Por Fernando OZ

@F_ortegazabala

Qué quieren que les diga, cada vez que alguien me habla de crecimiento exponencial, proyectos de prefactibilidad y planes para minimizar el impacto ambiental, pienso que la devastación está cerca. No es que esté en contra del progreso, tal vez sea un acto reflejo de la memoria histórica. Esa sensación me dio cuando leí en estos días en LVM un artículo titulado: A 30 años del NO a Corpus, vuelven a plantear el debate por la represa.

La veía venir, así son las cosas. El artículo en cuestión da cuenta de un evento que se realizó en el Hotel Julio César, donde bajo el ropaje de la “actualización tecnológica”, pretenden convencernos de que ha caducado aquel mandato de 1996 en el que el pueblo misionero, con un 88% de contundencia, le dijo que no a la represa de Corpus. Organizado por la Cámara Argentina de la Construcción, la presentación de un representante de la Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP) volvió a poner sobre la mesa un tema que muchos considerábamos laudado por la historia.

El escenario enseña que la firmeza no está en la arrogancia del que construye, sino en la resistencia de lo que permanece. Séneca nos advertía que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Misiones ya dijo perfectamente cuál es su puerto desde hace tres décadas. Sin embargo, los lobistas del proyecto –entre empresas constructoras y representantes de los cárteles creados en torno a la histórica corrupción que envuelve a las binacionales– parecen decididos a soplar en dirección contraria, desempolvando variantes como la de Pindo-í, como si un cambio de ubicación borrara la huella moral de un plebiscito fundacional.

Miren, tuve que leer el artículo dos veces porque parecía un chiste. En resumidas cuentas, la estrategia de los lobistas del proyecto es conocida: se visten de pragmatismo. Hablan de “menor impacto ambiental”, de un embalse “más angosto” que el de Yacyretá y de la necesidad de energía en un mercado que ha cambiado radicalmente. Palabras más o menos, así lo dijo José Antonio López, delegado argentino de la COMIP.

También sostuvo, con una frialdad técnica que asusta, que tienen “estudiados hasta los tornillos”, pero admite con asombrosa ligereza que no saben qué quieren los misioneros. No es un chiste, lean el artículo y no tengo por qué dudar de la colega que lo escribió.

Ahí reside el corazón del conflicto. La técnica puede calcular la resistencia de una turbina, pero es incapaz de medir la dignidad de un pueblo que ya decidió que su ecosistema no es una variable de ajuste para los agujeros energéticos de un país centralista que siempre nos pide el sacrificio y rara vez nos devuelve la gratitud. El río Paraná no es una línea en un mapa, ni un flujo de metros cúbicos esperando ser cuantificado por un grupo de ingenieros desde una oficina climatizada. Para quienes nacieron respirando el aire de sus orillas, el río es una biografía viva, un testigo que guarda la memoria de renuncias y conquistas.

El argumento de que el río “ya no está suelto” porque está entre dos represas –Itaipú y Yacyretá– es de un cinismo absoluto. Es como decirle a un hombre sitiado que, como ya tiene muros a los costados, un muro más no le hará daño. Misiones ya entregó su cuota de tierra y de selva para que el resto del país encendiera sus luces.

El costo social y ambiental de las represas existentes no es una “percepción” subjetiva; es una cicatriz abierta en nuestra geografía. Intentar relativizar el impacto de Corpus diciendo que “no será tan terrible” es subestimar la inteligencia de quienes padecieron el desarraigo y la modificación de su ecosistema cotidiano.

Ahora quiero detenerme un poquito en la COMIP. ¿Qué es? No es más que un artefacto de la diplomacia de escritorio, un organismo binacional regido por una estructura de espejos: dos delegaciones donde solo los delegados titulares tienen la potestad del voto. ¿Qué hacen? Básicamente se ocupan del estudio y evaluación del aprovechamiento de los recursos del río Paraná en el tramo limítrofe. ¿Cómo se financian? Con aportes directos de los Estados para gastos de funcionamiento, mantenimiento y la realización de los estudios técnicos.

