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Un año y medio de ataques a fondo contra la clase obrera

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Por: Aníbal “Tato” Zeretzki

@TatoZeretzkiPo

 

En este año y medio de mandato del presidente Milei asistimos a un ataque a fondo contra los derechos de los trabajadores de nuestro país a través de un conjunto leyes que por la magnitud del impacto que tendrán sobre las condiciones de trabajo constituyen una verdadera reforma constitucional.

La reforma laboral no es una “actualización” de convenios colectivos de trabajo obsoletos sino, al contrario, un retroceso en importantes derechos que fueron conquistados con décadas de luchas.

Se extiende el período de prueba hasta ocho meses, al cabo de los cuales te pueden rajar sin problemas; elimina el reconocimiento de la relación de dependencia (y con eso, de los derechos laborales) para los trabajadores de empresas de hasta cinco trabajadores, algo que va a incentivar más la tercerización en empresas subsidiarias; elimina la reinstalación en los casos de despidos antisindicales, toda una señal de ofensiva contra los activistas y delegados combativos en los lugares de trabajo; y abarata las indemnizaciones por despido, en un momento de fuerte recesión económica e industrial. Como también barre con las multas a las patronales que precarizan a sus trabajadores, “la ley es un llamado a que se siga contratando trabajadores sin registrar”, como denunció la diputada del Frente de Izquierda y el Partido Obrero Romina Del Plá.

La informalidad laboral alcanzó a 4 de cada 10 asalariados bajo el gobierno de Milei. A su vez, este prepara una reforma antiobrera en función de proyectar la ausencia de derechos que padece el sector no registrado hacia el conjunto de los trabajadores. Pretende convertir al país en una plataforma de mano de obra barata al servicio del lucro capitalista. El dato proviene de un informe elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA), en base a estadísticas oficiales, correspondiente al tercer trimestre 2024.

De allí se desprende que la tasa de informalidad laboral supera el promedio en el caso de las trabajadoras de casas particulares (76,3%), los obreros de la construcción (67,3%) y los empleados de comercio (47%).

Lo anterior muestra el fracaso que significó la política de otorgar incentivos patronales como aliciente para crear empleo formal: ni la reducción de aportes patronales consignado en el Plan Registradas redujo la informalidad en el servicio doméstico, como tampoco el reemplazo de las indemnizaciones por el fondo de cese laboral en el convenio de la Uocra contribuyó a generar puestos de trabajo de calidad en dicho rubro.

Semejante tasa de informalidad agrega preocupación sobre la decisión del gobierno de eliminar la moratoria previsional, negándoles el derecho a jubilarse a aquellos que no lograron reunir los años de aportes requeridos por culpa del fraude patronal, condenándolos a sobrevivir con una pensión de indigencia.

Los capitalistas se ahorran las contribuciones a la Seguridad Social de dos quintos de la fuerza de trabajo de Argentina. Además, retienen una mayor porción de la riqueza creada por los trabajadores pagándoles peores sueldos a quienes no están registrados. La brecha salarial entre los asalariados formales e informales asciende al 46%. En ese sentido, 40% de los trabajadores vive en hogares pobres, escala a 60% en los no registrados.

Esta realidad desmiente el discurso del gobierno y empresarios sobre que reducir las contribuciones patronales y flexibilizar los convenios colectivos permitiría mejorar los salarios. Los que no tienen acceso a aportes jubilatorios, vacaciones, licencias pagas y aguinaldo perciben los ingresos más bajos.

También se revela como falsa la premisa de que las inversiones decaen por culpa del supuestamente elevado costo laboral. Lo cierto es que este último se encuentra por el piso como resultado de la extensión del trabajo precario y la caída salarial, sin embargo, el índice de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) cayó 17,1% interanual entre enero y noviembre 2024, según la consultora Orlando Ferreres.

Son argumentos falaces para justificar una reforma antiobrera que incremente la tasa de beneficio del capital.

El estudio citado describe que la informalidad laboral trepa al 75% en las empresas de hasta 5 empleados.
La Ley Bases borra la relación de dependencia en los establecimientos con hasta tres trabajadores, incorporando la figura del «colaborador», sin derechos de aguinaldo, vacaciones, enfermedad, licencias e indemnización, es decir, las condiciones básicas de la ley de contrato laboral.

