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Un año y medio de ataques a fondo contra la clase obrera

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Por: Aníbal “Tato” Zeretzki

@TatoZeretzkiPo

 

En este año y medio de mandato del presidente Milei asistimos a un ataque a fondo contra los derechos de los trabajadores de nuestro país a través de un conjunto leyes que por la magnitud del impacto que tendrán sobre las condiciones de trabajo constituyen una verdadera reforma constitucional.

La reforma laboral no es una “actualización” de convenios colectivos de trabajo obsoletos sino, al contrario, un retroceso en importantes derechos que fueron conquistados con décadas de luchas.

Se extiende el período de prueba hasta ocho meses, al cabo de los cuales te pueden rajar sin problemas; elimina el reconocimiento de la relación de dependencia (y con eso, de los derechos laborales) para los trabajadores de empresas de hasta cinco trabajadores, algo que va a incentivar más la tercerización en empresas subsidiarias; elimina la reinstalación en los casos de despidos antisindicales, toda una señal de ofensiva contra los activistas y delegados combativos en los lugares de trabajo; y abarata las indemnizaciones por despido, en un momento de fuerte recesión económica e industrial. Como también barre con las multas a las patronales que precarizan a sus trabajadores, “la ley es un llamado a que se siga contratando trabajadores sin registrar”, como denunció la diputada del Frente de Izquierda y el Partido Obrero Romina Del Plá.

La informalidad laboral alcanzó a 4 de cada 10 asalariados bajo el gobierno de Milei. A su vez, este prepara una reforma antiobrera en función de proyectar la ausencia de derechos que padece el sector no registrado hacia el conjunto de los trabajadores. Pretende convertir al país en una plataforma de mano de obra barata al servicio del lucro capitalista. El dato proviene de un informe elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA), en base a estadísticas oficiales, correspondiente al tercer trimestre 2024.

De allí se desprende que la tasa de informalidad laboral supera el promedio en el caso de las trabajadoras de casas particulares (76,3%), los obreros de la construcción (67,3%) y los empleados de comercio (47%).

Lo anterior muestra el fracaso que significó la política de otorgar incentivos patronales como aliciente para crear empleo formal: ni la reducción de aportes patronales consignado en el Plan Registradas redujo la informalidad en el servicio doméstico, como tampoco el reemplazo de las indemnizaciones por el fondo de cese laboral en el convenio de la Uocra contribuyó a generar puestos de trabajo de calidad en dicho rubro.

Semejante tasa de informalidad agrega preocupación sobre la decisión del gobierno de eliminar la moratoria previsional, negándoles el derecho a jubilarse a aquellos que no lograron reunir los años de aportes requeridos por culpa del fraude patronal, condenándolos a sobrevivir con una pensión de indigencia.

Los capitalistas se ahorran las contribuciones a la Seguridad Social de dos quintos de la fuerza de trabajo de Argentina. Además, retienen una mayor porción de la riqueza creada por los trabajadores pagándoles peores sueldos a quienes no están registrados. La brecha salarial entre los asalariados formales e informales asciende al 46%. En ese sentido, 40% de los trabajadores vive en hogares pobres, escala a 60% en los no registrados.

Esta realidad desmiente el discurso del gobierno y empresarios sobre que reducir las contribuciones patronales y flexibilizar los convenios colectivos permitiría mejorar los salarios. Los que no tienen acceso a aportes jubilatorios, vacaciones, licencias pagas y aguinaldo perciben los ingresos más bajos.

También se revela como falsa la premisa de que las inversiones decaen por culpa del supuestamente elevado costo laboral. Lo cierto es que este último se encuentra por el piso como resultado de la extensión del trabajo precario y la caída salarial, sin embargo, el índice de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) cayó 17,1% interanual entre enero y noviembre 2024, según la consultora Orlando Ferreres.

Son argumentos falaces para justificar una reforma antiobrera que incremente la tasa de beneficio del capital.

El estudio citado describe que la informalidad laboral trepa al 75% en las empresas de hasta 5 empleados.
La Ley Bases borra la relación de dependencia en los establecimientos con hasta tres trabajadores, incorporando la figura del «colaborador», sin derechos de aguinaldo, vacaciones, enfermedad, licencias e indemnización, es decir, las condiciones básicas de la ley de contrato laboral.

