Nuestras Redes

Opinión

Un año y medio de ataques a fondo contra la clase obrera

Publicado

el

 

Por: Aníbal “Tato” Zeretzki

@TatoZeretzkiPo

 

En este año y medio de mandato del presidente Milei asistimos a un ataque a fondo contra los derechos de los trabajadores de nuestro país a través de un conjunto leyes que por la magnitud del impacto que tendrán sobre las condiciones de trabajo constituyen una verdadera reforma constitucional.

La reforma laboral no es una “actualización” de convenios colectivos de trabajo obsoletos sino, al contrario, un retroceso en importantes derechos que fueron conquistados con décadas de luchas.

Se extiende el período de prueba hasta ocho meses, al cabo de los cuales te pueden rajar sin problemas; elimina el reconocimiento de la relación de dependencia (y con eso, de los derechos laborales) para los trabajadores de empresas de hasta cinco trabajadores, algo que va a incentivar más la tercerización en empresas subsidiarias; elimina la reinstalación en los casos de despidos antisindicales, toda una señal de ofensiva contra los activistas y delegados combativos en los lugares de trabajo; y abarata las indemnizaciones por despido, en un momento de fuerte recesión económica e industrial. Como también barre con las multas a las patronales que precarizan a sus trabajadores, “la ley es un llamado a que se siga contratando trabajadores sin registrar”, como denunció la diputada del Frente de Izquierda y el Partido Obrero Romina Del Plá.

La informalidad laboral alcanzó a 4 de cada 10 asalariados bajo el gobierno de Milei. A su vez, este prepara una reforma antiobrera en función de proyectar la ausencia de derechos que padece el sector no registrado hacia el conjunto de los trabajadores. Pretende convertir al país en una plataforma de mano de obra barata al servicio del lucro capitalista. El dato proviene de un informe elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA), en base a estadísticas oficiales, correspondiente al tercer trimestre 2024.

De allí se desprende que la tasa de informalidad laboral supera el promedio en el caso de las trabajadoras de casas particulares (76,3%), los obreros de la construcción (67,3%) y los empleados de comercio (47%).

Lo anterior muestra el fracaso que significó la política de otorgar incentivos patronales como aliciente para crear empleo formal: ni la reducción de aportes patronales consignado en el Plan Registradas redujo la informalidad en el servicio doméstico, como tampoco el reemplazo de las indemnizaciones por el fondo de cese laboral en el convenio de la Uocra contribuyó a generar puestos de trabajo de calidad en dicho rubro.

Semejante tasa de informalidad agrega preocupación sobre la decisión del gobierno de eliminar la moratoria previsional, negándoles el derecho a jubilarse a aquellos que no lograron reunir los años de aportes requeridos por culpa del fraude patronal, condenándolos a sobrevivir con una pensión de indigencia.

Los capitalistas se ahorran las contribuciones a la Seguridad Social de dos quintos de la fuerza de trabajo de Argentina. Además, retienen una mayor porción de la riqueza creada por los trabajadores pagándoles peores sueldos a quienes no están registrados. La brecha salarial entre los asalariados formales e informales asciende al 46%. En ese sentido, 40% de los trabajadores vive en hogares pobres, escala a 60% en los no registrados.

Esta realidad desmiente el discurso del gobierno y empresarios sobre que reducir las contribuciones patronales y flexibilizar los convenios colectivos permitiría mejorar los salarios. Los que no tienen acceso a aportes jubilatorios, vacaciones, licencias pagas y aguinaldo perciben los ingresos más bajos.

También se revela como falsa la premisa de que las inversiones decaen por culpa del supuestamente elevado costo laboral. Lo cierto es que este último se encuentra por el piso como resultado de la extensión del trabajo precario y la caída salarial, sin embargo, el índice de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) cayó 17,1% interanual entre enero y noviembre 2024, según la consultora Orlando Ferreres.

Son argumentos falaces para justificar una reforma antiobrera que incremente la tasa de beneficio del capital.

