Opinión
Sobre la crisis de la abogacía y la yerba mate en Misiones

Por: Héctor Julio Franco
En la provincia de Misiones, dos sectores fundamentales enfrentan una crisis estructural que pone en jaque su viabilidad económica: los pequeños productores yerbateros y los abogados. Aunque en apariencia pertenecen a mundos diferentes, comparten una problemática común: un mercado saturado y la urgente necesidad de reconversión. Sin embargo, mientras los productores de yerba han dependido tradicionalmente de la intervención del Estado para fijar un precio mínimo de la hoja verde, actualmente el INYM ha desregulado el precio, llevando al sector a una crisis aún mayor. Por otro lado, los abogados deben sobrevivir en un mercado donde, aunque existen honorarios mínimos regulados, la sobreoferta hace que nadie los respete y muchos ni siquiera lleguen a ganar el 50% de la canasta básica, a pesar de haber realizado una gran inversión en tiempo y educación universitaria.
Esto plantea una pregunta fundamental: ¿Por qué el Estado debe garantizar un precio para los yerbateros y no garantiza y regula eficazmente la situación de los abogados?
Dos sectores en crisis
- Los 12.000 pequeños productores yerbateros
La producción yerbatera en Misiones es dominada por miles de pequeños productores que enfrentan un escenario desafiante:
Sobreproducción: el mercado está saturado de materia prima, lo que reduce los precios que reciben los productores.
Desregulación del INYM: la eliminación del precio mínimo de la hoja verde ha dejado a los pequeños productores en una posición de debilidad frente a los grandes molinos.
Falta de reconversión: muchos productores siguen con métodos tradicionales y no diversifican su producción, limitando su rentabilidad.
Ante este panorama, los yerbateros han dependido históricamente de la intervención estatal, pero ahora se ven obligados a buscar alternativas para sostenerse sin ese respaldo.
- Los 5.000 abogados matriculados (y muchos más sin matricularse)
El mundo de la abogacía en Misiones no es muy distinto:
Saturación del mercado: hay más abogados que demanda de servicios legales, lo que provoca una caída en los honorarios. Según el presidente del colegio de abogados de Misiones, juran entre 300 y 400 nuevos abogados anualmente. Existen más de 3500 abogados activos que luchan por sobrevivir. Cinco centros de Estudios universitarios locales, más la posibilidad de estudio online son también el fundamento de tamaña saturación de la que pocos hablan.
Regulación ineficaz: si bien existen honorarios mínimos establecidos, nadie los respeta debido a la sobreoferta, lo que hace que muchos abogados cobren por debajo de los valores recomendados.
Precarización: muchos abogados no logran ganar ni siquiera el equivalente a una canasta básica y deben buscar otras ocupaciones. Un abogado junior si es que consigue trabajo, gana en promedio menos de $ 500.000 mensuales.
Necesidad de reconversión: el avance de la inteligencia artificial y la automatización amenaza con eliminar gran parte de las tareas rutinarias del derecho, dejando sin empleo a miles de abogados que no se adapten a las nuevas tendencias.
¿Por qué el Estado debe protege a los yerbateros y no a los abogados?
Esta pregunta, que obviamente tiene un tinte sarcástico pone en sobre salto que un sector en crisis no es más importante que otro para acaparar las políticas del Estado.
La gran contradicción es que el Estado ha intervenido históricamente para proteger la rentabilidad de los yerbateros, pero deja a los abogados librados a su suerte. Si el argumento del sector yerbatero es que necesitan que artificiosamente se fije un precio por encima de lo que establece el libre mercado, es porque no es eficiente y por eso necesitan regulación, podría decirse lo mismo de la abogacía. Un abogado desde que comienza a percibir honorarios tiene toda la carga tributaria nacional y provincial, gastos fijos ineludibles como lo tendría un productor; pero si hiciéramos una reflexión objetiva deberíamos concluir que existen muchos otros sectores económicos que son invisibilizados y que tienen el mismo derecho a ser tenidos en cuenta.
Preguntas clave:
¿Por qué los yerbateros pueden exigir un precio mínimo mientras que los abogados deben competir libremente?
¿Por qué el Estado debería garantizar la rentabilidad de un sector y no del otro?
¿No debería fomentarse la reconversión en ambos casos en lugar de sostener artificialmente a uno de ellos?
Si se argumenta que la yerba mate es un sector estratégico para Misiones, también podría decirse que una justicia eficiente y accesible también lo es.
