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La Justicia le dio domiciliaria a dos represores de la dictadura

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Se trata de Carlos Capdevila y Lucio Nast, ambos condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Los jueces argumentaron su decisión en el estado de salud de los represores.

 

BUENOS AIRES. Carlos Capdevila, médico que ofició de partero en el centro clandestino de detención que funcionó durante la dictadura en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), y el ex policía rosarino Lucio César Nast, alias Ronco, ambos condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, fueron beneficiados con la prisión domiciliaria.

En el caso de Capdevila, fue el juez Daniel Obligado, el mismo del Tribunal Oral Federal que hace unas semanas le otorgó la prisión domiciliaria al ex vicepresidente Amado Boudou, quien decidió enviarlo a su casa en medio de la pandemia de coronavirus.

La decisión de Obligado se fundamentó en que el condenado por crímenes de lesa humanidad es un preso de los considerados de riesgo debido a la pandemia de coronavirus que asola el mundo. El juez Obligado le concedió el arresto domiciliario a uno de los parteros de la maternidad clandestina de la Esma al considerar que estaba expuesto frente al contagio del coronavirus, por tratarse de una persona de casi 70 años y que tiene varios problemas de salud en su historial médico.

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Capdevila fue condenado por varios hechos de apropiación indebida de menores, también por aplicación de tormentos y otros delitos de lesa humanidad cometidos en la Esma.

En enero de 1993, la Armada inició un expediente con su caso. Se intentaba “determinar la relación de los actos de servicio” y algo que llaman “neurosis de guerra”.

Capdevila declaró: “Fui asignado por orden del señor director de dicha Escuela, a una Unidad de Tarea cuya misión era desarrollar operaciones contra la subversión. El marco en que se desarrolló mi actividad y el tipo de tareas que debí cumplir hicieron que permanentemente me encontrase en la disyuntiva de cumplir con mi juramento hipocrático como profesional médico y mi carácter de militar; opté por cumplir con las exigencias que el servicio militar me imponía y en medio de una gran presión psíquica; fueron muchas las noches de insomnio tanto en mi destino como en los pocos momentos que pasaba en mi hogar; mi psiquis vivía en conflicto permanente”.

Según el informe médico que llegó a manos del juez Obligado, el represor Capdevila tiene hipertensión arterial, cáncer de próstata y problemas motrices entre otras cuestiones de salud. Además, el juez evalúo que Capdevila no está debidamente aislado en la Unidad 31 de Ezeiza, donde cumple condena, e incluso comparte lugares comunes con otros detenidos.

Ante el pedido del represor Capdevila, el fiscal Leonardo Filippini se opuso a concederle el arresto domiciliario pero finalmente el juez se lo otorgó bajo otros argumentos.

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El fiscal había considerado que en el lugar de detención dónde se encontraba Capdevila estaba bien atendido. Pero el juez Obligado tuvo en cuenta que Capdevila es uno de los 1.280 presos que informó el Servicio Penitenciario Federal integra el grupo de presos de mayor riesgo de contraer coronavirus, en este caso tanto por su elevada edad y por sus problemas de salud preexistente.

Capdevila cuenta con al menos tres condenas por violación a los derechos humanos, todos ellos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Esma. De esta forma, Capdevila recibió en 2011 una condena a 20 años de prisión sumados a otra de 15 años también por delitos de lesa humanidad y otra última de 10 años de prisión que ya había agotado.

En tanto, hace unos días, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal le concedió el arresto domiciliario al represor Lucio Nast (66), quien fue condenado a 22 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Los magistrados de esa sala del máximo tribunal penal del país consideraron que por su edad y por su estado salud, Nast es un detenido de “alto riesgo” ante el avance de la pandemia del coronavirus.

En un fallo dividido, los jueces Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques votaron por concederle el beneficio al represor. En tanto, Alejandro Slokar votó en disidencia y alertó sobre el riesgo de que bajo el pretexto de la pandemia se encubran actos de impunidad.

