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Un año y medio de ataques a fondo contra la clase obrera

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Por: Aníbal “Tato” Zeretzki

@TatoZeretzkiPo

 

En este año y medio de mandato del presidente Milei asistimos a un ataque a fondo contra los derechos de los trabajadores de nuestro país a través de un conjunto leyes que por la magnitud del impacto que tendrán sobre las condiciones de trabajo constituyen una verdadera reforma constitucional.

La reforma laboral no es una “actualización” de convenios colectivos de trabajo obsoletos sino, al contrario, un retroceso en importantes derechos que fueron conquistados con décadas de luchas.

Se extiende el período de prueba hasta ocho meses, al cabo de los cuales te pueden rajar sin problemas; elimina el reconocimiento de la relación de dependencia (y con eso, de los derechos laborales) para los trabajadores de empresas de hasta cinco trabajadores, algo que va a incentivar más la tercerización en empresas subsidiarias; elimina la reinstalación en los casos de despidos antisindicales, toda una señal de ofensiva contra los activistas y delegados combativos en los lugares de trabajo; y abarata las indemnizaciones por despido, en un momento de fuerte recesión económica e industrial. Como también barre con las multas a las patronales que precarizan a sus trabajadores, “la ley es un llamado a que se siga contratando trabajadores sin registrar”, como denunció la diputada del Frente de Izquierda y el Partido Obrero Romina Del Plá.

La informalidad laboral alcanzó a 4 de cada 10 asalariados bajo el gobierno de Milei. A su vez, este prepara una reforma antiobrera en función de proyectar la ausencia de derechos que padece el sector no registrado hacia el conjunto de los trabajadores. Pretende convertir al país en una plataforma de mano de obra barata al servicio del lucro capitalista. El dato proviene de un informe elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA), en base a estadísticas oficiales, correspondiente al tercer trimestre 2024.

De allí se desprende que la tasa de informalidad laboral supera el promedio en el caso de las trabajadoras de casas particulares (76,3%), los obreros de la construcción (67,3%) y los empleados de comercio (47%).

Lo anterior muestra el fracaso que significó la política de otorgar incentivos patronales como aliciente para crear empleo formal: ni la reducción de aportes patronales consignado en el Plan Registradas redujo la informalidad en el servicio doméstico, como tampoco el reemplazo de las indemnizaciones por el fondo de cese laboral en el convenio de la Uocra contribuyó a generar puestos de trabajo de calidad en dicho rubro.

Semejante tasa de informalidad agrega preocupación sobre la decisión del gobierno de eliminar la moratoria previsional, negándoles el derecho a jubilarse a aquellos que no lograron reunir los años de aportes requeridos por culpa del fraude patronal, condenándolos a sobrevivir con una pensión de indigencia.

Los capitalistas se ahorran las contribuciones a la Seguridad Social de dos quintos de la fuerza de trabajo de Argentina. Además, retienen una mayor porción de la riqueza creada por los trabajadores pagándoles peores sueldos a quienes no están registrados. La brecha salarial entre los asalariados formales e informales asciende al 46%. En ese sentido, 40% de los trabajadores vive en hogares pobres, escala a 60% en los no registrados.

Esta realidad desmiente el discurso del gobierno y empresarios sobre que reducir las contribuciones patronales y flexibilizar los convenios colectivos permitiría mejorar los salarios. Los que no tienen acceso a aportes jubilatorios, vacaciones, licencias pagas y aguinaldo perciben los ingresos más bajos.

También se revela como falsa la premisa de que las inversiones decaen por culpa del supuestamente elevado costo laboral. Lo cierto es que este último se encuentra por el piso como resultado de la extensión del trabajo precario y la caída salarial, sin embargo, el índice de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) cayó 17,1% interanual entre enero y noviembre 2024, según la consultora Orlando Ferreres.

Son argumentos falaces para justificar una reforma antiobrera que incremente la tasa de beneficio del capital.

El estudio citado describe que la informalidad laboral trepa al 75% en las empresas de hasta 5 empleados.
La Ley Bases borra la relación de dependencia en los establecimientos con hasta tres trabajadores, incorporando la figura del «colaborador», sin derechos de aguinaldo, vacaciones, enfermedad, licencias e indemnización, es decir, las condiciones básicas de la ley de contrato laboral.