La solución: reconversión y adaptación
La verdadera salida para ambos sectores no es una regulación arbitraria, sino un proceso de modernización y diversificación.
Para los yerbateros:
- Incorporar tecnología para mejorar la productividad. (tokenización de su producto)
- Agregar valor con productos derivados en lugar de depender sólo de la venta de hoja verde y/o combinar la producción con otros usos y cultivos.
- Explorar nuevos mercados y canales de comercialización. (mercado de futuros)
- Aprender nuevas habilidades y modelos de negocio para independizarse de los grandes molinos.
Para los abogados:
- Especializarse en nichos donde la IA no pueda reemplazarlos (derecho penal, ambiental, corporativo, tecnología).
- Integrar herramientas digitales en su práctica para ser más eficientes y competitivos.
- Adaptarse a un modelo de negocio más innovador, como asesoría online y suscripciones legales.
- Aprender nuevas habilidades fuera del derecho tradicional, explorando alternativas dentro del ámbito legal y otras profesiones complementarias.
- Dejar de promover la carrera atento que lo único que hace es generar sub desocupados.
Tanto los abogados como los yerbateros enfrentan una crisis de sobreoferta que pone en riesgo su futuro. Sin embargo, mientras que los yerbateros han dependido del Estado para sostener su actividad, la abogacía ha quedado atrapada en un mercado donde la sobreoferta destruye los honorarios mínimos. Esto pone en debate hasta dónde debe llegar la intervención estatal y si la solución no pasa más bien por fomentar la reconversión productiva y de servicios en ambos sectores.
La clave no está en pedirle al Estado que sostenga mercados saturados, sino en que cada sector se adapte a las nuevas realidades. En una economía moderna, sobrevivirán aquellos que innoven y sepan evolucionar. Lo que antaño era una actividad eficiente hoy en o en el futuro puede no serlo si se sigue haciendo de la misma manera y en las mismas condiciones.
En todo caso, la responsabilidad del Estado está en sincerar el diagnóstico y dejar de buscar la solución rápida que solo es un parche, sino explorar de una vez por todas soluciones de fondo y que sirvan para los próximos 50 años. ¿Están el Estado, los yerbateros y los abogados listos para ese desafío?
*Abogado. Jefe de la Agencia Territorial de la Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano de la Nación.
Opinión
Gobernar sin plata y sin excusas

Por Diego René Martín
Cuando no hay plata, la política se ve obligada a dejar de actuar. Se cae el decorado, se apagan las cámaras y queda lo único que importa: la decisión. Gobernar ya no es prometer sino elegir. Elegir qué se sostiene, qué se posterga y, sobre todo, qué no se negocia. En Misiones, el arranque de 2026 viene mostrando eso con claridad.
No hay épica. Hay gestión. No hay relato. Hay prioridades.
Ese pulso atraviesa la gestión de Hugo Passalacqua. Es una política sin fuegos artificiales, más parecida a un andamio o un encofrado que a un escenario: incómoda, visible, necesaria. Y en este contexto, que el Estado funcione ya es una definición ideológica en sí misma.
Las señales están ahí, sin demasiada propaganda: obras barriales hechas con participación vecinal; viviendas que se terminan con fondos provinciales porque el Estado nacional se retiró; inversión sostenida en salud pública; alivio fiscal para que el contribuyente no se asfixie; tarifas sociales prorrogadas para que el impacto no vaya directo a la pera de la gente.
No arregla la macro. Ni cerca. Pero evita algo peor: que la crisis se vuelva costumbre, o peor aún, epidemia.
Ahora bien: gobernar no es solo hacer. También es decir que no.
El rechazo legislativo al intento de juicio político contra Rosanna Pía Venchiarutti Sartori fue una de esas decisiones que no hacen ruido, pero ordenan el tablero. No por el expediente en sí, sino por lo que representaba.
El pedido no nació de una demanda social ni de una cruzada por la Justicia. Nació del enojo. Nació de un exfuncionario que no logró lo que buscaba ni por la vía administrativa ni por la judicial, y decidió desempolvar el manual viejo: presión política y ruido mediático.
El problema no es reclamar. El problema es desde dónde se reclama y con qué antecedentes.
