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A siete meses de lanzado, las obras del Plan Belgrano no arrancan

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A casi siete meses de haber sido lanzado con bombos y platillos con el fin de “saldar la deuda histórica en materia de infraestructura de las regiones del NOA y NEA”, el Plan Belgrano -que pilotea el radical tucumano, José Cano- no ha logrado pasar de las promesas a las obras concretas y se expone en forma creciente a los cuestionamientos de las provincias norteñas que ponen en duda el rol del organismo estatal que fue creado para agilizar las inversiones.

Al frente de la “Unidad Plan Belgrano” (UPB) desde mediados de diciembre de 2015, Cano afronta una doble complicación operativa que desluce día a día su gestión como responsable de un proyecto que, en teoría, apunta a reducir la desigualdad social y económica de dos regiones postergadas.

Puertas afuera del Gobierno, es el blanco de los reclamos que disparan los legisladores nacionales y los gobernadores de las provincias norteñas por las demoras que registran las promocionadas obras del plan Belgrano.

La Unidad Plan Belgrano que conduce Cano tiene cuatro subsecretarías de Estado, que en los hechos se superponen con dependencias de Interior, Energía y Transporte.

Y dentro del gabinete nacional, prácticamente no es tenido en cuenta por los ministros de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio; de Transporte, Guillermo Dietrich y de Energía, Juan José Aranguren con los cuales debería planificar y coordinar la ejecución de las iniciativas y acciones que fueron anunciadas en el marco del plan Belgrano.

Tras haber constituido una de las principales banderas electorales, el Plan Belgrano recibió su puntapié inicial junto con las primeras medidas de la administración macrista. La Unidad Plan Belgrano (UPB) fue creada bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete el mismo día del traspaso de mando presidencial. A su titular se le otorgó rango de secretario de Estado con un organigrama compuesto por cuatro subsecretarios-coordinadores (Desarrollo Humano, Infraestructura, Desarrollo Económico y Relaciones Institucionales y Comunicación) y dos directores-subcoordinadores de las regiones del NOA y NEA.

Según los lineamientos oficiales, el Plan Belgrano contempla la puesta en marcha de un plan de infraestructura que en el plazo de una década implicará una inversión total de 16.000 millones de dólares en rutas, ferrocarriles, saneamiento, energía, aeropuertos, escuelas y viviendas.

A eso se agrega la conformación de un “Fondo de Reparación Histórica” por 50.000 millones de pesos para los primeros cuatro años del plan.

Objetivos demorados

Además de los montos en juego, los funcionarios incluyeron dentro de los objetivos del Plan Belgrano cinco puntos clave: una intervención rápida en los focos de pobreza extrema; subsidios para los fletes a los puertos; prioridad en la cobertura social e inversión educativa; un programa de 250.000 viviendas e incentivos laborales y fiscales para las inversiones privadas.

Ante cada planteo de las provincias por las obras y las medidas prometidas que no llegan, Cano les pide que tengan paciencia porque los proyectos llevan un tiempo de coordinación e implementación.

Pero más allá de las excusas y explicaciones que pueda brindar, el principal problema que enfrenta Cano es que su organismo no tiene poder decisión, ni facultades para definir los proyectos, llamar a licitación y certificar los pagos de las obras.

Tal como fue diseñada, la UPB es un organismo más “testimonial que operativo” que hoy cuenta con un plantel de 50 empleados que poco y nada pueden hacer para sacar adelante las obras que están a cargo de las áreas y empresas que dependen de Frigerio, Dietrich y Aranguren.

Tal como fue diseñada la Unidad Plan Belgrano de Cano es un organismo más testimonial que operativo, que hoy cuenta con 50 empleados y poco para hacer.

Las ambiguas e imprecisas funciones que Macri le asignó a la UPB sólo le permiten a Cano desarrollar las siguientes tareas de apoyo y relevamiento:

–Asistir al Jefe de Gabinete en el desarrollo y coordinación de las políticas sociales, productivas y de infraestructura que reduzcan la desigualdad entre la región Norte y el resto del país en coordinación con las áreas del Estado Nacional competentes en la materia.

