Policiales
Sicarios: la fiebre del vino en la frontera
En menos de dos años, cuatro personas fueron asesinadas por sicarios en la localidad de Bernardo de Irigoyen y la hipótesis común es que todos los hechos se trataron de ajustes de cuentas vinculados al comercio informal de mercaderías, principalmente a la fiebre del vino, un negocio que explotó tras la pandemia y maneja cifras multimillonarias.
Las víctimas de esta clase de crímenes fueron Juan María López (50), Rafael Antúnez de Olivera (45), Sebastián “Chany” Fernández Da Rosa (42) y Carla De Olivera (37). El primer caso ocurrió en mayo de 2021 y el último en diciembre de 2022
La vida de todos ellos fue cegada a balazos ejecutados por asesinos a sueldo a bordo de motocicletas que se esfumaron por la frontera seca, sin ser atrapados, ni tampoco identificados siquiera. De ellos solo quedó el miedo. También el drama y la angustia.
Las familias de Fernández y De Olivera aún no entienden los motivos del ataque y reclaman justicia. Admiten que las familias se dedican al contrabando, como casi todos en Bernardo de Irigoyen, donde el comercio fronterizo informal es una cuestión cultural y de sobrevivencia económica ante la falta de otras oportunidades rentables, pero reconocen que los crímenes de este tipo conforman un fenómeno nuevo en la zona.
“Nosotros nos criamos pasando cosas de Brasil de contrabando: muebles, cerámicas, cosas que todo el mundo pasa. Hasta para Gendarmería y para las autoridades nosotros pasamos. Nos criamos así, mi papá era chivero, nosotros somos chiveros, yo soy chivera. Yo digo que fue por eso, porque él no debía a nadie. Él salía de casa y le pegaron un balazo a unos 20 metros de mi casa, en frente del local de él”, confesó y recordó Viviana, hermana de Chany Fernández.
Chany era un comerciante “multirrubro”, dueño de una cancha de fútbol 7 y bombero voluntario. Fue asesinado el 23 de septiembre a plena luz del día. Eran cerca de las 9 de la mañana cuando un solitario motociclista se acercó y le disparó siete veces en distintas partes del cuerpo.
Viviana además era cuñada de Carla de Olivera, otras de las víctimas. La mujer era docente y estudiaba abogacía. Fue ultimada el 28 de diciembre pasado, mientras estaba junto a su marido dentro de su automóvil Renault Sandero y dos sicarios pararon a un costado para abrir fuego a quemarropa.
Se estima que los disparos iban dirigidos a su marido, que alcanzó tener un acto reflejo que le permitió arrojar su asiento atrás -rompiendo la palanca incluso- y las balas atravesaron el habitáculo hasta llegar a De Olivera, que se ubicaba en la butaca del conductor.
“Estos hechos tienen en común la utilización de estos vehículos chicos, rápidos, ágiles, sumado a la proximidad nuestra pegada al país vecino que posibilita el abandono del lugar del hecho y rápido paso al otro lado”, explicó el comisario Leonardo Viera, jefe de la Unidad Regional XII.
Para los investigadores, dado las características de los hechos y los elementos recolectados, cuyos detalles optaron mantener en reserva, todos los crímenes están vinculados al comercio informal, principalmente de vinos, negocio predilecto en la actualidad en la ciudad más oriental de la Argentina.
“La pandemia hizo que el contacto o el paso de ciudadanos a Brasil sea prácticamente nulo y eso hizo que por ahí la actividad en la frontera se haya reducido casi al 100%. Luego de la apertura comercial que se dio con el fin de las restricciones pospandemia, el movimiento de ciudadanos de distintas partes del país se acentuó acá en la frontera, buscando un mejor pasar económico, trabajo. El vino argentino es el producto más buscado por los ciudadanos brasileros”, describió el comisario Viera.
Fiebre del vino
En una breve recorrida por la localidad, que actualmente cuenta con unos 35.000 habitantes, La Voz de Misiones contabilizó no menos de 45 bodegas o comercios que incorporaron la venta de vinos a su emprendimiento como oferta.