El estudio citado describe que la informalidad laboral trepa al 75% en las empresas de hasta 5 empleados.
La Ley Bases borra la relación de dependencia en los establecimientos con hasta tres trabajadores, incorporando la figura del «colaborador», sin derechos de aguinaldo, vacaciones, enfermedad, licencias e indemnización, es decir, las condiciones básicas de la ley de contrato laboral.

La no registración es casi 5 puntos superior entre mujeres, dado que los puestos de trabajo con alta tasa de feminización son más precarios; deja en ridículo el negacionismo del gobierno respecto a la brecha de género.
A su turno, la informalidad escala al 64% entre la juventud y al 67% entre las mujeres jóvenes, específicamente.

La mitad de los jubilados cobra la mínima que, con el bono de $70.000, llega a $355.820, mientras la canasta básica de la tercera edad, calculada por la Defensoría de la Tercera Edad, se ubica en $1.200.000. Es decir, hoy una jubilación mínima, con aumento y todo representa casi la cuarta parte del costo de vida de un jubilado.
Las jubilaciones constituyeron el 19,2% del recorte total realizado por el Sector Público Nacional en 2024.

La Ley Bases pone fin de la presunción de existencia de relación laboral: se invierten las consideraciones al respecto, teniendo el trabajador que demostrar la naturaleza fraudulenta de una incorrecta registración. Así como se declara a ciertas actividades dudosas (prestación de servicios y de agencia, etc.) en el derecho civil y comercial y por fuera de las relaciones del trabajo. También se habilita el funcionamiento de “trabajadores independientes” con hasta 3 colaboradoras, en el régimen de monotributistas. Tras la reglamentación empezará a regir el nuevo “periodo de prueba”, pasando de los actuales 3 meses a un mínimo de 6 meses, pudiendo extenderse a 8 (empresas de seis a cien trabajadores) y 12 meses (empresas de hasta cinco trabajadores), lo que implica la consagración final de la inestabilidad laboral, siendo que “un año de trabajo” no implica ningún periodo de “prueba”. Esto exime a las patronales del pago de indemnización por antigüedad, preaviso e integración del mes.

Entre los ítems más esperados por patronales, se habilita el despido “con justa causa” ante medidas sindicales que puedan ser consideradas como “bloqueos o tomas de establecimientos” o la afectación de la “libertad de trabajo” de otros empleados, lo que otorga amplias facultades discrecionales a los capitalistas.

Incluso se faculta a las patronales al despido discriminatorio (algo prohibido por tratados internacionales) con un sobrecargo de entre 50 y 100% de la indemnización por antigüedad: con plata se puede discriminar.

La reglamentación también daría lugar a que patronales y burocracia sindical pacten reformas en los convenios colectivos para incorporar el Fondo de Cese Laboral en remplazo del actual régimen indemnizatorio

En la provincia de Misiones la situación del conjunto de los trabajadores es de las peores del país en términos salariales y en las condiciones laborales. Mientras el promedio nacional del salario bruto es de $1.049.781, en nuestra provincia es un 37% inferior a esta cifra. Además, la informalidad laboral está mucho más extendida que en otras provincias, sin mencionar el enorme grado de explotación que padecen quienes trabajan a destajo como los tareferos.

Todos los partidos políticos patronales coinciden en una reforma laboral flexibilizadora; desde el PRO, UCR, peronismo dialoguista, fuerzas provinciales como la Renovación hasta CFK se mostró a favor de avanzar en ese sentido. La CGT, en lugar enfrentarla, se sentó con el gobierno a negociar la reforma laboral a cambio de excluir de la ley los articulados que afectan a sus cajas. El único sector político que enfrentó este ataque desde el inicio fue el Frente de Izquierda y los trabajadores que integra el Partido Obrero movilizándose junto a los trabajadores, estudiantes y jubilados.

