La Región
Jueza dio en adopción a un bebé antes de su nacimiento
“No quiero tener de nuevo otro bebé a la fuerza”. Con esa frase, y ahogada en angustia, una adolescente de 17 años le pidió a una jueza de familia de Paso de los Libres, Corrientes, que hiciera algo con ese embarazo.
CORRIENTES. La chica llegó con su tía sin cita previa y allí, en el despacho de la jueza, recostada sobre los codos, en el escritorio, vomitó su tragedia: su padrastro la viola desde que tiene 13 años.
La golpea si se niega a estar con él y la amenaza para que no cuente. La jueza escuchó el relato. La madre nunca intervino, ni siquiera hace casi tres años, cuando quedó embarazada y tuvo a su primera hija.
Esta vez, cuando se dio cuenta que otra vez estaba embarazada, se fugó a la casa de su tía, que vive en Yaguarí, a 80 kilómetros de Paso de los Libres, para pedir ayuda. Ahora, las dos mujeres le pedían una solución a la jueza.
Así comenzó esta historia que derivó en la decisión de la jueza de familia Marta Legarreta, de iniciar el proceso de adopción de esa beba, antes de que nazca. El fallo se firmó el 12 de julio y la beba nació el sábado 13.
Es decir, que sentó jurisprudencia como el primer caso de adopción prenatal, tal como destaca el portal judiciales ElDial.com, figura que no está legislada en el país.
Adopción prenatal
Los proyectos de adopción prenatal, que se impulsaron el año pasado por los sectores contrarios al aborto, en medio del debate por el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, generaron fuerte polémica.
Según se advertía, podían significar la apertura al mercado negro de las adopciones, ya que justamente son muy pocos los bebes que hay en el sistema de adopciones y mayoría las parejas que quieren adoptar menores de un año.
En realidad, la adolescente llegó al juzgado para pedir una autorización legal para interrumpir el embarazo. No quería tenerlo.
La jueza escuchó su relato y ordenó que, de forma inmediata, la chica quedara en custodia de su tía, mientras se dio intervención a la justicia penal para denunciar el abuso contra el padrastro, al que se le prohibió tomar contacto con la adolescente.
Además, Legarreta le explicó que no necesitaba un permiso legal, que existía unprotocolo a nivel nacional que la autorizaba a interrumpir ese embarazo. (La chica todavía no había ido a un hospital).
Pero, como en la provincia algunos hospitales se escudan en un decreto provincial que dejaría sin efecto el protocolo de interrupción legal del embarazo, le extendió un certificado en el hacía constar que la adolescente contaba con ese derecho, que regía a nivel nacional, para interrumpir ese embarazo.
Se lo dio para que lo presentara en el hospital San José, de esa localidad, para que no hubiera demoras ni dilaciones. También le explicó que podía arrepentirse hasta último momento. Que era su decisión.
La chica fue al hospital, donde la evaluaron y le dijeron que estaba de 23 o 24 semanas de gestación. Según consta en el expediente, los médicos le explicaron los riesgos de realizar un legrado a esa altura del embarazo, y la adolescente desistió del aborto y volvió al juzgado con la idea de dar en adopción al bebé.
Presiones
Consultada sobre si en el hospital si se la había presionado para redirigir su decisión, la jueza asegura que los informes psicológicos del forense indican que fue la adolescente la que eligió al conocer los riesgos. Y también que se constató que la chica evidenciaba entendimiento de sus decisiones.
La tía, que la acompañó en todo el proceso no denunció que hubieran querido manipularla, ni tampoco hacerle perder tiempo para condicionar su decisión.
“En este momento yo quiero dar en adopción a mi bebé, a la familia que se va a hacer cargo de él”, le dijo, según consta en el fallo.
La jueza, en presencia de la asesora de menores y de la tía le preguntó si estaba segura. La chica lo ratificó. Lo mismo que después, en una entrevista con el psicólogo. “Sí, estoy segura. Y no quiero ver al bebe al momento del nacimiento. Quiero que esté la familia que la va a adoptar para evitar que el bebe quede conmigo”, dijo.
La chica estaba conmocionada pero segura, apunta la jueza. Le preguntaron si cuando naciera lo quería amamantar y la chica dijo que no. Después, habló con la tía y le dijo que ella le dijera todo a la jueza. “Quiere que la atiendan bien, y que no le pregunten el por qué de la adopción, ni las enfermeras, ni los médicos del hospital.
Que la internen en una pieza privada, donde pueda estar sola así nadie le pregunta nada. Y que nadie sepa quién es ella, ni de su decisión”, apuntó la tía, tal como figura en el expediente.
Una y otra vez la adolescente pidió, rogó que no la obliguen a tener otro hijo a la fuerza. Que ya había tenido una hija así y que con dos no iba a poder.
“Nos encontramos en presencia de una joven vulnerable, en conflicto con su maternidad no deseada, que exterioriza nada más ni nada menos que la decisión de dar a un hijo en adopción, inmediatamente al nacimiento.