La no registración es casi 5 puntos superior entre mujeres, dado que los puestos de trabajo con alta tasa de feminización son más precarios; deja en ridículo el negacionismo del gobierno respecto a la brecha de género.
A su turno, la informalidad escala al 64% entre la juventud y al 67% entre las mujeres jóvenes, específicamente.

La mitad de los jubilados cobra la mínima que, con el bono de $70.000, llega a $355.820, mientras la canasta básica de la tercera edad, calculada por la Defensoría de la Tercera Edad, se ubica en $1.200.000. Es decir, hoy una jubilación mínima, con aumento y todo representa casi la cuarta parte del costo de vida de un jubilado.
Las jubilaciones constituyeron el 19,2% del recorte total realizado por el Sector Público Nacional en 2024.

La Ley Bases pone fin de la presunción de existencia de relación laboral: se invierten las consideraciones al respecto, teniendo el trabajador que demostrar la naturaleza fraudulenta de una incorrecta registración. Así como se declara a ciertas actividades dudosas (prestación de servicios y de agencia, etc.) en el derecho civil y comercial y por fuera de las relaciones del trabajo. También se habilita el funcionamiento de “trabajadores independientes” con hasta 3 colaboradoras, en el régimen de monotributistas. Tras la reglamentación empezará a regir el nuevo “periodo de prueba”, pasando de los actuales 3 meses a un mínimo de 6 meses, pudiendo extenderse a 8 (empresas de seis a cien trabajadores) y 12 meses (empresas de hasta cinco trabajadores), lo que implica la consagración final de la inestabilidad laboral, siendo que “un año de trabajo” no implica ningún periodo de “prueba”. Esto exime a las patronales del pago de indemnización por antigüedad, preaviso e integración del mes.

Entre los ítems más esperados por patronales, se habilita el despido “con justa causa” ante medidas sindicales que puedan ser consideradas como “bloqueos o tomas de establecimientos” o la afectación de la “libertad de trabajo” de otros empleados, lo que otorga amplias facultades discrecionales a los capitalistas.

Incluso se faculta a las patronales al despido discriminatorio (algo prohibido por tratados internacionales) con un sobrecargo de entre 50 y 100% de la indemnización por antigüedad: con plata se puede discriminar.

La reglamentación también daría lugar a que patronales y burocracia sindical pacten reformas en los convenios colectivos para incorporar el Fondo de Cese Laboral en remplazo del actual régimen indemnizatorio

En la provincia de Misiones la situación del conjunto de los trabajadores es de las peores del país en términos salariales y en las condiciones laborales. Mientras el promedio nacional del salario bruto es de $1.049.781, en nuestra provincia es un 37% inferior a esta cifra. Además, la informalidad laboral está mucho más extendida que en otras provincias, sin mencionar el enorme grado de explotación que padecen quienes trabajan a destajo como los tareferos.

Todos los partidos políticos patronales coinciden en una reforma laboral flexibilizadora; desde el PRO, UCR, peronismo dialoguista, fuerzas provinciales como la Renovación hasta CFK se mostró a favor de avanzar en ese sentido. La CGT, en lugar enfrentarla, se sentó con el gobierno a negociar la reforma laboral a cambio de excluir de la ley los articulados que afectan a sus cajas. El único sector político que enfrentó este ataque desde el inicio fue el Frente de Izquierda y los trabajadores que integra el Partido Obrero movilizándose junto a los trabajadores, estudiantes y jubilados.

En ese sentido el FMI exige reformas sustanciales –el gobierno se comprometió a ello- como la previsional, que prevé el aumento de edad jubilatoria, la eliminación de los regímenes especiales, el doble beneficio de las pensiones, la privatización de las jubilaciones y la imposibilidad para quienes no tienen los aportes completos de jubilarse, esto en un país donde el trabajo informal supera el 42%; como la reforma laboral que va contra las indemnizaciones, por una mayor flexibilidad como la aplicación del “banco de horas” que convierte las horas extras en horas normales, etc.; como el régimen tributario que busca un mayor gravamen sobre los trabajadores, y que ya una resolución aumenta lo que pagan 2.500.000 de monotributistas, etc.

