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Un año y medio de ataques a fondo contra la clase obrera

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Por: Aníbal “Tato” Zeretzki

@TatoZeretzkiPo

 

En este año y medio de mandato del presidente Milei asistimos a un ataque a fondo contra los derechos de los trabajadores de nuestro país a través de un conjunto leyes que por la magnitud del impacto que tendrán sobre las condiciones de trabajo constituyen una verdadera reforma constitucional.

La reforma laboral no es una “actualización” de convenios colectivos de trabajo obsoletos sino, al contrario, un retroceso en importantes derechos que fueron conquistados con décadas de luchas.

Se extiende el período de prueba hasta ocho meses, al cabo de los cuales te pueden rajar sin problemas; elimina el reconocimiento de la relación de dependencia (y con eso, de los derechos laborales) para los trabajadores de empresas de hasta cinco trabajadores, algo que va a incentivar más la tercerización en empresas subsidiarias; elimina la reinstalación en los casos de despidos antisindicales, toda una señal de ofensiva contra los activistas y delegados combativos en los lugares de trabajo; y abarata las indemnizaciones por despido, en un momento de fuerte recesión económica e industrial. Como también barre con las multas a las patronales que precarizan a sus trabajadores, “la ley es un llamado a que se siga contratando trabajadores sin registrar”, como denunció la diputada del Frente de Izquierda y el Partido Obrero Romina Del Plá.

La informalidad laboral alcanzó a 4 de cada 10 asalariados bajo el gobierno de Milei. A su vez, este prepara una reforma antiobrera en función de proyectar la ausencia de derechos que padece el sector no registrado hacia el conjunto de los trabajadores. Pretende convertir al país en una plataforma de mano de obra barata al servicio del lucro capitalista. El dato proviene de un informe elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA), en base a estadísticas oficiales, correspondiente al tercer trimestre 2024.

De allí se desprende que la tasa de informalidad laboral supera el promedio en el caso de las trabajadoras de casas particulares (76,3%), los obreros de la construcción (67,3%) y los empleados de comercio (47%).

Lo anterior muestra el fracaso que significó la política de otorgar incentivos patronales como aliciente para crear empleo formal: ni la reducción de aportes patronales consignado en el Plan Registradas redujo la informalidad en el servicio doméstico, como tampoco el reemplazo de las indemnizaciones por el fondo de cese laboral en el convenio de la Uocra contribuyó a generar puestos de trabajo de calidad en dicho rubro.

Semejante tasa de informalidad agrega preocupación sobre la decisión del gobierno de eliminar la moratoria previsional, negándoles el derecho a jubilarse a aquellos que no lograron reunir los años de aportes requeridos por culpa del fraude patronal, condenándolos a sobrevivir con una pensión de indigencia.

Los capitalistas se ahorran las contribuciones a la Seguridad Social de dos quintos de la fuerza de trabajo de Argentina. Además, retienen una mayor porción de la riqueza creada por los trabajadores pagándoles peores sueldos a quienes no están registrados. La brecha salarial entre los asalariados formales e informales asciende al 46%. En ese sentido, 40% de los trabajadores vive en hogares pobres, escala a 60% en los no registrados.

Esta realidad desmiente el discurso del gobierno y empresarios sobre que reducir las contribuciones patronales y flexibilizar los convenios colectivos permitiría mejorar los salarios. Los que no tienen acceso a aportes jubilatorios, vacaciones, licencias pagas y aguinaldo perciben los ingresos más bajos.

También se revela como falsa la premisa de que las inversiones decaen por culpa del supuestamente elevado costo laboral. Lo cierto es que este último se encuentra por el piso como resultado de la extensión del trabajo precario y la caída salarial, sin embargo, el índice de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) cayó 17,1% interanual entre enero y noviembre 2024, según la consultora Orlando Ferreres.

Son argumentos falaces para justificar una reforma antiobrera que incremente la tasa de beneficio del capital.

El estudio citado describe que la informalidad laboral trepa al 75% en las empresas de hasta 5 empleados.
La Ley Bases borra la relación de dependencia en los establecimientos con hasta tres trabajadores, incorporando la figura del «colaborador», sin derechos de aguinaldo, vacaciones, enfermedad, licencias e indemnización, es decir, las condiciones básicas de la ley de contrato laboral.

La no registración es casi 5 puntos superior entre mujeres, dado que los puestos de trabajo con alta tasa de feminización son más precarios; deja en ridículo el negacionismo del gobierno respecto a la brecha de género.
A su turno, la informalidad escala al 64% entre la juventud y al 67% entre las mujeres jóvenes, específicamente.

La mitad de los jubilados cobra la mínima que, con el bono de $70.000, llega a $355.820, mientras la canasta básica de la tercera edad, calculada por la Defensoría de la Tercera Edad, se ubica en $1.200.000. Es decir, hoy una jubilación mínima, con aumento y todo representa casi la cuarta parte del costo de vida de un jubilado.
Las jubilaciones constituyeron el 19,2% del recorte total realizado por el Sector Público Nacional en 2024.

La Ley Bases pone fin de la presunción de existencia de relación laboral: se invierten las consideraciones al respecto, teniendo el trabajador que demostrar la naturaleza fraudulenta de una incorrecta registración. Así como se declara a ciertas actividades dudosas (prestación de servicios y de agencia, etc.) en el derecho civil y comercial y por fuera de las relaciones del trabajo. También se habilita el funcionamiento de “trabajadores independientes” con hasta 3 colaboradoras, en el régimen de monotributistas. Tras la reglamentación empezará a regir el nuevo “periodo de prueba”, pasando de los actuales 3 meses a un mínimo de 6 meses, pudiendo extenderse a 8 (empresas de seis a cien trabajadores) y 12 meses (empresas de hasta cinco trabajadores), lo que implica la consagración final de la inestabilidad laboral, siendo que “un año de trabajo” no implica ningún periodo de “prueba”. Esto exime a las patronales del pago de indemnización por antigüedad, preaviso e integración del mes.

