Opinión
Un año y medio de ataques a fondo contra la clase obrera

Por: Aníbal “Tato” Zeretzki
En este año y medio de mandato del presidente Milei asistimos a un ataque a fondo contra los derechos de los trabajadores de nuestro país a través de un conjunto leyes que por la magnitud del impacto que tendrán sobre las condiciones de trabajo constituyen una verdadera reforma constitucional.
La reforma laboral no es una “actualización” de convenios colectivos de trabajo obsoletos sino, al contrario, un retroceso en importantes derechos que fueron conquistados con décadas de luchas.
Se extiende el período de prueba hasta ocho meses, al cabo de los cuales te pueden rajar sin problemas; elimina el reconocimiento de la relación de dependencia (y con eso, de los derechos laborales) para los trabajadores de empresas de hasta cinco trabajadores, algo que va a incentivar más la tercerización en empresas subsidiarias; elimina la reinstalación en los casos de despidos antisindicales, toda una señal de ofensiva contra los activistas y delegados combativos en los lugares de trabajo; y abarata las indemnizaciones por despido, en un momento de fuerte recesión económica e industrial. Como también barre con las multas a las patronales que precarizan a sus trabajadores, “la ley es un llamado a que se siga contratando trabajadores sin registrar”, como denunció la diputada del Frente de Izquierda y el Partido Obrero Romina Del Plá.
La informalidad laboral alcanzó a 4 de cada 10 asalariados bajo el gobierno de Milei. A su vez, este prepara una reforma antiobrera en función de proyectar la ausencia de derechos que padece el sector no registrado hacia el conjunto de los trabajadores. Pretende convertir al país en una plataforma de mano de obra barata al servicio del lucro capitalista. El dato proviene de un informe elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA), en base a estadísticas oficiales, correspondiente al tercer trimestre 2024.
De allí se desprende que la tasa de informalidad laboral supera el promedio en el caso de las trabajadoras de casas particulares (76,3%), los obreros de la construcción (67,3%) y los empleados de comercio (47%).
Lo anterior muestra el fracaso que significó la política de otorgar incentivos patronales como aliciente para crear empleo formal: ni la reducción de aportes patronales consignado en el Plan Registradas redujo la informalidad en el servicio doméstico, como tampoco el reemplazo de las indemnizaciones por el fondo de cese laboral en el convenio de la Uocra contribuyó a generar puestos de trabajo de calidad en dicho rubro.
Semejante tasa de informalidad agrega preocupación sobre la decisión del gobierno de eliminar la moratoria previsional, negándoles el derecho a jubilarse a aquellos que no lograron reunir los años de aportes requeridos por culpa del fraude patronal, condenándolos a sobrevivir con una pensión de indigencia.
Los capitalistas se ahorran las contribuciones a la Seguridad Social de dos quintos de la fuerza de trabajo de Argentina. Además, retienen una mayor porción de la riqueza creada por los trabajadores pagándoles peores sueldos a quienes no están registrados. La brecha salarial entre los asalariados formales e informales asciende al 46%. En ese sentido, 40% de los trabajadores vive en hogares pobres, escala a 60% en los no registrados.
Esta realidad desmiente el discurso del gobierno y empresarios sobre que reducir las contribuciones patronales y flexibilizar los convenios colectivos permitiría mejorar los salarios. Los que no tienen acceso a aportes jubilatorios, vacaciones, licencias pagas y aguinaldo perciben los ingresos más bajos.
También se revela como falsa la premisa de que las inversiones decaen por culpa del supuestamente elevado costo laboral. Lo cierto es que este último se encuentra por el piso como resultado de la extensión del trabajo precario y la caída salarial, sin embargo, el índice de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) cayó 17,1% interanual entre enero y noviembre 2024, según la consultora Orlando Ferreres.
Son argumentos falaces para justificar una reforma antiobrera que incremente la tasa de beneficio del capital.
El estudio citado describe que la informalidad laboral trepa al 75% en las empresas de hasta 5 empleados.
La Ley Bases borra la relación de dependencia en los establecimientos con hasta tres trabajadores, incorporando la figura del «colaborador», sin derechos de aguinaldo, vacaciones, enfermedad, licencias e indemnización, es decir, las condiciones básicas de la ley de contrato laboral.
La no registración es casi 5 puntos superior entre mujeres, dado que los puestos de trabajo con alta tasa de feminización son más precarios; deja en ridículo el negacionismo del gobierno respecto a la brecha de género.