Situación que requiere un tratamiento especial por parte de la juricatura, a modo de proceso judicial preliminar y urgente”, dice la jueza en el fallo.
Legislación
La legislación vigente no contempla la adopción prenatal. Una vez que un chico nace, existe un plazo de 45 días, que coinciden con el puerperio, en los que la madre puede arrepentirse de su decisión de darlo en adopción.
Además, la búsqueda de padres se realiza entre los inscriptos en el Registro Único de Aspirantes (RUA) a guarda con fines adoptivos, después del nacimiento.
En cambio, en este caso, la jueza Legarreta decidió iniciar el proceso de adopción de forma prenatal. Se buscó a los aspirantes que vivieran más cerca y que calificaran para ser padres y se eligió a una pareja de esa ciudad, que no tenía otros hijos. La adolescente los conoció en el juzgado, mientras estaba embarazada.
Les pidió que cuidaran mucho al bebe y les prometió que “no los iba a molestar nunca, quédense tranquilos”, les dijo.. La jueza les explicó la situación a todos: había evaluado la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de la espera de los 45 días para otorgarles la guarda preadoptiva. Sin embargo, había resuelto no hacerlo.
Una vez que naciera, la pareja recibiría la guarda provisoria y a los 45 días, la preadoptiva, para que unos seis a nueve meses después, si todo iba bien, se les otorgara la adopción plena.
“Después de esos 45 días no vas a poder arrepentirte”, le dejó en claro. La adolescente estuvo de acuerdo. Así, su hija se convirtió en la primera beba en recibir el estado de adoptabilidad, antes de nacer.
“Se trata de una medida urgente tendiente a evitar los riesgos que acarrearía la permanencia del niño junto a su madre, contra su voluntad, sumido al peligro de un posible abandono o entrega ilícita a terceros”, apunta la jueza.
La beba nació el sábado 13 de julio, un día después de que se firmara el fallo que decretaba su estado de adoptabilidad. Desde ese día, la beba está con la pareja que designó el juzgado. Tiene 18 días y cuando cumpla los 45 días se iniciará la adopción.
Nació por parto natural. La adolescente estuvo sola en una habitación, y se respetó su voluntad de que nadie le preguntara nada. Cuando salieron del hospital, ella y su tía se fueron caminando a la parada para tomar el colectivo y volver a Yaguarí. El padre adoptivo las vio irse y se ofreció a llevarlas esos 80 km hasta su casa.
Fuente: Nación
El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, anunció ayer el envío de equipos de control y vigilancia del Ejército Argentina para reforzar la seguridad en las zonas de Misiones que tienen frontera internacional con Brasil.
La noticia fue dada anoche, durante una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en el canal A24, y tiene correlación con el contexto de la escalada de violencia que se registra en Río de Janeiro, donde la Policía local ejecutó un operativo sin precedentes contra el grupo narcocriminal Comando Vermelho que culminó con más de 120 muertes y decenas de desaparecidos.
“Así como la Armada controla la zona económica exclusiva y la Fuerza Aérea los cielos, el Ejército debe colaborar con la Gendarmería para cuidar las fronteras”, adelantó Petri, que recientemente fue electo diputado nacional por La Libertad Avanza en Mendoza.
Y en ese marco dio el anuncio: “Vamos a reforzar la Operación Roca en Misiones”.
Vamos a reforzar la Operación Roca en Misiones. A partir de los acontecimientos de Brasil, vamos a mandar equipos de control y vigilancia del @Ejercito_Arg a la frontera. pic.twitter.com/4oPtYc1wrO
— Luis Petri (@luispetri) October 30, 2025
Según explicó el titular de la cartera de Defensa, la ideal inicial era reforzar las fronteras en Formosa, pero debido a lo ocurrido en Brasil decidieron alterar el plan y dar ese paso en Misiones.
“Estaba previsto primero ir a Formosa, pero en lugar de eso vamos a enviar equipos de control y vigilancia del Ejército a Misiones para reforzar la frontera con Brasil, teniendo en cuesta este desbande que la ministra (Patricia Bullrich) dice que puede llegar a ocurrir”, agregó.
Sobre el operativo, señaló que “en Bernardo de Irigoyen se van a desplegar secciones de vigilancia, apoyo logístico, obtención de información y apoyo aéreo porque van a ir dos helicópteros. También van a ir a Iguazú. Son equipos de control, de obtención de información. Son operaciones de defensa en frontera. Es legítimo y es válido”.
Ese mismo día, pero más temprano, la propia ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, también hizo un anuncio relacionado al mismo tema y activó una “alerta máxima” en las fronteras.
Todas estas decisiones tienen vinculación directa con la megaoperación que ejecutó la Policía de Río de Janeiro contra el Comando Vermelho en las favelas Penha y Complexo do Alemão, dejando un saldo de al menos 123 muertos, entre ellos 13 agentes.
Tras la masacre, donde los narcos también respondieron con fusiles, granadas y drones, el gobierno brasileño decretó estado de emergencia y movilizó al Ejército. Autoridades temen fuga masiva hacia fronteras vecinas, incluida Argentina.