Entre los ítems más esperados por patronales, se habilita el despido “con justa causa” ante medidas sindicales que puedan ser consideradas como “bloqueos o tomas de establecimientos” o la afectación de la “libertad de trabajo” de otros empleados, lo que otorga amplias facultades discrecionales a los capitalistas.

Incluso se faculta a las patronales al despido discriminatorio (algo prohibido por tratados internacionales) con un sobrecargo de entre 50 y 100% de la indemnización por antigüedad: con plata se puede discriminar.

La reglamentación también daría lugar a que patronales y burocracia sindical pacten reformas en los convenios colectivos para incorporar el Fondo de Cese Laboral en remplazo del actual régimen indemnizatorio

En la provincia de Misiones la situación del conjunto de los trabajadores es de las peores del país en términos salariales y en las condiciones laborales. Mientras el promedio nacional del salario bruto es de $1.049.781, en nuestra provincia es un 37% inferior a esta cifra. Además, la informalidad laboral está mucho más extendida que en otras provincias, sin mencionar el enorme grado de explotación que padecen quienes trabajan a destajo como los tareferos.

Todos los partidos políticos patronales coinciden en una reforma laboral flexibilizadora; desde el PRO, UCR, peronismo dialoguista, fuerzas provinciales como la Renovación hasta CFK se mostró a favor de avanzar en ese sentido. La CGT, en lugar enfrentarla, se sentó con el gobierno a negociar la reforma laboral a cambio de excluir de la ley los articulados que afectan a sus cajas. El único sector político que enfrentó este ataque desde el inicio fue el Frente de Izquierda y los trabajadores que integra el Partido Obrero movilizándose junto a los trabajadores, estudiantes y jubilados.

En ese sentido el FMI exige reformas sustanciales –el gobierno se comprometió a ello- como la previsional, que prevé el aumento de edad jubilatoria, la eliminación de los regímenes especiales, el doble beneficio de las pensiones, la privatización de las jubilaciones y la imposibilidad para quienes no tienen los aportes completos de jubilarse, esto en un país donde el trabajo informal supera el 42%; como la reforma laboral que va contra las indemnizaciones, por una mayor flexibilidad como la aplicación del “banco de horas” que convierte las horas extras en horas normales, etc.; como el régimen tributario que busca un mayor gravamen sobre los trabajadores, y que ya una resolución aumenta lo que pagan 2.500.000 de monotributistas, etc.

Este ataque contra la inmensa mayoría del pueblo y todos los trabajadores está planteado luego del mazazo que significó el ajuste brutal que ya efectuó la motosierra de Milei y los gobernadores, ahora afilada por el FMI para ir más a fondo.

La avanzada del gobierno de Milei y los gobernadores contra los trabajadores da lugar a un envalentonamiento de las patronales por medio de despidos, suspensiones y extorsiones y presiones sobre los trabajadores.

La reglamentación de esta normativa antiobrera deja sin ningún beneficio para los trabajadores y la población en general, siendo estos perjudicados por la pérdida significativa de derechos y conquistas laborales y por la imposición de un régimen de precarización y flexibilización laboral a imagen y semejanza de las pretensiones patronales. Derrotemos esta orientación contraria a los trabajadores, con la organización independiente, con la huelga general contra Milei y los gobernadores.

*Aníbal “Tato” Zeretzki candidato a diputado provincial del Partido Obrero. 

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Hartfield baja su candidatura y Passalacqua encabeza las encuestas en un escenario sin liderazgos

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Por Fernando Oz

@F_ortegazabala

 

El diputado Carlos Adrián Nuñez, fiel gerente de La Libertad Avanza, cuida en persona la cosmética capilar y los bálsamos para su peinado. Secado con boquilla y cepillo redondo para crear la curva elevada, con un poco de cera Rough Luxury de la marca Oribe, así se hace el jopo que lucirá durante su campaña a la gobernación de Misiones. Su pareja, la Doctora Valeria Soczyuk —tan pulcra y elegante como astuta en la política—, tenía otros planes: ya se había hecho a la idea de que acompañaría como vicegobernadora a la candidatura de Diego Hartfield, y ahora piensa en ser candidata a la intendencia de Posadas. Un imprevisto cambio de estrategia.

“Tenés que ser vos”, lo envalentona Lule Menem después de decirle que Karina Milei lo quiere mucho. El Doctor Nuñez aceptó el desafío; está decidido y se tiene fe, pero sabe que la marca Milei viene en caída: “Si queremos llegar, vamos a tener que abrir las puertas”, les anunció a los suyos desde su estudio del piso 19, donde administra la franquicia libertaria y observa la Rosadita mientras juega con un palo de golf.

Parece que se terminaron los tiempos del ninguneo, del mandato de “los puros”, del “que se pongan en la cola”. Ahora, el legislador vuelve a sentarse con los radicales con peluca, intercambia mensajes con el senador del PRO, Martín Goerling Lara, y hasta busca acercarse al diputado ultraopositor Ramón Amarilla, el agente del caos. ¿Y qué dice el Gato Hartfield?