La no registración es casi 5 puntos superior entre mujeres, dado que los puestos de trabajo con alta tasa de feminización son más precarios; deja en ridículo el negacionismo del gobierno respecto a la brecha de género.
A su turno, la informalidad escala al 64% entre la juventud y al 67% entre las mujeres jóvenes, específicamente.

La mitad de los jubilados cobra la mínima que, con el bono de $70.000, llega a $355.820, mientras la canasta básica de la tercera edad, calculada por la Defensoría de la Tercera Edad, se ubica en $1.200.000. Es decir, hoy una jubilación mínima, con aumento y todo representa casi la cuarta parte del costo de vida de un jubilado.
Las jubilaciones constituyeron el 19,2% del recorte total realizado por el Sector Público Nacional en 2024.

La Ley Bases pone fin de la presunción de existencia de relación laboral: se invierten las consideraciones al respecto, teniendo el trabajador que demostrar la naturaleza fraudulenta de una incorrecta registración. Así como se declara a ciertas actividades dudosas (prestación de servicios y de agencia, etc.) en el derecho civil y comercial y por fuera de las relaciones del trabajo. También se habilita el funcionamiento de “trabajadores independientes” con hasta 3 colaboradoras, en el régimen de monotributistas. Tras la reglamentación empezará a regir el nuevo “periodo de prueba”, pasando de los actuales 3 meses a un mínimo de 6 meses, pudiendo extenderse a 8 (empresas de seis a cien trabajadores) y 12 meses (empresas de hasta cinco trabajadores), lo que implica la consagración final de la inestabilidad laboral, siendo que “un año de trabajo” no implica ningún periodo de “prueba”. Esto exime a las patronales del pago de indemnización por antigüedad, preaviso e integración del mes.

Entre los ítems más esperados por patronales, se habilita el despido “con justa causa” ante medidas sindicales que puedan ser consideradas como “bloqueos o tomas de establecimientos” o la afectación de la “libertad de trabajo” de otros empleados, lo que otorga amplias facultades discrecionales a los capitalistas.

Incluso se faculta a las patronales al despido discriminatorio (algo prohibido por tratados internacionales) con un sobrecargo de entre 50 y 100% de la indemnización por antigüedad: con plata se puede discriminar.

La reglamentación también daría lugar a que patronales y burocracia sindical pacten reformas en los convenios colectivos para incorporar el Fondo de Cese Laboral en remplazo del actual régimen indemnizatorio

En la provincia de Misiones la situación del conjunto de los trabajadores es de las peores del país en términos salariales y en las condiciones laborales. Mientras el promedio nacional del salario bruto es de $1.049.781, en nuestra provincia es un 37% inferior a esta cifra. Además, la informalidad laboral está mucho más extendida que en otras provincias, sin mencionar el enorme grado de explotación que padecen quienes trabajan a destajo como los tareferos.

Todos los partidos políticos patronales coinciden en una reforma laboral flexibilizadora; desde el PRO, UCR, peronismo dialoguista, fuerzas provinciales como la Renovación hasta CFK se mostró a favor de avanzar en ese sentido. La CGT, en lugar enfrentarla, se sentó con el gobierno a negociar la reforma laboral a cambio de excluir de la ley los articulados que afectan a sus cajas. El único sector político que enfrentó este ataque desde el inicio fue el Frente de Izquierda y los trabajadores que integra el Partido Obrero movilizándose junto a los trabajadores, estudiantes y jubilados.

En ese sentido el FMI exige reformas sustanciales –el gobierno se comprometió a ello- como la previsional, que prevé el aumento de edad jubilatoria, la eliminación de los regímenes especiales, el doble beneficio de las pensiones, la privatización de las jubilaciones y la imposibilidad para quienes no tienen los aportes completos de jubilarse, esto en un país donde el trabajo informal supera el 42%; como la reforma laboral que va contra las indemnizaciones, por una mayor flexibilidad como la aplicación del “banco de horas” que convierte las horas extras en horas normales, etc.; como el régimen tributario que busca un mayor gravamen sobre los trabajadores, y que ya una resolución aumenta lo que pagan 2.500.000 de monotributistas, etc.