Este ataque contra la inmensa mayoría del pueblo y todos los trabajadores está planteado luego del mazazo que significó el ajuste brutal que ya efectuó la motosierra de Milei y los gobernadores, ahora afilada por el FMI para ir más a fondo.

La avanzada del gobierno de Milei y los gobernadores contra los trabajadores da lugar a un envalentonamiento de las patronales por medio de despidos, suspensiones y extorsiones y presiones sobre los trabajadores.

La reglamentación de esta normativa antiobrera deja sin ningún beneficio para los trabajadores y la población en general, siendo estos perjudicados por la pérdida significativa de derechos y conquistas laborales y por la imposición de un régimen de precarización y flexibilización laboral a imagen y semejanza de las pretensiones patronales. Derrotemos esta orientación contraria a los trabajadores, con la organización independiente, con la huelga general contra Milei y los gobernadores.

*Aníbal “Tato” Zeretzki candidato a diputado provincial del Partido Obrero. 

Opinión

La política del trueque: hoy Milei, mañana el que pague

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Por Fernando Oz

@F_ortegazabala

Me cuentan —y no me sorprende, porque esta película ya la vi en blanco y negro— que el fantasma de 2001 empieza a materializarse en los barrios del Cantón. Mientras los políticos discuten nuevas alianzas en despachos climatizados, los vecinos regresaron al trueque. Sí: al trueque puro y duro. Esa moneda de la desesperación donde doña Rosa cambia un paquete de fideos por un abrigo para el nieto, y donde un par de zapatos usados vale más que una promesa electoral.

En ese paisaje desalentador aparece el diputado ultraopositor Miguel Núñez, vinculado a sectores productivos que sueñan con arrasar el monte nativo para plantar trigo —como si el verde milenario de la selva estorbara a sus balances contables, siempre de corto aliento—. Núñez articula con quien se deje convencer el armado de un espacio opositor contra el oficialista Frente Renovador de la Concordia Social y, también, contra los libertarios que adoran al presidente Javier Milei como si fuera un santo de estampita con motosierra.

El pasado miércoles, en el Hotel Julio César, el legislador abrió las puertas a una jornada de reflexión: “Misiones Productiva”, así la llamaron. Nombre impecable: nadie en su sano juicio va a declararse antiproductivo. Junto a él estaban Gabriel Montiel y Alfredo Gruber, los mismos que salieron a pedir el voto por Milei con el entusiasmo de un converso rumbo al patíbulo y que ahora se quejan de las reglas del juego. La eterna paradoja de este país de cainitas: pedirle fuego al que incendia la casa y luego lamentarse por las cenizas en el salón.

Bajo el lema heroico de “¡Déjennos Trabajar y Producir!”, se amontonaron los logos de las entidades nacionales: Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales, Federación Agraria y CONINAGRO. La Mesa de Enlace en formación de combate. Y los regionales no se quedaron atrás: APICOFOM, AMAYADAP y la Sociedad Rural de Misiones, entre otros. En definitiva: propietarios y productores unidos por el espanto de la baja rentabilidad y la presión impositiva, un reclamo que suena a música celestial, pero que Núñez intenta convertir en palanca para su propio ascenso.

Los videos y las fotos del evento confirman lo evidente: no fue una asamblea de colonos flacos, sino un encuentro de actores con peso económico, agenda propia y ganas de influir. El espacio, más que para debatir, funciona como think tank de ocasión: un living con micrófonos para hacer lobby a favor del armado de la candidatura del ingeniero agrónomo y empresario forestal Rafael Scherer, y para ir calentando el tablero.

No hacía falta ser malpensado para entender el guion: reclamo productivo como bandera, bronca fiscal como pólvora. Una operación prolija, de traje y gráficos en pantalla. Y no es la primera vez. En las últimas elecciones, Núñez ya había aprovechado el malestar de un sector de la policía para sumar a otros estatales y empujar armado de la candidatura de Ramón Amarilla.

Según el propio Núñez, se invitó a todos los diputados. Pero no estuvieron los del bloque de La Libertad Avanza ni los renovadores. Sí estuvieron los de la bancada radical: Francisco Fonseca, Santiago Koch y Rosa Kurtz; además del radical con peluca Martín Arjol; el expolicía Ramón Amarilla, del mismo espacio de Núñez, y Cristian Castro, del PAyS, entre otros. Algunos no conocían el trasfondo y se fueron antes del cierre. Otros se quedaron apenas lo justo: para tantear terreno, para ver si el aire soplaba a favor de un frente que, en las próximas lides, dispute el voto tanto a renovadores como a libertarios.

