Por Fernando OZ

@F_ortegazabala

A veces, la política parece una obra de teatro mal ensayada donde los actores, conscientes de su mediocridad, deciden que el escándalo es preferible a la intrascendencia. El problema es que, cuando el escenario es la Cámara de Diputados y los actores son quienes deberían velar por la calidad institucional de nuestra provincia, la comedia se transforma en una tragedia de baja estofa. Lo que hemos visto en estas últimas semanas en el Cantón no es solo una disputa de poder entre diferentes partidos, con interinillas por medio; es la confirmación de una degradación que debería avergonzarnos a todos como ciudadanos.

La última sesión fue el testimonio más fiel de lo que les digo. Nadie se atrevió a decir una palabra sobre la puesta en escena de los diputados Miguel Núñez y Ramón Amarilla. Al inicio de la semana, decidieron sacar un escritorio y unas sillas a la vereda, aduciendo que la calle les brindaba más seguridad que el propio Palacio Legislativo. La imagen pretendía denunciar algo gravísimo: la filtración de videos del sistema de seguridad interna.

La filmación del video filtrado fue realizada con dos de las cámaras que se monitorean desde una oficina que se encuentra en la planta baja del edificio anexo al Palacio Legislativo. Las imágenes, debidamente editadas y luego distribuidas por manos anónimas en redes sociales, muestran dos escenas: la primera es cuando el diputado Núñez recibe en la puerta de su oficina a Florencia Aguirre, una enfermera ultraopositora que denuncia al poder sin pruebas contundentes y con ganas de incursionar en política. La segunda es cuando la misma mujer está entrando al edificio del anexo para luego subir al despacho del legislador.

Que se utilicen recursos públicos para “realizar inteligencia y perseguir opositores”, según las palabras de los dos legisladores del bloque Algo Nuevo, es un escándalo que en cualquier institución seria habría provocado renuncias masivas. Aquí, en cambio, la parodia de la vereda fue respondida con el mutismo absoluto del resto del cuerpo. Mirar hacia otro lado es, sencillamente, una abdicación de sus funciones.

Aquí es donde debemos preguntarnos sobre la calidad de los diputados que llevamos a representar nuestra voluntad. La mediocridad no es solo la falta de formación; es la falta de coraje para denunciar lo que está roto y para debatir lo que incomoda. Prefieren el “toma y daca” de pasillo antes que el debate crítico de cara a la sociedad.

Lo del diputado Walter Ríos funciona aquí como un caso testigo. Ustedes recordarán, conté el caso hace algunas semanas. El presidente del bloque “Por la vida y los valores” y vicepresidente segundo de la Legislatura tuvo la brutal desfachatez de quejarse en público, durante una entrevista periodística, porque el oficialismo “no” cumplió con un “acuerdo”. Y como si semejante desplante fuese poco, condicionó los tres votos de su bloque para la votación de los pliegos de un ministro de la Corte: “es así, una mano lava a la otra”, dijo sin que se le cayera la cara de vergüenza. Y luego, con un cinismo que asusta, agregó: “dentro de un acuerdo hubo un pedido, hoy mi pedido no llegó nunca. Estamos llegando al primero de mayo y qué pasa. Hacemos un cumpleaños, pero no llega el… (regalo), entonces no podemos trabajar así”.

El leading case de Ríos es una suerte de síntoma de una enfermedad más profunda: la política entendida como un intercambio de favores menores, donde la institucionalidad es una moneda de cambio gastada en el mercado de las conveniencias personales.

Como ciudadano común, me resulta intolerable el silencio de las autoridades de la Cámara. Pero, tal vez, el diputado Sebastián Macías, presidente del cuerpo e integrante del cuarteto que dirigirá la campaña de Encuentro Misionero; junto a Carlos Adrián Núñez, vicepresidente primero y gerente de la marca Milei, y a Ríos, suertudo de poca monta, el que se quejaba porque no le cumplían lo pactado, que es el vicepresidente segundo, hayan iniciado una investigación interna y realizado la denuncia en la Justicia. Claro que nada de eso sucedió.

