El Departamento de Estado de los Estados Unidos lanzó una recompensa de 10 millones de dólares para quienes aporten datos de interés sobre las redes y mecanismos de financiamiento de la organización terrorista Hezbollah que operan en la Triple Frontera conformada por Paraguay (Ciudad del Este), Brasil (Foz de Iguazú) y Argentina (Puerto Iguazú).

El programa fue anunciado este lunes por el gobierno liderado por Donald Trump y en el comunicado señalaron que la iniciativa busca obtener información que permita “interrumpir los mecanismos de financiación de la organización terrorista”.

Para Estados Unidos, Hezbollah cuenta con financistas y facilitadores que operan en la Triple Frontera, generando ingresos a través de diversas actividades ilícitas como lavado de dinero, narcotráfico y contrabando de diferentes mercancías.

El plan también a punta a conseguir información que permite identificar a posibles involucrados y desarticular los esquemas de triangulación financiera que posibilita el envío de dinero hacia medio oriente.

En ese marco, buscan dar con “donantes o facilitadores financieros”, instituciones financieras o casas de cambio que faciliten transacciones, empresas controladas por la organización y “empresas pantalla” que colaboran para el éxito de las operaciones.

El gobierno norteamericano indicó que ante cualquier información que sea considerada de interés, cualquier persona puede comunicarse con el programa Recompensas de la Justicia (RFJ), dependiente del Departamento de Estado, a través de diversas vías de comunicación, entre ellas Whatsapp al número +1-202-702-7843. Se garantiza que toda la información proporcionada será tratada con estricta confidencialidad.

Clan Barakat

El Clan Barakat es un grupo de comerciantes libaneses asentados en Ciudad del Este que está sospechado de financiar a Hezbollah desde la Triple Frontera, con actividades realizadas en Puerto Iguazú, inclusive, lo cual dio inicio a una causa judicial que se tramita en el Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel Ángel Guerrero.

El expediente contra el Clan Barakat reviste importancia nacional dado que se trata de la única causa abierta en el país que investiga delitos vinculados al financiamiento del terrorismo y también concita atención internacional, principalmente de Estados Unidos.

La investigación comenzó en 2015. Allí la Unidad de Investigación Financiera (UIF) dispuso el congelamiento administrativo y la medida de inhibición finalmente se judicializó en 2018. Desde ese momento la disposición se prorroga año a año. 

Por el momento hay más de una decena de sospechosos, aunque ninguno alcanzó a ser indagado.

Lo que se sospecha, en base a los elementos incorporados en la investigación y a los aportes realizados por distintos organismos del Estado y la Agencia Federal de Información (AFI), es que los involucrados aparentemente cruzaban asiduamente a la Argentina y lavaban dinero de casinos de la Ciudad de las Cataratas, donde simulaban mesas de juego y obtenían millonarias ganancias.

Luego, a través de distintos mecanismos y sistemas, ese dinero era girado hacia Medio Oriente. Toda esta compleja trama es la que desde hace un tiempo se busca desentrañar.

Los datos obtenidos en aquel entonces indicaban que en los movimientos migratorios se detectaron ingresos al país de al menos catorce presuntos integrantes de la organización investigada y algunos de ellos llegaron a retirar premios de los casinos que llegaban hasta los 10 millones de dólares.

Según estimaciones, el clan podía llegar a mover hasta 43 mil millones de dólares al año. Es porque eso que su sindicado líder Assad Ahmad Barakat -detenido en septiembre de 2018 en Foz de Iguazú- era considerado como un agente clave del grupo terrorista Hezbollah y el mayor operador financiero de la organización extremista en América Latina.

Prorrogaron el congelamiento de bienes a miembros del Clan Barakat

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