La no registración es casi 5 puntos superior entre mujeres, dado que los puestos de trabajo con alta tasa de feminización son más precarios; deja en ridículo el negacionismo del gobierno respecto a la brecha de género.
A su turno, la informalidad escala al 64% entre la juventud y al 67% entre las mujeres jóvenes, específicamente.

La mitad de los jubilados cobra la mínima que, con el bono de $70.000, llega a $355.820, mientras la canasta básica de la tercera edad, calculada por la Defensoría de la Tercera Edad, se ubica en $1.200.000. Es decir, hoy una jubilación mínima, con aumento y todo representa casi la cuarta parte del costo de vida de un jubilado.
Las jubilaciones constituyeron el 19,2% del recorte total realizado por el Sector Público Nacional en 2024.

La Ley Bases pone fin de la presunción de existencia de relación laboral: se invierten las consideraciones al respecto, teniendo el trabajador que demostrar la naturaleza fraudulenta de una incorrecta registración. Así como se declara a ciertas actividades dudosas (prestación de servicios y de agencia, etc.) en el derecho civil y comercial y por fuera de las relaciones del trabajo. También se habilita el funcionamiento de “trabajadores independientes” con hasta 3 colaboradoras, en el régimen de monotributistas. Tras la reglamentación empezará a regir el nuevo “periodo de prueba”, pasando de los actuales 3 meses a un mínimo de 6 meses, pudiendo extenderse a 8 (empresas de seis a cien trabajadores) y 12 meses (empresas de hasta cinco trabajadores), lo que implica la consagración final de la inestabilidad laboral, siendo que “un año de trabajo” no implica ningún periodo de “prueba”. Esto exime a las patronales del pago de indemnización por antigüedad, preaviso e integración del mes.

Entre los ítems más esperados por patronales, se habilita el despido “con justa causa” ante medidas sindicales que puedan ser consideradas como “bloqueos o tomas de establecimientos” o la afectación de la “libertad de trabajo” de otros empleados, lo que otorga amplias facultades discrecionales a los capitalistas.

Incluso se faculta a las patronales al despido discriminatorio (algo prohibido por tratados internacionales) con un sobrecargo de entre 50 y 100% de la indemnización por antigüedad: con plata se puede discriminar.

La reglamentación también daría lugar a que patronales y burocracia sindical pacten reformas en los convenios colectivos para incorporar el Fondo de Cese Laboral en remplazo del actual régimen indemnizatorio

En la provincia de Misiones la situación del conjunto de los trabajadores es de las peores del país en términos salariales y en las condiciones laborales. Mientras el promedio nacional del salario bruto es de $1.049.781, en nuestra provincia es un 37% inferior a esta cifra. Además, la informalidad laboral está mucho más extendida que en otras provincias, sin mencionar el enorme grado de explotación que padecen quienes trabajan a destajo como los tareferos.

Todos los partidos políticos patronales coinciden en una reforma laboral flexibilizadora; desde el PRO, UCR, peronismo dialoguista, fuerzas provinciales como la Renovación hasta CFK se mostró a favor de avanzar en ese sentido. La CGT, en lugar enfrentarla, se sentó con el gobierno a negociar la reforma laboral a cambio de excluir de la ley los articulados que afectan a sus cajas. El único sector político que enfrentó este ataque desde el inicio fue el Frente de Izquierda y los trabajadores que integra el Partido Obrero movilizándose junto a los trabajadores, estudiantes y jubilados.

En ese sentido el FMI exige reformas sustanciales –el gobierno se comprometió a ello- como la previsional, que prevé el aumento de edad jubilatoria, la eliminación de los regímenes especiales, el doble beneficio de las pensiones, la privatización de las jubilaciones y la imposibilidad para quienes no tienen los aportes completos de jubilarse, esto en un país donde el trabajo informal supera el 42%; como la reforma laboral que va contra las indemnizaciones, por una mayor flexibilidad como la aplicación del “banco de horas” que convierte las horas extras en horas normales, etc.; como el régimen tributario que busca un mayor gravamen sobre los trabajadores, y que ya una resolución aumenta lo que pagan 2.500.000 de monotributistas, etc.