Y la cantidad de bodegas en Irigoyen encuentran relación en los números que maneja la Receita Federal de Dionisio Cerqueira -organismo similar a la Afip-Aduana en Argentina-, que se encarga del control y fiscalización de productos ingresados de contrabando al vecino país.
LVM se entrevistó con el delegado local de dicho organismo, Mark Tolemmache, quien brindó números que grafican la situación.
Dinero
El funcionario indicó que, en 2022, se incautaron 38,5 millones de reales en productos de contrabando en su jurisdicción, de los cuales 12,5 millones (unos 875.000.000 de pesos, según la cotización actual) se corresponden a vino argentino, es decir, un 30% del total.
Otra cifra que sirve para dimensionar la cuestión apunta a que en 2021 se secuestraron 595.000 botellas de vino en todo Brasil, de las cuales 200.000 fueron decomisadas en la jurisdicción de Dionisio Cerqueira, que incluye desde Capanema (limítrofe con Andresito) y Porto Soberbo (frente a El Soberbio).
Pero todos estos números también se traducen en dividendos multimillonarios y en una escalada de violencia que empezó a mostrar su peor cara.
Tolemmache sostuvo que los vinos argentinos tiene un promedio de entre 100 y 300% de sobreprecio en lugares de destino, llegando a 500% en caso de los vinos más codiciados, como los de la bodega Catena Zapata.
Para el funcionario, detrás de estas operaciones hay organizaciones con buen capital para poder montar una estructura y logística que comprende una multiplicidad de actores.
“Necesitan de una buena estructura porque tienen personas que hacen la parte de manoseo de las cargas, transportadores, personas que actúan de campana, responsables de depósitos clandestinos para el acopio y la distribución, que hoy es mucho por internet, por redes sociales. Entonces las personas hoy reciben los productos del crimen en su casa, lo cual complica nuestra fiscalización”, describió Tolemmache a LVM.
El delegado señaló que la logística del contrabando de esta clase productos arranca en cruces clandestinos distribuidos en los 70 kilómetros de frontera seca que comparten Irigoyen con los estados brasileños de Santa Catarina y Paraná, donde se encuentran Dionisio Cerqueira y Barracao, respectivamente.
En muchos casos, los cruces se dan por propiedades rurales que tiene la mitad de territorio en Argentina y la otra en Brasil, lo que convierte a ese lugar prácticamente en una aduana paralela.
En esos lugares se almacenan las cargas de bebidas y de allí luego son transportadas hacia ciudades mayores de Brasil.
“Las principales son Pato Branco, Francisco Beltrán y Chapecó y San Miguel. Son puntos donde hay grandes depósitos clandestinos. De estos puntos los criminales utilizan las redes y las mercaderías se pulverizan por comercio electrónico por todo el país”, continuó Tolemmache.
Sobre los crímenes vinculados a estas operaciones, el delegado plantó postura: “Estos crímenes, en mi visión, es más una disputa entre los propios criminales, porque la confrontación entre las autoridades y los criminales generalmente no es tan violenta. Nosotros trabajamos con más inteligencia y seguridad. Pero entre ellos hay una escalada de violencia con muchos asesinatos por esta disputa del control del comercio legal de vino”.
Sangre
La familia de Chany, en tanto, no encuentra explicación a lo sucedido. Busca y reclaman respuesta.
“Son cosas que pasan muy de golpe, que vos no esperas, cosas que antes no pasaban. Esto nunca pasó antes y ahora de repente si vos miras feo para una persona viene y te pega un balazo. Así estamos viviendo en Irigoyen y nadie hace nada. La ley, las autoridades no se mueven y todos tienen miedo. Yo tengo miedo de venir y hablar y que me pase algo a mi familia. Yo tengo miedo que comience a hablar y me maten”, advirtió Viviana.
La mujer reconoció que trabajar en la frontera hoy es un riesgo, pero muchas más opciones no hay.