Para otorgarle el beneficio, los jueces Yacobucci y Mahiques consideraron que Nast tiene 66 años y que “presenta diversos y complejos problemas de salud (gastritis, hernia hiatal e inguinal, diverticulosis, dolor crónico abdominal, colelitiasis, trauma acústico, y secuela de herida de arma de fuego en tórax y pelvis)”.

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“Corresponde atender, asimismo, a la situación excepcional derivada de la pandemia declarada por la aparición del Coronavirus (Covid-19) y las numerosas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales con incidencia en la materia y en ese marco, a las consecuencias sobre las personas detenidas consideradas dentro del grupo de riesgo, entre las que, sin hesitación, se encuentra Nast debido a su avanzada edad y su múltiples patologías preexistentes, entre las que cabe señalar las de naturaleza respiratoria”, sostuvieron los dos magistrados.

Por su parte, el juez Slokar sostuvo en cambio que el recurso debía ser rechazado y que en su lugar de detención “se mantiene el distanciamiento recomendado por las autoridades sanitarias” y “se han distribuido los insumos de higiene y limpieza correspondientes para prevenir eventuales contagios”, por lo que no corresponde otorgarle el arresto domiciliario.

Nast fue condenado a 22 años de prisión -en un fallo confirmado por Casación- por crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 43 víctimas durante la última dictadura militar en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de Policía de Rosario; el más grande de la provincia de Santa Fe.

 

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Lotocki, cerca de la cárcel: la fiscalía pidió 7 años y 9 meses

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Lotocki

Siete años y nueve meses de prisión fue el pedido realizado hoy, por el fiscal que interviene en el juicio oral que se lleva adelante en Buenos Aires contra el médico misionero Aníbal Rubén Lotocki (51), más conocido como “el cirujano de las famosas”.

El pedido fue planteado esta mañana por el fiscal Sandro Abraldes, durante la exposición de su alegato en el marco del debate oral en el que cual Lotocki afronta una acusación por el delito de “lesiones graves”, presuntamente provocadas a cuatro mujeres durante distintas cirugías estéticas en las que utilizó metacrilato, una sustancia que dañó la salud de sus pacientes.

Además de la pena de prisión, el fiscal también solicitó que el cirujano misionero sea inhabilitado por diez años para el ejercicio de la medicina y de actividades comerciales relacionadas con la estética y la cosmética.

El juicio se lleva adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal 28 de Ciudad de Buenos Aires y las denunciantes de la causa que ahora llegó a esta instancia son las modelos Silvina Luna, Pamela Sosa -ex pareja del acusado-, Stefanía Xipolitakis y la empresaria Gabriela Trenchi.

Todas señalaron que después de las intervenciones quirúrgicas a las que se sometieron con el misionero resultaron con graves secuelas. Luna, por ejemplo, señaló que tras la mala praxis sufrida en 2011 ahora tiene muy bajos niveles de calcio y eso perjudica el funcionamiento de sus riñones.

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En su alegato expuesto esta mañana, consignó el diario Clarín, el fiscal Abraldes sostuvo que el misionero actuó de forma dolosa, al tiempo que descartó cualquier atenuante y, al contrario, consideró como un agravante su desinterés por el estado de salud de sus pacientes.

“Lotocki cosifica a las víctimas y no las reconoce como personas. Las desprecia, las usa como instrumento para promocionarse y las moldea a su antojo. Se siente hacedor de la mujer perfecta. Es una clara manifestación de violencia de género”, lanzó el fiscal.

El acusado es defendido por la abogada Ileana Lombardo y consideran que el producto cuestionado en el causa estaba autorizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Al debate oral aún le quedan varias audiencias por desarrollarse, pero se estima que se llegará a una sentencia antes de fin de año.

Otras causas

No es la primera vez que Lotocki aparece vinculado e imputado en causas judiciales. Su primera acusación fue en Posadas, en 2007, cuando una joven identificada como Romina Vega (29) falleció luego de una liposucción en una clínica de calle Córdoba, casi Colón.

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Lotocki fue denunciado en esa ocasión, pero luego la Justicia misionera dispuso su sobreseimiento por falta de mérito.