En ese sentido el FMI exige reformas sustanciales –el gobierno se comprometió a ello- como la previsional, que prevé el aumento de edad jubilatoria, la eliminación de los regímenes especiales, el doble beneficio de las pensiones, la privatización de las jubilaciones y la imposibilidad para quienes no tienen los aportes completos de jubilarse, esto en un país donde el trabajo informal supera el 42%; como la reforma laboral que va contra las indemnizaciones, por una mayor flexibilidad como la aplicación del “banco de horas” que convierte las horas extras en horas normales, etc.; como el régimen tributario que busca un mayor gravamen sobre los trabajadores, y que ya una resolución aumenta lo que pagan 2.500.000 de monotributistas, etc.

Este ataque contra la inmensa mayoría del pueblo y todos los trabajadores está planteado luego del mazazo que significó el ajuste brutal que ya efectuó la motosierra de Milei y los gobernadores, ahora afilada por el FMI para ir más a fondo.

La avanzada del gobierno de Milei y los gobernadores contra los trabajadores da lugar a un envalentonamiento de las patronales por medio de despidos, suspensiones y extorsiones y presiones sobre los trabajadores.

La reglamentación de esta normativa antiobrera deja sin ningún beneficio para los trabajadores y la población en general, siendo estos perjudicados por la pérdida significativa de derechos y conquistas laborales y por la imposición de un régimen de precarización y flexibilización laboral a imagen y semejanza de las pretensiones patronales. Derrotemos esta orientación contraria a los trabajadores, con la organización independiente, con la huelga general contra Milei y los gobernadores.

*Aníbal “Tato” Zeretzki candidato a diputado provincial del Partido Obrero. 

Opinión

El “fraude del aire”: despedida amarga de Samsa, entre cartas, tarifazos y silencios

Publicado

el

Por Fernando OZ

@F_ortegazabala

Para cerrar la semana laboral y bajo el disfraz de un “nuevo aniversario” de Samsa, a su presidente, el ingeniero Santiago Ameri, se le dio por enviarle al “usuario”, a quienes cobra hasta el aire en las canillas, una carta de 238 palabras enumerando “los principales logros alcanzados” durante el último año. Un ejercicio de cinismo que aparece justo 72 horas después de no haber dado la cara ante una comisión del Concejo Deliberante de Posadas –mientas los vecinos gritaban por el pésimo servicio– y a menos de 12 horas de que LVM desnudara que Urbaser Argentina ya tiene el cartel de venta y las inversiones en el freezzer.

Y después nos hablan de normas ISO, planes de inversión y de líderes mundiales en servicios públicos medioambientales. Les decía que el pasado martes, en el Concejo Deliberante, mientras los vecinos desgranaban facturas de un millón de pesos y los técnicos del EPRAC intentaban explicar lo inexplicable, el lugar reservado para Samsa permaneció vacío. Ni el ingeniero, ni ninguno de sus gerentes de platinada sonrisa, se atrevieron a cruzar la puerta de la Comisión de Medio Ambiente.

Es una táctica vieja, de manual de fugas: cuando no se tienen respuestas, se ofrece el silencio. Es la respuesta de quien ya tiene las valijas hechas y el pasaje sacado.

Mire usted, lector, la ironía del asunto. En la tierra de las grandes aguas, del Iguazú que ruge y del Paraná que nos abraza junto al Uruguay, hay una casta de tipos con gemelos de plata y aliento a café de aeropuerto que decidieron cobrarnos el aire. Sí, leyó bien: el aire. En Posadas y Garupá, el milagro no es convertir el agua en vino, sino convertir el vacío de una cañería seca en una deuda impagable.

Leí la carta de aniversario con una mezcla de tedio y asco. Un texto que huele a perfume caro para disimular el hedor de un sumidero tapado. Ameri nos arroja a la cara el abecedario de las normas ISO: la 9001, la 14001, la 45001. Alfabetismo corporativo para analfabetos de la realidad que ven al ciudadano –usuario– desde una planilla de cálculos. Dice que certifican la “satisfacción del cliente” y el “trabajo mancomunado”. Yo le pregunto al ingeniero: ¿En qué manual de la ISO figura que dejar la silla vacía ante los representantes del pueblo es un estándar de calidad? ¿Cómo se “mancomuna” el esfuerzo con una empresa que no da la cara, no respeta las instituciones ni cumple con lo acorado?