Al diputado nacional Diego Hartfield no le desagrada la nueva estrategia de Nuñez; tal vez esté pensando en extender su estadía porteña. Hace unas semanas, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, se acercó a la mesa donde se encontraba su colega Daniel “Colo” Vancsik y sin rodeos le consultó: “¿Cómo lo ves al Gato como senador en 2029?”. Sucedió en el comedor del Palacio del Congreso. “Puede andar”, le contestó. El Colo se sintió sorprendido: hacía tiempo que no cruzaban diálogo más allá del estrictamente formal. Rumores palaciegos, posiblemente.

En el entorno de Hartfield se ríen con la misma complicidad canchera del diputado: “Es competitivo, hay Gato para rato. Está haciendo un buen trabajo en Buenos Aires”. El extenista y bróker financiero se siente cómodo en el Congreso y, además, está al toque de su tintorería en Puerto Madero.

Se define como un “dogmático” alineado con la hermana del presidente Milei, pero coquetea con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Y a la hora de hacer negocios es un “pragmático” puro: hasta hace dos años el legislador libertario tenía acciones por casi cincuenta mil dólares en el Sberbank, el banco público comercial más grande de la Federación Rusa. Evidentemente, también le gustan las inversiones de alto riesgo: velocidad, vértigo y, de tanto en tanto, sudar adrenalina. Conozco a los de su clase.

Hartfield llegó al puesto 73 del ranking ATP, se midió con el suizo Roger Federer, jugó en Roland Garros y en el Abierto de Australia; acumuló miles de dólares en premios. Después se enfocó en la timba financiera: agente de bolsa y bróker. Supo diversificar acciones (como CEDEARs internacionales) en Brasil, Estados Unidos y China, y cuando tuvo la oportunidad saltó a la arena política como el paracaidista que confía en Dios y en la tela.

Probablemente, en la Declaración Jurada Patrimonial Integral de 2025 que Hartfield presentó de manera parcial ante la Oficina Anticorrupción, figuren sus inversiones en la banca rusa. Los ADRs de Sberbank representan una parte sustancial de su informe de 2024. En teoría, esos activos deberían estar actualmente bloqueados en el mercado internacional debido a las sanciones contra Rusia por la guerra que desató en Ucrania.

¿Vamos a lo importante, vas a ser candidato a gobernador? —le preguntó a Hartfield el periodista de Misiones Online Darío Guimaraez, en el programa Día Siete que conduce Gustavo Pérez.

Mirá, la respuesta es no lo sé; personalmente no lo sé. Sé lo que dicen, yo ando caminando y me dicen: ‘Eh, mi futuro gobernador’, que esto, que lo otro… Pero eso a mí no me genera una ilusión. No tengo una ambición personal por ser gobernador, realmente. Ponelo en el graph si querés. No hay una ilusión, no es un sueño personal mío —contestó el legislador nacional.

La inesperada decisión de Hartfield de bajar su candidatura despierta varios interrogantes, especialmente hacia adentro de su propia fuerza política. Un importante consultor de opinión pública, con base en Buenos Aires pero que trabaja en todo el país —especialmente en el Cantón—, consideró que sin el extenista en carrera los libertarios “pierden performance” rumbo a las elecciones provinciales de julio de 2027. “Nosotros estuvimos hablando con Diego, mide bien, con un piso del veintitrés o veinticuatro por ciento”, confesó antes de advertir que Nuñez, además de medir mucho menos y de tener un alto nivel de desconocimiento, “está relacionado con la casta, no como un contrapoder”.

Pero para el mismo consultor, quien sí está ocupando un rol “más claro” de “contrapoder” es Amarilla: “Su mensaje está más ligado al malestar social”. Al suboficial mayor retirado de la policía le restaría mostrarse en una foto con Nuñez, quien hasta diciembre de 2024 cumplía funciones en la Fiscalía de Estado representando a la provincia en procesos judiciales por deudas impositivas, tasas y acreencias a favor del fisco. La biografía del Doctor está ligada a la casta: conoce de memoria las puertas traseras del Estado, aunque ahora profesa la nueva fe sin Estado.

Con Hartfield en el trading desk enchufado a la terminal Bloomberg viendo cómo saltan las acciones de un lado al otro, y con la imagen de Javier Milei desmoronándose por los escándalos que lo rodean, aumentan las posibilidades de que Hugo Passalacqua retenga la gobernación. De todos modos, “todavía está todo muy atomizado, inestable. No hay un liderazgo claro porque no hay líder en ningún lado; todavía cualquiera de los mejores posicionados puede ganar”, analizó el consultor, que solicitó mantener su nombre bajo reserva.

Una encuesta reciente de la consultora Zuban Córdoba y Asociados —sin relación con el consultor anterior— arrojó que Passalacqua encabeza la intención de voto con el 31,1%, seguido por Hartfield con el 22,4% y Amarilla con el 15,3%. Un 4,3% se reparte entre otros candidatos y el voto en blanco, mientras que el 26,9% restante aún no definió su voto. Según una de las proyecciones del muestreo parcial realizado en diferentes puntos de la provincia, al proyectar a los indecisos Passalacqua asciende al 37,2% y Amarilla al 18,1%, mientras que Hartfield se mantiene en su mismo porcentaje: apenas una fotografía a poco menos de un año de las elecciones provinciales y sin que estén todas las cartas sobre la mesa.

Por el momento Passalacqua sigue mirando hacia adentro, pasando revista a la tropa y ordenando las cuentas. El Movimiento por lo que Viene todavía no consiguió volumen político ni le habló a la sociedad. Además, aún no se sabe si Leonardo “Lalo” Stelatto se sumará o seguirá por su camino, si Oscar Herrera Ahuad jugará una apuesta fuerte como candidato de Posadas —la Berna del Cantón—, o si Héctor “Cacho” Bárbaro y Ariel “Pepe” Pianesi se terminarán aliando al espacio, que busca ser más horizontal.