Este ataque contra la inmensa mayoría del pueblo y todos los trabajadores está planteado luego del mazazo que significó el ajuste brutal que ya efectuó la motosierra de Milei y los gobernadores, ahora afilada por el FMI para ir más a fondo.

La avanzada del gobierno de Milei y los gobernadores contra los trabajadores da lugar a un envalentonamiento de las patronales por medio de despidos, suspensiones y extorsiones y presiones sobre los trabajadores.

La reglamentación de esta normativa antiobrera deja sin ningún beneficio para los trabajadores y la población en general, siendo estos perjudicados por la pérdida significativa de derechos y conquistas laborales y por la imposición de un régimen de precarización y flexibilización laboral a imagen y semejanza de las pretensiones patronales. Derrotemos esta orientación contraria a los trabajadores, con la organización independiente, con la huelga general contra Milei y los gobernadores.

*Aníbal “Tato” Zeretzki candidato a diputado provincial del Partido Obrero. 

Opinión

Rovira-Passalacqua: la urgencia de un propósito definido para el Cantón

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Congreso vida

Por Fernando Oz

@F_ortegazabala

 

La política del Cantón se está reconfigurando a cielo abierto y el proceso exige una lectura despojada de pasiones. Durante más de veinte años, el Frente Renovador de la Concordia funcionó en Misiones como un engranaje de enorme previsibilidad, una estructura donde la unidad era la regla inalterable. Hoy, la realidad introduce nuevas tensiones. La sorpresiva mutación jurídica del Partido de la Concordia Social en una marca denominada Encuentro Misionero —un sello institucional conducido por el diputado Carlos Rovira— no trajo la cohesión esperada. Lejos de ser un bálsamo, evidenció las diferencias de una interna sorda e incómoda. Lo que queda en el tablero es la dispersión y un oficialismo que parece obligado a redescubrir el eje de su agenda.

Cualquiera que camine la provincia y hable con los actores del terreno nota que el mapa del oficialismo se encuentra fragmentado en tres posiciones. En la primera se ubica el sector que mantiene una disciplina estricta bajo la conducción de Rovira, un espacio que desde hace un tiempo parece estar condicionado por un nuevo entorno de asesores que, con lecturas de laboratorio alejadas del pulso social, parecen entorpecer cualquier tipo de cohesión. En la vereda de enfrente se plantan las bases territoriales y la gran mayoría de los intendentes, que empujan la candidatura y la autonomía del gobernador Hugo Passalacqua sin aceptar más tutelas ni dobles comandos que desgasten la gestión.

En el medio, una tercera vía, minoritaria, menos pasional y más racional, intenta acercar las partes con un argumento estrictamente pragmático: advierten que, si el proyecto “misionerista” original se sigue desangrando en disputas de oficina, las elecciones ejecutivas de 2027 correrán el riesgo de perderse en manos de La Libertad Avanza, que ya camina la provincia con el binomio de Diego Hartfield y Carlos Adrián Nuñez. El riesgo no es una discusión de cartel; es la continuidad del proyecto.

La última controversia pública estalló esta semana cuando Encuentro Misionero difundió un comunicado en redes sociales anunciando sus nuevas autoridades partidarias. En un movimiento que en la Rosadita se interpretó como inconsulto, el posteo incluyó entre las autoridades a Oscar Herrera Ahuad, a Maurice Closs y hasta a Hugo Passalacqua, entre otros dirigentes.

Dos de las autoridades del nuevo partido me aseguraron que nadie les consultó nada, otro simplemente me dijo que “no recuerda” haber estampado su rúbrica en el acta de cambio de sello porque firma “muchas cosas”; varios desmemoriados fueron surgiendo con el paso de las horas. Y los voceros de Encuentro Misionero optaron por el silencio.

La reacción de la Jefatura de Gabinete fue inmediata y explícita. Carlos “Kako” Sartori, sin dudas una de las figuras más importantes en la política del Cantón de los últimos meses y principal escudero de Passalacqua, salió a aclarar que el gobernador jamás dio su consentimiento y que usaron sus nombres sin autorización. Sartori explicó que la vieja Renovación directamente “se extinguió, ya no existe más” y apuntó a que las fichas de afiliación fueron trasladadas de forma automática a la nueva denominación sin consultar a las bases.