Este ataque contra la inmensa mayoría del pueblo y todos los trabajadores está planteado luego del mazazo que significó el ajuste brutal que ya efectuó la motosierra de Milei y los gobernadores, ahora afilada por el FMI para ir más a fondo.

La avanzada del gobierno de Milei y los gobernadores contra los trabajadores da lugar a un envalentonamiento de las patronales por medio de despidos, suspensiones y extorsiones y presiones sobre los trabajadores.

La reglamentación de esta normativa antiobrera deja sin ningún beneficio para los trabajadores y la población en general, siendo estos perjudicados por la pérdida significativa de derechos y conquistas laborales y por la imposición de un régimen de precarización y flexibilización laboral a imagen y semejanza de las pretensiones patronales. Derrotemos esta orientación contraria a los trabajadores, con la organización independiente, con la huelga general contra Milei y los gobernadores.

*Aníbal “Tato” Zeretzki candidato a diputado provincial del Partido Obrero. 

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Cortesanos del poder: la sobreactuación como hábito y el armado libertario

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Por Fernando Oz

@F_ortegazabala

 

Salvo algunas pocas y honrosas excepciones, una vez más, la clase política del Cantón está demostrando de qué está hecha. Ya pasaron por la fantástica etapa del baile en el Titanic, a la del sálvese quien pueda. El papel que está teniendo el oficialismo en el escenario político es patético. Mi tía Claudia me diría, en voz baja, que se parece a un conventillo. Me refiero al oficialismo local, en toda su amplia gama, ya sean de la primera ola, de la Neo con pantalones chupines, del Blend sabor a motosierra, del nuevísimo Encuentro Misionero, del Movimiento por lo que Viene, o de los radicales por venir.

Intendentes caminando en circulantes ferias ministeriales, pidiendo obras y viendo qué tajada agarrar; diputados que parecen desorientados y que olvidan hasta lo que firman; funcionarios con más de veinte años de trayectoria que parecen recién llegados a un baile al que dicen no haber sido invitados. En definitiva, el sistema de navegación se rompió y la herrumbrada brújula también. Los mismos que ayer aplaudían, aprobaban leyes y ponían firmas, ahora deshacen desde ministerios hasta millonarios negocios con el Estado.

Mientras los reflectores se posan sobre los actores de este escenario circense, en el Cantón florecen los “Adornis” de la vida bajo el amparo de un diverso y silencioso engranaje de recaudación. Este lunes, tras la feria judicial, volverá a activarse en Comodoro Py la investigación que tramita el fiscal federal Gerardo Pollicita, enfocada en el presunto enriquecimiento ilícito e inconsistencias patrimoniales de Manuel Adorni. Las declaraciones testimoniales aportadas en el expediente han requerido verificar la trama de aportes y recaudación paralela, por lo que las miradas de la fiscalía se extienden sobre los colaboradores, incluyendo a Javier Lanari, recientemente nombrado en el Banco Nación y con fuertes vínculos en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

La diputada nacional Marcela Pagano, que llegó al Congreso con la boleta de Milei, fue la primera que expuso, públicamente y ante la Justicia, al ex vocero presidencial y a su mano derecha en un presunto entramado de “recaudadores” o “cajeros” a nombre de la Secretaría General de la Presidencia para el cobro de intermediaciones o “peajes” a empresarios a cambio de gestiones y reuniones. “Co-responsabilidad operativa”, adelantan fuentes judiciales.

Posiblemente en los próximos días avance una pesquisa sobre los estados financieros de la EBY encarada por los sabuesos de la Auditoría General de la Nación (AGN). La ejecución presupuestaria no estaría cuadrando con los informes de gestión. En la Cámara baja del Congreso, una pila de papeles de la entidad binacional terminaría en un pedido de informes al Poder Ejecutivo. Habrá que ver el resultado de la auditoría y el timing de Diputados.

En pocas semanas se decidirá la continuidad de dos de los cuatro integrantes del Consejo de Administración de la EBY. Pareciera ser que el director Ejecutivo del organismo, Diego Adúriz –con nombramiento, por decreto presidencial, hasta el 31 de diciembre de 2031–, estaría analizando algunos cambios más profundos; sugeridos por su primo Toto Caputo, ministro de Economía, como consecuencia de una serie de encuentros con el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Diego Hartfield.