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Campesinos denuncian amenazas y escalada de violencia en tierras disputadas por Arauco

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Clarisa Neztor

 

Mientras cientos de familias campesinas reclaman una intervención del Gobierno de Misiones frente al conflicto territorial con la multinacional forestal Arauco, nuevos testimonios describen detenciones, golpes, amenazas, viviendas incendiadas, animales heridos y muertos, herramientas y pertenencias secuestradas y familias que viven con miedo a perderlo todo. Saúl Lindao, productor de Puerto Argentino 2, denunció que fue reducido hasta perder el conocimiento mientras trabajaba en su chacra y que posteriormente un policía lo amenazó para que no contara lo ocurrido ni fuera al hospital.

Lo que sucede en las colonias rurales de San Pedro representa la cara real del extractivismo forestal en Misiones. Mientras las familias continúan reclamando respuestas y mantienen un acampe frente a la Municipalidad, aparecen nuevos testimonios sobre procedimientos realizados en las chacras que describen un escenario de violencia cada vez más preocupante. Esto conlleva a un conflicto más profundo que es la enorme concentración territorial alcanzada por Arauco en Misiones y un modelo forestal que durante décadas contó con promoción, incentivos y vínculos permanentes con el poder político provincial.

Arauco está presente en Misiones desde 1996 y se convirtió en el principal actor del sector forestal y en uno de los mayores propietarios privados de tierra de la provincia. Su expansión territorial acompañó el crecimiento de un modelo basado en grandes extensiones de monocultivos de pino y eucalipto destinados a abastecer la industria forestal. En una provincia donde existen cientos de miles de hectáreas de bosques implantados, la empresa llegó a concentrar por sí sola más de 230.000 hectáreas.

Esa dimensión permite entender la desigualdad que atraviesa el conflicto actual. De un lado aparecen familias que necesitan unas pocas hectáreas para plantar mandioca, maíz, poroto, sandía o zapallo, criar animales y sostener a sus hijos. Del otro, una multinacional que controla una superficie extraordinaria, posee recursos jurídicos, económicos y logísticos incomparables y mantiene una relación institucional permanente con las máximas autoridades provinciales.

Productores de Puerto Argentino 1, 2 y 3, Palmera Boca, La Chacrita, San Juan Bosco y otros parajes denuncian desde hace semanas detenciones, golpes, amenazas, secuestro de herramientas y motocicletas, viviendas incendiadas, cultivos destruidos y animales muertos, desaparecidos o heridos. En el centro del conflicto se encuentra Arauco Argentina, la multinacional forestal chilena y uno de los mayores propietarios privados de tierras de Misiones.

El relevamiento comenzó con unas 123 familias, pero las organizaciones que acompañan el reclamo estiman que el conflicto podría alcanzar a alrededor de 300 grupos familiares y más de mil personas.

Saúl Lindao: “Cuando desperté estaba esposado”

Saúl Lindao vive en Puerto Argentino 2 y forma parte de las familias campesinas de una zona que comprende 2500 hectareas, donde ellos hacen uso de 200. Según relató, alrededor de las diez de la mañana del dia miercoles se encontraba trabajando en los canteros de su chacra cuando llegaron efectivos de la Policía de Misiones acompañados por dos oficiales de Arauco, llamados los verdes por su vestimenta.

Lindao asegura que los representantes de la empresa llevaban machetes, mientras que los policías portaban distintas armas de fuego, entre ellas escopetas, metralladoras y una pistola 9 milímetros.

De acuerdo con su testimonio, los efectivos le preguntaron si podían revisar el campamento y su vivienda. Lindao respondió que no autorizaría el ingreso sin una orden judicial. Los propios policías, afirma, reconocieron que no tenían una orden de allanamiento.

La negativa desencadenó en una situación extremadamente violenta. Lindao sostiene que personal vinculado a Arauco insistió en que el terreno pertenecía a la empresa y que, mientras permanecía en la puerta de su casa, policías se acercaron por detrás y lo ahorcaron hasta hacerle perder el conocimiento.

“Cuando desperté estaba esposado”, recuerda.

El productor denuncia que recibió golpes de puño en el abdomen, rodillazos y golpes en la espalda, que fue arrojado al suelo y nuevamente golpeado después de recuperar el conocimiento. Posteriormente fue trasladado a la comisaría. Allí, según cuenta, le realizaron un pedido de antecedentes, lo encerraron y le informaron que existía una causa vinculada al conflicto por la propiedad. Afirma que en un momento le comunicaron que recuperaría la libertad, pero que posteriormente volvió a ser introducido en un calabozo.

Lindao sostiene que al retirarse no recibió documentación que explicara formalmente el procedimiento ni constancia de los elementos que habían sido retirados. Entre sus pertenencias, denuncia que le quitaron el carnet y la cédula de conducir, una tarjeta de Mercado Pago y una motocicleta Honda Titan KS 125. También asegura que al regresar a su vivienda encontró el interior revuelto, mercadería tirada en el piso y que faltaban herramientas y máquinas utilizadas para el apeo y el trabajo rural.

Lindao vive acompañado por una perra pitbull a la que describe como su compañera cotidiana. Durante el arresto los policías efectuaron disparos con proyectiles de goma contra el animal. También afirma que otros dos perros recibieron gas pimienta y patadas. Cuando regresó, su perra estaba herida y rengueaba de una pata.

