Desde que el coronavirus llegó a la Argentina, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, instauró los “centros de aislamiento” (CAS). Son espacios, como hospitales y escuelas “adaptadas” para recibir a personas que tengan Covid-19 positivo. Los pacientes vivirían allí recluidos hasta dar negativo.
El gobernador de la provincia de Formosa desde hace 25 años aseguró el último viernes en su cuenta de Twitter que “no me interesa perder una elección si es para salvar la vida de un formoseño”, mientras se cumulan denuncias en contra de su gestión en el tratamiento de la pandemia.
Denuncias públicas sobre el estado de estos centros de aislamiento están circulando en redes sociales. En los videos se ve cómo son trasladadas personas a esos lugares, los llevan con móviles de infantería. Presuntos contagiados de Covid-19 de todas las edades se encuentran recluidos en esos centros, y la policía los vigila constantemente.
Allí, la situación denunciada es de insalubridad. Hospitales que, según dicen los denunciantes, se convirtieron en espacios similares a las cárceles, por el hacinamiento, la falta de medidas de higiene, e incluso la violencia.
Dos concejalas de la ciudad de Formosa hicieron denuncias delante de una de las escuelas que funciona como centro de aislamiento. A una de ellas, Gabriela Neme, se la llevaron detenida, y al día siguiente salió para seguir denunciando estos espacios. También desde el bloque Juntos Por el Cambio se presentaron denuncias.
Siguiendo esta línea, dos organizaciones de la sociedad civil, Bases Republicanas y Cadal, presentaron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Cuestión de derechos humanos en Formosa
Amnistía Internacional se pronunció por estos hechos. Se habla de violación a los derechos humanos. Desde Formosa son muchos los que se manifiestan en contra del funcionamiento de estos centros, alegando que incluso la policía va a buscar a las personas a sus viviendas para trasladarlas prácticamente a la fuerza a esos espacios reservados.
Algunos de los puntos que plantea en su denuncia Amnistía Internacional son: “Se obligaría a permanecer en los CAS a niñas, niños y adolescentes y, en algunos casos, sin el acompañamiento de sus padres o familiares. Las fuerzas de seguridad trasladarían compulsivamente a las personas a los CAS. Los CAS estarían custodiados las 24 horas por personal policial mientras que el personal de salud solo se presentaría una o dos veces al día”.
Este organismo reitera que las condiciones de higiene no serían las adecuadas, sobre todo considerando que dentro de estos espacios hay personas que deberían mejorar su salud, no empeorarla.
Y agrega: “Estos hechos se suman a la situación de extrema precariedad que atravesaron las personas varadas que fueron impedidas de reingresar a territorio jurisdiccional durante meses”.
Formosa puso un cerrojo total sobre sus fronteras al comenzar la pandemia en Argentina, donde ni siquiera los propios ciudadanos podrían ingresar a su provincia y terminaban acampando en la ruta.
Mientras tanto, el presidente de la nación Alberto Fernández no dio, hasta el momento, ningún tipo de declaración sobre las situación en Formosa. Y el Partido Justicialista, al que Insfrán pertenece, se manifestó a su favor. Lo hizo mediante un comunicado oficial titulado “La vida humana: valor fundamental y límite a la mentira”. En el aseguran que hay una “feroz campaña política y mediática” en contra del que es gobernador de Formosa desde 1995.

Una de las imágenes que trascendieron de las condiciones en los centros de aislamiento.