“La mayoría ahora tiene miedo. Ahora tenemos que cuidarnos de motos brasileras que vienen y te disparan sin tener un motivo. Pero tenemos que sobrevivir, tenemos que trabajar. Acá no hay muchos negocios, todo el mundo vive del contrabando y si no trabajamos de eso, vamos a morir de hambre”, lanzó.
Viviana reclamó que las fuerzas brasileñas tienen menos preocupación a la hora de cruzar la frontera para perseguir a sus maleantes, mientras que del lado misionero, una vez que los delincuentes cruzan, las persecuciones se detienen para no interferir en territorio brasileño.
Para la hermana de Chany, una solución sería el aumento de presencia de uniformados federales o la llegada de investigadores oriundos de otros puntos del país. Pero nada es garantía.
El comisario Viera explicó que su jurisdicción, que se extiende desde Piñalito Norte y San Antonio hasta Dos Hermanas, cuenta actualmente con un plantel de 200 efectivos policiales, y se trabaja en aumentar esa cantidad, como así también en la colocación de más cámaras de seguridad que permitan tener un mejor monitoreo de la zona.
Lo mismo sostuvo el intendente, Guillermo Fernández, quien señaló que la cuestión ya fue tratada en diversas reuniones de trabajo y prometió que la seguridad será la prioridad del 2023.
Ambas autoridades destacaron la labor conjunta con sus pares brasileños, mediados por el Consorcio Intermunicipal de Frontera (CIF), pero lo cierto es que una vez que los asesinos que matan en Irigoyen cruzan la frontera y parecen esfumarse de la tierra.
Policiales
Rescataron a una mujer que era asfixiada por su pareja en Oberá
Un hombre de 67 años fue detenido el miércoles por la noche en Oberá luego de que efectivos policiales ingresaran a una vivienda tras un pedido de auxilio y lo encontraran con un pie sobre el cuello de su pareja, una mujer de 33 años que además presentaba golpes en el rostro.
El episodio ocurrió cerca de las 21, en un domicilio ubicado sobre calle Río Bermejo. Según informó la Policía, una patrulla acudió al lugar luego de recibir un pedido de auxilio.
Al ingresar a la vivienda, los uniformados escucharon gritos y encontraron a Pablo B. (67) ejerciendo violencia sobre su pareja. Ante la situación, intervinieron de inmediato y detuvieron al hombre.
La víctima fue puesta bajo resguardo y trasladada hasta la Comisaría de la Mujer, donde recibió asistencia junto a profesionales de la Línea 137.
El procedimiento formó parte de una serie de intervenciones realizadas por la Policía durante las últimas 24 horas por distintos hechos de violencia registrados en la provincia, que derivaron en detenciones por agresiones, amenazas y resistencia a la autoridad.
Más violencia en Posadas
En Posadas, en tanto, una mujer solicitó ayuda policial luego de advertir que su madre, de 58 años, había sido agredida por su pareja, en un domicilio situado sobre avenida Chacabuco.
La víctima manifestó posteriormente que los episodios de violencia se repetían desde hacía años y que, por temor, nunca había realizado una denuncia.
Cuando los efectivos llegaron al lugar, Gabriel S. intentó escapar por las inmediaciones de la vivienda. Tras ser alcanzado, reaccionó violentamente y arrojó palos y sillas contra los policías, además de lanzar golpes de puño, intentar morderlos y escupirlos mientras los amenazaba.
Finalmente, fue reducido mediante el uso de la fuerza mínima indispensable y quedó detenido a disposición de la Justicia.
Durante esa intervención, dos policías resultaron lesionados: uno sufrió una contusión en la cabeza y otro presentó traumatismos en el rostro y la zona periocular.
En ambos casos se activaron las medidas correspondientes para el resguardo y asistencia de las víctimas, mientras que los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.
