Nacionales
Detienen a miembros de Revolución Federal por incitación a la violencia
Cuatro integrantes de la agrupación Revolución Federal, entre ellos Sabrina, la hija de Alfio “Coco” Basile, ex DT de la Selección Argentina de Fútbol, fueron detenidos este jueves en una causa que investiga los delitos de incitación a la violencia colectiva, con el agravante de la discriminación.
Los procedimientos se realizaron hoy a la mañana en el marco de once allanamientos, aunque Basile no fue hallada al comienzo y permaneció en condición de prófuga durante varias horas hasta su entrega voluntaria por la tarde.
Además de Basile, también fueron detenidos Jonathan Ezequiel Morel -líder grupo-, Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Ángel Guerra, un hombre que había dado entrevistas televisivas después de escrachar a Sergio Massa y golpear el vehículo en el trasladaban al ministro de Economía.
Según detalló el portal Infobae, a Morel los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fueron a buscarlo a su casa, en el barrio de Munro, aunque fue detenido en la ciudad de Paraná. En las últimas horas, en su estado publicó en su estado de Whatsapp una foto con un micro en Retiro diciendo “chau”, según reportó una persona que lo tiene entre sus contactos.
A Sosa, en tanto, lo arrestaron en su domicilio en Villa Ballester, mientras que Guerra fue apresado en su casa de Moreno.
A Basile los uniformados federales la buscaron por varios domicilios e incluso se realizó un allanamiento en la casa del ex entrenador de fútbol, pero no estaba. Ante ello, se irradió un alerta para su captura y horas más tarde la mujer se entregó ante las autoridades.
Los cuatros detenidos serán trasladados mañana a prestar declaración indagatoria.
Los procedimientos fueron realizados por por orden del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, en el marco de una serie de medidas solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita.
Pero las detenciones no fueron los únicos procedimientos, dado que hubo allanamientos que incluyeron la sede de la firma Caputo Hermanos, en la avenida Santa Fe al 1.300 de Capital Federal.
Esa empresa, que pertenece a los hermanos del ex ministro macrista Luis Caputo, aparecía haciéndole transferencias de dinero a través de fideicomiso a Morel, líder de Revolución Federal, y sus allegados. La compañía se presentó ayer en la causa para explicar que eran trabajos de carpintería.
CFK querellante
La investigación contra Revolución Federal es paralela a la pesquisa por el atentado contra CFK, aunque la vicepresidente considera que ese grupo planeó y financió su intento de homicidio.
Así lo planteó hoy CFK en un escrito presentado ante el juez De Giorgi, quien aceptó a la ex presidenta como querellante particular en la causa.
“No es posible descartar aún que los miembros de la organización investigada hayan sido partícipes del intento de asesinato en mi contra y es mi derecho conocer todo lo atinente a esa posibilidad y aportar los elementos que considere necesarios para explorarla”, consigna la presentación realizada por CFK.
Y, en otro fragmento, añade que “el carácter amenazante de las manifestaciones de los miembros de Revolución Federal es evidente”.
La agrupación Revolución Federal quedó en el foco público tras el ataque a Cristina Kirchner. Brenda Uliarte, señalada como coautora del intento de homicidio, participó de una marcha de antorchas en la Casa Rosada el 18 de agosto frente a la Casa Rosada. Allí las consignas eran “reventar la Plaza de Mayo” y “exigir renuncias”. Se lanzaron piedrazos, bombas de estruendo y bombas molotov. “Al kirchnerismo, cárcel o bala”, proclamaban. Los integrantes de la agrupación dijeron públicamente que no conocían a Brenda.
La cuenta de Instagram era “@revolucionfederal”. Allí decía: “Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción en Argentina va a dejar de ser gratis por las buenas o por las malas”. Aparecían además los datos de una cuenta bancaria a nombre de Leonardo Franco Sosa para realizar “donaciones”.
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En Misiones, unos 2500 socios pueden participar de la elección que proclamará un nuevo presidente o la reelección de actual.
El Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina (PFA) cerrará un nuevo mandato de sus autoridades nacionales y elegirá, entre tres listas, a quienes serán los responsables de la conducción en el período 2023 – 2027.
La jornada electoral se desarrollará el domingo 3 de diciembre -entre las 8 y las 18 horas- en 45 filiales de todo el país. En Misiones, unos 2500 socios podrán emitir sus votos según la región a la que pertenezcan.
En Garupá, se podrá votar en la Filial 28 ubicada en la manzana E, lote 6, en barrio Santa Inés; mientras que, en Puerto Iguazú, estará disponible la Filial de calle Circón esquina Espinela, en el barrio Alto Paraná.