Con el padrinazgo de Caputo y el sutil apoyo de la EBY, Hartfield, el Gato, ex tenista ATP, agente de mercado de capitales, lanzará su candidatura a la gobernación “cuando tenga con quién medirse”, porque “todavía no se abrió el torneo”. Se cree que la exitosa abogada laboralista Valeria Soczyuk, cuadro libertaria y recientemente nombrada coordinadora general de la Escuela de Dirigentes de LLA en Misiones, será quien la acompañe en la fórmula. Con nombre propio en el ámbito del ejercicio del derecho, años atrás, la doctora fue candidata a la presidencia del Colegio de Abogados de la provincia en una lista patrocinada por la Renovación. Cosas del pasado, ahora, Soczyuk lidera a los libertarios misioneros junto con su pareja, el diputado provincial Carlos Adrián Nuñez, recientemente apodado como “Jopo Nuñez” por sus compañeros de golf en el country paraguayo Aguavista.

Es muy temprano y hay muchos interrogantes. En la EBY, ese mundo paralelo de dobles finanzas, habrá que ver qué pasa con los consejeros Alfonso Peña, hombre de Mauricio Macri y ex director de la misma casa, y con el radical con peluca Rodrigo de Arrechea. Tampoco se sabe si continuará en su puesto Ignacio Lanari, jefe del Departamento Administrativo y hermano del actual director del Banco Nación; aunque tiene el “respaldo y confianza” de Karina Milei, El Jefe.

Las mismas incógnitas hay sobre dos hombres claves en las menudencias de la millonaria caja de la EBY: Juan Pablo Arrechea, lo llaman “el bueno”, ingresó a la entidad hace más de veinte años de la mano de Humberto Schiavoni y ahora dirige la poderosa Secretaría General y el siempre lubricado Departamento de Obras Complementarias. Ignacio “Nacho” Palacios, a él lo llaman “el mecánico”, reporta para la oficina de Santiago Caputo, colecciona automóviles en un garaje de la avenida Centenario y colocó a un amigo de Miami como jefe de Seguridad e Informaciones de la EBY; se trata de Jorge Omar Waisman, un tucumano que estuvo casi veinte años en la patrulla marítima en Florida, reconocido por su velocidad en lanchas y sus trabajos para la DEA y la Guardia Costera de los Estados Unidos.

Lo concreto, en resumidas cuentas, es que en el Cantón los libertarios avanzan con sus internas al hombro hacia la gobernación tras una suma de “objetivos estratégicos”, entre los que se encuentran los negocios energéticos, con la construcción de represas, y la venta de tierras a capitales extranjeros. Con la idea conceptual de que “son los frenos normativos provinciales lo que limita las inversiones privadas en el sector energético”, los lobistas pro-represas pretenden la “inconstitucionalidad o revisión de las leyes que condicionan obras de interés energético nacional dentro del territorio provincial”. En ese marco entra la construcción de Corpus, un negocio que supera los 5.000 millones de dólares.

Volviendo a la implosión de la Renovación, fractura, división, escisión, como quieran llamarlo; hace unos días, tomando café en el viejo Vitrage, un ministro de pasos presurosos se acercó a la mesa y, sin mediar preámbulo, sonrisa mediante, me preguntó de qué lado estaba. En la misma baldosa de siempre, le contesté y se fue con la misma sonrisa. Sucede que por lo general, en este bendito país, todo lo nuevo, por más nuevo que parezca, siempre nace de alguna ruptura. La pregunta siempre es la misma: ¿Usted, de qué lado está?

Si alguien no apunta contra el “malo” del momento, puede caer bajo sospecha. Resulta que desde hace un tiempo se puso de moda pegarle a Carlos Rovira, así, a secas. De repente dejó de ser “el conductor”, “el ingeniero”, “el presidente de la Legislatura”, “el driver”; ya ni siquiera le dan el rol de diputado, mucho menos el de “genio de la estrategia política”. Así son las cosas. Y los primeros en lanzar piedras estuvieron durante años y hasta hace poco entre las filas de sus más fervientes aduladores. No me extraña, es un “gesto de amor” hacia el nuevo poder.