Judiciales
Crimen de Díaz: de los tiros, a la pista del Duna y la captura de los brasileños
Cinco testigos declararon hoy en la tercera audiencia del juicio oral para esclarecer el crimen del kiosquero Cristian Díaz (34), hecho por el cual hay dos presuntos sicarios brasileños sentados en el banquillo de los acusados, y la etapa de incorporación de pruebas culminará mañana, tras lo cual se dará inicio a la ronda de alegatos.
Entre los testigos del día estuvieron Celeste Soto, viuda de Díaz, como así también una vecina, un taxista y dos comisarios que intervinieron en la pesquisa que permitió dar con los ahora imputados Gabriel Junior Guimaraes Da Silva (24) y David Weslley De Olveira Silva (24), quienes enfrentan una acusación por “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
Soto fue la primera en pasar a la sala de debates del Tribunal Penal Dos de Posadas y ante los magistrados contó que en la madrugada del hecho ella estaba mirando tele mientras su marido atendía el kiosco que tenían en su casa ubicada en la chacra 94 del barrio Yacyretá.
La viuda señaló que, si bien no alcanzó a ver nadie, sí escuchó que poco antes del ataque oyó que su marido “estaba hablando como en broma en portugués”. Al mismo tiempo, negó que clientes brasileños hayan ido a su comercio días antes del crimen como afirmaron los sospechosos en sus declaraciones dada en instrucción.
En segundo turno declaró Patricia Galeano, una de las vecinas que llegó a aportar datos que fueron clave para la detención de los extranjeros. “Yo ya estaba en mi casa y escuché los tiros. Después vi que dos personas pasaron corriendo y se subieron a un auto blanco”, recordó.

El Duna blanco con luces rotas fue captado por cámaras del 911 y más tarde localizado en el barrio Luis Piedrabuena.
El Duna y el “búnker”
Ese auto se trataba de un Fiat Duna blanco, con luces rotas tanto adelante como atrás, detalles particulares que permitieron ubicarlo en cámaras de seguridad y llegar hasta una casa del barrio Luis Piedrabuena donde los presuntos sicarios se alojaron cinco días del ataque.
Sobre ese mismo punto fueron interrogados los comisarios Oscar Sánchez y Antonio Comes. El primero de ellos era jefe de la comisaría Sexta, dependencia donde Guimaraes Da Silva estuvo preso inicialmente y se hizo viral por un video filmado desde su celda, episodio que derivó en el desplazamiento de la cúpula.
Sánchez recordó como jefe de la seccional arribó a la escena del hecho y participó de la primera toma de testimoniales con vecinos del barrio, instancia en la que le comentaron que después de los tiros vieron a dos personas correr del lugar y describieron que “uno era más bajito y el otro más alto”, contexturas que coinciden con los imputados.
Comes, ex jefe de la Dirección Homicidios, por su parte, resaltó que el dato del Fiat Duna blanco fue trascendental. Gracias a la descripción del vehículo, agentes del 911 lograron ubicarlo cruzando la avenida Quaranta en dirección hacia el barrio Luis Piedrabuena, donde tras un seguimiento encubierto descubrieron el momento exacto en que los sospechosos tomaron un taxi en dirección a la terminal.
“Estaban en una casa que era conocida como un búnker por los vecinos. Era un inmueble de dos plantas, semiabandonado”, describió Comes en referencia a la propiedad que pertenecía a Héctor Rodríguez, alias Leche, sindicado como el hombre que hospedó y ejerció como chofer de los presuntos de sicarios con su Fiat Duna.
“Lo seguí en mi auto y en la terminal los identificamos. Ahí quedaron detenidos. El más alto de ellos estaba más nervioso”, recordó Comes sobre la detención de los sospechosos, quienes ya tenían un pasaje rumbo a Santo Tomé para desde ahí regresar a su país.

El debate se realiza en el Tribunal Penal Dos de Posadas.
Cierre y alegatos
Como ocurrió en la primera audiencia, el fiscal Vladimir Glinka y la defensora particular Ramona Gómez acordaron desistir de tres testigos que estaban citados, entre ellos uno de identidad reservada.