La Legislatura hizo lo que tenía que hacer: cerró la puerta al escándalo. Sin show, sin sobreactuación. Analizó el expediente y dijo que no. Punto. Ese “no” pesa más que mil discursos. Porque mientras la provincia hace malabares para sostener viviendas, salud, tarifas sociales y alivio fiscal con recursos propios, no hay margen (ni moral ni político) para habilitar atajos a exfuncionarios expulsados del misionerismo.
Ahí aparece la coherencia del modelo. No se puede pedir esfuerzo colectivo y, al mismo tiempo, tolerar privilegios. No se puede hablar de cuidar la plata de la gente y hacerse el distraído cuando reaparecen reflejos de la política que tiene impresa una fecha de vencimiento que ya pasó.
Misiones arranca 2026 sin euforia, pero con la tranquilidad de tener algo más sólido: orden, prioridades claras y un Estado que, aun con recursos escasos, sigue presente. Cuando falta plata, la política se rinde o se prueba. Acá se la está probando en dos frentes: en la calle, resolviendo lo urgente con gestión diaria; y en las instituciones, poniendo límites donde corresponde.
En ambos casos, la Renovación demuestra, una vez más, que sabe gobernar sin plata y sin excusas.
Opinión
Una nueva etapa política

Por Nicolás Marchiori
Los cambios y las transformaciones son procesos dinámicos que están presentes en los sistemas políticos permanentemente. Conviven con una tendencia opuesta hacia la inmutabilidad, que podemos identificar en los mismos sistemas.
Podemos afirmar que los sistemas políticos tienen un carácter interactivo, esto quiere decir que su identidad dependerá de la interacción continua de múltiples elementos. Estos pueden ser internos o externos al sistema, en el último caso hablamos del entorno.
Esta característica de los sistemas crea un escenario en donde la capacidad de comunicarse e interactuar, con lo que ocurre en su entorno, se convierte en fundamental para que pueda alcanzar un buen desempeño. Dicho esto, la mayor o menor destreza que posean para comunicarse con el entorno, determinará su eficacia y su capacidad para
durar en el tiempo.
Las democracias han sido eficaces identificando los problemas y necesidades que existen en el entorno, pudiendo proponer mejoras y soluciones a las mismas. Las sociedades líquidas del presente demandan mayor capacidad de adaptabilidad a los cambios.
La apertura mental se transforma en un factor fundamental para transitar de manera exitosa estos tiempos, puesto que esa apertura permite contar con el poder de recibir nuevas ideas o experiencias con las que antes no contábamos. Nos libera del pasado, de viejos hábitos cerrados y sobre todo de pensamientos anacrónicos. Sin ello, no lograríamos alcanzar el desarrollo y el crecimiento como sociedad. El propio proceso evolutivo genera el desafío de abrir nuestras mentes, es inconcebible la posibilidad de evolucionar sin nuevas ideas que vayan dejando atrás viejos paradigmas.
Cuando se alcanza un cierto nivel de apertura mental crece la predisposición a escuchar otras opiniones y observar distintas versiones de los hechos. Ahora bien, esto de ninguna manera implica que las personas tengan que adaptarse a todo. Nos permite, sin perder nuestra esencia, estar dispuestos a dejar que otros nos aporten nuevas ideas o experiencias.
La historia de la humanidad se basa en la materialidad de la sociedad, en sus diversos elementos que han producido, los diferentes grupos sociales con determinados objetivos, en los hechos históricos regidos por sus leyes sociales.
Para estudiar el devenir histórico de las sociedades se utilizan diversas fuentes, con ello se elaboran la estructura de aquellas sociedades, pero regidas por leyes sociales, que explican la causalidad de los hechos históricos, los procesos de su desarrollo, sus relaciones sociales, su ideología, y lo más importante, su proceso de transformación.
Las sociedades que evolucionan son aquellas que demuestran apertura mental para dar paso a nuevos actores y nuevas ideas. Es allí donde es posible llevar adelante las transformaciones.
El pueblo, con sus acciones cotidianas, es el hacedor de la historia. Desde los primeros grupos humanos, los hombres que dirigen garantizan el éxito o fracaso del grupo. Dicho esto, surgen preguntas como: ¿por qué hay sociedades atrasadas con respecto a otras? o ¿por qué en unas hay mejores condiciones de desarrollarse que en otras? La respuesta es la misma para todas estas preguntas: dependen de los tipos de dirigentes que tienen.