A su turno, la informalidad escala al 64% entre la juventud y al 67% entre las mujeres jóvenes, específicamente.
La mitad de los jubilados cobra la mínima que, con el bono de $70.000, llega a $355.820, mientras la canasta básica de la tercera edad, calculada por la Defensoría de la Tercera Edad, se ubica en $1.200.000. Es decir, hoy una jubilación mínima, con aumento y todo representa casi la cuarta parte del costo de vida de un jubilado.
Las jubilaciones constituyeron el 19,2% del recorte total realizado por el Sector Público Nacional en 2024.
La Ley Bases pone fin de la presunción de existencia de relación laboral: se invierten las consideraciones al respecto, teniendo el trabajador que demostrar la naturaleza fraudulenta de una incorrecta registración. Así como se declara a ciertas actividades dudosas (prestación de servicios y de agencia, etc.) en el derecho civil y comercial y por fuera de las relaciones del trabajo. También se habilita el funcionamiento de “trabajadores independientes” con hasta 3 colaboradoras, en el régimen de monotributistas. Tras la reglamentación empezará a regir el nuevo “periodo de prueba”, pasando de los actuales 3 meses a un mínimo de 6 meses, pudiendo extenderse a 8 (empresas de seis a cien trabajadores) y 12 meses (empresas de hasta cinco trabajadores), lo que implica la consagración final de la inestabilidad laboral, siendo que “un año de trabajo” no implica ningún periodo de “prueba”. Esto exime a las patronales del pago de indemnización por antigüedad, preaviso e integración del mes.
Entre los ítems más esperados por patronales, se habilita el despido “con justa causa” ante medidas sindicales que puedan ser consideradas como “bloqueos o tomas de establecimientos” o la afectación de la “libertad de trabajo” de otros empleados, lo que otorga amplias facultades discrecionales a los capitalistas.
Incluso se faculta a las patronales al despido discriminatorio (algo prohibido por tratados internacionales) con un sobrecargo de entre 50 y 100% de la indemnización por antigüedad: con plata se puede discriminar.
La reglamentación también daría lugar a que patronales y burocracia sindical pacten reformas en los convenios colectivos para incorporar el Fondo de Cese Laboral en remplazo del actual régimen indemnizatorio
En la provincia de Misiones la situación del conjunto de los trabajadores es de las peores del país en términos salariales y en las condiciones laborales. Mientras el promedio nacional del salario bruto es de $1.049.781, en nuestra provincia es un 37% inferior a esta cifra. Además, la informalidad laboral está mucho más extendida que en otras provincias, sin mencionar el enorme grado de explotación que padecen quienes trabajan a destajo como los tareferos.
Todos los partidos políticos patronales coinciden en una reforma laboral flexibilizadora; desde el PRO, UCR, peronismo dialoguista, fuerzas provinciales como la Renovación hasta CFK se mostró a favor de avanzar en ese sentido. La CGT, en lugar enfrentarla, se sentó con el gobierno a negociar la reforma laboral a cambio de excluir de la ley los articulados que afectan a sus cajas. El único sector político que enfrentó este ataque desde el inicio fue el Frente de Izquierda y los trabajadores que integra el Partido Obrero movilizándose junto a los trabajadores, estudiantes y jubilados.
En ese sentido el FMI exige reformas sustanciales –el gobierno se comprometió a ello- como la previsional, que prevé el aumento de edad jubilatoria, la eliminación de los regímenes especiales, el doble beneficio de las pensiones, la privatización de las jubilaciones y la imposibilidad para quienes no tienen los aportes completos de jubilarse, esto en un país donde el trabajo informal supera el 42%; como la reforma laboral que va contra las indemnizaciones, por una mayor flexibilidad como la aplicación del “banco de horas” que convierte las horas extras en horas normales, etc.; como el régimen tributario que busca un mayor gravamen sobre los trabajadores, y que ya una resolución aumenta lo que pagan 2.500.000 de monotributistas, etc.
Este ataque contra la inmensa mayoría del pueblo y todos los trabajadores está planteado luego del mazazo que significó el ajuste brutal que ya efectuó la motosierra de Milei y los gobernadores, ahora afilada por el FMI para ir más a fondo.
La avanzada del gobierno de Milei y los gobernadores contra los trabajadores da lugar a un envalentonamiento de las patronales por medio de despidos, suspensiones y extorsiones y presiones sobre los trabajadores.
