La Región
Jueza dio en adopción a un bebé antes de su nacimiento
“No quiero tener de nuevo otro bebé a la fuerza”. Con esa frase, y ahogada en angustia, una adolescente de 17 años le pidió a una jueza de familia de Paso de los Libres, Corrientes, que hiciera algo con ese embarazo.
CORRIENTES. La chica llegó con su tía sin cita previa y allí, en el despacho de la jueza, recostada sobre los codos, en el escritorio, vomitó su tragedia: su padrastro la viola desde que tiene 13 años.
La golpea si se niega a estar con él y la amenaza para que no cuente. La jueza escuchó el relato. La madre nunca intervino, ni siquiera hace casi tres años, cuando quedó embarazada y tuvo a su primera hija.
Esta vez, cuando se dio cuenta que otra vez estaba embarazada, se fugó a la casa de su tía, que vive en Yaguarí, a 80 kilómetros de Paso de los Libres, para pedir ayuda. Ahora, las dos mujeres le pedían una solución a la jueza.
Así comenzó esta historia que derivó en la decisión de la jueza de familia Marta Legarreta, de iniciar el proceso de adopción de esa beba, antes de que nazca. El fallo se firmó el 12 de julio y la beba nació el sábado 13.
Es decir, que sentó jurisprudencia como el primer caso de adopción prenatal, tal como destaca el portal judiciales ElDial.com, figura que no está legislada en el país.
Adopción prenatal
Los proyectos de adopción prenatal, que se impulsaron el año pasado por los sectores contrarios al aborto, en medio del debate por el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, generaron fuerte polémica.
Según se advertía, podían significar la apertura al mercado negro de las adopciones, ya que justamente son muy pocos los bebes que hay en el sistema de adopciones y mayoría las parejas que quieren adoptar menores de un año.
En realidad, la adolescente llegó al juzgado para pedir una autorización legal para interrumpir el embarazo. No quería tenerlo.
La jueza escuchó su relato y ordenó que, de forma inmediata, la chica quedara en custodia de su tía, mientras se dio intervención a la justicia penal para denunciar el abuso contra el padrastro, al que se le prohibió tomar contacto con la adolescente.
Además, Legarreta le explicó que no necesitaba un permiso legal, que existía unprotocolo a nivel nacional que la autorizaba a interrumpir ese embarazo. (La chica todavía no había ido a un hospital).
Pero, como en la provincia algunos hospitales se escudan en un decreto provincial que dejaría sin efecto el protocolo de interrupción legal del embarazo, le extendió un certificado en el hacía constar que la adolescente contaba con ese derecho, que regía a nivel nacional, para interrumpir ese embarazo.
Se lo dio para que lo presentara en el hospital San José, de esa localidad, para que no hubiera demoras ni dilaciones. También le explicó que podía arrepentirse hasta último momento. Que era su decisión.
La chica fue al hospital, donde la evaluaron y le dijeron que estaba de 23 o 24 semanas de gestación. Según consta en el expediente, los médicos le explicaron los riesgos de realizar un legrado a esa altura del embarazo, y la adolescente desistió del aborto y volvió al juzgado con la idea de dar en adopción al bebé.
Presiones
Consultada sobre si en el hospital si se la había presionado para redirigir su decisión, la jueza asegura que los informes psicológicos del forense indican que fue la adolescente la que eligió al conocer los riesgos. Y también que se constató que la chica evidenciaba entendimiento de sus decisiones.
La tía, que la acompañó en todo el proceso no denunció que hubieran querido manipularla, ni tampoco hacerle perder tiempo para condicionar su decisión.
“En este momento yo quiero dar en adopción a mi bebé, a la familia que se va a hacer cargo de él”, le dijo, según consta en el fallo.
La jueza, en presencia de la asesora de menores y de la tía le preguntó si estaba segura. La chica lo ratificó. Lo mismo que después, en una entrevista con el psicólogo. “Sí, estoy segura. Y no quiero ver al bebe al momento del nacimiento. Quiero que esté la familia que la va a adoptar para evitar que el bebe quede conmigo”, dijo.
La chica estaba conmocionada pero segura, apunta la jueza. Le preguntaron si cuando naciera lo quería amamantar y la chica dijo que no. Después, habló con la tía y le dijo que ella le dijera todo a la jueza. “Quiere que la atiendan bien, y que no le pregunten el por qué de la adopción, ni las enfermeras, ni los médicos del hospital.