En efecto, si esa clase dirigente sólo se preocupa por obedecer las órdenes impartidas desde afuera, manteniendo la dependencia, sometiendo a su pueblo a las decisiones externas, sin atreverse a sentar las bases de su desarrollo, su pueblo se mantendrá durante un largo tiempo en la dependencia y en la miseria; por el contrario, si los líderes defienden los intereses de esa sociedad por encima de cualquier otras cuestión o factor, el camino de la transformación será imparable. Bievenidos a la era del Misionerismo Neo.
* * *
Movimientos en el gabinete provincial
En la política, los gestos importan tanto como las decisiones. En las últimas horas, comenzaron a trascender lo que serían los primeros cambios en el gabinete del gobernador Passalacqua. Si bien aún resta la formalización de los primeros nombres, los trascendidos fueron leídos como señales claras, positivas y necesarias para este nuevo
tiempo político.
Uno de los nombres que se barajan es el de Carlos “Kako” Sartori para el Ministerio de Coordinación de Gabinete. Se trata de un intendente de mucha experiencia con un perfil político poco frecuente construído sobre los pilares de una trayectoria limpia y una fuerte legitimidad desde el territorio gracias a su cercanía con la gente. La llegada de Sartori
aportaría diálogo permanente y capacidad de real de resolución en un escenario en donde se anticipa un esquema de trabajo que tendrá a los intendentes como actores centrales de la toma de decisiones.
Por otra parte, en el Ministerio de Desarrollo Social también se anticipan cambios. El ministerio a cargo de Fernando Meza tendría dos caras nuevas: la ex diputada provincial Astrid Baetke sería la elegida por Passalacqua para estar al frente de la Subsecretaría de la Juventud, mientras que Manuel Sánchez que se viene desempeñando como Coordinador Operativo y tiene a su cargo la planificación y ejecución de programas sociales y asistenciales asumiría la Subsecretaría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El dato relevante de estos movimientos en el gabinete provincial es que se tratarían de una primera tanda, puesto que también ha trascendido de que habría una segunda etapa de reordenamiento para el mes de marzo, un detalle no menor que deja en claro que se trata de una estrategia pensada, gradual y con un horizonte bien claro.
Gobernabilidad por encima de las diferencias
El rol de la política en las sociedades es claro, apunta a la búsqueda y generación de espacios de encuentro, de compromiso. No hay lugar para los planteamientos binarios, los discursos polarizantes y las visiones maniqueas que han degradado a la política a tan bajos niveles de calidad y con pésimos resultados a la vista.
Sin estridencias ni grandes promesas, pero si asumiendo con mucha humildad y responsabilidad el compromiso de estar siempre al lado de los que lo necesitan, se abre la etapa de Misionerismo Neo que conceptualmente se podríamos resumirlo en la reivindicación del diálogo, la construcción de consensos y una gobernabilidad firme, sin
perder la identidad.
Con el recambio legislativo del pasado 10 de diciembre se abrió una nueva etapa en la política institucional de Misiones. Las elecciones legislativas provinciales del 8 de junio, en donde el Frente Renovador se impuso bajo el liderazgo de Sebastián Macías, configuraron un nuevo mapa político. La Cámara de Representantes comenzó a funcionar bajo un esquema inédito desde el regreso de la democracia que tiene como elemento saliente la convivencia de dos fuerzas políticas con peso propio, el Frente Renovador de la Concordia y La Libertad Avanza que se posicionó como segunda fuerza provincial.
Macías asumió la presidencia de la Cámara con la responsabilidad de escuchar y articular con todos los espacios opositores que estén dispuestos a trabajar por el bienestar de la provincia desde el Parlamento Misionero. Con un perfil político moderno, técnico y dialoguista, el nuevo Presidente simboliza una Legislatura abierta, estable y enfocada en soluciones concretas, lejos de la confrontación estéril que no genera ningún resultado positivo para la gente.
En la sesión especial del pasado 10 de diciembre, hubo un gesto que no pasó desapercibido y que fue muy valorado por todo el arco político. Carlos Rovira se levantó de su banca para saludar a cada uno de los legisladores opositores. En un país atravesado por la polarización extrema, el agravio permanente y la descalificación, el accionar del conductor de la Renovación fue interpretado como una señal muy potente que resume este nuevo tiempo político en donde el consenso, la concordia y la construcción del diálogo serán los protagonistas. Este nuevo escenario tiene en Carlos Rovira a un articulador central que, con visión estratégica, viene impulsando un diálogo coherente con la Nación en donde en donde Misiones reclama con firmeza que se salden las deudas pendientes y que se respete su autonomía.