Si un video de seguridad interna se puede filtrar y difundir para amedrentar o lo que fuese, ¿qué seguridad tiene el ciudadano común frente al aparato del Estado? La baja calidad institucional no es un concepto teórico; es el aire enrarecido de una Legislatura que no debería renunciar a ser el ámbito del debate para convertirse en una asociación de privilegios y secretismos.

Los diputados parecen haber olvidado que su mandato no es para calentar su silla —ya sea dentro del recinto o en la vereda— sino para elevar la calidad de la vida pública. El espectáculo de las sillas afuera y el mutismo adentro son las dos caras de la misma moneda: la incapacidad de procesar el conflicto a través de las ideas. El nudo que tenemos frente a nosotros no se corta con shows mediáticos, sino con debate y una exigencia implacable de idoneidad.

Hace mucho tiempo que la Cámara de Representantes de la provincia no convocaba tantas miradas juntas. Pero, fíjense ustedes, el mayor rating no lo tiene el prime time, que debería ser la sesión de los legisladores, sino “la previa” de Carlos Rovira, donde, al parecer, concurren cada vez más personas. Desde el mismo Palacio Legislativo, el ingeniero marca la agenda política del Cantón, baja línea interna, convoca y debate abiertamente con nuevos actores sociales. Habla de política, hace política.

Me parece bien. La Cámara es la casa del pueblo, qué mejor espacio que ese para debatir ideas. Lo mismo deberían hacer las otras fuerzas políticas. No necesitamos más horas de videitos en redes sociales; necesitamos representantes que entiendan que su mandato no es para cuidar un asiento, sino para elevar la vara de la vida pública.

No se puede sesionar por goteo y, cuando se lo hace, convertir el recinto en una escribanía de temas menores o en un escenario para subir reels a las redes, mientras afuera se filtran videos para generar fake news. La dignidad del cargo debería impedirles dormir tranquilos mientras la institución que representan se degrada en la anécdota y el intercambio de favores.

Me resisto a aceptar que este sea el techo de nuestra institucionalidad. Misiones merece diputados que honren el suelo que pisamos con algo más que gestos vacíos y sesiones de compromiso. El poder real debería residir en la gente, pero esa gente hoy asiste a un teatro de sombras y fantasmas donde los encargados de dictar las leyes y de controlar al Poder Ejecutivo, son los primeros en ignorar el peso de la responsabilidad que cargan.

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Por Fernando OZ

@F_ortegazabala

Qué quieren que les diga, cada vez que alguien me habla de crecimiento exponencial, proyectos de prefactibilidad y planes para minimizar el impacto ambiental, pienso que la devastación está cerca. No es que esté en contra del progreso, tal vez sea un acto reflejo de la memoria histórica. Esa sensación me dio cuando leí en estos días en LVM un artículo titulado: A 30 años del NO a Corpus, vuelven a plantear el debate por la represa.

La veía venir, así son las cosas. El artículo en cuestión da cuenta de un evento que se realizó en el Hotel Julio César, donde bajo el ropaje de la “actualización tecnológica”, pretenden convencernos de que ha caducado aquel mandato de 1996 en el que el pueblo misionero, con un 88% de contundencia, le dijo que no a la represa de Corpus. Organizado por la Cámara Argentina de la Construcción, la presentación de un representante de la Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP) volvió a poner sobre la mesa un tema que muchos considerábamos laudado por la historia.

El escenario enseña que la firmeza no está en la arrogancia del que construye, sino en la resistencia de lo que permanece. Séneca nos advertía que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Misiones ya dijo perfectamente cuál es su puerto desde hace tres décadas. Sin embargo, los lobistas del proyecto –entre empresas constructoras y representantes de los cárteles creados en torno a la histórica corrupción que envuelve a las binacionales– parecen decididos a soplar en dirección contraria, desempolvando variantes como la de Pindo-í, como si un cambio de ubicación borrara la huella moral de un plebiscito fundacional.