Ahí están: ayer Milei, hoy un frente “productivo”, mañana lo que convenga. En la Argentina, la coherencia es una afición rara. Pero el sainete no termina ahí, porque en Misiones siempre hay lugar para un acto más de esta comedia bufa que nos toca habitar.

En otra esquina del mismo circo provincial asoma el partido Por la Vida y Valores, que dirige el diputado Walter Ríos: exempleado de la ANAC, ultraderecha y conservador. Con el conflicto en Irán como telón de fondo, y con la voz del presidente Milei amenazando al régimen de los ayatolás a la hora del rezo, Ríos salió a decir que encabeza gestiones para el desembarco de una mega inversión de capitales de Medio Oriente en el Cantón.

Ríos mantiene el misterio y no dice nada. Se habla —se habla, nada más— de un grupo inversor del sector petrolero vinculado a países árabes. El diputado arrojó cifras extraordinarias, de esas que no entran ni en un delirio contable: hasta 200 billones de dólares en un plan de inversión a escala. Del proyecto, insisto, no se sabe nada serio. Pero él pretende encuadrarlo dentro del RIGI, palabra mágica que hoy sirve de talismán para cualquier aventurero con contactos y poca vergüenza.

Por momentos, Ríos parece olvidar que es diputado y se cree canciller. Cuando le piden detalles, pone cara de Hombre de Estado y suelta que “cuida y reserva mucho el proyecto para que no se frustre”. Estaría bien que algún diputado le pida informes a su colega. La última vez que en Posadas se habló de inversiones con turbante, se prometieron más de 20 millones de dólares para remodelar un edificio histórico de 1912. Ya sabemos cómo terminan esas historias: renders, fotos y un silencio posterior que ni el incienso tapa.

Y mientras Ríos juega al misterio y al negocio de los petrodólares, su compañera de bloque, la audaz diputada Rita Flores, busca la foto con el pastor Dante Gebel. El pre-candidato que impulsa una murga de peronistas no K, libertarios desencantados y buscavidas varios.

El nuevo mundo que promete la prédica de Gebel podría unir a gente tan heterogénea como sectores de Ramiro Marra con el sindicalista Néstor Segovia, Yamil Santoro y los influencers Emmanuel Dannan y “el Presto”. Martín Llaryora, el cordobés, es el único gobernador que ya le tiró un guiño. La idea es instalar a Gebel como “outsider” para disputar el poder a los libertarios en 2027, aprovechando alcance mediático y red de contención social. Argentina: el país donde la política tradicional se disfraza de antipolítica y la antipolítica aprende rápido a transar como la vieja política.

Flores, que en menos de un año decía “somos libertarios, nos vemos en la obligación de salir a defender nuestras banderas afuera de LLA”, o “Javier Milei excede cualquier cuestión partidaria; hablar de Javier Milei no necesariamente es hablar de LLA”, también se codeó con Lucía Montenegro y luego se acercó a Marcela Pagano, la diputada nacional que desertó de las filas libertarias. Todo fluye, todo se acomoda. El apellido cambia; la ambición, no.

Al final, mientras el vecino truequea para comer, ellos truequean siglas, fotos y promesas. Nadie parece tener un plan serio: reclamos sectoriales, mezquindades, maniobras para no quedar afuera. Y, en medio de la incertidumbre, lo único que se consolida es la certeza vieja y amarga: para demasiados, la cosa pública no es patria ni destino. Es caja, escalera y negocio. Y el que no lo entienda, que vaya juntando arroz y aceite: el trueque ya empezó.

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La política de la cortedad: entre el amotinamiento fiscal de Amarilla y la soberbia de Franco

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Por Fernando OZ

@F_ortegazabala

 

En tiempos en que el Cantón libra una batalla diaria por su supervivencia económica, la dirigencia política parece, por momentos, más ocupada en el espectáculo de las redes sociales que en la defensa estratégica del territorio. El reciente cruce entre la diputada Paula Franco y su par Ramón Amarilla no es solo un intercambio de ‘chicanas’ olvidables; es el fiel reflejo de una dirigencia que, de uno y otro lado, está fallando en la lectura de la urgencia histórica que atraviesa nuestra provincia frente a un Gobierno Nacional que ha decidido asfixiar al federalismo.