Ya saben, el dulce también sale del engranaje de las consultorías. Las recurrentes firmas son las que proveen el sustento técnico que luego los delegados presentan como “estudios de tornillos”. La Comisión y sus bienes están exentos de todo impuesto nacional, provincial o municipal en ambos países, lo que facilita la administración de los recursos destinados a los estudios técnicos. En definitiva: fondos públicos que, paradójicamente, alimentan la ingeniería del asedio.

Aquí no se discuten vatios ni voltajes; se discute el respeto a la palabra empeñada. Que esa frase fundacional que el gobernador Hugo Passalacqua rescató recientemente, “el poder está en la gente”, no sea un eslogan de campaña para usar en los discursos de mayo y archivar en junio. Que sea un principio activo que deba aplicarse con rigor, especialmente cuando los intereses de las binacionales empiezan a merodear nuestras costas.

Hay un punto clave al que no hay que perder de vista: la COMIP tiene el mandato de “estudiar”, pero no puede avanzar en obras sin la ratificación de los gobiernos y, en el caso de Misiones, sin respetar las leyes locales de consulta popular. Ahora habrá que ver cómo camina el Gobierno provincial. Ya me hago una idea.

Si los lobistas del hormigón, la COMIP, o como quieran llamarse, buscan saber qué piensan los habitantes de Misiones, solo tienen que leer las actas de 1996. El mandato es inmodificable mientras la gente no diga lo contrario, y forzar una nueva consulta bajo la presión de una crisis energética nacional es, por lo menos, un quiebre de lo pactado y una falta de ética frente al compromiso ambiental.

Que la “Cultura del Encuentro” que se pregona sea real y que exija, ante todo, honestidad. No se puede hablar de participación ciudadana mientras los contratos ya se están redactando en las sombras de los organismos binacionales. El progreso no se mide en la cantidad de cemento volcado sobre el cauce de un río, sino en la capacidad de una sociedad de decidir su propio destino.

Misiones aprendió que la mayor parte de su capacidad se encuentra en preservar su patrimonio natural. Hoy, parte del tajo certero que debemos dar es sobre nuestro propio Nudo Gordiano —ese laberinto misionero—: es la defensa del plebiscito frente a la emboscada que pretende reactivar Corpus.

Me encanta caminar por nuestra maravillosa costanera y verla crecer, pero me resisto a creer que los “tornillos” de López tengan más peso que la memoria de mis vecinos y la salud de nuestro ecosistema. El medioambiente no es un concepto abstracto para los libros; es el aire que respiramos y el agua que nos da vida e identidad. Misiones ya habló. El Paraná, en su tramo misionero, es un monumento a esa decisión. Aquellos que hoy buscan reabrir la discusión deberían preguntarse si están preparados para enfrentar de nuevo esa marea humana que ya una vez les recordó que la naturaleza no es una mercancía.

Pero no nos confundamos: el poder real no reside en los despachos técnicos ni en las proyecciones de la COMIP. Reside en la gente que se reconoce en su propia tierra y que sabe que su río es el hilo que une su pasado con su futuro. Defender Corpus hoy es, fundamentalmente, una misión en defensa del medioambiente. Porque al final del día, lo que está en juego no es sólo una obra de ingeniería, sino la integridad del suelo que pisamos y el legado biológico que dejaremos a los que vendrán.

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Luis M. Pastori

@luispastori

En sesión del 07/05/2025 fracasó en el Senado la aprobación de una ley de “ficha limpia” por obra y gracia del voto de los dos senadores misioneros quienes con su voto negativo, y sin emitir palabra alguna durante las casi siete horas que duró la sesión, lograron que el proyecto se frustrara.

Se necesitaban 37 votos por ser una ley de contenido electoral, pero el resultado fue de 36 votos a favor y 35 en contra. Es decir, faltó un solo voto. La crónica periodística del día siguiente decía que: “Para el fracaso de la iniciativa fue clave la vuelta de campana de los senadores del Frente Renovador de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que hasta ayer sostenían que iban a apoyar la  iniciativa pero que, de manera sorpresiva, terminaron votándola en contra.” (La Nación, 8/5/25).

Algunos malpensados dicen que fue un acuerdo secreto entre el presidente Milei y el gobierno renovador de Misiones. Habladurías, diría Carlos Pagni.

