no debe plantearse desde la retórica del reclamo andrajoso, sino como una ecuación econométrica cerrada.
Para dar un paso diferencial, el nuevo proyecto, Encuentro Misionero –que surge de la evolución del Frente Renovador tras el aceleracionismo implosivo de la Neo y el Blend–, necesita la creación de una usina de pensamiento ciudadana como brazo técnico indispensable para elaborar esos modelos matemáticos, superar el bombardeo desinformativo y mitigar los sesgos cognitivos de la inmediatez que nublan el raciocinio.
Como un ciudadano más, legítimamente interesado en la cosa pública —en la auténtica res publica—, considero que dotar a la provincia de este sustento conceptual es el paso indispensable para una reforma que apunte a un Estado moderno con políticas de desarrollo a largo plazo.
Para que Encuentro Misionero pueda poner al nuevo gobernador, primero debe generar un nuevo pacto social. Hay una comunidad que exige pasar del análisis estratégico al trabajo táctico sobre el terreno. El futuro no se espera; se planifica con método científico, audacia y la cabeza fría. La mesa está servida, los números esperan y el impulso acelerador de la historia no va a detenerse a esperarnos.
Opinión
Un régimen electoral hecho pelota

Luis M. Pastori
En la Tierra Sin Mal las necesidades políticas demuelen las instituciones, tal el caso del régimen electoral provincial y su manejo arbitrario y a discreción por parte de las mayorías partidarias del peronismo en los ’90 y de la Renovación en los últimos 23 años.
Para muestra, bastan estos cinco botones.
I – La “Ley de Lemas”
Aprobada en 1991, las elecciones municipales para elegir intendente y concejales se rigen en Misiones por este estrafalario esperpento que permite “bellezas” tales como:
- Viola el principio constitucional del “voto directo” (Art. 48 inc. 2 de la C.P.) ya que -recordemos- la ley de lemas es la consagración del voto indirecto que prohíbe nuestra Constitución ;
- Viol el principio de la elección del intendente por “simple pluralidad de sufragios” (Art. 163 C.P), ya que obtener el mayor número de votos en los comicios no asegura ganar las elecciones, al prevalecer la sumatoria de los votos de los sublemas;
iii. Permite presentar un número infinito de sublemas por partido o frente, ya que los mismos afiliados que avalan a un sublema pueden también avalar a cuantos otros se les ocurra, conforme una grotesca interpretación del Tribunal Electoral. Obviamente, el resultado son mesas forradas con boletas de candidatos mayormente desconocidos y que generan gran confusión en el elector.
- Ahora resulta que en “la previa” a las sesiones ordinarias -lugar desde donde se comunican todas las cuestiones de antemano decididas por el “conductor”-, nos enteramos que se propiciará una modificación limitando a cuatro sublemas por partido o frente.
Me hace acordar la expresión de un amigo al que cuando le preguntaba como andaba, respondía “… no hay peligro de mejorar”.
Este lavado de imagen pretende presentar algo perverso, tramposo e inconstitucional como positivo mediante una limpieza circunstancial. No cambia en absoluto su esencia sino que edulcora su apariencia. La Ley de Lemas, aún “mejorada” seguirá siendo malvada, injusta e inconstitucional.
Es decir, “no hay peligro de mejorar”
II – La cobertura de bancas: el caso Karen Fiege
Nuestra Constitución establece en su Art. 84 “in fine” que: “Las vacantes no serán cubiertas cuando faltare menos de un año para el término del período correspondiente, a menos que alcancen a la quinta parte del total de la Legislatura”.
Sin embargo, la legisladora renovadora Karen Fiege renunció a su banca en fecha 24 de enero de 2025 con mandato vigente hasta el 10 de diciembre, es decir a menos de un año para completarlo.
Pero en sesión del 8/5/25 asumió en su reemplazo para completar el período (menor a un año) la Sra. Nancy Unfhurer. ¿La Constitución?: bien, gracias.
“Cosas de Misiones, La Hermosa” diría el recordado Chiquito Sánchez Ratti (googlear).
III- La representación de las minorías
A esta altura, nuestra maltratada Constitución también dice en su Art. 48 inc. 5) que: “el sistema electoral que regirá para la integración de los cuerpos colegiados deberá conceder, bajo pena de nulidad, representación a la minoría o minorías, que no podrá ser inferior al tercio del total”.
Sin embargo, y en otra interpretación reñida con las matemáticas de nuestro Tribunal Electoral, varios concejos deliberantes en la Provincia que cuentan con cinco (5) o con (7) miembros, tienen solamente a un (1) representante por la minoría. Para nuestros jueces un tercio de 5 y un tercio de 7 equivalen a 1.
“¿Qué resultado querés que te de? ”
IV – EL VO.CO.MI (boleta electrónica)
El llamado “Voto Codificado Misiones” (VO.CO.MI.) consiste en la emisión del sufragio y el escrutinio por medios electrónicos.
Aprobado por Ley XI N° 6 (Art. 183), fue presentado a los partidos políticos el 17 de junio de 2013, diciendo que su puesta en funcionamiento en modo experimental iba a ser en 5 mesas de la Escuela Santa Catalina de la ciudad de Posadas en las elecciones de dicho año, para luego ir gradualmente extendiendo al resto de las mesas de toda la provincia.
A partir de entonces, este mecanismo ha sido utilizado en todas las elecciones provinciales realizadas, vale decirlo con éxito y sin inconvenientes ni reclamos. Pero (lástima que siempre hay un pero) siempre en carácter de prueba circunscripta a algunas pocas mesas o a algún municipio, particularmente en Candelaria.
¡13 años después de ser presentado!, el VO.CO.MI sigue limitado a unas pocas mesas en algún municipio. Viene medio lerdo el proceso de generalización, ¿no?
V – La “Ficha Limpia”
Como frutilla del postre, un proyecto del oficialismo propone instalar la “ficha limpia a la misionera”, utilizando un fin loable para que el poder político termine manejando la decisión de quienes podrán ser candidatos y quienes no. Una estrategia de fachada noble y letra chica proscriptiva. Un verdadero “Caballo de Troya” legislativo, utilizado como un arma política decorada con un discurso moral de “pureza institucional”. Además, este es un proyecto que “viene con dedicatoria”
Trata de acorralar a los legisladores en el sentido que, si votan a favor aprueban las trampas perversas, pero si votan en contra serán acusados de estar a favor de los corruptos.
Conclusión
En síntesis: en la Tierra Sin mal tenemos un Régimen Electoral “hecho pelota”, emparchado, toqueteado y manoseado, armado a pedir del oficialismo y sus necesidades de cada momento, indigno de más de un millón de electores misioneros que nos merecemos respeto y consideración.
Cr. Luis Pastori -Diputado Provincial (M.C.) y Diputado Nacional (M.C.)
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