Empecemos por el proyecto del ex policía. Su propuesta de derogar el cobro anticipado de Ingresos Brutos en los puestos de El Arco y Centinela suena, para el oído desprevenido, como una oda a la libertad de comercio y un alivio al bolsillo. Pero en la política real, los gestos no se miden por sus intenciones, sino por sus consecuencias. Y la consecuencia de la iniciativa es, lisa y llanamente, el desfinanciamiento de Misiones en su hora más crítica. Amarilla sigue disparando contra su propio cuartel. Sé que no le gusta que se lo digan.

Proponer hoy, con una crisis mundial a galope armamentístico, que Misiones renuncie a su recaudación en frontera es de una inconsciencia que roza la deserción. El hombre apela al “sentido común” del trabajador, pero parece olvidar que ese mismo trabajador es el que se queda sin hospital, sin escuela y sin seguridad cuando la caja provincial se queda escuálida.

Desarmar el sistema de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) hoy no es “liberar el comercio”; es dejar a la provincia sin el escudo necesario para pagar salarios docentes, mantener hospitales y sostener programas de consumo como el ‘Ahora Misiones’. Amarilla apela a la Constitución Nacional para hablar de aduanas internas, pero olvida que esa misma Constitución exige un reparto equitativo de la riqueza nacional que hoy se incumple sistemáticamente contra Misiones. Jugar a la “revolución fiscal” mientras la Nación nos mete la mano en el bolsillo es, en el mejor de los casos, una ingenuidad política; en el peor, una traición a la autonomía provincial.

Porque no nos engañemos: la Nación le está robando a Misiones. Así, sin paños calientes. El Ministro de Hacienda, Adolfo Safrán —un hombre que maneja los números con la frialdad de un coronel del servicio de intendencia— puso las cartas sobre la mesa: cuarenta mil millones de pesos mensuales de “agujero” por culpa de una coparticipación que es una estafa legalizada. Misiones produce con la fortaleza de una población joven y recibe migajas como un mendigo. Somos la séptima economía del país, pero nos tratan peor que a una colonia de ultramar a la que se le exige todo y se le da lo justo para que no muera del todo. En ese contexto, la tasa en cuestión no es un capricho; es el último recurso del sitiado para que el pan no falte en la mesa de los suyos.

Pero si lo de Amarilla es una estupidez estratégica, lo de la diputada Paula Franco, abanderada de la Neo, es de una arrogancia que hiela la sangre. Ante un debate que exige altura de miras, la señora Franco, doctora en leyes y contadora con pergamino, decidió bajarse al barro de la chicana barata. Ironizar sobre la formación académica de sus pares y proponer “cursillos de ingreso” para legisladores no solo es un acto de soberbia, sino que baja el nivel de la discusión pública al subsuelo.

En lugar de explicarle al misionero con pedagogía y honradez por qué el anticipo fiscal es el escudo contra el ajuste porteño, prefirió el ninguneo desde el pedestal, rompiendo los puentes de diálogo que una Legislatura debería construir. Cuando el oficialismo responde con el título universitario bajo el brazo, lo que hace es alejarse de la gente. La crisis actual no se resuelve con doctorados, sino con sensibilidad social y firmeza política.

Al chicanear con la falta de formación de Amarilla, Franco le regaló al diputado el papel de “víctima del sistema” y “defensor del sentido común”, permitiéndole eludir el debate técnico sobre el agujero fiscal que su proyecto generaría. La soberbia académica es el refugio de quienes no quieren, o no pueden, explicar por qué las medidas que toman son necesarias. Miren, uno puede tener tres doctorados colgados en la pared del despacho y seguir siendo un mediocre de manual.

El Cantón está en una encrucijada de esas que definen el destino de una generación. Por un lado, la caída real de los ingresos y el parate del consumo; por el otro, un Gobierno Nacional que ha decidido que las provincias son gastos a recortar y no pueblos a proteger.