Para mañana, en tanto, queda pendiente la recepción de los dos últimos testimonios. Se trata de una pareja que residía en el barrio Yacyretá pero que hoy no comparecieron y a pedido del tribunal se profundizará en la localización de ambos para llevarlos a declarar. Después de ello se dará inicio a la ronda de alegatos.
El debate se realiza en el TP Dos de Posadas, bajo la presidencia del magistrado César Yaya y el acompañamiento de Martín Rau y Gregorio Busse como vocales.
Cristian Díaz fue acribillado en la madrugada del 8 de mayo de 2022. Sus asesinos se presentaron en su kiosco de bebidas y lo ejecutaron de seis balazos. Uno de los proyectiles quedó alojado en su cerebro.
Los imputados admiten su presencia en la escena del hecho, pero niegan el crimen. En una declaración dada en instrucción, Weslley De Olveira Silva sostuvo que ellos fueron a comprar bebidas y en el kiosco había otra persona que abrió fuego contra la víctima.
Si bien no llegó a acreditarse, una hipótesis del caso es que detrás del crimen hay trasfondo vinculado al narcotráfico y que los ciudadanos oriundos de Porto Alegre son asesinos a sueldo que pertenecen a la organización criminal brasileña Bala Na Cara.
Juicio a sicarios: Díaz esquivó el primer disparo y recibió seis en el piso
Judiciales
Juicio a sicarios: Díaz esquivó el primer disparo y recibió seis en el piso
Siete disparos en total. Seis en el cuerpo, uno de ellos en la cabeza de la víctima. Ese fue el “escenario balístico” que esta mañana describieron los peritos de criminalística que intervinieron en la escena del crimen del comerciante Cristian Díaz (34), hecho cometido el 8 de mayo de 2022 en el barrio Yacyretá de Posadas y por el cual hay dos presuntos sicarios brasileños que desde hoy afrontan un debate oral.
Los imputados son Gabriel Junio Guimaraes Da Silva (24) y David Weslley De Olveira Silva (24), quienes están acusados de llegar al kiosco de Díaz como clientes y al ser atendidos abrir fuego sin mediar palabras. Los dos enfrentan cargos por “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
El debate oral comenzó esta mañana en el Tribunal Penal Dos de Posadas, donde los imputados oriundos de Porto Alegre y sospechados de integrar la organización Bala Na Cara, se abstuvieron de declarar y oyeron el avance del proceso conectados a un dispositivo de traducción en tiempo real aportado por la Universidad Católica de las Misiones (Ucamis), en tanto que en una sola contigua también había una perito intérprete siguiendo cada minuto.
Para la fecha había siete testigos citados, aunque el fiscal Vladimir Glinka y la defensora particular Ramona Gómez acordaron desistir de cuatro de ellos para concentrarse únicamente en el “eje en contradicción”.
“Los imputados no niegan su presencia en la escena del hecho, niegan el crimen, entonces decimos avanzar con los testigos que interesan para tratar los puntos que están en discusión”, explicó Glinka ante los magistrados César Yaya -presidente-, Martín Rau y Gregorio Busse.
Bajo esa premisa, los testigos que sí pasaron a declarar fueron un médico y dos Licenciados en Criminalística de la Policía de Misiones, con quienes las partes ahondaron sobre el escenario del crimen, las primeras actuaciones y pericias.

Los brasileños siguen el debate conectados a un dispositivo de traducción en tiempo real.
Acribillado
El testimonio más sustancioso fue dado por el perito Jeremías Serrizuela, quien brindó detalles sobre las evidencias encontradas en el kiosco que Díaz tenía en su casa ubicada en la esquina de las calles 74 y 95, en la chacra 94, en pleno barrio Yacyretá.
Serrizuela precisó que las evidencias recolectadas dieron cuenta de un total de siete disparos, uno de los cuales impactó en un estante del kiosco y los otros seis dieron en el cuerpo de la víctima.