Que la internen en una pieza privada, donde pueda estar sola así nadie le pregunta nada. Y que nadie sepa quién es ella, ni de su decisión”, apuntó la tía, tal como figura en el expediente.
Una y otra vez la adolescente pidió, rogó que no la obliguen a tener otro hijo a la fuerza. Que ya había tenido una hija así y que con dos no iba a poder.
“Nos encontramos en presencia de una joven vulnerable, en conflicto con su maternidad no deseada, que exterioriza nada más ni nada menos que la decisión de dar a un hijo en adopción, inmediatamente al nacimiento.
Situación que requiere un tratamiento especial por parte de la juricatura, a modo de proceso judicial preliminar y urgente”, dice la jueza en el fallo.
Legislación
La legislación vigente no contempla la adopción prenatal. Una vez que un chico nace, existe un plazo de 45 días, que coinciden con el puerperio, en los que la madre puede arrepentirse de su decisión de darlo en adopción.
Además, la búsqueda de padres se realiza entre los inscriptos en el Registro Único de Aspirantes (RUA) a guarda con fines adoptivos, después del nacimiento.
En cambio, en este caso, la jueza Legarreta decidió iniciar el proceso de adopción de forma prenatal. Se buscó a los aspirantes que vivieran más cerca y que calificaran para ser padres y se eligió a una pareja de esa ciudad, que no tenía otros hijos. La adolescente los conoció en el juzgado, mientras estaba embarazada.
Les pidió que cuidaran mucho al bebe y les prometió que “no los iba a molestar nunca, quédense tranquilos”, les dijo.. La jueza les explicó la situación a todos: había evaluado la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de la espera de los 45 días para otorgarles la guarda preadoptiva. Sin embargo, había resuelto no hacerlo.
Una vez que naciera, la pareja recibiría la guarda provisoria y a los 45 días, la preadoptiva, para que unos seis a nueve meses después, si todo iba bien, se les otorgara la adopción plena.
“Después de esos 45 días no vas a poder arrepentirte”, le dejó en claro. La adolescente estuvo de acuerdo. Así, su hija se convirtió en la primera beba en recibir el estado de adoptabilidad, antes de nacer.
“Se trata de una medida urgente tendiente a evitar los riesgos que acarrearía la permanencia del niño junto a su madre, contra su voluntad, sumido al peligro de un posible abandono o entrega ilícita a terceros”, apunta la jueza.
La beba nació el sábado 13 de julio, un día después de que se firmara el fallo que decretaba su estado de adoptabilidad. Desde ese día, la beba está con la pareja que designó el juzgado. Tiene 18 días y cuando cumpla los 45 días se iniciará la adopción.
Nació por parto natural. La adolescente estuvo sola en una habitación, y se respetó su voluntad de que nadie le preguntara nada. Cuando salieron del hospital, ella y su tía se fueron caminando a la parada para tomar el colectivo y volver a Yaguarí. El padre adoptivo las vio irse y se ofreció a llevarlas esos 80 km hasta su casa.
Fuente: Nación
Dos hombres escaparon durante el control de Migraciones en el paso fronterizo de Bernardo de Irigoyen y abandonaron su auto cargado con más de 100 kilogramos de marihuana ocultos en doble fondos.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, el procedimiento se dio esta mañana, cuando al control fronterizo del lado argentino ingresó un Chevrolet Spin proveniente de la vecina ciudad brasileña de Dionisio Cerqueira.
Dentro del vehículo iban dos hombres que ante las primeras consultas evidenciaron severas inconsistencias, dado que respondieron que provenían de Foz de Iguazú y que viajaban hacia Camboriú, ruta completamente diferente al recorrido que estaban realizando.
Esa situación levantó sospechas y el personal de la Dirección General de Aduana decidió ahondar en la requisa.
Los ocupantes del rodado escaparon cuando presentaron los documentos del auto.
En esa instancia, los dos sujetos descendieron del rodado para entregar los documentos del automotor y aprovecharon el momento para huir a las corridas del puesto de frontera en dirección hacia Brasil.