Mientras los diputados se tiran con títulos y chicanas, la realidad económica de la provincia, descripta por Safrán, es de una gravedad extrema. El ministro ha sido claro: la baja de la recaudación por la recesión nacional y el recorte de transferencias han generado un escenario de “plan de austeridad” obligatorio. Se suspendieron compras de bienes de capital y se prioriza lo urgente. Así las cosas, a la provincia no le queda más que cobrar en la frontera porque la Nación no le liquida lo que le corresponde en la ventanilla de la coparticipación. Es un mecanismo de compensación frente a un federalismo quebrado.

Lo que Misiones necesita no son iluminados del “sentido común” que quieran desmantelar la poca defensa fiscal que nos queda, ni presuntos catedráticos que miren por encima del hombro al resto del mundo. Necesita personas valientes que sepan que la batalla se gana con unidad y con la verdad por delante. La verdadera inconstitucionalidad no está en un camión pagando un canon en la Ruta 14; la verdadera inconstitucionalidad es el centralismo que nos asfixia, que nos quita lo que es nuestro y que luego nos critica por intentar sobrevivir.

En resumen: Amarilla se equivoca de enemigo al querer desfinanciar su propia tierra, y Franco se equivoca de lenguaje al tratar a sus pares —y por extensión a los ciudadanos— como a alumnos de primaria. Al final, como siempre, el que paga el pato es el ciudadano de a pie, el que no tiene despacho ni coche oficial, y el que espera que sus representantes tengan, al menos una vez en la vida, la decencia de estar a la altura de la historia.

Criticar el proyecto de Amarilla es necesario porque es un salto al vacío que desprotege al misionero de a pie. Pero criticar a Franco también es imperativo, porque la soberbia y la chicana barata son el peor camino para convencer a la sociedad de que el esfuerzo fiscal vale la pena.

En esta encrucijada, el sentido común —ese que Amarilla invoca pero que no aplica en su proyecto, y que Franco desprecia desde su pedestal— dicta que la única salida es la unidad provincial para exigir lo que nos corresponde, sin desfinanciar nuestra casa en el intento. Misiones es mucho más que un ring de redes sociales. Es una provincia que trabaja y produce bajo condiciones de injusticia federal. Es hora de que sus representantes dejen de pelearse por el micrófono y empiecen a pelear, juntos y con argumentos sólidos, por el futuro de la tierra colorada.

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El “fraude del aire”: despedida amarga de Samsa, entre cartas, tarifazos y silencios

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Por Fernando OZ

@F_ortegazabala

Para cerrar la semana laboral y bajo el disfraz de un “nuevo aniversario” de Samsa, a su presidente, el ingeniero Santiago Ameri, se le dio por enviarle al “usuario”, a quienes cobra hasta el aire en las canillas, una carta de 238 palabras enumerando “los principales logros alcanzados” durante el último año. Un ejercicio de cinismo que aparece justo 72 horas después de no haber dado la cara ante una comisión del Concejo Deliberante de Posadas –mientas los vecinos gritaban por el pésimo servicio– y a menos de 12 horas de que LVM desnudara que Urbaser Argentina ya tiene el cartel de venta y las inversiones en el freezzer.

Y después nos hablan de normas ISO, planes de inversión y de líderes mundiales en servicios públicos medioambientales. Les decía que el pasado martes, en el Concejo Deliberante, mientras los vecinos desgranaban facturas de un millón de pesos y los técnicos del EPRAC intentaban explicar lo inexplicable, el lugar reservado para Samsa permaneció vacío. Ni el ingeniero, ni ninguno de sus gerentes de platinada sonrisa, se atrevieron a cruzar la puerta de la Comisión de Medio Ambiente.

Es una táctica vieja, de manual de fugas: cuando no se tienen respuestas, se ofrece el silencio. Es la respuesta de quien ya tiene las valijas hechas y el pasaje sacado.

Mire usted, lector, la ironía del asunto. En la tierra de las grandes aguas, del Iguazú que ruge y del Paraná que nos abraza junto al Uruguay, hay una casta de tipos con gemelos de plata y aliento a café de aeropuerto que decidieron cobrarnos el aire. Sí, leyó bien: el aire. En Posadas y Garupá, el milagro no es convertir el agua en vino, sino convertir el vacío de una cañería seca en una deuda impagable.