La violencia contra los animales aparece repetidamente en los testimonios de las familias de San Pedro. Los productores vienen denunciando perros heridos, animales de cría muertos o desaparecidos y episodios en los que encontraron sus chacras destruidas después de haber sido retirados del lugar.

Para quienes viven de pequeñas explotaciones rurales, los animales constituyen una compañía, alimento, reproducción y parte de la economía doméstica. Atacarlos afecta directamente las condiciones materiales y emocionales de las familias que habitan el territorio. El productor afirma que sentía fuertes dolores por los golpes y decidió dirigirse al hospital para ser examinado. Antes de hacerlo, según denuncia, un policía de apellido Fariña lo habría amenazado para que no llorara, y no relatara que había sido ahorcado durante la detención. Lindao asegura que la amenaza le provocó tal temor que, aunque finalmente llegó hasta un centro médico, no pudo contar lo que había sucedido ni permitir que lo revisaran adecuadamente por las lesiones que denunciaba.

“Me dio pánico contar la verdad”, explicó.

Hoy dice sentirse amenazado y psicológicamente afectado. Su temor no se limita a lo que pueda sucederle individualmente. Lo relaciona con lo que, atraviesan otras familias de las colonias: casas incendiadas, animales muertos, disparos contra perros y cerdos, herramientas y galpones quemados y familias con niños obligadas a abandonar los lugares donde viven.

Todas estas acusaciones requieren una investigación independiente. Especialmente la denuncia de violencia policial y la amenaza posterior para impedir una constatación médica, Estos son hechos de violencia institucional y un intento de impedir que quedaran documentadas sus consecuencias.

Ángel Rivero: otra detención en las chacras

Lindao cuenta que fue precisamente durante su permanencia en la comisaría cuando se enteró de que Ángel Rivero también había sido detenido. Según los productores, el día anterior Rivero se encontraba limpiando un sector de tierra para plantar zapallos cuando ingresó la Policía y lo trasladó a la dependencia policial. Las organizaciones que acompañan a las familias sostienen que la detención ocurrió sin que se le exhibiera una orden judicial.

La producción en la que trabajaba Rivero, estaba destinada al cultivo de zapallo con acompañamiento técnico del INTA y posterior comercialización. Su detención provocó nuevas protestas y terminó acelerando la movilización de las familias hacia el centro de San Pedro.

La coincidencia de ambos productores dentro de la dependencia policial muestra hasta qué punto la judicialización dejó de ser una cuestión abstracta para las colonias. Quienes salen cada mañana a limpiar un terreno, plantar tabaco, preparar canteros o cultivar zapallos dicen hacerlo sin saber si regresarán esa noche a sus casas.

“Vivimos con miedo”

Ese miedo atraviesa también el testimonio de otro campesino de la zona, conocido como “el Paisa”, quien vive en la colonia San Juan Bosco. Su relato permite comprender una dimensión del conflicto que difícilmente aparece en un expediente judicial: la manera en que la incertidumbre territorial modifica la vida cotidiana de una familia.

El Paisa vive de lo que produce en la chacra. Planta zapallo, maíz, poroto, sandía y otras verduras. Tiene un hijo con discapacidad cuya alimentación requiere, según explica, una dieta en la que las verduras tienen un lugar fundamental. En un contexto de pobreza creciente, cultivar sus propios alimentos no constituye para él una elección de estilo de vida sino una necesidad.

Por eso explica el conflicto en términos muy concretos: necesita permanecer en la tierra porque necesita producir comida para su familia.

Denuncia que Arauco busca avanzar sobre las tierras donde viven los campesinos y describe a la empresa en términos extremadamente duros. Para él, la violencia que asegura haber experimentado hace que las familias se sientan completamente desprotegidas. Sostiene que recurrir a las instituciones tampoco les ofrece seguridad, porque existe entre los productores el temor de que reclamar termine derivando en nuevas causas o detenciones.

El año pasado, su propia vivienda fue incendiada por la empresa Arauco en complicidad con la Policia de Misiones. Después del incendio reconstruyó su casa con el dinero obtenido trabajando en la tarefa, una de las labores rurales más exigentes y peor remuneradas de la economía misionera. Con esos ingresos volvió a levantar un lugar donde vivir y continuó plantando zapallo, maíz, poroto y sandía. Pero el miedo nunca desaparece

El temor de que una casa arda con los niños adentro

En las colonias, el fuego adquirió un significado que excede ampliamente el daño material. Después de las viviendas incendiadas denunciadas durante los últimos años y de los seis casos relevados en el conflicto actual, las familias aseguran vivir con el temor permanente de que un incendio ocurra mientras alguien se encuentra dentro. El Paisa lo expresa desde una preocupación particularmente dolorosa: los niños.

Afirma que las familias temen que alguna vivienda sea incendiada con niños y la familia en su interior y que la reiteración de episodios de fuego convirtió ese riesgo en parte de su vida cotidiana. Las familias denuncian además que en episodios anteriores hubo personas que debieron retirarse rápidamente de los lugares junto con sus hijos.

El miedo transforma rutinas elementales. Ir a trabajar, dejar la vivienda unas horas, permitir que los niños permanezcan en la chacra o alejarse para comprar alimentos deja de ser algo cotidiano cuando existe la sensación de que, al regresar, la casa puede haber desaparecido. El Paisa también sostiene que los incendios benefician posteriormente a la expansión de las plantaciones forestales por los mecanismos legales que permitirían extender durante décadas el uso forestal de terrenos afectados por fuego.

Vivir entre chacras y monocultivos

La mirada de los productores sobre Arauco tampoco se limita a la propiedad.

