Judiciales
Inspección ocular coincide con testimonios que ubican a Golemba en comisaría
La primera -de varias- jornadas de trabajo en el marco de los procedimientos ejecutados en la reactivación de la búsqueda de Mario Fabián Golemba culminó con un resultado sobresaliente: y es que la inspección realizada en el predio de la Comisaría de Dos de Mayo ratificó la descripción del lugar brindada por los testigos del expediente que ubicaron al hombre desaparecido en esa seccional.
Si bien todas las expectativas estaban centradas en el resultado de las primeras labores de remoción de tierra y excavaciones practicadas en el lugar, las fuentes consultadas por La Voz de Misiones señalaron que la inspección del predio arrojó conclusiones que acrecientan la veracidad de los testimonios que ubican a Golemba detenido en la Comisaría de Dos de Mayo y que, de cierto modo, fueron los disparadores de estos nuevos procedimientos ordenados por el Juzgado Federal de Posadas, que desde el año pasado investiga el caso como “desaparición forzada de persona”, un delito imprescriptible y considerado de lesa humanidad.
“Para nosotros este ha sido un día trascendental, porque después del impulso dado por la querella en esta causa y el avance de la investigación hoy -por el miércoles- se pudieron ordenar estos procedimientos en busca de los restos de Mario Golemba, que es lo que la familia está pidiendo hace muchos años. En la causa federal se ha avanzando como nunca antes”, explicó el letrado y diputado provincial Rafael Pereyra Pigerl, que encabeza la querella en representación de la familia del muchacho cuyo paradero se desconoce desde el 27 de marzo de 2008.
Fue Pereyra Pigerl quien señaló la importancia de la inspección ocular realizada en el predio de la seccional. “La inspección fue importante porque nos permitió constatar que la descripción dada por los testigos que ubican a Mario en ese lugar tienen sustento. Todo esto según la visión nuestra, de la querella”, agregó el letrado en diálogo con LVM el miércoles a la noche, una vez culminado el primer día de trabajo en la zona.
Si bien por la delicadeza de la investigación y a fin de no obstruir el avance de las labores no se precisaron mayores detalles, las fuentes consultadas por este medio sí adelantaron que los procedimientos en la zona continuarán y que habrán más allanamientos y/o requisas en otros puntos de la localidad para tratar de reconstruir todo lo recolectado en el expediente.
Pereyra Pigerl trazó un paralelismo entre las labores iniciadas hoy con los procesos de los Juicios por la Verdad, donde se buscaba establecer el paradero de los desaparecidos durante la última dictadura militar como obligación del Estado argentino para con los familiares de las víctimas, aunque claramente destacó que ahora todo esto también se traducirá en material penal, es decir, en la búsqueda y determinación de responsables. “Es importante saber dónde está Mario, pero también qué pasó y avanzar penalmente”, afirmó.
El letrado precisó que en la jornada de miércoles se realizaron las primeras excavaciones en el predio de la comisaría y la pericia culminó ayer sin mayores resultados, pero valoró el imponente despliegue realizado por una multiplicidad de agentes de diversas fuerzas federales y organismos del Estado.
“Acá se trabajó con canes entrenados en el rastreo de restos humanos, antropólogos, geólogos y hasta hubo buzos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) listos para intervenir en casos de que haya que adentrarse en pozos de agua o pozos ciegos. El trabajo que se está haciendo es impresionante y hay que valorarlo”, señaló, al tiempo que también ponderó a la Policía de Misiones y al Ministerio de Gobierno de la provincia para ponerse a disposición de los agentes intervinientes y no entorpecer ninguna actividad vinculada a la investigación.
Tras trece años con nulos avances bajo la órbita de la Justicia provincial, desde junio de 2021 la causa está en manos de la Justicia Federal y se investiga como “desaparición forzada de persona” tras el impulso efectuado por la querella que representa a la familia del muchacho desaparecido que hoy debería tener 41 años.
El expediente es instruido por la magistrada Verónica Skanata, del Juzgado Federal de Posadas e interviene la fiscal Silvina Gutiérrez, de la Fiscalía Federal Dos de la misma ciudad.
En los procedimientos también participan efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y de la Policía Federal Argentina (PFA), como así también personal de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin); de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic) -dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación-; del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) -del Ministerio de Seguridad de la Nación-; y especialistas del prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense, quienes intervinieron en la búsqueda de desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina y en la masacra de Ayotzinapa, en México.
El caso
Mario Golemba fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008. Ese día, el joven de 27 años en aquel entonces, salió de su casa en Picada Indumar -Dos de Mayo- con dirección hacia Oberá para asistir a una consulta médica con una nutricionista porque quería aumentar de peso para su boda.
La reconstrucción indica que el muchacho llegó a la consulta y esa nutricionista fue la última persona, comprobada fehacientemente, que vio con vida al agricultor. Cerca de las 15 de ese mismo día Golemba mandó un mensaje a su familia avisando que volvería más tarde, pero eso nunca sucedió y nada más se supo de él desde ese momento.