“Ellos se fueron y nosotros seguimos con los mismos ideales. Hoy no hay unidad”, señaló el jefe de Gabinete. Las diferencias las ventiló a los cuatro vientos después de prender el ventilador durante una entrevista con Alejandro Barrionuevo en el Show de los Impactos. Para marcar la distancia entre lo institucional y lo partidario, aclaró que una foto reciente en el Día de la Bandera con el vicegobernador Lucas Romero Spinelli es solo cortesía republicana, no pertenencia política.

Mientras la conducción tradicional lidia con un ecosistema de asesores que confunde la tribuna virtual de las redes con la construcción política real, Passalacqua decidió concentrarse en la administración y la respuesta al sector privado. Firmó el Decreto 1129 y reestructuró la Agencia Tributaria de Misiones (ATM), una caja clave. Le dio mayores atribuciones al subdirector de Rentas, Gabriel Petta, un propia tropa, el técnico detrás de la eliminación del cobro del anticipo de Ingresos Brutos en ruta, una demanda histórica de las empresas que ahogaba la actividad económica.

Es el pragmatismo de la gestión frente al dogma del aceleracionismo. Y es apenas el primer movimiento: para el 31 de julio, cuando envíe el Presupuesto a la Legislatura, el gobernador prevé una reorganización que incluirá la eliminación de varios ministerios.

La necesidad de edificar una plataforma que responda a este nuevo tiempo es un hecho. La presidenta del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) en Misiones, Fabiana Perié, ya puso su sello político a disposición del mandatario para sostener una eventual postulación en 2027, un camino que, según Sartori, cuenta con el aval de cerca del 97% de los intendentes. Lo mismo hizo la dirigente Mónica Alustiza al poner el Partido Consenso a disposición de Passalacqua. A ese esquema hasta se sumó el Partido Socialista de Fernando Fernández, que manifestó su disconformidad con el trato recibido dentro de la coalición desde 2023.

El intendente de Posadas, Leonardo “Lalo” Stelatto, asoma en los pasillos como uno de los pocos encargados de tender puentes entre los diferentes sectores, pero en el despacho principal de la Rosadita la instrucción sigue siendo muy clara: “Enfoquémonos en la gestión”.

Es acá, en el núcleo de la crisis, donde hay que detenerse a analizar el fondo. Ningún dirigente, por más experiencia o lucidez que posea, puede saberlo todo solo. Cada persona tiene un conocimiento limitado, una experiencia acotada, una perspectiva estrecha y un tiempo finito. Los mayores logros de la historia no nacen de voluntades aisladas o de círculos cerrados de asesores que blindan la realidad, sino de la capacidad de combinar habilidades distintas. Cuando dos personas colaboran de manera auténtica, la suma siempre es mayor que las partes; surge una fuerza colectiva que supera cualquier mirada individual.

Para que esa inteligencia común funcione, se necesita una dirección clara. Las personas pueden reunirse en un comité o compartir un acto, pero si no existe un objetivo común, la energía se dispersa y el poder se debilita. El propósito actúa como un imán: organiza los esfuerzos, los recursos y las decisiones cotidianas.

Cuando el propósito es claro, la colaboración se vuelve poderosa. En cambio, cuando el norte se vuelve difuso, aparece el conflicto menor, la distracción y el desperdicio de energía en discusiones por sellos partidarios que a la gente no le modifican la vida. Los grupos que perduran no solo comparten una boleta; comparten respeto, confianza, lealtad y la madurez para resolver diferencias sin destruir la construcción común.

El oficialismo provincial necesita recobrar con urgencia su propósito definido para poder seguir gobernando un nuevo período. No hablo en nombre de una corporación política ni de una abstracción teórica, sino como un ciudadano más que observa el desgaste de la gestión frente a una crisis económica que muerde los bolsillos de la gente. Si la dirigencia misionera no comprende que la sociedad está fatigada de las disputas de palacio alimentadas por entornos deficientes, la opción libertaria consolidará su avance de cara a 2027. Recuperar la brújula y el sentido del servicio público es la única alternativa para garantizar la estabilidad del Cantón.