(*) Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer (Alemania) y del Centro de Análisis y Entrenamiento Político (Colombia).
Opinión
El derecho a llegar al río: qué es y por qué importa el camino de sirga

Por Lino Armando López Torres
La relación entra la sociedad y el ambiente parte de una idea sencilla; la conducta humana puede modificar las condiciones de existencia de los seres vivos. Por lo tanto, el derecho —definámoslo aquí simplemente como conjunto de normas — puede (y debe) regular esa conducta a los fines de que ella no afecte la vida de las personas. En este sentido, el derecho ambiental es un derecho humano — si nos importa el árbol no es por el árbol en sí mismo, sino porque su existencia beneficia la vida humana —. La Constitución Nacional (1994) en su art. 41 recepta el derecho a un ambiente sano, contemplando el principio del desarrollo sostenible. Esta es una ética que reposa sobre un postulado de equidad interjurisdiccional e intergeneracional.

La normativa ambiental cristaliza el modelo de cómo una sociedad define el acceso y uso de sus recursos naturales. El nuevo código civil (2015) reconoce esa cláusula constitucional en términos prácticos (política ambiental). En su afán por emprender un camino tendiente a la des mercantilización de la naturaleza, da una especial atención a lo público por sobre lo privado y a lo colectivo por sobre lo individual. El código menciona los derechos de incidencia colectiva (art. 14), aclarando que la ley de ninguna manera ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando estos puedan afectar el ambiente, además de mencionar el funcionamiento de los ecosistemas, la flora y fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales y el paisaje (art. 240). Sin embargo, en medio de estos avances, el Código introdujo un cambio que generó polémica: la reducción del llamado camino de sirga.
¿De qué se trata? El camino de sirga se encuentra en el capítulo correspondiente a los límites al dominio, cuyo objetivo es permitir sirgar, esto es, remolcar o arrastrar una embarcación desde la orilla. Se aplica a cursos de agua navegables y consiste en una franja de terreno que paso de 35 metros a solo 15 desde la línea de ribera. Aunque es propiedad privada, el propietario no puede realizar en él ningún acto (ejemplo construcciones) que menoscabe la actividad del transporte fluvial. Parte de la doctrina, desde un enfoque que observa el ordenamiento jurídico integral, ha dicho que esa actividad no solo se debe reducir al transporte, sino también a la pesca y al esparcimiento. Lo que hay que entender es que el río es un bien de dominio público (art. 235) y por ende se debe permitir el acceso a él. Para el derecho no es aceptable el acceso a determinado espacio del río, debe ser sobre su totalidad.
La reducción del camino de sirga llegó en un país donde las denuncias por su incumplimiento ya era moneda corriente. Con la legislación actual, en parte se legitima esas prácticas de obstrucción por parte de los propietarios. Para mencionar un caso extremo: en 2006, Cristian González y dos amigos fueron a pescar a la orilla del río Quilquihue; desde las cabañas Andina les dispararon tiros intimidatorios, y cuando Cristian pidió explicaciones, el guardia privado Horacio Calderón le efectuó un disparo mortal en el cuello. En la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, también abundan los ejemplos. En varias zonas, no solo no se ha respetado el camino de sirga, sino que directamente se han privatizado bienes públicos. Un caso emblemático es lo que sucede con el “montecito” de villa cabello; una reserva urbana ambiental en beneficio de un club privado.
El impedimento ciudadano del acceso a un bien público como el río tiene una vinculación fuerte entre democracia y derecho. La posibilidad de garantizar un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo humano, así como la preservación al patrimonio natural y cultural, aumenta cuando la sociedad puede ejercer control sobre esos espacios; y para ello, necesariamente debe poder habitarlos. A pesar de todo, el código, deja una puerta abierta. El último párrafo del artículo atinente al camino de sirga dice lo siguiente: (…) “Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios de este artículo” Lo que significa que cualquier afectado puede demandar judicialmente al propietario por acción y al Estado por omisión. Bastaría hacerlo para ver qué pasa.
Referencias:
Pohl Schnake, V., Mantegna, S., & del Llano, T. (2019). Bienes comunes y conflictos socio-ambientales en torno a la segmentación normativa del territorio a partir del Código Civil y Comercial de la Nación vigente desde 2015. VII Congreso Nacional de Geografía de Universidades Públicas y XXI Jornadas de Geografía de la UNLP, La Plata, Argentina.
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