Las familias campesinas describen una diferencia que para quienes viven allí resulta visible todos los días. En las colonias campesinas se observan cultivos diferentes, árboles, animales y una biodiversidad asociada a las pequeñas producciones. En los grandes pinares, en cambio, existe un paisaje uniforme y sin biodiversidad, donde se encuentran animales muertos debido a la aplicacion de agrotoxicos en los pinares los primeros años de crecimiento, como asi tambien la contaminacion del agua y el suelo.

La preocupación ambiental de las familias coincide con una discusión científica mucho más amplia sobre las consecuencias ecológicas de reemplazar ecosistemas BIOdiversos por plantaciones forestales intensivas.

Una plantación industrial de pino no es equivalente a la selva misionera. Investigaciones desarrolladas por científicos del CONICET y la Universidad Nacional de Misiones demostraron que las plantaciones intensivas de Pinus taeda modifican las condiciones ambientales, reducen la luz disponible en el sotobosque y pueden dificultar el establecimiento de especies vegetales nativas. Otros estudios realizados en Misiones encontraron modificaciones en la biodiversidad y composición de aves y mamíferos en paisajes forestales, especialmente cuando las plantaciones se encuentran alejadas de grandes remanentes de bosque nativo.

Para las familias de San Pedro, sin embargo, el impacto no se expresa en indicadores científicos sino en una experiencia mucho más directa: sienten que las chacras donde cultivan diferentes alimentos están siendo desplazadas por un paisaje dominado progresivamente por una única especie destinada a una cadena industrial.

La disputa por la tierra es, al mismo tiempo, una disputa entre formas profundamente diferentes de habitarla.

El monte también se convirtió en un negocio

Parte de los territorios en disputa conserva monte nativo, y eso incorpora otra dimensión al conflicto. Durante décadas, la concentración de tierras estuvo asociada principalmente a la expansión de los monocultivos de pino y eucalipto. Hoy el bosque en pie también adquirió valor económico a través de los mercados de carbono.

Arauco forma parte de ese nuevo escenario. En 2024 la empresa adhirió formalmente al programa jurisdiccional REDD+ de Misiones, que permite convertir reducciones verificadas de emisiones por deforestación y degradación evitadas en créditos de carbono comercializables. La propia compañía declara además más de 118.000 hectáreas de áreas naturales dentro de su patrimonio argentino.

Para Arauco el monte nativo también puede adquirir valor financiero por el carbono que almacena. Para las familias campesinas, en cambio, ese mismo monte forma parte del territorio donde viven, producen alimentos y sostienen su vida cotidiana.

Allí aparece el riesgo de lo que se conoce como “acaparamiento verde”: que mecanismos creados bajo el discurso de enfrentar la crisis climática terminen aumentando el valor y el control empresarial sobre territorios habitados por comunidades rurales. La contradicción es profunda: una empresa vinculada a un modelo de monocultivo industrial puede incorporar el bosque nativo a sus estrategias de carbono mientras las familias que viven junto a ese monte denuncian detenciones, violencia y presión para abandonar sus tierras. Así, la disputa de San Pedro muestra que el acaparamiento territorial ya no necesariamente necesita desmontar el bosque porque también puede apropiarse de su valor ambiental y convertirlo en un activo financiero.

Cuando lo público y lo privado se encuentran en el territorio

Uno de los aspectos más delicados del conflicto es precisamente la frontera entre los intereses privados de Arauco y el funcionamiento de las instituciones públicas.

Las familias de San Pedro no solamente reclaman frente a Arauco. Desde hace semanas buscan respuestas del propio Gobierno de Misiones, especialmente de la Subsecretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras, el organismo provincial que interviene directamente en los procesos de regularización dominial y cuya conducción está a cargo de Daniel Behler. Fue precisamente Behler quien recibió en Posadas a representantes de las más de 120 familias que denunciaron detenciones y agresiones a las personas y sus viviendas. Behler esta a cargo del área provincial encargada de garantizar una salida política y territorial pero parte sistemáticamente del reconocimiento de Arauco como propietaria y coloca a quienes viven y producen sobre esas tierras en la categoría de ocupantes o usurpadores. Esto condiciona desde el comienzo cualquier posibilidad de negociación y termina reforzando una desigualdad ya enorme entre las partes.

El Gobierno de Misiones debe garantizar que el área de Tierras actúe como organismo público y no como simple certificador de la posición registral de una multinacional; debe investigar el accionar policial denunciado, transparentar cualquier servicio adicional prestado a Arauco y abrir una instancia real de regularización que contemple el arraigo, el trabajo y las condiciones de vida de las familias. Esta situación permite observar con mayor claridad cómo funciona el conflicto en San Pedro. Arauco concentra un enorme poder económico y territorial, mientras la Policía interviene en procedimientos que afectan directamente a las familias campesinas. Cuando esas mismas familias recurren al área provincial de Tierras buscando protección, regularización y una solución al conflicto, se encuentran con respuestas insuficientes y la disputa continúa.

La actuación de Behler como complice estatal del acaparamiento de tierras debe entenderse dentro de una estructura institucional que termina reproduciendo la enorme desigualdad entre una multinacional que concentra cientos de miles de hectáreas y familias campesinas que reclaman unas pocas hectáreas para vivir y trabajar.