A partir de ahí se tejieron innumerables hipótesis, desde un suicidio hasta la posibilidad de que el joven se haya ido del país por voluntad propia. Sin embargo, nada de eso tenía sentido para la familia. Mario ansiaba casarse, soñaba con ir a estudiar Historia. Es decir, tenía muchos planes por delante.
Fue en 2009 a comienzos de 2009 cuando dos detenidos se entrevistaron con el padre de Mario y aportaron un testimonio que apuntaba hacia lo peor.
Los dos detenidos relataron que ese 27 de marzo de 2008, mientras estaban presos en la Comisaría de Dos de Mayo, vieron cuando los efectivos de esa dependencia policial tenían a Mario esposado en el lugar. Sus testimonios fueron tan fuertes como coincidentes: ambos recordaron haber oído que golpeaban a Mario y que él repetía una y otra vez que no había hecho nada.
La declaración de los dos presos culmina cuando aseguran que después de los golpes oyeron que el joven que ellos identificaron como Mario Golemba fue subido a un patrullero y llevado a otro lugar con destino incierto.
En mayo de 2010, en tanto, se realizaron excavaciones en un ex destacamento de la comisaría local, pero el resultado fue negativo.
Desde ese momento la causa no registró avances, hasta que a mediados de 2021 la querella logró que el expediente sea remitido a la Justicia Federal y que el caso sea investigado como “desaparición forzada de persona”.
Ahí la investigación se reactivó, se volvieron a recolectar elementos de prueba y dos testigos de identidad reservada declararon haber visto a Golemba detenido en la comisaría, donde lo habrían golpeado.
“El Juzgado de Instrucción Nº1 de Oberá investigó la desaparición de Golemba, pero no logró esclarecer qué ocurrió con él. Testigos de identidad reservada declararon ante la justicia provincial y federal que Mario estuvo detenido en la comisaria de Dos de Mayo -de la Policía de la Provincia de Misiones- donde lo habrían golpeado”, consignó ayer el Ministerio Público Fiscal de la Nación en su web oficial.

Irma Komka y Eliezer Golemba, madre y hermano de Mario -respectivamente- junto al abogado querellante Rafael Pereyra Pigerl.

Mario Golemba está desaparecido desde el 27 de marzo de 2008. Se ofrecen $1,5 de recompensa para quien aporte información de su paradero.
Judiciales
Oberá: 14 y 16 años de prisión para acusados de matar a golpes a un indigente
El Tribunal Penal Uno de Oberá resolvió condenar a penas de 14 y 16 años de prisión a los dos jóvenes acusados de matar a golpes a un hombre en situación de calle durante un hecho registrado en agosto de 2024.
La sentencia impartida por los magistrados Horacio Paniagua, David Milicich y Graciela Heppner (subrogante) coincidió plenamente con el pedido efectuado minutos antes por el fiscal Juan Pablo Fernández Rissi durante la ronda de alegatos.
En su exposición, el fiscal calificó que los acusados actuaron con una “violencia irrefrenable contra la humanidad de la víctima” y entendió que ambos debían ser condenados.
El pedido fue formulado a media mañana, durante el inicio de la ronda de alegatos, desarrollada luego de la etapa de incorporación de pruebas en la que declararon una decena de testigos del hecho ocurrido el 21 de agosto de 2024 en perjuicio de Miguel Ángel García (55).
Fernández Rissi consideró acreditado el hecho y también la coautoría de los imputados Franco Ezequiel Paz (25) y Sergio Fabián Valenzuela (36) en el delito de “homicidio simple”.
“Sometimiento sin defensa”
El fiscal reconstruyó que ese 21 de agosto, a las 3 de la madrugada, García, que estaba en situación de calle, dormía frente a la sede de Rentas en Oberá, donde se encontraba junto a otras personas hasta que fue abordado y atacado por los acusados.
Según sus palabras, los imputados “propinaron una brutal agresión con golpes de puño y patadas y también con un elemento contundente tipo palo, provocando severísimas lesiones en la cabeza” de la víctima.
Se apoyó en el testimonio de los demás presentes en el lugar del hecho para afirmar que “la víctima estaba acostada, en estado de indefensión” y que “el ataque se prolongó durante varios minutos en los cuales anularon la defensa que pudieran intentar las personas que estaban con García”.
“Esto fue un homicidio doloso. Hubo un sometimiento sin defensa. Hubo dolo de golpear indiscriminadamente, en zonas vitales y sin detenerse por voluntad propia”, resumió Fernández Rissi.
En ese marco, pidió que ambos imputados sean condenados por homicidio simple. Para Paz pidió 14 años de prisión, mientras que para Valenzuela pidió 16 en virtud de registrar antecedentes condenatorios.
Filmaciones
El defensor oficial Matías Olivera, en tanto, cuestionó que durante la instrucción no se ordenaron las medidas suficientes para recabar filmaciones de cámaras de seguridad que pudieran dar certezas sobre lo ocurrido y alegó que esa situación vulneró el derecho de defensa de sus pupilos.
Olivera sostuvo que sus defendidos no niegan su presencia en el lugar del hecho, aunque consideró que no se pudo acreditar qué golpe fue causante de la fractura de cráneo en la víctima, como así tampoco quién fue el autor de dicha agresión.