Samsa, esa criatura del Grupo Urbaser, cumple 26 años. Pero no es un cumpleaños, es una liquidación por cierre. Mientras Ameri redacta odas a la “inversión histórica”, en las oficinas de Avenida Leandro N. Alem al 1050, frente al barrio porteño de Puerto Madero, se encuentra el cartel de “Venta”. La multinacional, propiedad del fondo estadounidense Platinum Equity, busca la puerta de salida. Si no me creen vayan y pregunten en el Banco Santander.

Quieren vender su filial argentina por 400 millones de euros antes de que el contrato expire en 2030 y alguien les exija las cuentas que hoy no quieren dar en el Concejo. Es el truco del tahúr de oficina: te muestran la paloma de las normas ISO en la mano derecha para que no veas cómo la izquierda te vacía la billetera y te deja hasta sin agua.

Miren, además de ver la boleta que llega a mi casa, camino estas calles y he visto los medidores girar con un frenesí demoníaco cuando no hay una gota de agua. Es el “fraude del aire”. Mis vecinos, cansados de ser el cajero automático de una empresa que desinvierte, forzaron al EPRAC a ordenar rectificaciones. Y los funcionarios del organismo de control se dieron cuenta de que no se puede ocultar el sol con un dedo, ni la estafa con una gacetilla de prensa de aniversario.

Mire, ingeniero Ameri, a quienes usted llama “estimado usuario”, yo suelo tratarlos por sus nombres, porque muchos de ellos son mis vecinos. Su “compromiso con la mejora continua” es una bofetada a los 106.000 “usuarios” –dato del último informe de gestión de la empresa– que usted cita como si fueran ganado contable.

El plan es claro: maximizar la recaudación con tarifazos salvajes del 400%, maquillar el balance con certificados de cartón pintado y largarse a toda vela antes de que la infraestructura termine de crujir. Es la ética del corsario: saquear la plaza y huir antes de que llegue la marea de la justicia.

Usted, Ameri, presidente de Samsa, es un transeúnte de la alta gerencia. Mañana, con su ganada chapa de International Waste Manager, estará certificando la calidad de una constructora en Madrid o una mina en alguno de los cuatro continentes donde opera Urbaser Global. Pero el vecino de Posadas y Garupá se queda con su canilla seca. Por eso escribo. Porque si el agua es un derecho humano, lo que están haciendo ustedes —y lo que callan al no ir al Concejo— es un crimen de guante blanco.

Durante las últimas tres décadas, como periodista me tocó escribir sobre redes de corrupción, flujos de dinero, contrabandistas buenos y malos, políticos sin escrúpulos, mercenarios colombianos camino al matadero, en fin, pero nunca sobre una corporación que cobrara el aire.

Sigan mandando cartas. Sigan celebrando aniversarios de papel. Mientras tanto, nosotros seguiremos contando las vueltas del medidor que marca el vacío, documentando el vaciamiento de una empresa que se quiere ir sin pagar la cuenta y recordándoles a los ciudadanos de Posadas que, frente al silencio de sus sillas vacías, solo queda quienes nos animamos a decir basta.

