En menos de dos años, cuatro personas fueron asesinadas por sicarios en la localidad de Bernardo de Irigoyen y la hipótesis común es que todos los hechos se trataron de ajustes de cuentas vinculados al comercio informal de mercaderías, principalmente a la fiebre del vino, un negocio que explotó tras la pandemia y maneja cifras multimillonarias.

Las víctimas de esta clase de crímenes fueron Juan María López (50), Rafael Antúnez de Olivera (45), Sebastián “Chany” Fernández Da Rosa (42) y Carla De Olivera (37). El primer caso ocurrió en mayo de 2021 y el último en diciembre de 2022

La vida de todos ellos fue cegada a balazos ejecutados por asesinos a sueldo a bordo de motocicletas que se esfumaron por la frontera seca, sin ser atrapados, ni tampoco identificados siquiera. De ellos solo quedó el miedo. También el drama y la angustia.

Las familias de Fernández y De Olivera aún no entienden los motivos del ataque y reclaman justicia. Admiten que las familias se dedican al contrabando, como casi todos en Bernardo de Irigoyen, donde el comercio fronterizo informal es una cuestión cultural y de sobrevivencia económica ante la falta de otras oportunidades rentables, pero reconocen que los crímenes de este tipo conforman un fenómeno nuevo en la zona.

“Nosotros nos criamos pasando cosas de Brasil de contrabando: muebles, cerámicas, cosas que todo el mundo pasa. Hasta para Gendarmería y para las autoridades nosotros pasamos. Nos criamos así, mi papá era chivero, nosotros somos chiveros, yo soy chivera. Yo digo que fue por eso, porque él no debía a nadie. Él salía de casa y le pegaron un balazo a unos 20 metros de mi casa, en frente del local de él”, confesó y recordó Viviana, hermana de Chany Fernández.

Chany era un comerciante “multirrubro”, dueño de una cancha de fútbol 7 y bombero voluntario. Fue asesinado el 23 de septiembre a plena luz del día. Eran cerca de las 9 de la mañana cuando un solitario motociclista se acercó y le disparó siete veces en distintas partes del cuerpo.

Viviana además era cuñada de Carla de Olivera, otras de las víctimas. La mujer era docente y estudiaba abogacía. Fue ultimada el 28 de diciembre pasado, mientras estaba junto a su marido dentro de su automóvil Renault Sandero y dos sicarios pararon a un costado para abrir fuego a quemarropa.

Se estima que los disparos iban dirigidos a su marido, que alcanzó tener un acto reflejo que le permitió arrojar su asiento atrás -rompiendo la palanca incluso- y las balas atravesaron el habitáculo hasta llegar a De Olivera, que se ubicaba en la butaca del conductor.

“Estos hechos tienen en común la utilización de estos vehículos chicos, rápidos, ágiles, sumado a la proximidad nuestra pegada al país vecino que posibilita el abandono del lugar del hecho y rápido paso al otro lado”, explicó el comisario Leonardo Viera, jefe de la Unidad Regional XII.

Para los investigadores, dado las características de los hechos y los elementos recolectados, cuyos detalles optaron mantener en reserva, todos los crímenes están vinculados al comercio informal, principalmente de vinos, negocio predilecto en la actualidad en la ciudad más oriental de la Argentina.

“La pandemia hizo que el contacto o el paso de ciudadanos a Brasil sea prácticamente nulo y eso hizo que por ahí la actividad en la frontera se haya reducido casi al 100%. Luego de la apertura comercial que se dio con el fin de las restricciones pospandemia, el movimiento de ciudadanos de distintas partes del país se acentuó acá en la frontera, buscando un mejor pasar económico, trabajo. El vino argentino es el producto más buscado por los ciudadanos brasileros”, describió el comisario Leonardo Viera, jefe de la Unidad Regional XII.

Fiebre del vino

En una breve recorrida por la localidad, que actualmente cuenta con unos 35.000 habitantes, La Voz de Misiones contabilizó no menos de 45 bodegas o comercios que incorporaron la venta de vinos a su emprendimiento como oferta.

Y la cantidad de bodegas en Irigoyen encuentran relación en los números que maneja la Receita Federal de Dionisio Cerqueira -organismo similar a la Afip-Aduana en Argentina-, que se encarga del control y fiscalización de productos ingresados de contrabando al vecino país.

LVM se entrevistó con el delegado local de dicho organismo, Mark Tolemmache, quien brindó números que grafican la situación.

Dinero

El funcionario indicó que, en 2022, se incautaron 38,5 millones de reales en productos de contrabando en su jurisdicción, de los cuales 12,5 millones (unos 875.000.000 de pesos, según la cotización actual) se corresponden a vino argentino, es decir, un 30% del total.