La reglamentación de esta normativa antiobrera deja sin ningún beneficio para los trabajadores y la población en general, siendo estos perjudicados por la pérdida significativa de derechos y conquistas laborales y por la imposición de un régimen de precarización y flexibilización laboral a imagen y semejanza de las pretensiones patronales. Derrotemos esta orientación contraria a los trabajadores, con la organización independiente, con la huelga general contra Milei y los gobernadores.
*Aníbal “Tato” Zeretzki candidato a diputado provincial del Partido Obrero.
Opinión
Los que hoy te aplauden, mañana te entierran

Por: Fernando Oz
Lo bueno de esta temporada de columnas de opinión, mecha que prendió Fernando Rumi en LVM, es que no me veo obligado a escribir de política, algo que debería ejercitar más de seguido. Así que la veda electoral me brinda esa oportunidad. La cuestión es que los otros días, revisando unos papeles, encontré de casualidad la Orden del día número 515 de la Cámara de Diputados de la Nación del año 2000, hace veinticinco años, cuando el nuevo siglo comenzaba a caminar.
El documento está impreso sobre dos hojas A4, algo arrugadas y con algunos bordes rasgados. Ahí se puede leer un dictamen de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja que luego se aprobó en el pleno con pomposos discursos incluidos.
“Señor presidente: Lamentablemente, y en el Día del Periodista, debemos pronunciarnos acerca de un hecho de violencia perpetrado en contra de un trabajador de prensa que, en ejercicio de su labor, sufrió una injustificable agresión de parte de un miembro de la comunidad de la ciudad de Puerto Iguazú”, se lee al inicio de los fundamentos del proyecto de Declaración.
En realidad, habían sido dos tipos, uno delgado y fibroso, el otro macizo y grandote desde donde se lo mirara. Eran contrabandistas de poca monta que, cada tanto, eran reclutados por el intendente de aquel entonces, cuyo nombre prefiero no recordar, para hacer presencia en actos políticos, romper manifestaciones y apretar a los molestos. Justamente esta última fue el caso. Fue cosa de un minuto. El primero hizo gala de tener un cuchillo en la cintura y me dejó sin aire con un izquierdazo en la boca del estómago. El segundo completó la misión con una trompada seca en la mandíbula. Nocaut.
Leo el dictamen de la Comisión de Libertad de Expresión con cierta nostalgia y pienso enmarcarlo; lo que suelen hacer los viejos periodistas cuando comienzan a batirse en retirada, midiendo lo último del parque de municiones.
Tenía veinticuatro años y tres en “el mejor oficio del mundo”, creía en un periodismo escrito con mayúsculas. Por la mañana me ganaba la diaria como movilero, por la tarde vendía artículos a quien sea: El Territorio, La Nación, La Prensa, revista Veintidós, Noticias. Siempre había un colega amigo dispuesto a dar una mano o simplemente pedía hablar con el jefe de redacción y ofrecía la noticia de manera corta, precisa, sin fisuras. Arriesgaba un título al teléfono, una bajada informativa, vendedora. Y remataba diciendo ‘Escuche jefe, también tengo diez fotos en alta resolución, dos muy buenas si piensa en la tapa. Pero el combo entero tiene otro precio’. Eso, un cazador furtivo de noticias perdido en la triple frontera.
Recuerdo que los diputados habían montado un espectáculo en el Congreso y los medios nacionales hablaban del tema. “Nos causa profunda indignación este atropello de evidente intención intimidatoria hacia la libertad de expresión, opinión e información”, se lee en uno los párrafos de los fundamentos del proyecto de declaración.
Más adelante sigue: “Sirva esta iniciativa, paradójicamente presentada en el Día del Periodista, como un reconocimiento a una profesión que, lejos de ser cómoda y complaciente, es riesgosa y a menudo ingrata, pero que es imprescindible para el resguardo de los derechos y libertades en una sociedad civilizada”. Más adelante citan a Abraham Lincoln y a Rodolfo Walsh.
Pero fíjense lo que son las cosas. El proyecto de Declaración fue firmado por trece diputados de diferentes bloques. Años más tarde, siendo embajadora en Caracas, una de las legisladoras que había estampado su rúbrica, me demandó por escribir que ella hablaba con los peces de la fuente de la sede diplomática en Venezuela; otro de los diputados de aquel momento, tiempo después, siendo gobernador, me detuvo cuando intentábamos ingresar con un equipo periodístico a un sembradío de su propiedad donde aterrizaban sospechosas avionetas que llegaban de Bolivia.