“A lo mejor el golpe con el palo lo dio otro en medio del tumulto con las otras personas estaban en el lugar”, estimó Olivera.
En ese marco, solicitó que sus defendidos sean condenados a penas de 2 y 3 años como autores del delito de “lesiones graves en riña” y no por homicidio al considerar que García tuvo posibilidad de “sobrevida”.
Oberá: arranca el juicio a dos acusados de matar a golpes a un indigente
Judiciales
Oberá: arranca el juicio a dos acusados de matar a golpes a un indigente
Este martes, desde las 8.30, el Tribunal Penal Uno de Oberá juzgará a los dos jóvenes acusados de propinar una golpiza que derivó en la muerte de un hombre en situación de calle.
El hecho ocurrió durante la madrugada del 21 de agosto de 2024 y la víctima fue identificada como Miguel Ángel García (55), un hombre que solía pasar las noches en el edificio de Rentas, ubicada sobre la avenida Sarmiento, entre calles Erasmie y 12 de Octubre de Oberá.
En ese lugar, aproximadamente a las 3 de la madrugada de aquel día, fue atacado a golpes de puños y patadas por dos jóvenes que más tarde fueron identificados como Franco Ezequiel Paz y Sergio Fabián Valenzuela, quienes finalmente fueron detenidos y ahora enfrentarán debate oral.
Como consecuencia de los golpes, García sufrió lesiones gravísimas y una semana después murió en el hospital con cuadro de hemorragia intracraneal.
Los dos acusados están imputados por el delito de “homicidio simple”, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. Uno de ellos arrastra en su prontuario una condena anterior por robo calificado. Hay nueve testigos citados a declarar.
El tribunal encargado de llevar adelante el proceso estará integrado por los magistrados Horacio Paniagua, David Milicich y Graciela Heppner (subrogante). En la fiscalía intervendrá Juan Pablo Fernández Rissi, en tanto que como defensor oficial estará Matías Olivera, que aguarda acuerdo legislativo para ser designado como juez del mismo organismo.
Judiciales
Imputado por muerte del gendarme Barreto pidió perdón: “No quise hacer daño”
“Nunca quise hacer daño, fue un accidente y quiero pedir disculpas a la familia”, expresó esta mañana Rodrigo Dias Da Silva (27) en el inicio del juicio oral donde se determinará su responsabilidad por chocar y matar al gendarme Chato Barreto a bordo de una camioneta repleta de cigarrillos de contrabando dos años atrás en Santa Ana.
Da Silva llegó a esta instancia detenido y así continuará debido a que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, presidido por la magistrada Ruth María Ponce de León e integrado por Gustavo Cardozo y Enrique Bosch (subrogante), prorrogó su prisión preventiva.
En la audiencia de hoy se leyó el auto de elevación a juicio del expediente, se resolvieron cuestiones preliminares planteadas por las partes y el tribunal le dio al imputada la posibilidad de declarar. Da Silva rechazó la oportunidad, aunque si aprovechó para dar unas palabras.
“Durante mucho tiempo se habló mucho de mí, pero no soy malo. Sé que el cigarrillo no es un delito mayor, yo nunca tuve quise hacer daño, lo que hice fue un accidente, fue todo muy rápido y salió mal”, expresó el joven oriundo de Oberá, aunque con domicilio en San Vicente ante el tribunal.
Y, entre lágrimas, pidió perdón: “Quiero pedirle disculpas a la familia y mis condolencias. Nunca, jamás, quise hacer daño”.
El debate oral continuará el próximo lunes con la declaración de los primeros testigos citados. En la fiscalía interviene Pablo Di Loreto, en tanto que también abogadas representantes de Defensorías Públicas de Víctimas, mientras que Da Silva es defendido por el letrado particular Carlos Luis Ferreyra.

Dias Da Silva no declaró y solo se limitó a expresar disculpas por el hecho.
Fuga, choque y muerte
El hecho que se ventila en debate ocurrió hace exactamente dos años, sobre la ruta provincial 103, poco después del ingreso al Parque Temático de la Cruz de Santa Ana.
Robert David “Chato” Barreto (31) era uno de los gendarmes apostados sobre la ruta cuando Da Silva embistió el control vehicular a toda velocidad.
Según la reconstrucción del hecho, Barreto estaba apostado sobre la doble línea amarilla de la ruta, al lado de un cono vial, y al ver que la camioneta Volkswagen Amarok avanzaba en contramano corrió hacia la banquina para resguardarse.
En esas circunstancias, fue embestido, quedó tendido sobre el capot y fue arrastrado varios metros hasta que se produjo el despiste de la camioneta y fue despedido violentamente.
El gendarme atropellado quedó severamente herido al costado de la ruta y alcanzó a ser asistido, aunque falleció horas después en el hospital.
La camioneta que era conducida por Da Silva tenía pedido de secuestro por robo en la ciudad bonaerense de Quilmes y en su interior transportaba 20.000 paquetes de cigarrillos Eight valuados en más de 22 millones de pesos.
Contrabandista que chocó y mató a un gendarme irá a juicio el lunes
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