Es la clásica fauna de los palacios y la política: los aduladores de profesión que, apenas ven trastabillar al poder, son los primeros en sacar el cuchillo para cobrar factura y sobreactuar su nueva “dignidad”. Esta clase de personas estuvo siempre, desde las entrañas de la antigua Roma y las cortes de los emperadores.

Ustedes me disculparán si no me sumo a la nueva moda, es que nunca se me dio por adular al rey victorioso ni por patear al rey vencido; y en lo que a mí respecta, el ingeniero dejó de ser un asunto mío el 29 de octubre de 2006. Además, a esta edad comienzo a juzgar los hechos con cierta serenidad, sin que la tormenta afecte el rumbo.

Séneca, que fue tutor y consejero de Nerón, observó de cerca cómo los cortesanos cambiaban de bando en un pestañeo y vivió en carne propia la veleidad del poder. Para él, la prisa con la que los serviles atacan al caído no es justicia ni valentía; es sobreactuación para disimular su propia complicidad pasada. Atacan al antiguo amo para demostrarle al nuevo poder que ya no tienen ningún lazo con el anterior. El verdadero valor exige enfrentar al tirano cuando está en el cénit de su fuerza, no cuando está en el suelo. Y con esto no quiero decir que Rovira sea un tirano, ni que tampoco que esté en el suelo.

 

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La farsa de la soberanía en una frontera perforada

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Por Fernando Oz

F_ortegazabala

 

Soberanía y federalismo fueron las palabras que más utilizaron para defender su postura tanto quienes están a favor como los que están en contra de la polémica reforma de la Ley de Tierras. El debate dejó al descubierto, una vez más, la incapacidad del Estado y la hipocresía de quienes deben custodiar un territorio perforado.

En el Senado de la Nación, los hilos de la Realpolitik se mueven con la habitual soltura de las transacciones sin mucha convicción. Hasta el momento, diversas fuentes coinciden en apostar a que el senador de Encuentro Misionero, Carlos Arce, acompañará la iniciativa impulsada por Javier Milei, que busca eliminar o flexibilizar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros: el punto central y más candente del debate.

Por su parte, Sonia Rojas Decut mantendría sus reservas frente a ese punto en particular; se especula con que rechazaría el articulado sobre extranjerización, aunque respaldaría el proyecto en general. También se cree que la senadora estaría evaluando la conformación de un monobloque que responda de manera directa al gobernador Hugo Passalacqua. Un quiebre que desde algunos sectores de la oposición es visto como un “desencuentro” táctico.

El mandatario se reunió esta semana con los senadores y les pidió que voten en contra. Un gesto que no tiene antecedentes en lo que va su gestión. De acuerdo con los registros de votación y las actas de sesiones parlamentarias del Honorable Senado de la Nación, los senadores misioneros que integran la representación oficialista provincial vienen manteniendo una postura de apoyo estratégico e integral a las principales iniciativas, normativas y paquetes de leyes enviados por la Casa Rosada —desde la Ley Bases hasta el Paquete Fiscal—.

Del otro lado de la calle, Martín Goerling Lara ya anunció su apoyo abierto y explícito al proyecto de Milei, posicionándose en la vereda opuesta a la gestión de Passalacqua y a más de sesenta intendentes de la provincia que alzaron la voz en solicitadas públicas. El senador del PRO cargó con dureza contra el oficialismo provincial y los jefes comunales, acusándolos de “desinformar y mentir a la población” mediante un libreto que calificó como un simple relato de entrega de patria.

Goerling Lara, presidente del bloque del partido de Mauricio Macri en la Cámara alta y especialista en relaciones internacionales, marcó con precisión la contradicción de la coyuntura actual: afirma que, aun con la ley vigente, Misiones padece focos alarmantes de alta concentración de tierras en bolsas foráneas. No se equivoca cuando señala que ya existen departamentos de frontera donde cerca del 40% del suelo está bajo el control de multinacionales, fondos de inversión y firmas transnacionales como la chilena Arauco.