Otros dos de esos diputados tuvieron encontronazos con la prensa después de quedar envueltos en presuntos hechos de corrupción. ¿Entienden lo que quiero decir? Los que hoy te aplauden, mañana te entierran. La relación entre el periodismo y el Poder, sea el que fuere, siempre fue compleja. Lo supo uno de mis abuelos cuando el peronismo cerró su periódico, luego mi padre en plena dictadura, y posiblemente mañana le toque a mi hijo. Quién sabe.
Parecen ser momentos difíciles para el periodismo en el país y en el mundo. Según el balance anual de Reporteros sin Fronteras (RSF) a fines del año pasado, un total de 54 periodistas han sido asesinados, 550 encarcelados y 55 secuestrados en 2024. La organización no gubernamental dice que es una “cifra récord” y que “el periodismo paga un precio humano desorbitado en los conflictos y los regímenes opresores”. Cinco profesionales perdieron la vida en México, otros siete en Pakistán y desde que se desató la guerra en Ucrania van 13, ni qué decir lo de Palestina donde el número de colegas muertos es alrededor de 200.
El último informe de RSF indica que, por segundo año consecutivo, la Argentina registró una profunda caída en el índice global de libertad de prensa: descendió en total 47 lugares durante el gobierno de Javier Milei.
Es terrible, pero qué puedo decir. Esas han sido siempre las reglas, en tiempos de los teletipos y ahora también, donde jóvenes reporteros resisten en Gaza mostrándoles al mundo desde la cámara de sus celulares, a través de las redes sociales, lo miserables que podemos ser los seres humanos.
Es que el periodismo, como contrapoder, se vuelve un ejercicio peligroso en cualquier lugar del mundo. Y, por suerte, siempre hay mujeres y hombres con pensamiento crítico dispuestos a cuestionar y pelear por la verdad, la independencia y la libertad de prensa. Pero claro, tendrán que pagar el precio. El límite depende de cada cual.
Veinticinco años después, ojeo lo que se llevó al recinto del Congreso y me produce un sabor amargo. En cambio, la primera vez que lo leí me pareció que era una dulce victoria. Es el paso del tiempo o el kilometraje. Tal vez, sea el momento de terminar de hacer las valijas, de hacer el relevo.
Opinión
Escenario electoral a una semana de las elecciones en el Cantón

Por: @F_ortegazabala
El resultado de las elecciones provinciales, que se conocerán el próximo domingo al finalizar el escrutinio, servirá para medir el piso del oficialismo, de la desmantelada oposición y marcar el enojo de la sociedad hacia una dirigencia que derrocha apatía por Instagram mientras los comedores comunitarios comienzan a desbordarse debido a la creciente necesidad alimentaria.
Fue una campaña sin debate, mediocre, los candidatos no anduvieron; gana la estrategia y pierde el ego y la pedantería. A menos que suceda algo extraordinario, de acá a siete días el cuadro de situación no se correrá. En el oficialismo, los más optimistas creen que el Frente Renovador de la Concordia meterá catorce diputados, los más pesimistas dicen ocho, y el arriba firmante se para en nueve, diez con viento a favor.
El tercer puesto será para el sello de La Libertad Avanza, gerenciado por el abogado tributarista Carlos Adrián Nuñez y el bróker de negocios Diego Hartfield. Si se confía en las encuestas que andan dando vueltas, una de las incógnitas es Martín Arjol y sus radicales con peluca. Un muestreo de opinión pública, que se pasa de mano en mano por el directorio de Yacyretá, ubica al diputado nacional arañando ese tercer puesto hipotético.
Zona gris. Siguiendo esa misma lógica de confianza en las mediciones de unos y otros, el inflado expolicía Ramón Amarilla, que injustamente aguarda una sentencia tras las rejas, se posicionaría en un cuarto o quinto lugar. Tras meses de encierro, el líder de la sublevación policial de mayo del año pasado se encuentra hecho un Ravi Shankar, habla de diálogo y de consenso, se compara con Nelson Mandela; también se sueña diputado provincial, llevando la paz, dice tener fe y sabe que su lista quedó infiltrada por enturbiadas aguas del paraoficialismo.