El Poder Ejecutivo Nacional volvió sin embargo a presentar con fecha 22 de abril pasado un nuevo  proyecto integral de reforma electoral donde se vuelve a incluir la inegibilidad por la comisión de delitos dolosos.

En Misiones, sorpresivamente aparece un proyecto del oficialismo anticipado por el Diputado Rovira, que impulsa la “ficha limpia” en el ámbito de las candidaturas provinciales y municipales.

Es obvio que nadie puede estar en contra de que cualquier candidato cumpla con condiciones de idoneidad, integridad y conducta ética para ocupar cargos públicos. Lo reclamamos desde siempre.

Sin embargo, existen significativas -y peligrosas- diferencias que están señalando una sobreactuación como si quisieran enmendar lo sucedido hace casi un año atrás.

Se trata, sin embargo, de una redacción que excede largamente los objetivos pretendidos, torna la norma en un ejercicio abusivo contra el derecho de defensa y dota a la autoridad de aplicación -el  Tribunal Electoral- carácter de súper juez que podrá dejar afuera en forma discrecional a candidatos  sin reconocer el derecho a defensa y el debido proceso.

Veamos:

1. En el proyecto nacional se establece que en el caso de condena por delitos dolosos, la  inhabilitación se aplica únicamente en los casos en que hubiera sido confirmada en segunda  instancia. En tanto que en el proyecto provincial bastaría con una condena en primera instancia, lo cual la torna sumamente riesgosa desconociendo el derecho de apelación con que cuenta todo ciudadano que no esté de acuerdo con la decisión de juez de primera  instancia.

2. A esta causal contemplada en el orden nacional, el proyecto ingresado a la Cámara de Representantes agrega las siguientes:

a. Las personas inscriptas como deudores alimentarios morosos;

b. Las personas que mantienen deudas exigibles con el fisco provincial o municipal. Para este supuesto habría que agregar que las deudas además de exigibles deben estar firmes, es decir que ya no sean susceptibles de reclamo alguno por parte del contribuyente. De lo contrario, se estaría violando el principio constitucional de defensa en juicio, máxime considerando la voracidad fiscal del fisco provincial y de los municipios.

c. Quienes en una causa tengan un requerimiento de elevación a juicio o sufran una prisión preventiva originados en la comisión de ciberdelitos. Aquí se establece la inegibilidad cuando aún no hay siquiera fallo en primera instancia.

d. Las personas que posean 3 o más infracciones graves de tránsito -en el ámbito  municipal o provincial- acreditadas en los últimos 2 años previos a la oficialización de listas. Este punto contiene varios y peligrosos inconvenientes, a saber:

i. ¿Qué se entiende por infracciones graves? ¿Queda su interpretación a criterio del Tribunal Electoral?

ii. ¿Rige aun cuando el infractor hubiere abonado las multas correspondientes? Obsérvese que habla de poseer 3 o más infracciones y no de mantener una deuda por las mismas. Es decir, pagar la multa no extingue el poseer las  infracciones.

iii. Lo más grave: iguala el concepto de infracción al de delito. La primera es una  falta por incumplimiento de normas administrativas o reglamentos municipales generalmente penados con una multa, mientras que el delito está  tipificado en el Código Penal por vulneración de valores fundamentales de la sociedad y está penado con la privación de la libertad.

A la enorme carga administrativa que presupone para la autoridad de aplicación poder comprobar – con el certificado pertinente que tendrá que aportar cada candidato-, si está o no en condiciones de serlo, se agrega además la presentación de un certificado de aptitud toxicológica emitido por un  organismo público de salud, obtenido mediante el análisis de orina, saliva, folículo piloso y sangre.

Es fácil poder imaginar que, cuando el pretendido candidato pueda completar toda la documentación exigida, probablemente las elecciones ya habrán transcurrido.

Pero además en Misiones, con la nefasta Ley de Lemas, solamente en el ámbito municipal en las  elecciones de 2023 hubieron cerca de 10.000 (diez mil, sí) candidatos a intendentes y concejales. ¿Cómo harán para poder obtener todo el fárrago documental que exige el proyecto? Un disparate.