Otra cifra que sirve para dimensionar la cuestión apunta a que en 2021 se secuestraron 595.000 botellas de vino en todo Brasil, de las cuales 200.000 fueron decomisadas en la jurisdicción de Dionisio Cerqueira, que incluye desde Capanema (limítrofe con Andresito) y Porto Soberbo (frente a El Soberbio).

Pero todos estos números también se traducen en dividendos multimillonarios y en una escalada de violencia que empezó a mostrar su peor cara.

Tolemmache sostuvo que los vinos argentinos tiene un promedio de entre 100 y 300% de sobreprecio en lugares de destino, llegando a 500% en caso de los vinos más codiciados, como los de la bodega Catena Zapata.

Para el funcionario, detrás de estas operaciones hay organizaciones con buen capital para poder montar una estructura y logística que comprende una multiplicidad de actores.

“Necesitan de una buena estructura porque tienen personas que hacen la parte de manoseo de las cargas, transportadores, personas que actúan de campana, responsables de depósitos clandestinos para el acopio y la distribución, que hoy es mucho por internet, por redes sociales. Entonces las personas hoy reciben los productos del crimen en su casa, lo cual complica nuestra fiscalización”, describió Tolemmache a LVM.

El delegado señaló que la logística del contrabando de esta clase productos arranca en cruces clandestinos distribuidos en los 70 kilómetros de frontera seca que comparten Irigoyen con los estados brasileños de Santa Catarina y Paraná, donde se encuentran Dionisio Cerqueira y Barracao, respectivamente.

En muchos casos, los cruces se dan por propiedades rurales que tiene la mitad de territorio en Argentina y la otra en Brasil, lo que convierte a ese lugar prácticamente en una aduana paralela.

En esos lugares se almacenan las cargas de bebidas y de allí luego son transportadas hacia ciudades mayores de Brasil.

“Las principales son Pato Branco, Francisco Beltrán y Chapecó y San Miguel. Son puntos donde hay grandes depósitos clandestinos. De estos puntos los criminales utilizan las redes y las mercaderías se pulverizan por comercio electrónico por todo el país”, continuó Tolemmache.

Sobre los crímenes vinculados a estas operaciones, el delegado plantó postura: “Estos crímenes, en mi visión, es más una disputa entre los propios criminales, porque la confrontación entre las autoridades y los criminales generalmente no es tan violenta. Nosotros trabajamos con más inteligencia y seguridad. Pero entre ellos hay una escalada de violencia con muchos asesinatos por esta disputa del control del comercio legal de vino”.

Sangre

La familia de Chany, en tanto, no encuentra explicación a lo sucedido. Busca y reclaman respuesta.

“Son cosas que pasan muy de golpe, que vos no esperas, cosas que antes no pasaban. Esto nunca pasó antes y ahora de repente si vos miras feo para una persona viene y te pega un balazo. Así estamos viviendo en Irigoyen y nadie hace nada. La ley, las autoridades no se mueven y todos tienen miedo. Yo tengo miedo de venir y hablar y que me pase algo a mi familia. Yo tengo miedo que comience a hablar y me maten”, advirtió Viviana.

La mujer reconoció que trabajar en la frontera hoy es un riesgo, pero muchas más opciones no hay.

“La mayoría ahora tiene miedo. Ahora tenemos que cuidarnos de motos brasileras que vienen y te disparan sin tener un motivo. Pero tenemos que sobrevivir, tenemos que trabajar. Acá no hay muchos negocios, todo el mundo vive del contrabando y si no trabajamos de eso, vamos a morir de hambre”, lanzó.

Viviana reclamó que las fuerzas brasileñas tienen menos preocupación a la hora de cruzar la frontera para perseguir a sus maleantes, mientras que del lado misionero, una vez que los delincuentes cruzan, las persecuciones se detienen para no interferir en territorio brasileño.

Para la hermana de Chany, una solución sería el aumento de presencia de uniformados federales o la llegada de investigadores oriundos de otros puntos del país. Pero nada es garantía.

El comisario Viera explicó que su jurisdicción, que se extiende desde Piñalito Norte y San Antonio hasta Dos Hermanas, cuenta actualmente con un plantel de 200 efectivos policiales, y se trabaja en aumentar esa cantidad, como así también en la colocación de más cámaras de seguridad que permitan tener un mejor monitoreo de la zona.

Lo mismo sostuvo el intendente, Guillermo Fernández, quien señaló que la cuestión ya fue tratada en diversas reuniones de trabajo y prometió que la seguridad será la prioridad del 2023.

Ambas autoridades destacaron la labor conjunta con sus pares brasileños, mediados por el Consorcio Intermunicipal de Frontera (CIF), pero lo cierto es que una vez que los asesinos que matan en Irigoyen cruzan la frontera y parecen esfumarse de la tierra.

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