El perito también hizo un análisis de distancias, trayectorias y ubicación de las vainas servidas a partir de lo cual reconstruyó: “El primer tiro fue desde afuera y pegó en un estante. Después, el tirador ingresó el arma por la venta y continuó disparando. La víctima estaba estaba acostada al momento de recibir los seis disparos. Posiblemente se cayó después del primer disparo porque estaba de ojotas y medias en un piso muy resbaladizo. Es decir, se cayó y fue rematado boca arriba”.
Previo a Serrizuela pasó su colega Andrea Strocen Schelske, quien desarrolló sobre las pericias tendientes a dar con residuos de disparos en las prendas incautadas y afirmó que en las dos camperas (una del club Gremio) secuestradas en poder de los detenidos hubo resultados positivos, como así también el automóvil utilizado para llegar y escapar de la escena del crimen.
El médico Nelson Orlando Fernández, por su parte, repasó cada una de las heridas de arma de fuego y precisó que la lesión mortal fue dada por “un proyectil que ingresó por el cuello y quedó alojado en el cerebro”.

Los extranjeros fueron atrapados menos de un día después, cuando estaban a punto de volver a Brasil en colectivo.
La versión de Weslley
Como los dos imputados optaron por no declarar en el inicio del debate, el tribunal solicitó que se de lectura a las declaraciones brindadas en la etapa de instrucción, instancia en la que ambos negaron ser los autores del crimen.
Weslley De Olveira Silva, sindicado como el tirador, contó que en Florianópolis había conocido a una joven argentina con quien luego mantuvo contactos por redes y decidió venir a “visitarla”, aunque decidió no dar el nombre de esa presunta chica para “resguardarla”.
En su relato, señaló que le pidió a su amigo Gabriel que lo acompañe y poco después de llegar a la terminal de Posadas se sentaron en un bar de la zona donde conocieron a una persona de nombre “Yona”, a quien le ayudaron a empujar un auto Fiat Duna con desperfectos.
“Lo ayudamos y le comentamos que buscábamos un lugar donde alojarnos. Ahí él nos invitó a quedarnos en su casa, que solo teníamos que pagarnos nuestra comida”, declaró en aquella oportunidad Weslley.
El brasileño contó que en la casa de ese sujeto se quedaron varios días y casi todas las noches iban al kiosco de Díaz a comprar bebidas. Lo mismo dijo que hicieron ese 8 de mayo de 2022, aunque todo salió mal: “A las 2 fuimos de nuevo porque queríamos seguir bebiendo y al llegar al kiosco había un hombre con capucha y barbijo. El dueño se apareció con un arma y esa otra persona sacó otro arma y empezó a disparar. Nosotros con mi amigo corrimos al auto de Yona y nos escapamos”.
Esa persona que los imputados identifican como Yona sería Héctor Rodríguez, más conocido como Leche, sindicado en la causa como la persona que brindó logística, recursos y hospedaje a los extranjeros, aunque nunca fue localizado.

El tribunal está integrado por los jueces Martín Rau, César Yaya -presidente- y Gregorio Busse.
La trama narco detrás
En el requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscal Patricia Clérici se desliza como hipótesis que los implicados fueron contratados para concretar el crimen de Díaz en represalia a una carga de marihuana que le atribuyen a Leche y que fue incautada por Gendarmería.
Sin embargo, en el mismo documento se aclara que “no hubo elementos que acrediten que Leche era el dueño de la carga, ni que Díaz se dedicara a otra cosa que no sea su kiosco”. Asimismo, señala que tampoco se pudo identificar a un posible “autor intelectual” del crimen.
En contrapartida, lo que sí quedó claro para Clérici es que los imputados actuaron de manera coordinada y agredieron por sorpresa a la víctima, sin darle posibilidad de defensa. Por eso la imputación de “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía”.
El debate continúa mañana con más testigos y podría prolongarse a lo largo de toda la semana.
Sicarios brasileños van a juicio por acribillar a un kiosquero en Posadas
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