Resulta difícil no sentir una punzada de ironía. Ahora, algunos voceros del oficialismo provincial se rasgan las vestiduras en nombre de la soberanía nacional, cuando durante décadas miraron para otro lado mientras se consolidaba la concentración del monocultivo de pino y la paulatina extranjerización de la región ribereña en la cuenca del Paraná. Reconozco que me da cierta gracia ver cómo el pulcro Goerling Lara, con sus On Running modelo On Cloud 5 y su blazer de Sastrería González, corre por izquierda a quienes ejercen el “misionerismo” al desnudar los datos del terreno, pero se me borra la sonrisa de inmediato cuando observo que, de un lado y del otro, lo que predomina es una amnesia interesada.

Misiones padece una vulnerabilidad geográfica estructural que no admite improvisaciones: más del 90% de sus límites son fronteras internacionales con Brasil y Paraguay. La Ley N° 26.737 de Tierras Rurales estableció una restricción taxativa para la posesión por parte de extranjeros en estas zonas de seguridad. El riesgo de barrenar o flexibilizar esos topes nacionales es evidente: se abre de par en par la puerta a la adquisición masiva de franjas fronterizas sensibles por parte de capitales concentrados y sociedades offshore, diluyendo el control efectivo del Estado sobre los recursos más estratégicos del país.

Cuando la tierra deja de ser el sostén productivo del colono y pasa a ser un activo financiero en el portafolio de un fondo de inversión, la consecuencia inmediata es el quiebre del arraigo agrario y el acorralamiento de la familia minifundista. Si las autoridades de control bajo la norma vigente no pudieron poner freno a la silenciosa extranjerización de nuestro suelo, ¿quién nos garantiza el resguardo de lo más preciado que alberga la Selva Paranaense: las reservas de agua dulce del Acuífero Guaraní y nuestra biodiversidad?

Los datos fríos son contundentes y desarman cualquier discurso de ocasión. Misiones se ubica entre las provincias con mayor porcentaje de extranjerización relativa del país, registrando más del 11% de sus tierras rurales en manos de personas físicas o jurídicas foráneas, lo que equivale a más de 325.000 hectáreas. Si bien el promedio provincial se ubica técnicamente por debajo del techo legal del 15%, los informes del Observatorio de Tierras del CONICET y la UBA revelan que la distribución territorial es profundamente desigual.

Cinco departamentos misioneros ya perforaron la barrera legal: el caso más drástico es el del departamento Iguazú, que registra un 40% de suelo extranjerizado; le siguen Montecarlo con un 18%, Libertador General San Martín con el 17%, y Eldorado junto con Concepción, ambos rozando el 16%. Frente a esta realidad, la maraña burocrática de la fiscalización estatal parece más una escenografía que un dique de contención real.

La primera puerta que debe tocar cualquier inversor extranjero para adquirir una parcela rural es la del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), un organismo que opera en la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación y que trabaja en articulación con la Secretaría de Agricultura. Ellos son los encargados de emitir el Certificado de Habilitación previo a la firma de cualquier escritura pública y de auditar que no se superen los topes por nacionalidad o por departamento.

A esa estructura se suma la fiscalización en las áreas de frontera, donde interviene el Ministerio del Interior (ahora bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete) y el Ministerio de Seguridad a través de la Dirección Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías para otorgar la conformidad previa. Una enorme burocracia que evidentemente no cumple muy bien su tarea.

Pero en el Cantón, tal como está la normativa actual, también están las firmas de la inoperancia. En el ámbito provincial, la articulación exige la participación del Registro de la Propiedad Inmueble de Misiones, encargado de inscribir los títulos y reportar las novedades a la Nación.

En definitiva, todo un andamiaje administrativo diseñado en los papeles para custodiar la soberanía que, en la práctica, ha mostrado grietas insondables. No son gendarmes desbordados por la inmensidad del monte, ni prefecturianos imposibilitados de moverse por el río por falta de combustible, tampoco es la culpa del capitán Gutiérrez, jefe de una compañía de comunicaciones del ejército que hace meses no sale al terreno para operar su radar RACIT en la frontera. Son los burócratas de saco y corbata que atienden desde oficinas con el clima a tiro de control remoto los que firman los papeles del representante del fondo extranjero.

Desde la Casa Rosada y sectores aliados se esgrime que la reforma busca una “devolución de potestad a las provincias”, bajo la premisa de que la flexibilización nacional no obliga a vender y que los gobiernos locales mantendrán la facultad de fijar sus propios regímenes o hacer valer los controles de frontera. Sin embargo, en una provincia acorralada por necesidades presupuestarias y compromisos políticos, esa delegación suele transformarse en un espejismo.

