Provinciales
Denuncian que la Policía dejó seguir viaje a ómnibus de Crucero sin documentación
“Me bajo porque el ómnibus no tenía nada en regla; el chofer no tenía el carnet habilitado y el micro no tenía nada para continuar un viaje seguro”, dijo la pasajera denunciante.
POSADAS. La Policía de Misiones constató que un ómnibus de la empresa Crucero del Norte no contaba con la documentación correspondiente, pero permitió que continuara su viaje, denunció una pasajera que se trasladaba de Puerto Iguazú a Santa Fe.
El incidente fue divulgado por Rocío Soledad Rodríguez, quien afirmó que había radicado la denuncia correspondiente ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), comprometiéndose a trasladar al caso a otros niveles.
A través de Facebook la pasajera dijo que el pasado 4 de este mes, “a las 8 de la mañana debería haber embarcado en un micro desde Puerto Iguazú para poder llegar a Santa Fe, Capital, (pero) el micro llegó a la terminal con 20 minutos de demora, sólo abordamos el micro dos pasajeras”.
Posteriormente “nos suben con las valijas (que no van) a bodega; un solo chofer (sin asistente) que nos dice que tenemos que ir al galpón de la empresa a cambiar de micro, (pero) a escasos 100 metros de los galpones de dicha empresa el micro queda clavado en un badén”. (Foto).
“Tras varios intentos del chofer por desatascar el micro, decide bajarse del dejándolo en marcha y con nosotras adentro (sin poder salir) por unos 25 minutos” y luego regresa “y tras varios intentos logra destrabar el colectivo del badén”.
El relato de la pasajera continúa señalando: “Entramos a los galpones de Crucero del Norte, nos piden a las únicas dos pasajeras que bajemos y que cambiemos de micro. Cuando estamos subiendo a la nueva unidad, el chofer (siempre solo para un viaje de más de 12 horas) pide explicaciones de cómo se maneja ese micro”.
A 100 kph por el Parque
Como toda respuesta, al conductor le dijeron: “‘es igual que el otro, métele para que vas atrasado y vamos a tener problemas’”. Al salir del galón “cruza el semáforo en rojo y sale de Iguazú atravesando el Parque Nacional a 100 kilómetros por horas”.
Frente a la velocidad alcanzada, escribió la pasajera que se acercó “al chofer y le pido que baje la velocidad ya que atravesábamos un área protegida, a lo cual me dice que iba demorado y que me sentara hasta que lleguemos a destino”.
A raíz del cariz que tomaba la situación, “desde el micro llamo a la Comisión Nacional de Transporte para denunciar todas las irregularidades hasta el momento”, señaló Rodríguez, pero “al ver que no desaceleraba, le exijo que parara en el puesto de policía provincial”.
Puntualizó que el conductor se negó “y me dice que su obligación era llegar a destino. Le digo que si no frena lo hago parar por Gendarmería, y tras esta amenaza para en el puesto”, añadió, ocasión en que los agentes de Seguridad Vial solicitaron los documentos reglamentarios.
“El chofer del micro sólo tenía carnet para conducir camiones; el micro no tenía la VTV, no contaba con la cédula verde y tampoco con el certificado de la CNRT”, pero “tanto la Policía de Misiones como Seguridad Vial dejaron continuar al micro”, puntualizó.
Es más, la pasajera dijo que le pidieron su pasaje “que nunca me devolvieron y pretendían que le firme al chofer que yo me bajaba del micro por voluntad propia”. Ante esto, les respondió entonces: “No señores. Me bajo del micro porque no tenía nada en regla, el chofer no tenía carnet habilitado y el micro no contaba con nada como para continuar con un viaje seguro”
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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