En esa misma zona gris, tal vez rozando un quinto o sexto puesto se encuentra Unidos por el Futuro, el frente armado a los apurones con lo que quedó de la UCR y el PRO que lleva a Santiago Koch como primer candidato. Todo indica que estas serán las elecciones más amargas que haya sufrido el radicalismo. No hay más bancas para ocupar, sólo se renueva la mitad de la Legislatura, así que todo el resto corre el riesgo de quedar afuera incluso Koch y el ex diputado nacional Héctor Cacho Bárbaro, líder del PAyS.
¿Y el segundo puesto? ¿Esa segunda opción de contrapeso real? Esa segunda fuerza no tendrá ni voz ni voto en la Cámara porque no estará representada. Son los que elegirán votar en blanco o directamente no asistir al acto electoral. Una tendencia que ya se observó en otros distritos del país.
En las elecciones legislativas de CABA, la participación fue del 53,3%, muy por debajo del promedio histórico. Santa Fe abrió el calendario electoral del país el domingo 13 de abril, sólo fue a votar el 55,6% del electorado. En Jujuy fue del 64%, en Salta del 62%, en Chaco: 52%, y en San Luis 60%.
La elección con mayor nivel de crisis de legitimidad fue la del 18 de octubre del 2001, justamente legislativas; previas al derrumbe de la convertibilidad y a la renuncia de Fernando de la Rúa. En aquellos comicios nacionales, el ausentismo fue del 24,53%, los votos impugnados llegaron al 24,5% y el voto en blanco alcanzó el 4,7%. Si lo ponemos en proyección observamos con claridad el triste deterioro del sistema; la apatía de las que les hablaba.
Ese mismo mes y año, con la crisis nacional a pleno galope, el 6,4% de los que fueron a votar en el territorio provincial lo hicieron en blanco. Obtuvieron un virtual tercer puesto. La gente estaba claramente disgustada. El tema se los contaba hace algunas columnas atrás, entonces me tomo la licencia de recordarlo de manera textual.
Luego de aquel mal año, el voto en blanco más bajo en Misiones se registró en las elecciones siguientes, en 2003, cuando el Frente Renovador gana en las urnas por primera vez, con poco más del 46% de los votos. El 3,6% fue al blanco. Desde entonces hubo fluctuaciones, subas y bajas, ondulaciones propias del terreno político.
Tomando los datos de los porcentajes de las boletas de la categoría diputados provinciales de los últimos 22 años, observamos que el primer pico más alto de voto en blanco fue en 2007 con el 10,8%. El otro rebote fue en 2011, ese año, los que optaron por el blanco obtuvieron el segundo lugar con el 10,1% de los que fueron a votar. El Frente Renovador de la Concordia había ganado con el 67,5%, y los radicales se quedaron en tercer lugar con un magro 5,6%.
En 2015 se repite el pico de 2007 con el 10,8%, pero el escenario electoral es diferente. La polarización se acentúa a nivel nacional con el kirchnerismo en caída y la oposición encolumnada detrás de Mauricio Macri. La renovación obtuvo el 56,5% y el más fuerte de la dispersa oposición el 11,9%. El voto en blanco quedaba en tercer lugar.
Siguiendo en el análisis de la categoría Diputados provinciales, en la última elección, con la irrupción de La Libertad Avanza, Javier Milei y toda su pandilla, el voto en blanco volvió a colocarse en tercera posición después de haber permanecido durante tres actos electorales seguidos en cuarto lugar.
Lo que tiene que quedar claro es que, durante las últimas tres elecciones, en Misiones, el voto en blanco saltó del 4,7% al 5,8%. Lo que significa que el malestar vuelve a subir. Y ahora la tendencia es directamente no concurrir a votar, es por eso que, el movimiento final de estas elecciones estará en el poder de convocatoria y movilización, una cuestión de logística vital en una coyuntura general de apatía, de desafección política. No es un detalle menor.
Ahora, si afinamos la mira sobre el oficialismo y las legislativas: En 2005 fue el primer éxito electoral de medio término para el Frente Renovador de la Concordia, obtuvo el 41,9% de los votos; el Frente Justicialista para la Victoria el 19,5%, la UCR el 10,5%, después un variopinto menú cuya sumatoria apenas rozó el 15%. Desde aquel momento, las bancas de la renovación se mantuvieron muy por arriba de lo que se necesita para tener una cámara estable y afín a las necesidades del Poder Ejecutivo. Las legislativas de medio término que siguieron también fueron buenas: En 2009 la renovación metió doce diputados provinciales, nueve en 2013, diez en 2017 y once en 2021.