La discusión sobre la Ley de Tierras expone a Misiones sin filtros. Mientras la narrativa oficialista intenta embanderarse en la defensa del federalismo y el patrimonio natural, la geografía real demuestra que las cuencas hídricas y los corredores fronterizos más cotizados ya están al borde o por encima de los límites permitidos. No se trata de un debate abstracto sobre la atracción de inversiones o la libertad de mercado; se trata de comprender que, si el Estado renuncia a su función de gendarme territorial, la soberanía pasa a ser simplemente una mercancía de remate, más en una frontera sin controles efectivos.

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Microclima y herencia: Los tiempos de Lalo en el mapa de Spinelli

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Por Fernando Oz

@F_ortegazabala

Esta será una semana muy importante para el rumbo de Encuentro Misionero, la fuerza política de espíritu joven inspirada en la imagen de Carlos Rovira como mentor. Finalizada la fiebre mundialista, los principales actores del bifurcado oficialismo comenzarán a tomar posiciones más concretas, dando por enterradas especulaciones y fallidas operaciones políticas. El panorama se irá aclarando con la llegada de agosto.

Leonardo “Lalo” Stelatto no se identifica con la derecha, tampoco con la centroderecha. Bajo su techo, entre sus íntimos, se confiesa de centroizquierda. Tal vez ese dato parecería insignificante si no fuese porque su nombre suena como candidato a gobernador de un espacio que podría terminar como una colectora que apoye la reelección del libertario Javier Milei. En su entorno lo desmienten.

La hipotética aventura electoral del intendente de Posadas es impulsada desde las usinas de propagación del campamento Neo, que capitanea el vicegobernador Lucas Romero Spinelli. Tal vez sea humo, una acción distractoria o una mala lectura del cuadro de situación. A sus sesenta y siete veranos, Lalo no se deja apurar: “No me gusta que manejen mis tiempos, me gustan cuando las cosas están planificadas”, dice en privado el alcalde que transita su segundo mandato y no quiere otro.

Lo concreto es que Stelatto —que siendo muy joven se afilió al PJ y no lo reniega— es una figura clave, al menos por estas horas, para el armado de Encuentro Misionero en modo campaña. Para que sea candidato a gobernador de un esquema donde predominan los impulsos de las jóvenes promesas, debe darse una alineación planetaria pocas veces vista.

Sucede que se siente incómodo con la implosión de la Renovación, que terminó diseccionándose. “Yo creí que íbamos todos juntos”, repite el intendente capitalino mientras el Movimiento por lo que Viene trabaja a toda máquina para la reelección de Hugo Passalacqua.

En este ruidoso concierto, Lalo aparece más como un hombre de consenso y alejado de una posible alianza con Milei. Durante sus cuarenta años de impecable trayectoria como ingeniero en construcciones, sólo estuvo en la actividad privada dos. Fue de la mano del entonces gobernador Julio Humada que llegó a Vialidad Provincial, donde pasó por diferentes áreas, incluso una extensa temporada en Puerto Esperanza, y fue parte de la planificación y construcción de buena parte de las rutas del cantón.

Con ese perfil, el intendente “no está detrás de una candidatura, no es político, es un servidor público. Antes que termine la semana se va a sentar con Hugo”, dice un observador adelantado con acceso al quinto piso del palacio municipal y con terminal en la Rosadita. Habrá que ver.

Oscar Herrera Ahuad no se volvió a acercar más a Encuentro Misionero. “Tampoco lo volvieron a llamar para participar de ninguna reunión. Primero lo ningunearon, después lo fueron apartando”, explican en el entorno al diputado nacional. Cuando llegue a la Cámara baja el proyecto de ley de Tierras, que primero se debatirá el 6 de agosto en el Senado, el legislador no apoyará la iniciativa de La Libertad Avanza que, entre otros puntos cuestionables, desprotegerá áreas estratégicas que contienen reservas naturales de agua dulce y zonas de frontera.