–Efectuar el seguimiento del grado de ejecución de las políticas implementadas en las jurisdicciones competentes involucradas.

–Entender en la priorización de los proyectos con financiamiento externo que se ejecuten en las jurisdicciones competentes involucradas.

La marginación que arrastra la UPB en la consideración del Gobierno quedó a la vista en la última semana de junio cuando se difundió la obra de 274 millones de pesos para la captación de agua y construcción de acueductos en la provincia de Jujuy.

Pese a que estaba encuadrada en el Plan Belgrano, en todas las publicidades efectuadas en los medios gráficos nacionales y provinciales no hubo ninguna mención a la UPB y los únicos que aparecieron como responsables de la obra fueron el ministerio de Interior y el ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento).

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La reconversión del Inti pone en riesgo 2400 puestos de trabajo en el país

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Empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), nucleados en la Multisectorial, se declararon en estado de asamblea permanente luego de que el gobierno nacional, presidido por Javier Milei, anunciara el decreto 462/25 que pondría en riesgo el funcionamiento de dicho organismo junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), el Instituto Nacional de Semillas (Inase) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (Inpi), entre otros de ciencia y tecnología.

Sin Inti no hay calidad de vida, no hay seguridad alimentaria, no hay control, ni de la calidad, ni de la cantidad de productos que consumimos cotidianamente. El Inti es imparcial en ese sentido. De alguna manera estamos vinculados a este organismo con sus más de 50 centros de investigación, desarrollo e innovación en biotecnología, química, ambiente, plásticos, nanotecnología y metrología”, describió desde Bariloche Julieta Caló en diálogo con La Voz de Misiones

Caló cuenta con una trayectoria de catorce años dentro del Inti, donde supo ejercer su profesión como diseñadora industrial, consultora técnica y proyectista. Sin embargo, la situación se tornó muy distinta el martes pasado cuando cientos de trabajadores se encontraron con la novedad de que el instituto, que hasta entonces funcionaba de manera autónoma autárquica y federal, pasara a transformarse en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.

Con esta reestructuración, Caló aseguró que estarían en riesgo alrededor de 700 puestos de trabajo, en el corto plazo, y otros 2400 que existen actualmente en distintos puntos del país.

Por este motivo, desde hace una semana la Multisectorial de trabajadores que nuclea a varios empleados del Inti se mantiene en estado de asamblea permanente, dando a conocer el contenido del decreto 482/25 publicado el pasado 8 de julio, sin descuidar compromisos asumidos con emprendedores, pymes y empresas. 

Abrazo simbólico entre empleados del Inti nucleados en la Multisectorial. Foto: El Destape

Estamos recibiendo apoyo de legisladores, senadores, diputados y gobernadores, con proyectos de rechazo al decreto”, afirmó la profesional en referencia a funcionarios que cumplen funciones bajo distintas banderas políticas, como el Frente de Izquierda, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el Partido Justicialista, entre otros.

Intento por voltear el decreto

Desde la Coalición Cívica, el diputado nacional Maximiliano Ferraro y el legislador porteño Hernán Reyes, junto a su equipo de asesores, mantuvieron una reunión con mandos medios y representantes de la Asamblea Multisectorial en el Inti, donde rechazaron el decreto que compromete su existencia. 

En ese contexto, explicaron las funciones principales del organismo, su rol esencial para el desarrollo productivo y la seguridad de los productos que consume la población e hicieron hincapié en las graves consecuencias que tendrá para el normal desenvolvimiento institucional la aplicación del Decreto 462/25 que limita seriamente sus funciones y dispone prescindir del 30% del personal abocado a tareas vinculadas claves, como el manejo de las finanzas, contrataciones, compras, capacitación, liquidaciones, análisis de datos y legales, entre otras.