No es una pelea por una factura impaga, el acceso al agua es un Derecho Humano. Es en defensa de un derecho básico de los que vivimos en Misiones frente a una multinacional que lo vulnera. Los tres poderes del Cantón deberían tomar cartas en el asunto y ser menos laxos, pero ahora, no sea cosa que se vayan sin pagar la cuenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguir Leyendo

Opinión

Los líderes de cartón gracias al silencio de los mansos

Publicado

el

Congreso vida

Por Fernando Oz

@F_ortegazabala

El asunto del “Escudo de las Américas”, la inclusión de nuestro bendito país en la guerra contra el narcoterrorismo, y el último informe que trasmitió la DEA en el International Narcotics Control Strategy Report, me dan mala espina. Paraguay se consolidó como el principal centro de acopio y reexportación de cocaína andina hacia mercados internacionales, más del 50% de las incautaciones están relacionadas a la Hidrovía y sus ramificaciones. El Cantón también forma parte de esa ruta: logística, puertos de transbordo y filtración, entre amenities de lavado y dormitorio.

El panorama completo no se resume en un párrafo, pero créanme que no es para nada alentador. Mientras tanto nuestro aporte es organizar campeonatos de Counter Strike. Pum, pum, pum, y sonreí para la selfie. Miren, la realidad es que nuestros jóvenes no fueron contratados como “programadores” de nada, tampoco están diseñando startup en compañías multinacionales, están recogiendo uva y manzanas en el sur de Brasil. Otros tantos de miles, los que no cruzaron la frontera, están desocupados, ya sea por la desregulación yerbatera, por la viveza de Arauco, por la miseria de Massalin Particulares, o por la fuerza del mercado frente a la inoperancia del Estado. Otros miles ya cayeron en el narcomenudeo. Esa es parte de nuestra realidad y si no espabilamos pronto vamos a caer al precipicio.

Faltan líderes, dicen. Y yo les digo que lo que faltan son hombres y mujeres con el temple suficiente como para decir verdades, aunque duelan; ciudadanos que sientan vergüenza de tener que dejar su futuro en manos de la primera cara que sale en TikTok. El problema del Cantón no es que falte gente con ambición —de esa hay de sobra, y suele ser inversamente proporcional al talento—, sino que hemos matado la figura del líder para sustituirla por el “influencer” de cabotaje.

Sí, es un fenómeno mundial. Me viene a la mente el viejo Umberto Eco diciendo que el drama de nuestra era es que el tonto del pueblo ya no se queda en la esquina, sino que tiene el mismo altavoz que un premio Nobel. Miren si no tenía razón. Y en la política del Cantón, eso se nos ha vuelto el pan nuestro de cada día: tipos que confunden tener seguidores en redes con tener una visión de Estado.

En algún momento habrá que madurar, porque quejarse de que no hay líderes, además de ser deporte nacional, es una infantilidad de patio de colegio. Decimos que “no hay nadie nuevo”, que “son todos iguales”, mientras nos encogemos de hombros y nos vamos a pescar al Paraná el día de las elecciones. Y ahí está el dato, crudo como herida trapera: en las elecciones del 8 de junio de 2025, la participación electoral cayó al abismo del 57,45%. Casi la mitad del electorado se quedó en casa, rascándose la barriga o mirando Netflix, dejando que el destino de todos lo decidan los de siempre y los cuatro de más allá.

Es que lo del vacío de liderazgo es, en realidad, un vacío de ciudadanía. Nos quejamos de que los políticos son mediocres, pero ¿quién los elige? Los elegimos nosotros, por acción o por omisión. El problema, como bien apuntaba Fernando Savater, es la orfandad de ciudadanos lúcidos y comprometidos.

No hay liderazgos porque no hay exigencia. El poder se ha vuelto una cuestión de gestión de la resignación. Ya no se busca al estadista, al tipo con visión, al que sabe hacia dónde llevar la nave, ese en el que sepamos que podemos confiar por lo que ha demostrado en la diaria. Ahora se busca al que mejor maneje el algoritmo, al que sea más “parecido” a nosotros en su vulgaridad.

Cuando lleguen los lobos

El electorado misionero ha pasado de la pasión militante a una apatía ovina. Saben qué pasa, se cansaron de que les mientan, sí, pero en lugar de exigir excelencia, en vez de pelear el metro cuadrado que les toca, optaron por el silencio de los mansos. Y ya saben lo que pasa cuando el ciudadano se duerme: los lobos se visten de pastores.