Miren, tuve que leer el artículo dos veces porque parecía un chiste. En resumidas cuentas, la estrategia de los lobistas del proyecto es conocida: se visten de pragmatismo. Hablan de “menor impacto ambiental”, de un embalse “más angosto” que el de Yacyretá y de la necesidad de energía en un mercado que ha cambiado radicalmente. Palabras más o menos, así lo dijo José Antonio López, delegado argentino de la COMIP.

También sostuvo, con una frialdad técnica que asusta, que tienen “estudiados hasta los tornillos”, pero admite con asombrosa ligereza que no saben qué quieren los misioneros. No es un chiste, lean el artículo y no tengo por qué dudar de la colega que lo escribió.

Ahí reside el corazón del conflicto. La técnica puede calcular la resistencia de una turbina, pero es incapaz de medir la dignidad de un pueblo que ya decidió que su ecosistema no es una variable de ajuste para los agujeros energéticos de un país centralista que siempre nos pide el sacrificio y rara vez nos devuelve la gratitud. El río Paraná no es una línea en un mapa, ni un flujo de metros cúbicos esperando ser cuantificado por un grupo de ingenieros desde una oficina climatizada. Para quienes nacieron respirando el aire de sus orillas, el río es una biografía viva, un testigo que guarda la memoria de renuncias y conquistas.

El argumento de que el río “ya no está suelto” porque está entre dos represas –Itaipú y Yacyretá– es de un cinismo absoluto. Es como decirle a un hombre sitiado que, como ya tiene muros a los costados, un muro más no le hará daño. Misiones ya entregó su cuota de tierra y de selva para que el resto del país encendiera sus luces.

El costo social y ambiental de las represas existentes no es una “percepción” subjetiva; es una cicatriz abierta en nuestra geografía. Intentar relativizar el impacto de Corpus diciendo que “no será tan terrible” es subestimar la inteligencia de quienes padecieron el desarraigo y la modificación de su ecosistema cotidiano.

Ahora quiero detenerme un poquito en la COMIP. ¿Qué es? No es más que un artefacto de la diplomacia de escritorio, un organismo binacional regido por una estructura de espejos: dos delegaciones donde solo los delegados titulares tienen la potestad del voto. ¿Qué hacen? Básicamente se ocupan del estudio y evaluación del aprovechamiento de los recursos del río Paraná en el tramo limítrofe. ¿Cómo se financian? Con aportes directos de los Estados para gastos de funcionamiento, mantenimiento y la realización de los estudios técnicos.

Ya saben, el dulce también sale del engranaje de las consultorías. Las recurrentes firmas son las que proveen el sustento técnico que luego los delegados presentan como “estudios de tornillos”. La Comisión y sus bienes están exentos de todo impuesto nacional, provincial o municipal en ambos países, lo que facilita la administración de los recursos destinados a los estudios técnicos. En definitiva: fondos públicos que, paradójicamente, alimentan la ingeniería del asedio.

Aquí no se discuten vatios ni voltajes; se discute el respeto a la palabra empeñada. Que esa frase fundacional que el gobernador Hugo Passalacqua rescató recientemente, “el poder está en la gente”, no sea un eslogan de campaña para usar en los discursos de mayo y archivar en junio. Que sea un principio activo que deba aplicarse con rigor, especialmente cuando los intereses de las binacionales empiezan a merodear nuestras costas.

Hay un punto clave al que no hay que perder de vista: la COMIP tiene el mandato de “estudiar”, pero no puede avanzar en obras sin la ratificación de los gobiernos y, en el caso de Misiones, sin respetar las leyes locales de consulta popular. Ahora habrá que ver cómo camina el Gobierno provincial. Ya me hago una idea.