Los campesinos describen procedimientos donde policías llegan acompañados por personal que identifican como perteneciente a Arauco. Durante la movilización del 19 de agosto, manifestantes afirmaron además haber observado una camioneta de la empresa saliendo de la Comisaría Primera de San Pedro con efectivos policiales en su interior. la desigualdad económica entre las partes es enorme. Una familia campesina dispone de su chacra, sus herramientas y, en el mejor de los casos, asistencia de organizaciones sociales o abogados. Arauco dispone de una estructura empresarial internacional, equipos jurídicos, personal, vehículos, recursos económicos y canales institucionales de interlocución con el Estado. Si a esa desigualdad se suma una utilización de las fuerzas públicas que las familias perciben como alineada con los intereses de la compañía, el conflicto deja de desarrollarse entre partes con capacidades comparables.

La tierra como condición para expandir el monocultivo

El modelo forestal necesita grandes extensiones y continuidad territorial para sostener plantaciones industriales de pino y eucalipto y abastecer a gran escala la cadena del agronegocio forestall. En Misiones, ese proceso de concentración avanzó durante décadas sobre un territorio que nunca estuvo vacío. Allí ya vivían familias campesinas, pequeños productores y comunidades mbya guaraní que desarrollaban otras formas de producción y de relación con el monte. Por eso resulta tan significativa la reiteración de denuncias sobre destrucción de cultivos, muerte de animales, incendios de viviendas y desaparición de herramientas. Si esos hechos son investigados de manera aislada, aparecen como daños materiales independientes. Observados desde la realidad de una chacra campesina, producen un resultado mucho más profundo: destruyen las condiciones que permiten permanecer en el territorio.

La expansión del agronegocio forestal en Misiones fue promovida durante décadas como política de desarrollo mediante incentivos, infraestructura y decisiones estatales que favorecieron la consolidación de grandes plantaciones.

Los monocultivos de pinos no son bosques y no reemplaza ecológicamente al monte nativo, sino todo lo contrario, porque se destruye la biodiversidad para que el monocultivo avance. La expansión del monocultivo transforma simultáneamente el ecosistema y la estructura social del territorio.

Por eso discutir el modelo territorial que construyó Misiones durante las últimas décadas, quiénes se beneficiaron de ese proceso y quiénes están pagando actualmente sus costos es importante para el futuro de las nuevas generaciones.

San Pedro vuelve visible una estructura que lleva décadas funcionando

Lo ocurrido estas semanas permite observar algo que normalmente permanece disperso entre causas judiciales, comisarías y pequeños parajes rurales. Arauco no es simplemente una empresa que circunstancialmente entra en conflicto con algunas familias. Es uno de los mayores actores territoriales de Misiones, inserto en un modelo forestal promovido durante décadas y con capacidad permanente de interlocución con las máximas autoridades provinciales.

La presencia simultánea de personal que los productores identifican como perteneciente a Arauco y efectivos de la Policía de Misiones.

No es la primera vez que esta relación genera cuestionamientos en San Pedro. En abril de 2025 se documentaron procedimientos donde policías que prestaban servicio adicional para Arauco brindaban cobertura a guardabosques de la empresa durante intervenciones en tierras disputadas.

Ahora las familias vuelven a describir operativos en los que aparecen ambos actores.

Cuando en un conflicto entre una multinacional y familias campesinas interviene una fuerza estatal, cada actuación debe ser transparente y jurídicamente trazable. De lo contrario, la enorme desigualdad económica existente entre las partes corre el riesgo de transformarse también en desigualdad frente al Estado.

Perderlo todo y empezar otra vez

Una familia campesina no pierde solamente un inmueble cuando su casa se incendia. Pierde colchones, ropa, documentos, alimentos almacenados, herramientas, semillas, muebles y recuerdos. Cuando también pierde animales y cultivos, desaparecen al mismo tiempo su vivienda y su fuente de sustento. En San Pedro no existe politicas publocas que protejan a las familias rurales. Sino que el miedo se convirtió en una condición cotidiana de vida.

Las familias rurales reclaman poder trabajar, cultivar, que sus animales estén a salvo y que sus hijos puedan permanecer dentro de sus casas sin miedo. Y reclaman algo que en cualquier Estado de derecho debería ser elemental: que una disputa sobre la propiedad de la tierra jamás sea resuelta mediante el terror de quienes la habitan.

Dos formas completamente distintas de utilizar el territorio.

Las chacras campesinas producen alimentos y sostienen economías familiares. El modelo de Arauco requiere grandes extensiones destinadas principalmente a plantaciones industriales de pino y eucalipto que abastecen la cadena del agronegocio forestal.

El conflicto por la tierra ocurre entonces dentro de una provincia donde la concentración territorial y el monocultivo forestal constituyen parte fundamental de una política económica promovida durante décadas.

 

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Opinión

El Gobierno, entre una pelea que no convence y un gabinete que no se diferencia

Publicado

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Por Fernando Oz

@F_ortegazabala

El renovado gobierno de Hugo Passalacqua, independiente y libre de ataduras, avanza con cierta dificultad en su principal estrategia de campaña: mostrarse lo más lejos posible de Carlos Rovira y de Javier Milei. Algunos focus groups, realizados desde el propio oficialismo provincial, están alertando que un importante porcentaje del electorado no cree que sea real la “pelea” o el “quiebre” entre el gobernador y el ex líder del inmolado Frente Renovador de la Concordia.

Ese mismo dato salta en los estudios de opinión que paga la oposición para saber qué dice la calle. Porque, dicho sea de paso, en este bendito país, una de las cosas que tienen en común buena parte de la “dirigencia” política es que todos pagan para medir el ambiente. Lo hacen porque sólo pisan la calle en campaña, en caso de que las encuestas los favorezcan.

La oposición está muy interesada en saber sobre los alcances reales del distanciamiento entre Rovira y Passalacqua. Los operadores de Hugo —“me llamaron, pero sé que lo mismo hicieron otros”— dijo con cierto asombro un diputado que nunca estuvo ni cerca del rovirismo. Sucedió durante un encuentro informal donde había un grupo de empresarios locales que, durante años, habló pestes del gobierno pese a los millonarios subsidios.