El resultado es claro, la Renovación Neo tiene la partida ganada. Después se evaluará su performance. La oposición tendrá que pensar más en la provincia. El próximo desafío será en las legislativas nacionales, en octubre, donde el misionerismo tendrá una nueva oportunidad de marcar presencia en el Congreso en un marco de realismo periférico.
Opinión
Plan represivo: el uso político de Guacurarí

Por: Pablo Camogli
La ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, presentó la última semana el “Plan Guaçurarí” destinado a controlar la frontera seca entre Misiones y Brasil, a la altura de Bernardo de Irigoyen. Más allá de la certeza sobre la ineficiencia de dicho plan, orquestado solo para llenar minutos de pantalla en los medios de la hegemonía comunicacional porteña y agradar a la embajada de los Estados Unidos, lo lamentable de todo esto es el uso político de nuestro prócer provincial.
En primer término, sorprende la ignorancia o el desinterés puesto de manifiesto a la hora de escribir el apellido de Andrés, que es Guacurarí, con C de casa. Este debate ya fue saldado hace muchos años por los principales investigadores dedicados a biografiar al prócer, entre otros, Jorge Machón, Daniel Cantero, Alfredo Poenitz y quién esto firma. A lo sumo, sería más tolerable la grafía con Z (Guazurarí, igual de errónea), pero nunca con la Ç, ya que esa letra solo forma parte del abecedario portugués, o sea, del enemigo.
En segundo lugar, suena a afrenta el uso del nombre del Comandante General de Misiones por parte de una descendiente directa de Juan Martín de Pueyrredón, el Director Supremo que declaró traidor a la patria a José Artigas, le puso precio a su cabeza y, lo que es más grave aún, pactó con el gobierno imperial en Río de Janeiro la entrega de la Banda Oriental y de las Misiones a cambio del aniquilamiento del artiguismo. Gracias a ese pacto, los pueblos que integraban nuestra provincia fueron destruidos, incendiados, saqueados y su población arriada como ganado.
Tanto la connivencia del Director Supremo con los luso-brasileños como la devastación causada por ellos es algo largamente documentado en la historiografía regional. Desde la perspectiva de Andrés, que es desde dónde pretendemos hacer historia en Misiones, Pueyrredón fue el mayor traidor a la causa común de construir un país unido en el Río de la Plata, un personaje que llegó al extremo de acordar con el enemigo exterior solo para desaparecer a sus adversarios internos.
Se podrá alegar que la ministra desconoce la historia argentina, algo muy probable dado su bajísimo nivel intelectual, pero eso no la exime de la provocación. Que ella, con todos sus pomposos apellidos patricios use el nombre de Guacurarí es un acto de cinismo. Los Bullrich Luro Pueyrredón de la época lo querían muerto a Andrés e hicieron todo lo posible para que ello ocurriera. Del mismo modo, los Bullrich Luro Pueyrredón del presente detestan todo lo que Andrés representa: el federalismo, la expropiación de tierras para dárselas a los más infelices, la igualdad hecha política práctica, la independencia y la defensa de la soberanía frente a toda potencia extranjera.
Es triste que un personaje siniestro y un gobierno cruel utilicen de esa manera a nuestro prócer provincial, que representó valores diametralmente opuestos. Si la ministra hubiera sido coherente que sus ancestros y con lo que ella misma pregona, jamás hubiera recurrido a un indígena como su emblema. Si tuviera dignidad (y valentía) le hubiera puesto Francisco Das Chagas Santos, en homenaje al oficial lusitano que destruyó las Misiones entre 1817 y 1818 y capturó a Andrés, en 1819, en connivencia con Pueyrredón y el patriciado porteño. Ese era su aliando en la época, como el neocolonialismo es su política en el presente.
Algún día los misioneros tendremos que definir si realmente queremos a Andrés como nuestro prócer o si preferimos a otro, a uno más cercano a los Bullrich Luro Pueyrredón, a alguien que no haya defendido con su sangre y con su vida el derecho inalienable de los misioneros a gobernarse por sí mismos. Tener a Guacurarí de prócer y hacerle el juego a los planes represivos de la ministra son cosas incompatibles. Por lo menos, seamos coherentes nosotros.
(*) Historiador
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