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JUDICIALES

La Corte le dijo a Misiones que la prescripción tributaria es de 5 años; no de 10

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Fue en un fallo de la causa “Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones – Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa”. Reafirmó la facultad de la Nación.

POSADAS. La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que “la prescripción de las obligaciones tributarias locales” se rige “por lo estatuido por el Congreso de la Nación para toda la República”, al rechazar el plazo de diez años que está en vigencia en Misiones.

El fallo correspondió a la causa “Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones – Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa”.

El máximo órgano de administración de Justicia atribuyó a las normas superiores lo relativo a plazos, momento de inicio y causales de interrupción o suspensión que se aplican en las obligaciones tributarias locales.

De esa manera, desestimó la postura del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones que había rechazado el planteo de prescripción opuesto por la Provincia y declaró aplicable el plazo de diez años previsto en el artículo 118 del Código Fiscal provincial, entonces vigente.

En su fallo, la Corte determinó que la prescripción “no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho, lo que ha justificado que, en ejercicio de la habilitación conferida al legislador nacional por el art. 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, aquel estableciera un régimen destinado a comprender la generalidad de las acciones susceptibles de extinguirse por esa vía”.

Límite a las Legislaturas

En consecuencia, “las legislaturas locales no se hallaran habilitadas para dictar leyes incompatibles con las previsiones que al respecto contenían los códigos de fondo”, remarcó la Corte con las firmas de Elena Highton de Nolazco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti.

Y añadió que los hechos del caso “no deben ser juzgados a la luz del nuevo Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley, sino de conformidad con la legislación anterior”.

Ello debido a que “no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997. Esto es, que fue constituida y se tornó exigible bajo la vigencia de la ley anterior”.

Además “su determinación de oficio ha sido realizada varios años antes del dictado del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y, que lo mismo ha ocurrido con la decisión final adoptada por la administración, de manera tal que el plazo de prescripción para reclamar el ingreso de aquel tributo, se ha iniciado y ha corrido durante la vigencia del antiguo régimen”.

En dicho tramo, la Corte citó la resolución 2506/02 de la Dirección General de Rentas de Misiones del 18 de diciembre de 2002 y la resolución 183, del 4 de mayo de 2005 del Ministerio de Hacienda, Finanzas Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Misiones.

Disidencia

En disidencia, Rosatti, opinó que las provincias, y obviamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “cuentan con competencia para regular la prescripción de la acción tributaria en toda su extensión; esto es, en cuanto refiere a los poderes del Fisco para reclamar sus tributos (el plazo, la forma de cómputo y las causales de suspensión y/o interrupción) y en lo atinente a la acción de repetición”.

Añadió que “tampoco importa habilitar a las jurisdicciones locales a fijar plazos excesivamente extensos, disponer causales de suspensión o interrupción improcedentes, o habilitar modos de computar los plazos que tiendan a perjudicar a los contribuyentes”.

“Los poderes fiscales provinciales y municipales -tal como ocurre con el nacional- se encuentran sujetos a los principios constitucionales de la tributación y, con particular referencia al caso, al principio de razonabilidad”, puntualizó.

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Eldorado: enviaron al ejecutivo terna de postulantes para juez correccional

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El Consejo de la Magistratura de la provincia de Misiones elevó al Poder Ejecutivo la terna de postulantes para el Juzgado Correccional y de Menores 1 de Eldorado. Son los nombres de los mejores puntajes del concurso 186/20 para ese cargo.

Se trata de Marisa Esther Aquino, Miguel Ángel Fretes y Marcela Andrea Vallejos. Ahora, será el Gobernador Oscar Herrera Ahuad el que elija al nuevo titular del juzgado vacante.

Esta semana se abren dos nuevos concursos. Uno para el Juzgado Civil y Comercial 7 de Posadas, este lunes. Y el miércoles, el otro para el Juzgado de Familia 1, también de la capital provincial, según informó Noticias del 6.

Se utilizará el Salón Eva Perón del Centro de Convenciones y Eventos para el examen, para el que se aplicará nuevamente el sistema virtual: los postulantes estarán en el Parque del Conocimiento y los evaluadores en sus respectivas ciudades (todos fuera de Misiones).