Consecuencia de ello, se activó un operativo conjunto entre fuerzas de ambos países para ubicar a los fugitivos cuya identidad ni nacionalidad llegó a ser determinada.
Mientras tanto, el personal interviniente continuó la inspección del rodado y durante las labores finalmente incautaron 188 paquetes de marihuana que totalizaron 112,571 kilogramos.
Tanto los estupefacientes como el vehículo y las documentaciones del rodado fueron incautados y quedaron a disposición del Juzgado Federal de Eldorado.
La vecina ciudad paraguaya de Encarnación recibió una masiva afluencia de visitantes en la semana previa a la Navidad, con casi 100.000 personas cruzando la frontera desde Posadas, según datos de la Dirección Nacional de Migraciones de ese país.
En detalle, precisaron que entre el sábado 20 y el mediodía del miércoles 24 de diciembre, se registraron exactamente 94.000 ingresos al territorio paraguayo a través del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Encarnación con la capital misionera.
El pico se dio el sábado 20, con 31.000 personas, fenómeno que se vio impulsado por el pago del aguinaldo a los trabajadores estatales misioneros, sumado a los viajantes que cruzaban el viaducto para pasar las fiestas junto a sus familiares.
Blas Arzamendia, responsable de Migraciones en Encarnación, explicó al diario local Última Hora que “el movimiento migratorio hacia nuestro país es importante. Vienen muchos compatriotas para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y también vienen masivamente los ciudadanos argentinos con fines de compra”.
De acuerdo al relevamiento trazado, la mitad de los ingresantes eran argentinos atraídos por las compras navideñas, mientras que el resto fueron paraguayos residentes en el país regresando para reunirse con sus familias.
El intenso flujo generó largas filas de vehículos que superaron los siete kilómetros y que llegaron hasta Costa Sur, con demoras de varias horas bajo un sol intenso.
Los viajeros reportaron nerviosismo y momentos de tensión, agravados por la caída temporal del sistema de control integrado, lo que ralentizó los trámites migratorios.
Además, se denunció un negocio ilegal en Posadas, donde personas cobraban hasta 30.000 pesos (equivalentes a unos 130.000 guaraníes) para adelantar posiciones en la cola.
Esta semana, la Fiscalía de Paraguay solicitó penas de hasta 30 años de cárcel para tres ex comisarios acusados de torturas durante la dictadura del general Alfredo Stroessner, que gobernó el país con mano de hierro durante 35 años, entre 1954 y 1989.
Los represores procesados, Eusebio Torres Romero, Manuel Crescencio Alcaraz y Fortunato Lorenzo Laspina, pertenecían al temido Departamento de Investigaciones de la Policía stronista, el mayor centro de torturas paraguayo de la época, equiparable a la Esma en Argentina.
Los ex policías están procesados en la causa que investiga las torturas sufridas por el dirigente campesino de las Ligas Agrarias Cristianas, Domingo Guzmán Rolón Centurión, detenido ilegalmente en Argentina, cuando tenía aproximadamente 20 años, y sometido a apremios entre 1976 y 1978, en la dependencia de los tres policías imputados.
En 1976, durante la “Operación Cóndor” y olas represivas como la “Pascua Dolorosa”, el régimen de Stroessner realizó cientos de detenciones, torturas y desapariciones forzadas, muchas de las cuales se canalizaron a través del departamento policial donde prestaban servicios Torres Romero, Alcaraz y Laspina.
El represor Eusebio Torres Romero tiene hoy casi 90 años. En 1976 se hizo fama de “torturador implacabale”, según sus víctimas.
Implacable
Torres Romero, que ya purga una condena a 30 años por otro caso similar, fue uno de los represores más activos del Departamento de Investigaciones de la Policía de la capital paraguaya durante el stronismo, donde actuaba como un oficial de alto rango con poder directo sobre la vida de los detenidos políticos.
El ex policía, hoy de 89 años, cumple prisión domiciliaria desde el año pasado por crímenes de lesa humanidad cometidos en abril de 1976 contra los hermanos Carlos Ernesto y Luis Alberto Casco, y la esposa del primero, Teresa Dejesús Aguilera, tras ser detenidos ilegalmente en el puerto de Asunción al regresar de Argentina.
Durante su juicio, numerosas víctimas lo identificaron directamente como el responsable de aplicar torturas físicas y psicológicas, incluyendo el uso de picanas eléctricas, látigos y sesiones de ahogamiento.