Si los lobistas del hormigón, la COMIP, o como quieran llamarse, buscan saber qué piensan los habitantes de Misiones, solo tienen que leer las actas de 1996. El mandato es inmodificable mientras la gente no diga lo contrario, y forzar una nueva consulta bajo la presión de una crisis energética nacional es, por lo menos, un quiebre de lo pactado y una falta de ética frente al compromiso ambiental.

Que la “Cultura del Encuentro” que se pregona sea real y que exija, ante todo, honestidad. No se puede hablar de participación ciudadana mientras los contratos ya se están redactando en las sombras de los organismos binacionales. El progreso no se mide en la cantidad de cemento volcado sobre el cauce de un río, sino en la capacidad de una sociedad de decidir su propio destino.

Misiones aprendió que la mayor parte de su capacidad se encuentra en preservar su patrimonio natural. Hoy, parte del tajo certero que debemos dar es sobre nuestro propio Nudo Gordiano —ese laberinto misionero—: es la defensa del plebiscito frente a la emboscada que pretende reactivar Corpus.

Me encanta caminar por nuestra maravillosa costanera y verla crecer, pero me resisto a creer que los “tornillos” de López tengan más peso que la memoria de mis vecinos y la salud de nuestro ecosistema. El medioambiente no es un concepto abstracto para los libros; es el aire que respiramos y el agua que nos da vida e identidad. Misiones ya habló. El Paraná, en su tramo misionero, es un monumento a esa decisión. Aquellos que hoy buscan reabrir la discusión deberían preguntarse si están preparados para enfrentar de nuevo esa marea humana que ya una vez les recordó que la naturaleza no es una mercancía.

Pero no nos confundamos: el poder real no reside en los despachos técnicos ni en las proyecciones de la COMIP. Reside en la gente que se reconoce en su propia tierra y que sabe que su río es el hilo que une su pasado con su futuro. Defender Corpus hoy es, fundamentalmente, una misión en defensa del medioambiente. Porque al final del día, lo que está en juego no es sólo una obra de ingeniería, sino la integridad del suelo que pisamos y el legado biológico que dejaremos a los que vendrán.

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Luis M. Pastori

@luispastori

En sesión del 07/05/2025 fracasó en el Senado la aprobación de una ley de “ficha limpia” por obra y gracia del voto de los dos senadores misioneros quienes con su voto negativo, y sin emitir palabra alguna durante las casi siete horas que duró la sesión, lograron que el proyecto se frustrara.

Se necesitaban 37 votos por ser una ley de contenido electoral, pero el resultado fue de 36 votos a favor y 35 en contra. Es decir, faltó un solo voto. La crónica periodística del día siguiente decía que: “Para el fracaso de la iniciativa fue clave la vuelta de campana de los senadores del Frente Renovador de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que hasta ayer sostenían que iban a apoyar la  iniciativa pero que, de manera sorpresiva, terminaron votándola en contra.” (La Nación, 8/5/25).

Algunos malpensados dicen que fue un acuerdo secreto entre el presidente Milei y el gobierno renovador de Misiones. Habladurías, diría Carlos Pagni.

El Poder Ejecutivo Nacional volvió sin embargo a presentar con fecha 22 de abril pasado un nuevo  proyecto integral de reforma electoral donde se vuelve a incluir la inegibilidad por la comisión de delitos dolosos.

En Misiones, sorpresivamente aparece un proyecto del oficialismo anticipado por el Diputado Rovira, que impulsa la “ficha limpia” en el ámbito de las candidaturas provinciales y municipales.

Es obvio que nadie puede estar en contra de que cualquier candidato cumpla con condiciones de idoneidad, integridad y conducta ética para ocupar cargos públicos. Lo reclamamos desde siempre.

Sin embargo, existen significativas -y peligrosas- diferencias que están señalando una sobreactuación como si quisieran enmendar lo sucedido hace casi un año atrás.