En la Cámara alta los senadores de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, aportaron esta semana su primer apoyo al oficialismo nacional cuando se sentaron en sus bancas para dar el quórum y tratar el polémico proyecto, que finalmente se postergó porque Patricia Bullrich no consiguió los votos suficientes para aprobarlo.

La postura de los dos legisladores es contraria a la de Passalacqua. Horas antes de su aprobación, la Red de Mujeres del Movimiento por lo que Viene, liderada por Viviana Rovira, les exigió públicamente un voto negativo contundente, argumentando que, al ser Misiones una provincia con un 90% de frontera internacional y alta biodiversidad, la liberación de la venta de tierras vulnera de forma directa la soberanía nacional y los recursos hídricos.

En la Rosadita opinan que “resulta imposible reclamar federalismo en Buenos Aires y hablar de misionerismo mientras se acompañan iniciativas que entregan la soberanía y la biodiversidad local”. Lo mismo cree Herrera Ahuad, integrante del club de “los distintos”, la misma membresía que tiene el intendente de Alem, Matías Sebely.

Con Lalo y Herrera Ahuad con un pie afuera, la mesa de los cuatro fantásticos de Encuentro Misionero quedará reducida a dos figuras: Sebastián Macias y Spinelli. El primero intentará mantener la calma en la Cámara de Representantes, en medio de un importante éxodo de legisladores de su bloque y con el debate del Presupuesto a la vuelta de la esquina. Todo indicaría que Spinelli se quedaría como el heredero predestinado del partido de Rovira, que alguna vez se llamó Partido de la Concordia Social.

Con Passalacqua como candidato, ya comienzan a perfilarse algunos nombres como compañero de fórmula. ¿Entrará en esa prematura lista Stelatto? Quien sí estaría es Sebely, que compite desde otro perfil; un “distinto” con peso propio que se destacó en el marco de la crisis. El ministro Facundo López Sartori, que tiene el extraño mérito de conducir Podemos, el primer espacio passalacquista, también es otra de las opciones junto al jefe de Gabinete, Carlos “Kako” Sartori.

El segundo puesto en una lista no es una moneda común; es el cierre de un concepto, de una idea de cara al elector. Falta mucho para ese tipo de decisiones; ahora el Ejecutivo provincial está enfocado en una reforma integral que se verá reflejada en la Ley de Presupuesto que enviará al Parlamento antes de agosto. Desaparecerán ministerios y habrá recortes por todos lados.

El nuevo rumbo también se verá plasmado con los cambios en la cúpula de EMSA, en el Ministerio de Acción Cooperativa y en la poderosa ATM. Tres sitios estratégicos en el circuito logístico de la estructura de los Neo, los halcones de Encuentro Misionero.

Virginia Kluka, identificada con los Neo, deja la compañía energética y su lugar lo ocupará Julio “Chun” Barreto, tres veces electo intendente de Montecarlo, quien también fue diputado provincial y concejal, con algunos problemas sin resolver en el Tribunal de Cuentas. También deja EMSA Emiliano Ciz, una figura muy poco conocida pero de gran relevancia en la estructura de los halcones.

En Cooperativa se va Liliana Rodríguez, que seguirá dentro del esquema del gobierno. Quien tomará ese cargo es Matías Vilchez, otro intendente que no puede ser reelecto, en este caso de San Javier. Esta cartera cumple un papel fundamental en el manejo de las cooperativas eléctricas, como la CELO, cuya auditoría está bajo la lupa de la oposición.

Los movimientos en EMSA y en la cartera de Cooperativa tendrían la misma raíz: hay contratos que revisar, minucias del mercado energético. La contadora Eva María Belén Gregori deja la Agencia Tributaria, un organismo que merece algo más que un párrafo para describir ese particular microclima, que daría para un capítulo de un libro.

En este escenario de repliegues silenciosos y purgas encubiertas, el aparente ímpetu de los Neo empieza a chocar contra la dura pared del pragmatismo de gestión. Las cajas cambian de manos y las lealtades se renegocian en voz baja bajo la presión de un presupuesto de supervivencia. Mientras agosto asoma en el calendario con la promesa de aclarar los nublados horizontes de la tierra colorada, la gran incógnita sigue siendo si esta reconfiguración forzada salvará la Concordia original o terminará por consagrar varios archipiélagos donde cada uno pelee por su propia porción de asfalto.

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