Un camión con seis árboles de olivos contrabandeados desde Misiones fue interceptado e incautado mientras circulaba por la BR-163, en el acceso a Santo Antonio Do Sudoeste, ciudad brasileña ubicada en la frontera con San Antonio.

El procedimiento se dio anoche, alrededor de las 20, durante un operativo conjunto que inició tras una información obtenida por el área de inteligencia de la 3^a Compañía de la 21^a BPM que apuntaba sobre el paso de un camión por camino rural que habitualmente suele ser utilizado para el tráfico ilegal.

Con ese dato, los uniformados salieron de recorrida por la ciudad hasta que finalmente ubicaron el vehículo que en su caja transportaba seis árboles de olivos originarios de Argentina pero que en Brasil tienen un valor de entre 40.000 y 100.000 reales cada uno.

Los ejemplares eran transportados sin ningún tipo de documentación de respaldo y el conductor de la camioneta afirmó desconocer el origen de los árboles, aduciendo que solamente se hizo cargo del traslado a pedido de terceros. El destino final eran San Pablo.

Según informó el portal Radio da Fronteira, los árboles fueron incautados y trasladados hacia la Receita Federal en Santo Antonio do Sudoeste, donde quedarán a disposición de la Justicia. El conductor del vehículo, en tanto, fue llevado a declarar ante las autoridades.

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El año pasado la Policía de Misiones le puso fin a los 15 años prófugo que llevaba un criminal brasileño acusado de un doble homicidio cometido en Itapiranga y ahora la Justicia de su país logró condenarlo a 30 años de prisión.

El implicado se trata de Lucimar Correa Da Rosa, de 40 años, quien el 28 de agosto de 2024 fue capturado por una comisión de la Policía misionera tras un operativo encubierto montado en plena selva de colonia Puerto Argentino, en San Pedro, donde se supo que se ocultaba. 

La detención se concretó tras un intercambio de información efectuado entre investigadores misioneros y pares brasileños que conocían el prontuario de Da Rosa, quien a pesar de tener un pedido de captura internacional en su contra logró mantenerse en condición de prófugo durante más de 15 años.

Lucimar al momento de ser detenido en San Pedro.

Da Rosa es oriundo de Teniente Portela, localidad brasileña ubicada a 60 kilómetros de la frontera con El Soberbio, pero su carrera criminal la hizo en Itapiranga, unos 30 kilómetros más al norte, prácticamente a la misma altura que los Saltos del Moconá.

En esa ciudad brasileña el implicado fue acusado de asesinar a Nelson Batista de Lima y su hijo Cleiton Pedrozo, crimen que se registró durante una discusión en un bar de la zona y del cual también participó su primo Edson Correa Do Nascimiento.

Justamente, Do Nascimiento fue atrapado al poco tiempo y más tarde condenado a 30 años de prisión, mientras que Da Rosa logró escapar de las autoridades durante un largo tiempo.

Sin embargo, cuando ya parecía que el caso había quedado en olvido, la Policía de Misiones lo encontró en San Pedro y lo detuvo. Un día después de aquel 28 de agosto de 2024, el extranjero fue entregado a las autoridades de su país a través de Paso Rosales y desde ese momento permanece privado de su libertad en el penal de Sao Miguel do Oeste.

Ahora Da Rosa fue juzgado en un juicio por jurados ante un tribunal de Itapiranga y recibió la misma condena de su primo: 30 años de cárcel por doble homicidio calificado.

Lucimar registraba pedido de captura de Interpol.

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El Departamento de Estado de los Estados Unidos lanzó una recompensa de 10 millones de dólares para quienes aporten datos de interés sobre las redes y mecanismos de financiamiento de la organización terrorista Hezbollah que operan en la Triple Frontera conformada por Paraguay (Ciudad del Este), Brasil (Foz de Iguazú) y Argentina (Puerto Iguazú).

El programa fue anunciado este lunes por el gobierno liderado por Donald Trump y en el comunicado señalaron que la iniciativa busca obtener información que permita “interrumpir los mecanismos de financiación de la organización terrorista”.

Para Estados Unidos, Hezbollah cuenta con financistas y facilitadores que operan en la Triple Frontera, generando ingresos a través de diversas actividades ilícitas como lavado de dinero, narcotráfico y contrabando de diferentes mercancías.

El plan también a punta a conseguir información que permite identificar a posibles involucrados y desarticular los esquemas de triangulación financiera que posibilita el envío de dinero hacia medio oriente.

En ese marco, buscan dar con “donantes o facilitadores financieros”, instituciones financieras o casas de cambio que faciliten transacciones, empresas controladas por la organización y “empresas pantalla” que colaboran para el éxito de las operaciones.

El gobierno norteamericano indicó que ante cualquier información que sea considerada de interés, cualquier persona puede comunicarse con el programa Recompensas de la Justicia (RFJ), dependiente del Departamento de Estado, a través de diversas vías de comunicación, entre ellas Whatsapp al número +1-202-702-7843. Se garantiza que toda la información proporcionada será tratada con estricta confidencialidad.

Clan Barakat

El Clan Barakat es un grupo de comerciantes libaneses asentados en Ciudad del Este que está sospechado de financiar a Hezbollah desde la Triple Frontera, con actividades realizadas en Puerto Iguazú, inclusive, lo cual dio inicio a una causa judicial que se tramita en el Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel Ángel Guerrero.

El expediente contra el Clan Barakat reviste importancia nacional dado que se trata de la única causa abierta en el país que investiga delitos vinculados al financiamiento del terrorismo y también concita atención internacional, principalmente de Estados Unidos.

La investigación comenzó en 2015. Allí la Unidad de Investigación Financiera (UIF) dispuso el congelamiento administrativo y la medida de inhibición finalmente se judicializó en 2018. Desde ese momento la disposición se prorroga año a año. 

Por el momento hay más de una decena de sospechosos, aunque ninguno alcanzó a ser indagado.

Lo que se sospecha, en base a los elementos incorporados en la investigación y a los aportes realizados por distintos organismos del Estado y la Agencia Federal de Información (AFI), es que los involucrados aparentemente cruzaban asiduamente a la Argentina y lavaban dinero de casinos de la Ciudad de las Cataratas, donde simulaban mesas de juego y obtenían millonarias ganancias.

Luego, a través de distintos mecanismos y sistemas, ese dinero era girado hacia Medio Oriente. Toda esta compleja trama es la que desde hace un tiempo se busca desentrañar.

Los datos obtenidos en aquel entonces indicaban que en los movimientos migratorios se detectaron ingresos al país de al menos catorce presuntos integrantes de la organización investigada y algunos de ellos llegaron a retirar premios de los casinos que llegaban hasta los 10 millones de dólares.

Según estimaciones, el clan podía llegar a mover hasta 43 mil millones de dólares al año. Es porque eso que su sindicado líder Assad Ahmad Barakat -detenido en septiembre de 2018 en Foz de Iguazú- era considerado como un agente clave del grupo terrorista Hezbollah y el mayor operador financiero de la organización extremista en América Latina.

Prorrogaron el congelamiento de bienes a miembros del Clan Barakat

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