Después de allí, comenzó a recibir acusaciones desde diversas partes del país. La última se dio en abril de este año, cuando incluso fue detenido.

Esa causa se inició tras las muerte de Cristian Zárate, un paciente de 50 años que falleció de una intervención con Lotocki en una clínica del barrio porteño de Caballito.

En diálogo con Clarín, el abogado que representa a la familia de la víctima, Mario Lizardo, señaló que Zárate ingresó a la clínica “por una hernia hiatal y Lotocki le dijo que de paso lo operaba con una liposucción la papada y el abdomen. Se descompensó y en la clínica no tenían los elementos suficientes para intubarlo, ya que tenía falta de oxígeno. Tampoco tenían lo necesario para una reanimación, llamaron a una ambulancia y antes de que llegue falleció”.

Por ese hecho el implicado fue imputado por el delito de homicidio culposo y la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal porteña le concedió la excarcelación al considerar que no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. También le impusieron una fianza de 5 millones de pesos.

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Disponen conectar internet y teléfono a preso para trabajar desde la cárcel

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preso

La jueza de ejecución penal María Jimena Monsalvel autorizó a un preso de la cárcel de Devoto a realizar teletrabajo para una empresa privada, y dispuso que el Servicio Penitenciario le conecte internet y línea telefónica.

Según la información hecha pública por los tribunales, la decisión judicial llegó tras un pedido de la Unidad de Letrados Móviles de la Defensoría General de la Nación (DGN).

El recluso, de quien no se informó la identidad, trabajará en relación de dependencia para la empresa editorial “IJ International Legal Group”.

“Se trata de un caso sumamente excepcional, en el que un actor privado pretende colaborar con el proceso de reinserción social de un detenido, brindándole una herramienta fundamental como lo es un trabajo remunerado”, señaló el Ministerio Público en un comunicado.

El parte señala que “ahora el Servicio Penitenciario Federal (SPF) deberá suministrar al condenado una conexión de internet estable y coordinar con el personal de la empresa la entrega de las herramientas para las labores” (computadora y teléfono fijo) y “habilitar un día para que el detenido reciba la capacitación necesaria y asignarle un lugar adecuado para realizar el trabajo”.

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Según se argumentó, la magistrada obró en sintonía con las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos, conocidas como “Reglas Mandela”, sobre la posibilidad de trabajar de los detenidos.

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Procesan a Mauricio Macri por espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan

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El ex presidente Mauricio Macri fue procesado como autor de espionaje ilegal contra familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, por el juez federal de Dolores, Martín Bava.

El magistrado le prohibió al líder de Juntos por el Cambio (JxC) salir del país. La medida comenzará a regir cuando el ex mandatario pise suelo argentino, ya que realizó un viaje a Chile, donde fue recibido por el presidente Sebastián Piñera.

Además, el juez federal le impuso un embargo sobre sus bienes por la suma de 100 millones de pesos.

En el fallo que se dio a conocer hoy, Bava consideró, luego de analizar las pruebas y tomarle declaración al ex funcionario, “penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal”.

Asimismo, señaló que Macri fue responsable de “haber posibilitado, generado las condiciones, acumulado información, hacer uso y no haber dispuesto el cese de la realización de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520”, a través de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su mandato, a familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan.

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“Esas acciones (de espionaje) buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento del referido submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes y los reclamos que realizarían”, señaló el juez en el fallo.

Además, el magistrado federal argumentó que “todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional”.

La investigación sobre las escuchas ilegales que habría realizado el ex presidente de la Nación, entre diciembre del año 2017 y finales del año 2018, comenzó en septiembre del año pasado a raíz de la denuncia de la titular de la Administración Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.

El submarino ARA San Juan se hundió el 15 de noviembre del 2017 con 44 tripulantes a bordo, entre quienes se encontraban los misioneros Eliana María Krawczyk, la primera submarinista de Latinoamérica, y el cabo principal Jorge Isabelino Ortiz, oriundo de Posadas.

 

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Fuente: Telam

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