Después de haber visto el surgimiento del Frente Renovador de la Concordia y, una veintena de años después, verlo caer por debajo de su piso histórico del 30% no es una señal de renovación, es una señal de agotamiento. Pero lo que viene detrás no es la luz al final del túnel, sino el estruendo de la fragmentación.

Lo que hay enfrente, señoras y señores, es todavía peor. Lo de la oposición es una dispersión que roza lo patológico. Fragmentos de partidos que parecen esquirlas de una granada que estalló hace décadas. Nadie aglutina, nadie convence, nadie tiene el cuajo de mirar al que tiene al lado y decirle: “peleemos juntos, aunque duela”. En lugar de eso, tenemos una diáspora electoral donde cada cual atiende su quiosco.

En las últimas elecciones vimos una marea de outsiders —policías retirados, libertarios de ocasión y oportunistas del descontento— repartiéndose las migajas de lo que había quedado de un banquete al que el pueblo no estuvo invitado. Es la política del canibalismo.

Los “nuevos políticos” carecen de la capacidad intelectual para entender que Misiones no termina en la Costanera de Posadas. No hay formación, no hay lectura, ni siquiera tienen sentido de lo histórico. Son gestores de la coyuntura, buscavidas del presupuesto que no sabrían distinguir un plan estratégico de una lista de la compra del supermercado. Están más pendientes del meme del día que de la crisis que se viene. Es el liderazgo líquido del que hablaba Eco, lo recuerdan: figuras sin aristas, sin principios sólidos, que cambian de color según sople el viento de las encuestas.

Misiones está hoy en un limbo peligroso. El viejo orden se apaga, agotado por su propio peso, y lo nuevo que asoma la cabeza no es más que una amalgama de gritos y frustraciones sin proyecto. No hay líderes porque no hay quien se atreva a serlo de verdad, con todas las consecuencias. Preferimos el refugio de la “identidad misionerista” como si fuera un amuleto, mientras la capacidad de gestión se nos escurre entre los dedos. El “misionerismo”, el de verdad, no el Neo, sirvió para levantar un muro contra el centralismo porteño, y estoy de acuerdo, pero detrás de ese muro nos hemos quedado dormidos. Y mientras tanto, los lobos avanzan.

Cuando la política deja de ser un ejercicio de inteligencia y pasa a ser un espectáculo de variedades, el resultado es el que vemos: una provincia rica con una política pobre. Muy pobre. Tomen nota, o sigan mirando para otro lado. Pero luego no vengan con lamentos cuando el próximo “salvador” de turno les venda espejitos de colores a cambio de lo poco que nos queda de dignidad ciudadana.

Seguir Leyendo

Opinión

De recaudadores y mercaderes: las piedras de Wanda no son gratis

Publicado

el

Por Fernando OZ

@F_ortegazabala

 

La desconfianza y la mala leche se han colado en la discusión por la tasa que la intendenta de Wanda, Romina Faccio, aplica a los turistas que visitan la ciudad. Lo primero nace del contribuyente, ese sujeto fatigado de promesas que rara vez se cumplen; lo segundo, de los que siempre tienen el brazo listo para arrojar barro.

Faccio defiende la Tasa Ecoturística, o como prefieran llamarla, como una herramienta clave de gestión, esencial para equilibrar el flujo de visitantes a las minas de piedras preciosas con la preservación del entorno local. Su argumento se apoya en la autonomía municipal (Art. 123 de la CN) para financiar servicios ambientales e infraestructura, diferenciándose de los impuestos nacionales por su destino específico: la remediación ecológica. Sin embargo, los sectores opositores y la propia Compañía Minera Wanda cuestionan el rumbo de esos fondos y denuncian la falta de un beneficio directo para el visitante.