Es verdad que el oficialismo tendió puentes con el radicalismo, con el PJ de Christian Humada y hasta con el mismísimo Ramón Amarilla, el agente del caos. Con algunos mantiene un diálogo abierto y de manera privada; con otros no se logró avanzar más allá del primer encuentro.

Sucede que el Movimiento por lo que Viene tiene la imperiosa necesidad de mostrar nuevos rostros, voces disidentes a lo que fue el rovirismo y que fortalezcan la imagen del gobierno. Pero esas caras y expresiones que realmente marquen que lo que viene no será lo mismo no aparecen. Una realidad que se ve en cada fotografía que divulga cualquier usina del oficialismo.

Por el momento, lo único que pudo mostrar el Movimiento en un palco fue a intendentes con kilómetros de mandato y problemas en el Tribunal de Cuentas. Es verdad que se hicieron otras cosas: ATM, EMSA, algún que otro cambio en carteras y no mucho más. Corte de cajas.

Es que tampoco hay mucho más por mostrar. Acá hay una nueva idea: “los que me quieran seguir, que vengan”. Lo que siguió fue Rovira subiendo a un barco junto a un grupo de leales que siguen viéndolo como un líder inapelable. Los que se quedaron son los que ya estaban, ahora bajo el mando de Passalacqua.

Por eso, en los actos y en las ferias del gabinete de campaña se puede ver a inamovibles ministros y funcionarios con más de veinte años en el mismo bailongo. Me podrán decir que son el mejor equipo y que los vienen votando desde 2003. Ok, tienen razón. La misma verdad asiste a quienes observan que el Movimiento lo único que sumó, por el momento, fue a la diputada Rita Flores: una libertaria arrepentida que se fue del estrambótico bloque Por la Vida y los Valores del matrimonio Ríos; milagros que únicamente se dan en el ámbito de la política.

Hasta el momento, lo que se ve —el mensaje que transmiten— es el de la sobre actuación de algunos funcionarios. Como lo fue el primer acto del diputado Juan José Szychowski como presidente del bloque passalacquista denominado “Por lo que Viene”.

El jueves último, durante la sesión en la Cámara de Representantes, Szychowski pidió la palabra para quejarse por los diputados que no van al recinto: “Es muy feo ver una silla vacía, sin que se venga a hablar y debatir. Tenemos que ser claros: nuestra obligación es venir a trabajar y dar la cara”. La única banca vacía ese día era la de Carlos Rovira.

Los otros días, mi colega Luis Huls recordó en X que el heredero de una de las yerbateras más importantes de la provincia pasó de apoyar al PRO a ser funcionario del gobierno de Alberto Fernández en el INYM y después encontró refugio en la Renovación Neo por decisión de Rovira. Creo haberlo dicho: Szychowski es un vivo que no recuerda ni lo que firmó la noche anterior. Un técnico sin preparación ni sentido del ridículo.

No fue hace mucho: un año y dos meses, para ser más exactos. Durante la transmisión en vivo de un programa oficialista llamado Cantón Verde, emitido por un canal de streaming desde la Casa del Militante y debidamente difundido por las pantallas públicas de mi querido canal Doce. Se lo notaba cómodo, distendido, con el micrófono en la mano y abrazado por el calor del entonces Frente Renovador Neo.

“Hay que anticiparse a los tiempos, a los ciclos; hay que tener esa visión estratégica. Hay cierta gente que tiene esta inteligencia y ve lo que se viene”, así se refereía Juan José Szychowski al ingeniero Carlos Rovira, a quien ya había nombrado en tres oportunidades en menos de dos minutos.

Y hasta unos meses atrás, el diputado Szychowski tenía asistencia perfecta en las “previas” del conductor y más adelante aplaudió con fervor las ocurrencias de los oradores del lanzamiento de Encuentro Misionero, que se realizó en la misma Casa del Militante, pero recién pintada para tapar cualquier resabio de la detonada Renovación.

Tropezones de un reacomodo imprevisto, con jugadores poco calificados en lugares clave y serios problemas de comunicación; posiblemente. Un entorno que, equivocadamente, le canta al Gobernador las buenas nuevas por la mañana; tal vez. Algún funcionario que, con cierta precocidad, piensa en el 2031, en un pospassalacquismo sin haber transitado el posrovirismo, eso también hay.

Passalacqua se enfrenta a varios problemas. En su horizonte inmediato, un escenario preelectoral minado de cuentas por resolver. Su reelección depende de eso. Además de la obligación de sostener a flote su gestión por el bien de todos los habitantes de la provincia. Es un político con trayectoria y experiencia; no puede darse el lujo de improvisar en medio de una tormenta. Él lo sabe.

Cuanto más nos alejamos de Rovira, más crece el Movimiento. Eso dicen sus coroneles. La realidad indica que no logran extirpar la duda, tanto que hasta algunos de sus mismos dirigentes de base se preguntan si la cosa es en serio. ¿Qué opina el arriba firmante?

Es cierto. La sociedad se disolvió, de mala manera, entre silencios y viejos rencores. Rovira tiene otra estrategia, con ideas “más cercanas a los tiempos nuevos”; lo que implica un alineamiento más estrecho a la Casa Rosada. Rovira no se va a retirar a sus aposentos parisinos: estará el próximo jueves sentado en su banca y seguirá haciendo política, a su modo, rodeado por sus discípulos, esperando que la historia lo juzgue.

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