Leí la carta de aniversario con una mezcla de tedio y asco. Un texto que huele a perfume caro para disimular el hedor de un sumidero tapado. Ameri nos arroja a la cara el abecedario de las normas ISO: la 9001, la 14001, la 45001. Alfabetismo corporativo para analfabetos de la realidad que ven al ciudadano –usuario– desde una planilla de cálculos. Dice que certifican la “satisfacción del cliente” y el “trabajo mancomunado”. Yo le pregunto al ingeniero: ¿En qué manual de la ISO figura que dejar la silla vacía ante los representantes del pueblo es un estándar de calidad? ¿Cómo se “mancomuna” el esfuerzo con una empresa que no da la cara, no respeta las instituciones ni cumple con lo acorado?

Samsa, esa criatura del Grupo Urbaser, cumple 26 años. Pero no es un cumpleaños, es una liquidación por cierre. Mientras Ameri redacta odas a la “inversión histórica”, en las oficinas de Avenida Leandro N. Alem al 1050, frente al barrio porteño de Puerto Madero, se encuentra el cartel de “Venta”. La multinacional, propiedad del fondo estadounidense Platinum Equity, busca la puerta de salida. Si no me creen vayan y pregunten en el Banco Santander.

Quieren vender su filial argentina por 400 millones de euros antes de que el contrato expire en 2030 y alguien les exija las cuentas que hoy no quieren dar en el Concejo. Es el truco del tahúr de oficina: te muestran la paloma de las normas ISO en la mano derecha para que no veas cómo la izquierda te vacía la billetera y te deja hasta sin agua.

Miren, además de ver la boleta que llega a mi casa, camino estas calles y he visto los medidores girar con un frenesí demoníaco cuando no hay una gota de agua. Es el “fraude del aire”. Mis vecinos, cansados de ser el cajero automático de una empresa que desinvierte, forzaron al EPRAC a ordenar rectificaciones. Y los funcionarios del organismo de control se dieron cuenta de que no se puede ocultar el sol con un dedo, ni la estafa con una gacetilla de prensa de aniversario.

Mire, ingeniero Ameri, a quienes usted llama “estimado usuario”, yo suelo tratarlos por sus nombres, porque muchos de ellos son mis vecinos. Su “compromiso con la mejora continua” es una bofetada a los 106.000 “usuarios” –dato del último informe de gestión de la empresa– que usted cita como si fueran ganado contable.

El plan es claro: maximizar la recaudación con tarifazos salvajes del 400%, maquillar el balance con certificados de cartón pintado y largarse a toda vela antes de que la infraestructura termine de crujir. Es la ética del corsario: saquear la plaza y huir antes de que llegue la marea de la justicia.

Usted, Ameri, presidente de Samsa, es un transeúnte de la alta gerencia. Mañana, con su ganada chapa de International Waste Manager, estará certificando la calidad de una constructora en Madrid o una mina en alguno de los cuatro continentes donde opera Urbaser Global. Pero el vecino de Posadas y Garupá se queda con su canilla seca. Por eso escribo. Porque si el agua es un derecho humano, lo que están haciendo ustedes —y lo que callan al no ir al Concejo— es un crimen de guante blanco.

Durante las últimas tres décadas, como periodista me tocó escribir sobre redes de corrupción, flujos de dinero, contrabandistas buenos y malos, políticos sin escrúpulos, mercenarios colombianos camino al matadero, en fin, pero nunca sobre una corporación que cobrara el aire.

Sigan mandando cartas. Sigan celebrando aniversarios de papel. Mientras tanto, nosotros seguiremos contando las vueltas del medidor que marca el vacío, documentando el vaciamiento de una empresa que se quiere ir sin pagar la cuenta y recordándoles a los ciudadanos de Posadas que, frente al silencio de sus sillas vacías, solo queda quienes nos animamos a decir basta.

No es una pelea por una factura impaga, el acceso al agua es un Derecho Humano. Es en defensa de un derecho básico de los que vivimos en Misiones frente a una multinacional que lo vulnera. Los tres poderes del Cantón deberían tomar cartas en el asunto y ser menos laxos, pero ahora, no sea cosa que se vayan sin pagar la cuenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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