Se trata, sin embargo, de una redacción que excede largamente los objetivos pretendidos, torna la norma en un ejercicio abusivo contra el derecho de defensa y dota a la autoridad de aplicación -el  Tribunal Electoral- carácter de súper juez que podrá dejar afuera en forma discrecional a candidatos  sin reconocer el derecho a defensa y el debido proceso.

Veamos:

1. En el proyecto nacional se establece que en el caso de condena por delitos dolosos, la  inhabilitación se aplica únicamente en los casos en que hubiera sido confirmada en segunda  instancia. En tanto que en el proyecto provincial bastaría con una condena en primera instancia, lo cual la torna sumamente riesgosa desconociendo el derecho de apelación con que cuenta todo ciudadano que no esté de acuerdo con la decisión de juez de primera  instancia.

2. A esta causal contemplada en el orden nacional, el proyecto ingresado a la Cámara de Representantes agrega las siguientes:

a. Las personas inscriptas como deudores alimentarios morosos;

b. Las personas que mantienen deudas exigibles con el fisco provincial o municipal. Para este supuesto habría que agregar que las deudas además de exigibles deben estar firmes, es decir que ya no sean susceptibles de reclamo alguno por parte del contribuyente. De lo contrario, se estaría violando el principio constitucional de defensa en juicio, máxime considerando la voracidad fiscal del fisco provincial y de los municipios.

c. Quienes en una causa tengan un requerimiento de elevación a juicio o sufran una prisión preventiva originados en la comisión de ciberdelitos. Aquí se establece la inegibilidad cuando aún no hay siquiera fallo en primera instancia.

d. Las personas que posean 3 o más infracciones graves de tránsito -en el ámbito  municipal o provincial- acreditadas en los últimos 2 años previos a la oficialización de listas. Este punto contiene varios y peligrosos inconvenientes, a saber:

i. ¿Qué se entiende por infracciones graves? ¿Queda su interpretación a criterio del Tribunal Electoral?

ii. ¿Rige aun cuando el infractor hubiere abonado las multas correspondientes? Obsérvese que habla de poseer 3 o más infracciones y no de mantener una deuda por las mismas. Es decir, pagar la multa no extingue el poseer las  infracciones.

iii. Lo más grave: iguala el concepto de infracción al de delito. La primera es una  falta por incumplimiento de normas administrativas o reglamentos municipales generalmente penados con una multa, mientras que el delito está  tipificado en el Código Penal por vulneración de valores fundamentales de la sociedad y está penado con la privación de la libertad.

A la enorme carga administrativa que presupone para la autoridad de aplicación poder comprobar – con el certificado pertinente que tendrá que aportar cada candidato-, si está o no en condiciones de serlo, se agrega además la presentación de un certificado de aptitud toxicológica emitido por un  organismo público de salud, obtenido mediante el análisis de orina, saliva, folículo piloso y sangre.

Es fácil poder imaginar que, cuando el pretendido candidato pueda completar toda la documentación exigida, probablemente las elecciones ya habrán transcurrido.

Pero además en Misiones, con la nefasta Ley de Lemas, solamente en el ámbito municipal en las  elecciones de 2023 hubieron cerca de 10.000 (diez mil, sí) candidatos a intendentes y concejales. ¿Cómo harán para poder obtener todo el fárrago documental que exige el proyecto? Un disparate.

Como si faltara algo, el proyecto amenaza con sancionar a los partidos políticos que presenten candidatos incursos en alguna de las causales establecidas, hasta con la pérdida de la personería política.

El derecho de defensa queda aquí herido de muerte, ya que ante cualquier impugnación del Tribunal, y dada la estrechez de los plazos electorales que siguen corriendo, cuando el trámite finalmente se  resuelva ya habrán vencido todos los plazos y el candidato habrá quedado sin la posibilidad de  competir.

¿Qué ocurrió entre el 7 de mayo de 2025 y un año después? En mi opinión, ¿deseos de enmendar o  un paso más hacia la consagración del autoritarismo en Misiones?

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