Si la Renovación o el espacio que le suceda, se llame como se llame, no logran internalizar un propósito en común, con la dispersión actual terminará pavimentando el camino para su propia caída. Frente a una oposición libertaria que capitaliza el descontento, el verdadero desafío de la conducción no es dirimir quién se queda con las viejas fichas de afiliación, sino rescatar el sentido original de servicio al pueblo misionero. Solo recuperando esa brújula colectiva se obtendrá la única vacuna para evitar que el sismo de hoy sea la crónica de una derrota anunciada.

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Opinión

La reforma de la Ley General de Sociedades y una oportunidad perdida

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Por Héctor Julio Franco

 

La reforma de la Ley General de Sociedades y una oportunidad perdida: hacia una teoría de la gobernanza digital de las personas jurídicas deliberativas.

El proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades representa uno de los cambios más trascendentes del derecho privado argentino de las últimas décadas. La incorporación de las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), el reconocimiento de los contratos inteligentes (smart contracts) y la utilización de tecnología blockchain para la organización y funcionamiento de las sociedades comerciales constituyen un claro reconocimiento de que la transformación digital también ha llegado al derecho societario.

Sin embargo, el debate legislativo parece detenerse demasiado pronto.

Si el legislador considera jurídicamente válido que una sociedad comercial pueda expresar su voluntad mediante mecanismos de gobernanza digital, ¿por qué ese mismo principio no habría de extenderse al resto de las personas jurídicas cuya voluntad institucional también se forma mediante procesos deliberativos?

La pregunta trasciende el derecho societario. En realidad, interpela a toda la teoría general de las personas jurídicas.

Las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las cooperativas, las mutuales y los partidos políticos poseen una característica común que hasta ahora no ha sido suficientemente destacada por la doctrina: todas ellas construyen su voluntad institucional mediante órganos colegiados, deliberación y votación de sus miembros.

Podría decirse que todas integran una misma categoría funcional: las personas jurídicas deliberativas.

No se trata de una nueva clasificación legal ni de una nueva especie de persona jurídica. Se trata simplemente de reconocer que existen organizaciones cuya esencia radica en la participación de sus integrantes para adoptar decisiones colectivas.

Desde esa perspectiva, las DAO dejan de ser un fenómeno exclusivamente societario para convertirse en la primera manifestación legislativa de un concepto mucho más amplio: la gobernanza digital de las organizaciones.

La historia del derecho demuestra que las innovaciones tecnológicas rara vez crean instituciones completamente nuevas. Lo habitual es que transformen la forma en que instituciones preexistentes expresan su voluntad.

La firma digital no creó un nuevo contrato.

El expediente electrónico no creó un nuevo proceso judicial.

Las reuniones a distancia no crearon una nueva asamblea.

Simplemente modificaron el soporte tecnológico sobre el cual esas instituciones ya funcionaban.

La gobernanza digital debería recorrer el mismo camino.

No resulta necesario crear una “Asociación Civil Digital” ni una “Cooperativa Digital”. La personalidad jurídica permanece inalterada. Lo que evoluciona es el modo mediante el cual la organización delibera, vota y ejecuta sus decisiones.

Una asociación civil podría mantener su padrón de asociados mediante tecnología blockchain.

Una cooperativa podría realizar elecciones internas mediante votación criptográficamente verificable.

Una mutual podría distribuir determinados beneficios conforme a contratos inteligentes previamente aprobados por sus órganos.

Un partido político podría organizar sus elecciones internas, congresos partidarios y consultas a los afiliados mediante sistemas de identidad digital, blockchain y escrutinio automático verificable.

En todos estos casos no cambia la naturaleza jurídica de la organización. Lo único que cambia es la infraestructura tecnológica mediante la cual se forma y ejecuta la voluntad colectiva.

Precisamente los partidos políticos constituyen quizás el mejor ejemplo de esta evolución posible.

El artículo 38 de la Constitución Nacional los define como instituciones fundamentales del sistema democrático y exige su organización y funcionamiento democráticos.