Tres listas disputarán la conducción del Círculo de Suboficiales de la PFA, que renovará todos los cargos: presidente y vicepresidente e integrantes de la Comisión Directiva, secretarías; vocales titulares y suplentes y la Comisión Revisora de Cuentas.
La Lista 1 -Agrupación “7 de Marzo”-, lleva como candidato a presidente a suboficial mayor Miguel Ángel Tavares, quien se desempeña como Secretario General de la conducción actual.
El actual presidente de Círculo de Suboficiales de la PFA, suboficial mayor Eliseo Aníbal Visconti, buscará ser reelecto para un nuevo mandato representando a la Lista 2 denominada -Mesa de Trabajo “Visconti presidente”-.
Por su parte, la Agrupación “Lealtad y Futuro”, Lista 3, presenta como candidato a presidente al suboficial mayor José Héctor Arroyo.
En total, unos 39 mil socios del Círculo de Suboficiales de la PFA podrán participar de los comicios que culminarán el domingo 10 de diciembre, cuando se complete el calendario en las filiales de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA.
En Misiones fue designado por la Junta Electoral como fiscalizador en Puerto Iguazú el sargento primero Omar Sotelo quien, en diálogo con La Voz de Misiones, destacó el importante servicio social que brinda el Círculo a sus socios y camaradas.
Sotelo resaltó, entre otros aspectos, la solidez del manejo de los recursos que, en el último balance, ostentó un superávit de 18 millones de pesos y más de 1 millón de dólares.
Los servicios en hotelería y turismo, y los campos deportivos y recreativos en todo el país complementan las principales áreas de prestación junto al servicio de salud.
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En 2020 el gobierno nacional decretó el carácter de Servicio Público a las telecomunicaciones y reguló las tarifas utilizando como argumento la pandemia Covid-19. Ahora, la Justicia anuló la disposición.
Un fallo de fuero Contencioso Administrativo de la Justicia Federal declaró hoy la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que el 22 de agosto de 2020 declaró como servicios públicos esenciales a los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones.
Así, el presidente Alberto Fernández consiguió, bajo el argumento de la cuarentena por la pandemia Covid-19, controlar con el decreto 690/2020 las tarifas de telefonía e internet.
Al año siguiente, el 7 de abril de 2021, la empresa Telecom Argentina S.A. presentó una demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional y contra el Ente Nacional de Comunicaciones (ENCOM), solicitando la nulidad del decreto 690, y reservándose además el derecho a reclamar daños y perjuicios consecuencia del DNU que congeló los precios.
Entre otros aspectos, la jueza Cecilia De Negre consideró en su resolución anulatoria del decreto, que “fue la situación de emergencia sanitaria, en el marco de la pandemia del COVID-19, la que justificó otorgar medidas de protección y acceso a los servicios Tic y asegurar el derecho a la educación”.
La magistrada sostuvo que “no se estableció que su duración sería hasta la finalización de la pandemia, sino que las medidas se establecieron con carácter permanente. Ello afecta el principio de razonabilidad al establecer una discordancia entre el fin de la norma y los medios empleados”.
Entonces, De Negre explicó que el Poder Ejecutivo está habilitado constitucionalmente a dictar un DNU en determinadas circunstancias, pero que la calificación de servicio público de manera permanente exige “una ley formal en el Congreso”.
El fallo judicial es de primera instancia y el Poder Ejecutivo puede apelar ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
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El presidente electo Javier Milei ratificó el plan de ajuste que implementará a partir del 10 de diciembre y puso en duda el pago del medio aguinaldo para los empleados de la administración pública nacional.
Entrevistado por el periodista Rodolfo Barilli, de Telefé Noticias, Milei ratificó que se viene un “fuerte ajuste fiscal para llevar la situación a un equilibrio” y anticipó: “Los próximos seis meses serán muy duros”.
“Hay que cortar con la emisión monetaria”, le contestó el presidente electo al periodista, que repreguntó, entonces, sobre cómo administraría el gobierno de La Libertad Avanza un eventual escenario en el que “Argentina recaude 100 y gaste 120”.
“No va a gastar 120”, lo interrumpió Milei y retrucó: “No va a gastar más que 100”.
“¿Está garantizado por ejemplo la actividad de la administración pública, el aguinaldo, de diciembre?”, lo interrogó Barilli.
El gobierno “gastará 100”, insistió Milei y disparó: “Recortarán lo que tengan que recortar”.
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