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Feroz ataque de un pitbull a una mujer que vendía empanadas en la calle

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Ocurrió en Orán, Salta. La damnificada es doña Rosita, una querida vecina de 80 años. El perro la atacó y los vecinos debieron socorrerla. Sufrió lesiones en su brazo y debió ser internada.

Un terrible y espantoso momento vivió una abuela de la ciudad de Orán mientras vendía sus empanadas, cuando fue atacada por un perro, situación que la llevó a ser socorrida por la gente y llevada de urgencia al hospital.

Según la información compartida por los medios de la localidad norteña de la provincia, la damnificada es doña Rosita de Canales, una reconocida y muy querida abuela de 80 años, quien se encontraba por el barrio El Milagro vendiendo empanadas.

De repente y sin que nada lo anticipara, un perro raza pitbull apareció, se lanzó sobre la mujer y la atacó. La pobre mujer quedó ensangrentada a raíz de las heridas que le ocasionó el can, como se pudo ver en las imágenes difundidas en las redes sociales.

Alertados por este ataque, los vecinos que pasaban intervinieron de forma urgente para separar al perro de su víctima, socorriendo a la abuela. Según La 10 Orán Rosita necesitó ser derivada al hospital San Vicente de Paúl.

Una vez en el nosocomio, los profesionales la atendieron diagnosticándole “fractura de antebrazo derecho por mordedura de can” quedando en observación. La noticia impactó en la comunidad e, inclusive, el intendente Pablo González fue a visitarla preocupado por su salud, informó, el medio InformateSalta.

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Deberán indemnizar a playera por obligarla a trabajar en calza

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La Corte de la provincia de Mendoza ordenó que una estación de servicio de Guaymallén debe indemnizar por daño moral y pagar la suma de 150 mil pesos a una empleada a la que obligó a usar, a modo de uniforme, una calza de un talle menor al suyo. Los magistrados consideraron que sufrió un contexto de violencia y discriminación en su trabajo por su condición de mujer.

Una estación de servicio de YPF deberá indemnizar a una empleada por obligarla a usar calzas. Así lo determinó la Justicia en Mendoza argumentando “discriminación y daño moral”. Ahora los propietarios de la expendedor de combustibles, deberán pagar la suma de 150 mil pesos a la mujer.

En su fallo, determinron que la denunciante sufrió un contexto de violencia y discriminación en su trabajo por su condición de mujer, y que al ser obligada a usar calzas se afectó su pudor y dignidad. Además, señalaron que: “Se vulneraron las leyes de protección de la mujer y los tratados internacionales referidos a la violencia de género”.

Según la decisión del máximo tribunal, la empresa impuso “un estereotipo patriarcal tendiente a visualizar a la mujer destacando su cuerpo como instrumento”, ya que “la imposición de vestimenta claramente sexista importa una cosificación y degradación del cuerpo”.

“Existió un conflicto entre la actora y su empleadora en torno al uso del uniforme reglamentario de la empresa. El motivo de disputa pasa por el hecho de que a la accionante se la obligaba a usar unas calzas en contra de su sentido del pudor y debía soportar frases inapropiadas de los transeúntes varones”, destacó uno de los jueces.

El lugar de trabajo. Calle Bandera de los Andes al 2700 en Guaymallén

Los hechos ocurrieron en septiembre 2012, cuando F.V. comenzó a trabajar en una estación de servicio de la calle Bandera de los Andes al 2700 en la localidad de Guaymallén, donde era la única mujer que cargaba nafta y GNC, además de limpiar vidrios y promocionar un sistema de puntos y premios.

Como parte del uniforme de trabajo, se le entregó a la mujer una calza, una medida más chica de la que le correspondía, una remera y una gorra. Si bien la mujer solicitó usar pantalón para sentirse cómoda, sus empleadores jamás atendieron sus pedidos.

En 2013 usó pantalónes, pero desde la estación de servicio se la apercibió “por haber sido advertida en reiteradas oportunidades del uso del uniforme completo obligatorio”, situación que se repitió en reiteradas oportunidades. Ese mismo año los empleadores le dieron una calza nueva y al negarse a utilizarla fue suspendida nuevamente por no ir a trabajar con el uniforme reglamentario.

F.V. explicó que el lugar era “transitado por muchos hombres que iban a la feria y habitualmente debía enfrentarse a situaciones en que le dirigían frases de tenor inapropiado relativas a su contextura física”. Asimismo, indicó que la calza dificultaba su trabajo, dado que realizaba distintas transacciones en las que requería bolsillos.

Después de muchas cartas documentos de por medio, en las que la empleada explicaba los motivos por los cuales no estaba dispuesta a utilizar las calzas otorgadas por sus empleadores, la mujer llevó el caso hasta la Corte provincial.

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Cambios en ganancias: se benefició a más de un 1.200.000 trabajadores

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó la ley 27.617, que eleva el piso del pago del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría a un mínimo de $ 150.000, a través de la resolución general 5008/2021 publicada este martes en el Boletín Oficial.