Como si faltara algo, el proyecto amenaza con sancionar a los partidos políticos que presenten candidatos incursos en alguna de las causales establecidas, hasta con la pérdida de la personería política.

El derecho de defensa queda aquí herido de muerte, ya que ante cualquier impugnación del Tribunal, y dada la estrechez de los plazos electorales que siguen corriendo, cuando el trámite finalmente se  resuelva ya habrán vencido todos los plazos y el candidato habrá quedado sin la posibilidad de  competir.

¿Qué ocurrió entre el 7 de mayo de 2025 y un año después? En mi opinión, ¿deseos de enmendar o  un paso más hacia la consagración del autoritarismo en Misiones?

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Por Fernando OZ

@F_ortegazabala

Hay momentos en la historia en que la dignidad de quienes producen termina por ser el único escudo frente al abuso de quienes solo administran el poder. Sucedió en la Roma republicana con la Secessio Plebis: cansados de las deudas y del trato injusto del patriciado, los plebeyos no buscaron la guerra, sino que se retiraron al Monte Sacro para fundar su propia soberanía. Hoy, en el Cantón, asistimos a una puesta en escena que guarda ecos de aquella vieja búsqueda de respeto.

El poder central, con su retórica de motosierra y desdén federal, actúa como ese patriciado soberbio que pretende dictar las reglas de una casa que, si bien es parte de la Nación, exige que se reconozca su preexistencia constitucional. Mientras tanto, los emisarios locales de ese centralismo aplauden desde la comodidad de sus cargos recién estrenados, olvidando que la lealtad debe ser, ante todo, con el suelo en el que viven.

El mesurado discurso de apertura de sesiones de Hugo Passalacqua este 1° de mayo me recordó la historia del Monte Sacro, que la encontré semanas atrás, jugando con las enciclopedias, y hace unos días en la Cronología Universal de Jacques Boudet, que llevo como biblia en la mochila. Minutos después del inicio de su mensaje, una fuente bien informada me envió una copia de la exposición al WhatsApp; así pude leerlo con detenimiento. En esencia, fue un manifiesto de soberanía política y económica ante el asedio.

Con la precisión de quien conoce cada picada, cada barrio, y con los galones de haber estado veintitrés años en la gestión del adaptable modelo Renovador, el Gobernador trazó una frontera moral clara: existe una construcción de sociedad solidaria, tolerante y sensible, que preserva la identidad misionera; y existe otra, egoísta y soberbia, que abandona a los más humildes, se ampara en soluciones mágicas de un mercado absoluto y convierte al que piensa distinto en un enemigo. Es la Polis del encuentro frente a la barbarie libertaria del “sálvese quien pueda” que emana hoy desde los despachos porteños.

En medio de este invierno de la motosierra que impulsan los hermanos Milei, Misiones decidió marcar su propia hoja de ruta. El anuncio de la suspensión del pago a cuenta en el “Control Fiscal en Ruta” —la famosa aduana paralela— por 12 meses para el 95% de las pymes es, quizás, el golpe estratégico más contundente de los últimos tiempos. No fue una concesión graciosa, sino un acto de soberanía fiscal para oxigenar a 16.500 pequeños contribuyentes que hoy sienten el rigor de una contracción económica nacional que asfixia.

Lo curioso, o quizás lo predecible, fue la reacción del gerente de la marca Milei en la provincia, el doctor Carlos Adrián Nuñez. El hoy diputado —un abogado tributarista que supo ser un implacable cobrador de impuestos para municipios y para la Fiscalía de Estado— intentó apropiarse de este alivio fiscal tratando de adjudicarlo a las políticas de Javier Milei. Resulta un ejercicio de equilibrismo dialéctico asombroso: adjudicarle a la Nación la suspensión de un tributo provincial que el propio Gobernador definió como una herramienta de defensa ante el vaciamiento federal.

Pero los datos, esos que Passalacqua desgranó con precisión quirúrgica, son tercos. En el mundo de la posverdad nacional, el déficit misionero es una creación del centralismo. Los que vivimos en Misiones aportamos 476.000 millones de pesos por mes en impuestos nacionales y solo retornan 170.000 millones. Van tres pesos y vuelve uno. Esa es la verdadera asimetría.