De esta manera, ambos referentes políticos del espacio que lidera Lilita Carrió, ratificaron su apoyo y acompañamiento tanto en la estrategia judicial para frenar los alcances del decreto como en la vía parlamentaria con el objetivo de derogarlo.

El funcionamiento

El Inti fue creado en 1957 durante el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu, en el marco del surgimiento de un conjunto de instituciones nacionales destinadas a poner en movimiento la inversión pública en ciencia y tecnología.

Hoy cuenta con más de 40 centros de desarrollo tecnológico y sectores especializadas por sector industrial en Buenos Aires (lácteos, plásticos, caucho, mecánica, tratamientos superficiales, lácteos, carnes, ambiente, biotecnología, nanotecnología, etc), además de centros multipropósito en distintas provincias.  

Entre sus principales funciones se encuentran medir, calibrar, certificar, testear, verificar y transferir los desarrollos al sector productivo, desde emprendedores hasta industrias.

Se trata de un organismo reconocido internacionalmente, ya que cada país cuenta con uno de características similares que cumple esas funciones técnicas de desarrollo.

En Bariloche, además de trabajar con fábricas de alimentos, emprendimientos textiles, fitocosméticos y empresas de base tecnológica, se inspeccionan y ensayan componentes críticos de los medios de elevación, como los cables de acero, las torres y los vehículos, con el objetivo de garantizar una operación segura durante la temporada. 

También, desde el Inti acompañan a los fabricantes nacionales de repuestos, asistiéndolos técnicamente para que sus productos cumplan con estándares internacionales.

Con la centralización, vaticinan que perderán el contacto directo con la industria, con más de 300 cámaras de pymes en todo el país, sumada la imposibilidad de atender al sector productivo en tiempo y forma, y la falta de personal indispensable en el engranaje institucional.

Reestructuración del Inta: “Reducirlo a secretaría es ignorar su historia”

 

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La inflación fue de 1,6% en junio y acumula 15,1% en el año

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La inflación de julio fue del 4%: la más baja desde enero del 2022

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio registró una variación de 1,6%. A su vez, en el primer semestre acumuló un alza de 15,1% y en los últimos 12 meses sumó 39,4%.

Durante el sexto mes del año, la división de mayor aumento fue Educación (3,7%), seguido por Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%). En tanto, las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%).

En cuanto a las categorías, los precios regulados lideraron el incremento durante junio, con un total de 2,2%, seguida del IPC núcleo (1,7%) y Estacionales (-0,2%).

Dentro de las distintas regiones, La división con mayor incidencia en GBA, Pampeana, Noreste y Patagonia fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%).

En el Noroeste la mayor incidencia se registró en Prendas de vestir y calzado (0,5%), mientras que en Cuyo fue Recreación y cultura (2,5%).

Repercusiones

Desde el Ministerio de Economía destacaron que: “Continúa el proceso de desinflación que comenzó en 2024, con un acumulado para los primeros 6 meses del año de 15,1%, frente al 79,8% registrado para el mismo periodo del año pasado”.

Por su parte, el titular del palacio de Hacienda, Luis Caputo, celebró el dato de junio, con una serie de punteos sobre lo que dejó el dato del Indec, a través de su cuenta de “X”: “Inflación minorista Junio: 1,6%. La inflación núcleo fue de 1,7%, la más baja desde mayo de 2020. Si se excluye el efecto particular sobre el IPC en los primeros meses de la pandemia, se trató del menor registro desde enero de 2018”.

Y añadió: “Los bienes registraron una variación de 0,8% mensual, la menor desde que comenzó la actual serie, en enero de 2017. La variación en alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 0,6%, menos de la mitad de la suba en el IPC. En términos interanuales, la variación en esta categoría fue de 32,3%, 7,1 puntos porcentuales por debajo de la inflación general”.

Finalmente, concluyó: “La variación interanual del IPC Nacional fue de 39,4%, registrándose catorce meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior. Esta variación interanual es la más baja desde enero de 2021”.