Además, determinó que más de 1.200.000 trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia cobrarán a partir de julio, en cinco cuotas consecutivas, la devolución retroactiva de lo descontado desde enero por el pago de Ganancias.

Los cambios en Ganancias también alcanzan al aguinaldo que cobran trabajadoras y trabajadores con un salario bruto de $ 150.000.

La normativa de la AFIP también instrumentó las modificaciones introducidas por la ley 27.617, en relación con la eliminación del tope de edad para la deducción de Ganancias correspondiente a los hijos y las hijas con discapacidad.

Del mismo modo incorporó la deducción por pareja conviviente, antes reconocida sólo para cónyuges, y eximió al personal de salud de pagar el impuesto por horas extras o guardias hasta setiembre próximo.

En el caso de las jubilaciones, no tributarán el gravamen quienes ganen por hasta ocho haberes mínimos, aunque tengan ingresos extras hasta los $ 164.000 anuales.

Además, se mantiene el beneficio del «22% adicional» en la región patagónica, pero con una carga tributaria menor que el resto de los contribuyentes, lo que «beneficiará a alrededor de 83.500 empleados y jubilados».

Asimismo, se excluyó del pago de Ganancias al reintegro de gastos de guardería para los hijos e hijas de hasta tres años, con un monto de hasta $ 67.000 por año.

Por otra parte, la normativa incrementó el umbral de ingresos y rentas a partir del cual los contribuyentes deben presentar la declaración jurada informativa para Ganancias y Bienes Personales a $ 2,5 millones.

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Cómo inscribirse en el registro de usuarios de cannabis medicinal

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Desde que a finales del año pasado el Gobierno nacional firmó el decreto de la nueva reglamentación de la Ley de Cannabis Medicinal, en el país se habilitó el autocultivo, cultivo solidario y el cultivo en red de la planta para fines medicinales, terapéuticos o paliativos del dolor.

Luego, a los meses, el Ministerio de Salud creó la plataforma donde los usuarios deben hacer el tramite correspondiente para cultivar dentro de la actual regulación. Se trata del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN).

Aunque la inscripción sea relativamente sencilla, las autoridades del Ministerio de Salud confirmaron a la revista THC que constantemente reciben solicitudes para reiniciar los perfiles o deben rechazar solicitudes por errores puntuales.

El trámite es totalmente gratuito y no requiere ningún tipo de gestoría paga.

En el actual contexto regulatorio del cannabis, hay cuatro tipo de usuarios que están habilitados para inscribirse en el REPROCANN: pacientes que cultivan para sí mismos (autocultivo); pacientes que no cultivan; cultivadores que realizan la tarea para un paciente (cultivador solidario) y los profesionales de la salud que recetan el cannabis.

La reglamentación también contempla el cultivo en red a cargo de las asociaciones civiles. Sin embargo, dado que el Anexo II del decreto reglamentario establece un límite de cultivo de 9 plantas, aún la plataforma no habilita la inscripción estos actores clave, algo que ocurriría a partir de una modificación en ese criterio.

Los médicos y médicas, quienes deben prescribir el cannabis, también tienen un perfil especial para inscribirse en el REPROCANN. Estos profesionales son claves en el registro porque son el último paso -sin contar la final aprobación del Ministerio de Salud- para concluir el trámite y cultivar cannabis en la legalidad posible.

El REPROCANN es un sistema de registro donde es clave elegir adecuadamente el tipo de perfil: paciente, cultivador solidario o profesional de la salud, además de chequear que todos los datos personal ingresados sean correctos.

El sistema le da a los y las pacientes, sean o no autocultivadores, un código de vinculación. Ese número debe entenderse como una identificación. Es el que las personas usuarias deberán dar al profesional de la salud que receta el cannabis y, en caso de que sea necesario, al cultivador solidario.

El registro lo inicia el o la paciente y lo cierra el profesional de la salud, siempre a partir de ese código de vinculación.

Paso a paso

  1. Crear un perfil en Mi Argentina: esta es la base de datos que utiliza el Estado para vincular los usuarios. Deben hacerlo pacientes, cultivadores solidarios y profesionales de la salud.
  2. Ingresar al REPROCANN: una vez ingresado el sitio, hay que clickear sobre la botón “Ingresa a Mi Argentina”.
  3. Elegir un tipo de perfil: en este paso es clave elegir la opción correcta. Hay, de momento, cuatro posibilidades: A. Pacientes que no cultivan y que sí cultivan; B. Cultivadores solidarios; C. Profesionales de la salud; D. ONG.
  4.  Soy usuario/a medicinal y cultivo mi propio cannabis: este perfil es el que deben elegir las personas que autocultivan. Se debe ingresar como persona en tratamiento, no como cultivador. En caso que haya errores, se deben corregir en la aplicación Mi Argentina antes de avanzar.

Hasta acá, el trámite para el paciente-cultivador concluyó. Solo debe enviar el código de verificación a su médico/a, quien lo cargará en su lista de pacientes con la correspondiente documentación que acredita la patología y la prescripción del cannabis. Por último, el Ministerio de Salud aprobará o rechazará el permiso.

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