Si la Constitución exige democracia interna, resulta razonable preguntarse si el derecho no debería admitir también herramientas tecnológicas capaces de fortalecer esa democracia mediante procesos más transparentes, auditables, seguros y participativos.

La blockchain no sustituye la democracia interna; puede fortalecerla.

El verdadero aporte de estas tecnologías no consiste en modificar el patrimonio de las personas jurídicas ni en alterar sus fines institucionales.

Su aporte consiste en transformar la forma en que las organizaciones deliberan, construyen consensos, expresan su voluntad y ejecutan las decisiones previamente adoptadas por sus miembros.

En otras palabras, la blockchain no viene a transformar las personas jurídicas.

Viene a transformar la democracia interna de las organizaciones.

Por ello, quizás el próximo paso del legislador argentino no debería consistir en crear nuevos tipos societarios, sino en incorporar al Código Civil y Comercial un régimen general de Gobernanza Digital de las Personas Jurídicas Deliberativas, aplicable a todas aquellas organizaciones cuya voluntad institucional se forme mediante órganos colegiados y procedimientos de participación de sus integrantes.

Ese régimen podría reconocer, entre otras cuestiones:

* la identidad digital de los miembros;

* los registros distribuidos como soporte de libros institucionales;

* la votación criptográficamente verificable;

* la utilización de contratos inteligentes para la ejecución automática de decisiones previamente aprobadas;

* la validez jurídica de mecanismos digitales de participación y deliberación, siempre respetando los principios de legalidad, publicidad, responsabilidad, tutela judicial efectiva y protección de las minorías.

La discusión que hoy se abre con las DAO no debería agotarse en el derecho societario.

Constituye, en realidad, la oportunidad para comenzar a construir una teoría general de la gobernanza digital de las personas jurídicas deliberativas.

Quizás ese sea el verdadero desafío que el derecho argentino tiene por delante.

*Dr. Héctor Julio Franco, ex Director Gral. de Personas Jurídicas y Registro Público.

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Opinión

La gobernación es mía, mía, mía

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Por Ezequiel Bermejo

 

Corría 1991. Carlos Menem era presidente, y el empresario italiano Massimo del Lago le había regalado una Ferrari 348 TB roja. Envuelto en una polémica que crecía día a día ante eventuales dádivas, y consultado desde la prensa acerca de si pensaba donársela al Estado, un Menem a la defensiva respondió con una frase que quedó para la historia: “La Ferrari es mía, mía, mía”.

35 años después, la política misionera asiste a un espectáculo similar de capricho personal y adicción al poder. Cuando aún le restan 530 días de ejercicio en el cargo, Hugo Passalacqua se ata al mástil del poder y va en busca de su tercer mandato al frente del Ejecutivo provincial, al grito de guerra de “¡La gobernación es mía, mía, mía!”.

¿Qué es lo que hace que un hombre con una larga trayectoria política pueda creer que (entre un millón y medio de misioneros) es el único capacitado para conducir los destinos de la Tierra Colorada?.

Passalacqua ha sido beneficiado como nadie con oportunidades concretas de hacer un aporte que mejore la vida de los misioneros.  ¿Lo logró?

Desde 2003 hasta 2009 fue Ministro de Educación de la provincia. A pesar de sus numerosas referencias a su pasado como docente, su paso por el Ministerio de Educación no dejó una marca doctrinaria ni una reforma estructural memorable. Su gestión fue anodina, limitada a adaptar políticas bajadas desde la Nación por Néstor Kirchner y Cristina Fernández, cuyos resultados hoy sufren los docentes, los alumnos y las familias. A diferencia de
otros ministros cuya obra continúa siendo objeto de análisis o referencia, no existe un consenso público que recuerde a Passalacqua como un transformador relevante del sistema educativo misionero.

En 2007 se postuló como intendente en su ciudad natal, Oberá, pero no resultó electo. Un conocido refrán dice que nadie es profeta en su tierra. Tal vez los obereños se anticiparon y vieron lo que el resto de los misioneros no pudo en
ese momento.

Entre 2009 y 2011 fue electo diputado provincial, mandato que interrumpió para acompañar, como vicegobernador, la reelección del por entonces gobernador Closs. El mandato popular volvió a consagrarlo diputado provincial entre 2019 y 2023. En ninguno de ambos períodos como legislador aparece asociado a una ley provincial importante que hoy sea recordada por llevar su impronta.