En la misma línea, el presidente Javier Milei se sumó a los festejos y cargó contra “toda mandrilandia”, apoyado con una foto donde se encuentra el ministro Caputo y parte del equipo económico, entre ellos Santiago Bausili, presidente del Banco Central (BCRA); José Luis Daza, viceministro de Economía; y Federico Furiase, director del BCRA.

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Reestructuración del Inta: “Reducirlo a secretaría es ignorar su historia”

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Luego de la publicación del Decreto 462/2025 el pasado 8 de julio en el boletín oficial de la Nación, directores regionales de todo el país, junto a coordinadores de programas de investigación, emitieron un comunicado repudiando la medida que redujo cargos jerárquicos poniendo en riesgo el regular funcionamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).

Esto es así porque fue eliminada la autarquía del organismo y resultó subordinado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Al mismo tiempo, el Consejo Directivo que estuvo conformado por diez miembros quedó reducido a un solo presidente.

Bajo el título “Modernizar no es destruir. Transformar no es arrasar. Gobernar no es imponer”, los ex directivos cuestionaron que “bajo el discurso de `modernización´, se concentra el poder en una sola figura designada políticamente, el presidente de la institución, eliminando su estructura participativa y federal”. 

Por lo que señalaron: “Esto no es modernizar: es centralizar, debilitar y poner en riesgo una institución estratégica para el desarrollo de la Nación”. 

El Inta fue creado en 1956 y desde entonces ha transitado por diversos contextos políticos, sosteniendo las misiones para las que fue creado, como ser: “Impulsar la innovación y contribuir al desarrollo sostenible de un sistema agroalimentario competitivo, inclusivo, equitativo y respetuoso del medio ambiente”.

De esta manera, aseguraron que dichas acciones se hicieron posibles sobre los cimientos de sus pilares principales: la investigación, la extensión, el desarrollo de tecnologías, el aporte a la formulación de políticas públicas, la presencia territorial en todo el país, la articulación y cooperación nacional e internacional, gobernanza público-privada y concursos públicos para acceder a cargos técnicos y de conducción.

Por este motivo, los directores regionales del Inta enfatizaron: “Este decreto con excusas de “modernización” viene a destruir la constitución de esta institución de ciencia y técnica, estratégica para la innovación productiva, la soberanía tecnológica y el desarrollo local, como la de muchos otros organismos del estado”.

Nueva estructura

Tras ser subordinado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se conoció el nuevo organigrama del Inta, en el que el gobierno designó al ingeniero agrónomo Nicolás Bronzovich como presidente, cuyo puesto tendrá rango y jerarquía de secretario.

En tanto, María Beatriz Giraudo Gaviglio asumirá el rol de consejera técnica.

Para finalizar, los ex directivos manifestaron que el decreto en cuestión “propone en sus artículos, una conducción centralizada, vertical, que elimina la autonomía institucional, al modificar la composición y representatividad del Consejo Directivo, excluyendo a representantes del sistema científico y organizaciones del sector agropecuario y concentrando la mayoría de las decisiones en manos del gobierno de turno”. 

Por lo que, a su entender, la nueva estructura “elimina la posibilidad de sostener líneas de trabajo y políticas públicas estables, independientes de los vaivenes políticos”.

En ese sentido, resaltaron: “Reducir el Inta a una oficina dependiente del Poder Ejecutivo es ignorar su historia, su valor estratégico y el consenso social que lo respalda. Implica romper con la continuidad de políticas públicas esenciales para el desarrollo agropecuario, la innovación tecnológica, las economías regionales, la soberanía alimentaria y la sustentabilidad”.

Durante una reunión entre Bronzovich y directores experimentales, plantearon algunas de las acciones venideras del organismo, entre las que resaltan: bajar la cantidad de cargos jerárquicos que asciende a 932, mejorar el control de presentismo, seguir con la investigación ligada con el sector privado, hacer un retiro voluntario de trabajadores y, entre otras acciones, disminuir la cantidad de Centros Regionales y programas, al mismo tiempo en que aseguraron que se mantendrán los becarios.

Declaración Matriz Nacional-1
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