Este lunes se anunciará la incorporación de los combustibles al programa de Precios Justos durante cuatro meses, con aumentos máximos del 4% en los primeros tres meses y del 3,5 el último.

Para detener la ola de la inflación, el ministro de Economía, Sergio Massa, y la secretaria de Energía, Flavia Royon, se reunirán con representantes de las petroleras para firmar el acuerdo que contempla un aumento limitado en los combustibles.

El límite a las naftas se suma a los acuerdos con las principales empresas de consumo masivo para Precios Justos, más los dos convenios con la industria textil y de indumentaria y entendimientos con laboratorios.

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Con el aumento de los hidrocarburos de noviembre, de entre 6 y 9 por ciento en promedio, las naftas treparon en torno al 60 por ciento en el año, aunque las versiones premium se encarecieron hasta 70 por ciento.

En cuanto al gasoil, donde pesa la importación, subió 84 por ciento el común y 112 el premium. La inflación general acumulada hasta octubre, en tanto, se ubicó en 76,6 por ciento.

La inflación fue acelerando este año desde el 3,9 por ciento de enero hasta el máximo de 7,4 por ciento en julio, para estacionarse el último trimestre arriba de los 6 puntos. El objetivo del equipo económico es que en abril del año que viene el índice de precios vuelva a empezar con 3.

Precios Justos está terminando de instalar la señalética que distinguirá a los productos en las góndolas y la capacitación de inspectores que estará descentralizada y a cargo de los municipios.

Hay más de 113 empresas incluidas en el programa y 1.823 productos que se mantendrán a precios constantes en 2.500 bocas de expendio de 18 cadenas de supermercados, nueve cadenas mayoristas con 200 puntos de venta, y 25 cadenas locales del interior con más de 150 comercios de todo el país.

La aplicación para teléfonos móviles ya tuvo más de 100.000 descargas en las últimas jornadas y que permite ver la lista de productos incluidos, lectura de códigos de barra y una opción para denunciar una diferencia de precios o faltantes.

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La Cámara de Diputados de la Nación aprobó y envió al Senado el proyecto que reforma la Ley de Tránsito para reducir de 0,5 a 0 miligramos la cantidad de alcohol por litro de sangre que puede tolerarse para conducir. 

El proyecto se aprobó con 195 votos afirmativos, 19 en contra y cuatro abstenciones, que provinieron, mayoritariamente, de diputados de provincias con actividad vitivinícola. 

“Esta ley es producto del esfuerzo que hicieron quienes están en los balcones, la movilización y compromiso de muchas ONGs que hoy nos acompañan y que fueron quienes pusieron en el conocimiento de todos los diputados el objetivo de esta ley, que lejos está de ser una ley contra el consumo de alcohol. No tiene que ver con la prohibición de beber sino de no conducir cuando se ha consumido alcohol”, argumentó el presidente de la comisión de Transportes Jorge Rizzotti, de la Unión Cívica Radical (UCR). 

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“Todos los abordajes terapéuticos y de control del uso de sustancias en usuarios y usuarias, que tienen perspectiva de derechos, coinciden en que el consumo de sustancia no es compatible con conducir vehículos”, agregó. 

“La modificación de esta ley es un paso fuerte de extremo, un paso en un camino largo. Esta legislación intenta un cambio cultural, pretende luchar contra la violencia vial y configurar una práctica de conciencia y responsabilidad ciudadana”, completó.  

Por el Frente de Todos, Jimena López, vicepresidenta de la comisión de Transportes, destacó que “esta ley que tiene que ver con la siniestralidad producto del consumo, viene a reparar al menos un poco, la gran pérdida que sufrieron muchas familias”. 

“Esta ley viene a poner límite a la especulación de una copa o dos. El consumo tiene impacto y afecta las facultades”, indicó. 

Por su parte, la diputada del PRO, María Luján Rey, enfatizó: “Hoy estamos regulando cómo se debe conducir en nuestro país, esta ley viene a igualar la responsabilidad a los conductores priorizando la seguridad. El bien que queremos resguardar no es más ni menos que el bien de la vida”. 

Desde el interbloque Federal, el exministro de Transportes, Florencio Randazzo, precisó: “Cuando hablamos de seguridad vial estamos hablando de vida o muerte; y sobre todos en menores de 25 años la mayor causa de muerte no natural es la accidentología vial, por eso valga si tiene importancia o no debatir este tipo de cuestiones”. 

En contra 

En contra del proyecto se manifestaron los diputados José Luis Espert, de Avanza Libertad, y Ricardo López Murphy, de Republicamos Unidos, quienes sostuvieron que el proyecto “no ataca el fondo del problema y restringe libertades ciudadanas”. 

“Legislar sobre alcohol cero por supuesto que es barato y gratis, pero creo que no pasa por esto el problema de los accidentes viales sino por una cuestión de educación vial, muchas más autovías en lugar de rutas comunes y de esa manera el estado y la responsabilidad política estarían resolviendo el problema de los ciudadanos”, afirmó Espert. 

“Conducir alcoholizado aumenta el riesgo de accidentes”, reconoció el legislador opositor, pero indicó que “no está demostrado que bajar de 0.5 a 0.0 tenga efectividad y justifique que se limiten aún más las libertades de los ciudadanos”.  

“Creo que no fuimos donde está la clave del problema: en las penalidades, en la gestión y en la educación vial. Esta legislación no pone los énfasis donde deberían estar y por esta razón no concuerdo con el proyecto de la mayoría”, señaló Lopez Murphy.

Provincias 

 La actual Ley de Tránsito 24.449 establece, para cualquier tipo de vehículos, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5 gramos) de alcohol por litro de sangre; para motocicletas o ciclomotores hasta 200 miligramos (0,2 gramos); y para transporte de pasajeros de menores de edad y de carga, alcohol cero. 

La “tolerancia cero” con el alcohol ya se implementa en siete provincias y 13 localidades del país, donde se obtuvieron mejores resultados en términos de siniestros viales que con la normativa actual.

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El Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil acordó esta tarde un incremento del 20 por ciento en cuatro tramos sobre el haber básico, actualmente en $57.900, por lo que en marzo se llegará a $69.500.

Así lo confirmó el Ministerio de Trabajo de la Nación, que detalló que el acuerdo alcanzado junto a la CGT, la CTA y las cámaras empresarias contempla un aumento del 7% en diciembre, 6% en enero, 4% en febrero y un 3% marzo con una revisión prevista para el segundo mes de 2023.

Los participantes de la mesa de negociación arribaron esta tarde a la Casa Rosada para firmar el acuerdo y tomarse una fotografía con el presidente Alberto Fernández.

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La votación por el salario mínimo, que se realizó de manera virtual, cosechó 31 votos a favor y uno en contra, del secretario General de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy.

“Hace rato que la inflación en Argentina no la determinan los aumentos de precios, sino por la especulación de los sectores empresariales. Y no vemos ningún esfuerzo de los empresarios para una distribución de ingresos en favor de los trabajadores”, apuntó Godoy en un comunicado.

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