También se abrió la inscripción para el concurso destinado a cubrir el cargo de Juez de Paz de San Javier. Y se fijó fecha para los exámenes para el vacante Juzgado de Instrucción Siete de Posadas: el 14 de agosto será el escrito y el 20 el oral.

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Fue condenado a 4 años de cárcel por amenazar y hostigar a su ex concubina

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Un joven de 25 años oriundo de Buenos Aires pero que radica en barrio Sol de Misiones, de Posadas, fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por violencia física, amenazas y hostigamientos a su ex -con quien tiene un hijo-, además de haber violado las restricciones judiciales de acercamiento que debía cumplir.

El acusado se llama Facundo Fabián Gómez y llegó a la instancia de debate bajo los cargos de cuatro causas acumuladas por desobediencia judicial y violación en domicilio en concurso ideal, desobediencia judicial (dos hechos) y amenaza en concurso real según publicó El Territorio.

Este lunes admitió su culpabilidad en un juicio abreviado, y más allá de la pena que deberá cumplir en la Unidad Penal de Loreto, aceptó someterse de inmediato a un tratamiento psicológico.

El hecho

Gómez el 21 de octubre de 2017 a la medianoche, infringiendo la orden de restricción de acercamiento hacia su ex en su domicilio, llegó al inmueble en estado de ebriedad y comenzó a exigirle a la víctima que saliera. Ingresó al terreno sin permiso e intentó abrir una ventana. Tras esto fue denunciado e imputado por desobediencia judicial y violación de domicilio en concurso ideal.

Luego, el 5 de junio de 2019 infringiendo nuevamente la orden de restricción, se presentó a la sala de nivel inicial donde estaba el hijo de ambos y la golpeó en el rostro. La mujer pidió ayuda en el establecimiento y el sujeto otra vez fue imputado por desobediencia judicial.

Dos días después, asistió a un evento en la escuela de su hijo en el barrio Itaembé Guazú, amenazó a la víctima, la retuvo en contra de su voluntad y se llevó al menor sin decir adónde. Cuando la madre estaba haciendo la denuncia, se presentó en la Comisaría e hizo entrega del pequeño, consta en el expediente.

El hombre estuvo detenido varias semanas y al ser liberado nuevamente fue a la casa de su ex y la amenazó. Ante esto, fue detenido e imputado por desobediencia judicial (dos hechos) y amenazas, que le valieron su estadía en prisión hasta este momento que evitó el juicio oral inclinándose por un juicio abreviado.

Fuente El Territorio

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Deberá reestablecer la obra social que tenía su hijo antes de la pandemia

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La jueza María Alejandra Mora, a cargo del Juzgado de Familia de 1° Nominación de la ciudad de Córdoba, ordenó al padre de un niño con diagnóstico de síndrome de Asperger reincorporar de manera inmediata a su hijo a la obra social a la que estaba afiliado antes del inicio de la pandemia.

Si bien el costo de la obra social del niño siempre había sido asumido por el progenitor, durante la emergencia sanitaria el hombre decidió afiliar al niño a una prestadora más económica mientras mantuvo su afiliación a la prestadora en cuestión.

El Tribunal tuvo presente la doble condición de vulnerabilidad del afectado, ya que se trataba de un niño que tiene una capacidad diversa. La decisión se fundó en normas internacionales que amparan sus derechos (en especial, la Convención de los Derechos del Niño) y en disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, que refieren a la responsabilidad parental.

En su resolución, la magistrada señaló que la modificación de las rutinas del niño podrían ser perjudiciales “atento las características de dicho síndrome, la estabilidad y la confianza que logran con sus terapeutas, acompañantes y profesionales tratantes”.

Por todo ello, concluyó que “el restablecimiento del servicio de salud en la prestadora de origen no admitía dilación alguna y conminó al progenitor a su inmediato restablecimiento, ponderando que la afiliación había sido interrumpida de manera intempestiva, arbitraria e inconsulta”. La decisión fue apelada por el progenitor según publicó La Nueva Mañana pero el recurso fue declarado extemporáneo.

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