Ese desequilibrio estructural es el que obliga a la provincia a fortalecer su recaudación propia para garantizar que el hospital tenga insumos, que la familia misionera tenga servicios básicos y que el sistema no colapse tras el retiro abrupto e inconsulto de la Nación de programas vitales como el Incentivo Docente, el subsidio al transporte o el programa Remediar. Mientras el poder central concentra recursos que antes redistribuía en obras, salud y educación, el Cantón debe sostener el funcionamiento con su propio esfuerzo, sin aumentar un solo impuesto.

A todo esto, el doctor Núñez, el técnico que antes perseguía deudores para el Estado, nos quiere vender la “libertad” como un producto de importación porteña. ¿De qué libertad hablamos cuando se le quita el precio laudado al productor yerbatero? El Gobernador fue clarísimo: la desregulación no es libertad, es una asimetría profunda que permite al pez grande devorar al chico.

Mientras Núñez relativiza la angustia del sector llamándola “transitoria” y pide fe en un director del INYM designado a dedo desde Buenos Aires, el productor yerbatero ve cómo su esfuerzo se deprecia frente a una industria que mantiene sus márgenes. Hace un año pedíamos 505 pesos por kilo de hoja verde; hoy, para mantener la dignidad del colono, la realidad exige 700 pesos, pero el ajuste nacional lo está pagando, como siempre, el eslabón más vulnerable de la cadena.

El espíritu del mensaje final de Passalacqua fue una apelación a la cohesión y a la visión de Estado que se ha sostenido en el tiempo, desde la visión estratégica del ingeniero Carlos Rovira hasta la gestión actual. Es una labor ininterrumpida que busca el bien común para la familia misionera por encima de las mezquindades sectarias. No hay lugar para quienes, como los sectores patricios que olvidaban el origen de su riqueza, pretenden imponer la narrativa del país central para atacar la construcción colectiva de su propia tierra.

Ante este intrincado laberinto de asimetrías y recortes, la solución no vendrá de intentar desatar con paciencia los nudos que la burocracia centralista nos impone. El ejemplo lo había puesto el propio Rovira, semanas atrás y a su modo, cuando abrió las puertas a la construcción de un nuevo frente: debemos actuar como Alejandro Magno frente al Nudo Gordiano, con una resolución tajante que rompa la parálisis. Esa espada es la vigencia de una frase fundacional de la Renovación que Passalacqua rescató en su discurso y que permanece invariable desde 2003: “El poder está en la gente”. Es una verdad incontrastable que sirve de puente y transición hacia un nuevo paradigma.

En este escenario, Encuentro Misionero se presenta como la síntesis política necesaria para ejecutar ese corte liberador, transformando la resistencia en una construcción colectiva que no depende del permiso de la capital. Entonces, la “Cultura del Encuentro” no debería ser una abstracción ni un nuevo eslogan, sino una exigencia de una ética que obliga al dirigente a pisar la misma calle que la gente. Y el ciudadano debería dejar de ser un espectador pasivo de su propio ajuste; es el custodio de que el federalismo no sea una palabra muerta. Ante una crisis que el gobernador definió como moral, la rebeldía debería ser la de la solidaridad y la tolerancia, rechazando la agresión soberbia que pretende convertir al vecino en enemigo por mandato foráneo.

Me gusta esa imagen del Monte Sacro. Los plebeyos abandonando la ciudad en masa, negándose a cultivar la tierra o servir en el ejército, agobiados por las deudas, la falta de derechos y la altanería de los patricios. El resultado primero fue la parálisis de Roma y después la creación del Tribuno de la Plebe, una magistratura con derecho a veto para proteger al pueblo de los abusos de poder.

Hoy nos situamos en ese Monte Sacro de la dignidad; nos queda la acción directa de la cohesión ciudadana. La soberanía se ejerce cuidando al que tenemos al lado y recordando que, si la Nación se retira, el Cantón se planta; no por mística, sino por estricta necesidad de no ser borrados del mapa. El poder real reside en esa gente que se reconoce en el otro; tal vez así se logre la unidad de este Encuentro Misionero. La salida está aquí, bajo nuestros pies, defendiendo con hechos la esencia de lo que hemos decidido ser.

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