A principios de semana, desde la tribuna del diario La Nación, el diputado libertario Carlos Adrián Nuñez cargó contra la medida tildándola de “peaje” arbitrario e impuesto encubierto que genera doble imposición y vulnera la libre circulación. Para el legislador provincial, el tributo —aplicado sobre una empresa privada que ya cumple con sus cánones— carece de contraprestación de servicios, ahuyenta al turismo y pone en jaque fuentes de trabajo al inflar la presión fiscal. El senador del PRO, Martín Goerling Lara, preocupado por la carga tributaria sobre los viajeros, se sumó al coro que apunta al mismo blanco: “impuestos encubiertos” que asfixian al sector privado y le restan competitividad.

No imagino a Nuñez, abogado viajado, especialista en derecho tributario y que forjó su carrera enseñando a los municipios el arte de la cobranza, negándose a pagar su estancia en Roma o Venecia, donde cada turista desembolsa entre tres y diez euros para mitigar el impacto de millones de suelas sobre infraestructuras históricas frágiles. No olvidemos que su primer gran cliente fue, precisamente, el municipio de Puerto Iguazú, y que conoce los pasillos de la Fiscalía de Estado como el patio de su casa en el exclusivo country AguaVista, en Paraguay. Que hoy el diputado llame “impuesto disfrazado” a lo que antes ayudaba a recaudar con celo de inquisidor es, como mínimo, un ejercicio de hipocresía que clama al cielo.

Tampoco imagino a Goerling Lara evitando entrar a Lisboa por una tasa turística de cuatro euros. El senador, respetado en los salones porteños, pero con el traje algo desgastado en su propia tierra, ve cómo se le fugan los dirigentes del PRO como agua entre los dedos hacia otras orillas. Para no perder pie en el fango político, se suma al clamor de los que ven “voracidad fiscal” en cada rincón misionero. Hablan de la Constitución y de federalismo cuando les conviene, pero callan cuando es el bolsillo del interior el que financia el aire acondicionado del Congreso de la Nación.

Mientras Núñez y compañía critican estas medidas como “impuestos encubiertos”, la tendencia mundial en las capitales del turismo demuestra que son herramientas legítimas de autonomía fiscal para proteger el patrimonio y la calidad de vida de los residentes. Romina Faccio no está inventando la pólvora; está defendiendo su municipio con lo que le queda tras el recorte nacional. Si Roma o Florencia cobran por pisar sus piedras históricas, ¿por qué deberíamos ser los únicos generosos del planeta? Las piedras de Wanda no son gratis, ni deberían serlo para quien viene de fuera a disfrutar de lo que el misionero cuida con el lomo doblado.

Tal vez, aún obnubilado por el azar del presente y la idea de un futuro que no fue, Nuñez olvidó que el federalismo no es una calle de sentido único diseñada para que el poder central asfixie a las provincias. Mientras alega en Wanda se grava actividades ya alcanzadas por Ganancias, ignora deliberadamente la asimetría estructural de Misiones: somos la provincia que menos coparticipación recibe por habitante en el NEA, lo que nos obliga, por puro derecho de supervivencia, a ejercer una autonomía fiscal que el artículo 123 de la Constitución respalda. No es “doble imposición”, es la respuesta legítima de un municipio que debe costear con recursos propios como consecuencia del recorte de las transferencias federales.

El objetivo de Núñez y los suyos agitar el fantasma del fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en 2024, le cortó las piernas a la Ecotasa de Bariloche. La Corte fue clara: si no hay un servicio concreto, efectivo e individualizado para el que paga, la tasa es inconstitucional. Independientemente al laberinto judicial al que vaya a meterse el caso, Faccio también se enfrenta con la falta de confianza de todo contribuyente argentino.

Pero en nuestro país, el síntoma de la desconfianza en la clase política ya es crónico; trasciende partidos, alianzas e ideologías. El contribuyente se pregunta con razón —y con una sospecha instalada en el hígado— adónde va su plata. No es maldad, es puro instinto: nadie quiere ser el tonto de la historia, el único que paga el pato mientras los de arriba eluden o se lo llevan crocante.

Seguir Leyendo
Publicidad

Lo más visto