Carlos Ernesto Casco, por ejemplo, lo identificó como el policía que lo golpeó salvajemente con un látigo, mientras se encontraba amarrado y colgando de una viga del edificio.
Torres Romero es recordado por los sobrevivientes como un “torturador implacable” que utilizaba el terror para obtener confesiones en el centro de detención ubicado sobre la calle Presidente Franco, de Asunción, y su condena fue calificada como “un hito histórico” para la justicia paraguaya.
Celestina
Al igual que Torres Romero, Laspina ya tiene una condena firme de siete años de cárcel, ratificada en 2021, por las torturas infligidas al activista de derechos humanos Martín Almada, y también fue condenado en 2019 por el caso de la esposa de este, Celestina Pérez de Almada.
Este último caso está considerado en Paraguay como uno de los episodios más trágicos de la represión psicológica durante la dictadura de Stroessner.
Celestina, maestra y militante, fue víctima de tortura psicológica tras la detención de su esposo en noviembre de 1974, cuando los represores grababan los gritos y lamentos de Almada durante las sesiones de tortura y la obligaban a escucharlos por teléfono.
Luego de diez días de acoso telefónico, los torturadores llamaron a la mujer para decirle, fríamente, que el “educador subversivo” había muerto y que debía pasar a recoger el cadáver.
Fue tal el impacto emocional de la falsa noticia que la mujer sufrió un infarto fulminante que le provocó la muerte instantánea, el 5 de diciembre de 1974, a los 33 años.
Celestina Pérez de Almada, maestra, militante, esposa de Martín Almada, el descubridor de los archivos del Plan Cóndor en una comisaria paraguaya.
En diciembre de 2019, tres ex jefes policiales de la dictadura, Fortunato Lorenzo Laspina, Eusebio Cybar Benítez y Agustín Belotto Morel, fueron condenados por su responsabilidad en el homicidio y las torturas sufridas por la docente.
Luego de volver del exilio, su esposo Martín Almada dedicó su vida a la persecución judicial de los represores de la dictadura y en 1992 realizó el hallazgo más importante de la historia política paraguaya de aquella época oscura: el descubrimiento de los denominados “Archivos del Terror”, miles de documentos ocultos en una comisaría de la ciudad de Lambaré, limítrofe con Asunción, que probaron formalmente los crímenes del Plan Cóndor.
En honor de su esposa, creó la Fundación Celestina Pérez de Almada, que trabaja en la preservación de la memoria histórica y los derechos humanos en Paraguay, aún hoy, luego del fallecimiento de Almada el 30 de marzo de 2024 en Asunción, a la edad de 87 años.
El abogado Martín Almada, en el denominado “Archivo del Terror”, miles de documentos de la dictadura que encontró ocultos en una dependencia policial en diciembre de 1992.
Fantasías
Alcaraz es el único del trío de represores stronistas sin ninguna causa previa, y durante el presente juicio admitió haber trabajado en el Departamento de Investigaciones, pero negó haber participado en actos de violencia física, calificando las acusaciones en su contra como “fantasiosas”.
El juicio por las torturas al dirigente campesino Guzmán Centurión enfrentó múltiples postergaciones, hasta esta semana en que el Ministerio Público Fiscal solicitó 25 años de prisión para Alcaraz, y 30 para Torres Romero y Laspina, y representa una de las pocas causas abiertas por crímenes de lesa humanidad en la Justicia paraguaya, que jamás alcanzó a los jerarcas del régimen, como el mismo Stroessner y su ministro del Interior, Sabino Augusto Montanaro Ciarleti, que huyó a Centroamérica en 1989 y volvió, moribundo, a Asunción en 2011, donde falleció impune.
La Comisión de Verdad y Justicia reveló en 2008 que la dictadura de Stroessner dejó 20.090 víctimas directas de violaciones de derechos humanos, 336 desaparecidos, 18.772 torturados, 59 ejecutados extrajudicialmente y 3.470 personas exiliadas.
El general Alfredo Stroessner gobernó el país con mano de hierro durante 35 años, entre 1954 y 1989. En su régimen, hubo de todo: torturas, muertes, desapariciones, contrabando y hasta pedofilia en serie.
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