¿Y su desempeño como vicegobernador? Estrictamente protocolar.

En 2015, con un amplísimo consenso popular, la Renovación coloca a Hugo Passalacqua en el primer término del binomio ejecutivo y lo consagra por primera vez gobernador de Misiones. Es el cargo que implica uno de los mayores desafíos políticos que un misionero podría enfrentar en su vida. Sin embargo, su gestión al frente de la gobernación mostró una moderación excesiva: simplemente administró el modelo político preexistente que heredó, y si bien mantuvo la estabilidad fiscal en un contexto económico nacional adverso, no existieron iniciativas ni reformas de magnitud que llevaran su sello personal.

Concluía el 2022. La Renovación debía elegir el candidato a reemplazar a Herrera Ahuad y su histórica e hiperactiva gestión al frente del Ejecutivo provincial, plena de logros, aun cuando debió enfrentar la pandemia. Hugo Passalacqua suplicó a la conducción renovadora volver a ser el candidato a gobernador para saldar ese sabor a poco que arrastraba desde su primer mandato. Carlos Rovira accedió a confiarle nuevamente el estandarte.

Los misioneros le concedieron a la Renovación un amplio triunfo en las elecciones provinciales de 2023 y consagraron a Passalacqua como gobernador por segunda vez, hasta 2027.

En esta gestión actual el ahora dos veces gobernador sorprendió: su inacción superó todo lo demostrado por él hasta ese momento. Su gobierno se ha limitado a culpar a Javier Milei como la razón de todos sus males.

Desde 2023, y en sus propias narices, le dinamitaron la producción yerbatera, sin que pudiera idear la más mínima alternativa para enfrentar la crisis, con el agravante de que su ministro del Agro, su favorito, no es idóneo.

El gobernador que permanentemente nos recuerda que es educador, ha empujado a los salarios docentes a los últimos puestos en el ranking nacional. Lo mismo ocurre con los de los médicos, enfermeros y policías. No podemos, ni debemos, soslayar un dato fundamental: si se tienen en cuenta los últimos diez años, Passalacqua ha gobernado 6. Su responsabilidad en el tema es irrenunciable.

Frente a aquella protesta generalizada de mayo de 2024 que parecía no terminar de escalar, que mantuvo en vilo a la sociedad misionera, que interrumpió el libre tránsito y el comercio, y que puso en riesgo la seguridad pública, el gobernador no tuvo más reacción que encerrarse en el silencio.

Misiones ha quedado sin un rumbo claro, sin la determinación de administraciones anteriores, fuera del radar de la inversión nacional e internacional, mientras sufre el embate de la recesión libertaria sin capacidad de respuesta ni conocimiento para una reactivación pensada, creada e implementada desde acá. Passalacqua confunde buena gestión con los sueldos estatales el último día de cada mes, algo que ya venía ocurriendo hace dos décadas. Interpreta que gobernar es prorrogar los remanidos Programas Ahora, sin comprender que la gente no necesita comprar en cuotas. Necesita poder comprar.

A pesar de la falta de méritos, la pulsión por la reelección es más fuerte. Tanto para él como para esa legión variopinta de intendentes eternos, ministros atornillados a sus carteras, nostálgicos exfuncionarios y algún exgobernador preocupado por cuidar jugosos contratos con el Estado provincial.

A sus 68 años, luego de 23 de cobrar ininterrumpidamente su sueldo solventado por los contribuyentes, y a la vista de los resultados obtenidos cada vez que intervino en la vida pública misionera, una pregunta dolorosa asoma inevitable: ¿qué le queda a Passalacqua para ofrecerle a los misioneros que justifique razonablemente una nueva reelección?

La gestión de la cosa pública no se puede transformar en una calesita en la que se pide otra, y otra, y otra vuelta, hasta que se logre eventualmente sacar la sortija.

Las oportunidades estuvieron. El tiempo transcurrió. Es hora de que Misiones pueda dar vuelta la página y consagre a nuevas figuras, con nuevas ideas, que puedan elaborar soluciones misioneras ante los desafíos que nuestra provincia enfrenta.

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