Activaron una alerta máxima en las fronteras de Misiones tras masacre de Río
En un contexto de creciente inestabilidad regional marcado por la reciente escalada de violencia en Río de Janeiro, donde la Policía local ejecutó un operativo sin precedentes contra el grupo narcocriminal Comando Vermelho, que culminó con más de 130 muertes y decenas de desaparecidos, el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció este martes la activación de una “alerta máxima” en las fronteras argentinas.
La medida, impulsada por la -hasta ahora- ministra Patricia Bullrich, busca prevenir el posible desplazamiento de miembros de bandas narcotraficantes hacia territorio nacional, con un enfoque especial en la Triple Frontera –el área compartida entre Argentina, Brasil y Paraguay– y otros pasos fronterizos clave de la provincia de Misiones, como la frontera seca de Bernardo de Irigoyen con sus vecinas ciudades brasileñas de Dionisio Cerqueira y Barracao.
El anuncio se produce apenas un día después de un megaoperativo policial en las favelas de Río de Janeiro, que dejó al menos 132 muertos y más de 80 detenidos en enfrentamientos con el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.
“Voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o pase de aquellos que evidentemente se deben estar moviendo de lugar desde la centralidad del conflicto en Río”, declaró Bullrich durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.
La funcionaria enfatizó que el refuerzo implica controles exhaustivos en los ingresos del norte del país, con comunicación constante entre las fuerzas argentinas y sus pares brasileños.
“Una ‘alerta máxima’ significa mirar con cuatro ojos a todos los brasileños que vienen, si tienen antecedentes o no, por supuesto, no confundiendo turistas. Es un modelo de alerta”, agregó, precisando que el foco estará puesto “en la triple frontera y en Tancredo Neves”, donde se registran “mucho movimiento”.
El Comité Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) confirmó, este miércoles en Asunción, la reanudación de las obras de maquinización del brazo Aña Cuá, luego de aprobar de forma definitiva las garantías presentadas por el consorcio Aña Cuá WRT, integrado por las empresas Webuild, Rovella y Tecnoedil.
Los directores de ambas márgenes de la Binacional, Luis Benítez Cuevas, de Paraguay, y Alfonso Peña, de Argentina, encabezaron la reunión de hoy en la capital paraguaya, y destacaron “destacaron el avance técnico y administrativo alcanzado, que garantiza la reanudación plena de los trabajos”, según informó la EBY.
“La continuidad de Aña Cuá representa un paso clave para el desarrollo energético y económico de la región”, sostuvo la Entidad Binacional en un comunicado publicado en su página web. “La obra permitirá incrementar la capacidad de generación eléctrica de Yacyretá en un valor estimado de USD 80 millones anuales, fortaleciendo la matriz energética binacional y contribuyendo a la sustentabilidad económica de la Entidad”, reseñó.
La publicación aseguró que “el proyecto impulsará la reactivación productiva en las ciudades de Ayolas (Paraguay) e Ituzaingó (Argentina), a través de la contratación de más de 900 trabajadores y la movilización de proveedores locales de bienes y servicios, generando un efecto multiplicador en ambas márgenes del río Paraná”.
Según la información, “los componentes electromecánicos presentan un grado de avance muy significativo, lo que permitirá que la primera de las tres turbinas Kaplan entre en funcionamiento durante el año 2028”.
“Estamos muy contentos por este paso trascendental que estamos dando”, afirmó el director paraguayo, de acuerdo al parte de prensa. “Aña Cuá representa mucho para nuestros dos países: más trabajo, más ingresos, más comercio y, sobre todo, más energía, que es lo que necesitamos para desarrollarnos y atraer inversiones industriales”, expresó Benítez Cuevas.
El argentino Peña subrayó, por su parte, “el valor estratégico de la obra y su alineamiento con los objetivos de desarrollo federal y eficiencia en la gestión”.
“La continuidad de Aña Cuá refleja una decisión política firme y sostenida: avanzar con proyectos que generan energía limpia, empleo genuino y desarrollo federal”, señaló el director argentino.
“Bajo una lógica de eficiencia, transparencia y responsabilidad en la gestión, este emprendimiento fortalece la integración con la República del Paraguay y demuestra que, cuando los recursos se administran con criterio y visión, es posible concretar obras que transforman realidades y promueven el progreso de ambos países”, manifestó.
Paralización
Las obras del brazo Aña Cua se habían interrumpido a fines de diciembre de 2023, debido a problemas financieros y cambiarios en Argentina, y también se mencionan despidos masivos que ocurrieron alrededor de esa fecha.
La información periodística de la época menciona la devaluación del peso argentino, resuelta a fines de diciembre de 2023 por el recién asumido presidente Javier Milei, y los problemas financieros del consorcio constructor, como las razones que llevaron a paralizar las obras.
La interrupción afectó entonces a unos 1.200 trabajadores paraguayos y argentinos, y provocó una crisis económica en las zonas de influencia de la represa.
El Comité Ejecutivo de la EBY, reunido en Asunción, este miércoles.
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