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Inspección ocular coincide con testimonios que ubican a Golemba en comisaría

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La primera -de varias- jornadas de trabajo en el marco de los procedimientos ejecutados en la reactivación de la búsqueda de Mario Fabián Golemba culminó con un resultado sobresaliente: y es que la inspección realizada en el predio de la Comisaría de Dos de Mayo ratificó la descripción del lugar brindada por los testigos del expediente que ubicaron al hombre desaparecido en esa seccional.

Si bien todas las expectativas estaban centradas en el resultado de las primeras labores de remoción de tierra y excavaciones practicadas en el lugar, las fuentes consultadas por La Voz de Misiones señalaron que la inspección del predio arrojó conclusiones que acrecientan la veracidad de los testimonios que ubican a Golemba detenido en la Comisaría de Dos de Mayo y que, de cierto modo, fueron los disparadores de estos nuevos procedimientos ordenados por el Juzgado Federal de Posadas, que desde el año pasado investiga el caso como “desaparición forzada de persona”, un delito imprescriptible y considerado de lesa humanidad.

“Para nosotros este ha sido un día trascendental, porque después del impulso dado por la querella en esta causa y el avance de la investigación hoy -por el miércoles- se pudieron ordenar estos procedimientos en busca de los restos de Mario Golemba, que es lo que la familia está pidiendo hace muchos años. En la causa federal se ha avanzando como nunca antes”, explicó el letrado y diputado provincial Rafael Pereyra Pigerl, que encabeza la querella en representación de la familia del muchacho cuyo paradero se desconoce desde el 27 de marzo de 2008.

Fue Pereyra Pigerl quien señaló la importancia de la inspección ocular realizada en el predio de la seccional. “La inspección fue importante porque nos permitió constatar que la descripción dada por los testigos que ubican a Mario en ese lugar tienen sustento. Todo esto según la visión nuestra, de la querella”, agregó el letrado en diálogo con LVM el miércoles a la noche, una vez culminado el primer día de trabajo en la zona.

Si bien por la delicadeza de la investigación y a fin de no obstruir el avance de las labores no se precisaron mayores detalles, las fuentes consultadas por este medio sí adelantaron que los procedimientos en la zona continuarán y que habrán más allanamientos y/o requisas en otros puntos de la localidad para tratar de reconstruir todo lo recolectado en el expediente.

Pereyra Pigerl trazó un paralelismo entre las labores iniciadas hoy con los procesos de los Juicios por la Verdad, donde se buscaba establecer el paradero de los desaparecidos durante la última dictadura militar como obligación del Estado argentino para con los familiares de las víctimas, aunque claramente destacó que ahora todo esto también se traducirá en material penal, es decir, en la búsqueda y determinación de responsables. “Es importante saber dónde está Mario, pero también qué pasó y avanzar penalmente”, afirmó.

El letrado precisó que en la jornada de miércoles se realizaron las primeras excavaciones en el predio de la comisaría  y la pericia culminó ayer sin mayores resultados, pero valoró el imponente despliegue realizado por una multiplicidad de agentes de diversas fuerzas federales y organismos del Estado.

“Acá se trabajó con canes entrenados en el rastreo de restos humanos, antropólogos, geólogos y hasta hubo buzos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) listos para intervenir en casos de que haya que adentrarse en pozos de agua o pozos ciegos. El trabajo que se está haciendo es impresionante y hay que valorarlo”, señaló, al tiempo que también ponderó a la Policía de Misiones y al Ministerio de Gobierno de la provincia para ponerse a disposición de los agentes intervinientes y no entorpecer ninguna actividad vinculada a la investigación.

Tras trece años con nulos avances bajo la órbita de la Justicia provincial, desde junio de 2021 la causa está en manos de la Justicia Federal y se investiga como “desaparición forzada de persona” tras el impulso efectuado por la querella que representa a la familia del muchacho desaparecido que hoy debería tener 41 años.

El expediente es instruido por la magistrada Verónica Skanata, del Juzgado Federal de Posadas e interviene la fiscal Silvina Gutiérrez, de la Fiscalía Federal Dos de la misma ciudad.

En los procedimientos también participan efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y de la Policía Federal Argentina (PFA), como así también personal de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin); de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic) -dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación-; del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) -del Ministerio de Seguridad de la Nación-; y especialistas del prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense, quienes intervinieron en la búsqueda de desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina y en la masacra de Ayotzinapa, en México.

El caso

Mario Golemba fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008. Ese día, el joven de 27 años en aquel entonces, salió de su casa en Picada Indumar -Dos de Mayo- con dirección hacia Oberá para asistir a una consulta médica con una nutricionista porque quería aumentar de peso para su boda.

La reconstrucción indica que el muchacho llegó a la consulta y esa nutricionista fue la última persona, comprobada fehacientemente, que vio con vida al agricultor. Cerca de las 15 de ese mismo día Golemba mandó un mensaje a su familia avisando que volvería más tarde, pero eso nunca sucedió y nada más se supo de él desde ese momento.

A partir de ahí se tejieron innumerables hipótesis, desde un suicidio hasta la posibilidad de que el joven se haya ido del país por voluntad propia. Sin embargo, nada de eso tenía sentido para la familia. Mario ansiaba casarse, soñaba con ir a estudiar Historia. Es decir, tenía muchos planes por delante.

Fue en 2009 a comienzos de 2009 cuando dos detenidos se entrevistaron con el padre de Mario y aportaron un testimonio que apuntaba hacia lo peor.

Los dos detenidos relataron que ese 27 de marzo de 2008, mientras estaban presos en la Comisaría de Dos de Mayo, vieron cuando los efectivos de esa dependencia policial tenían a Mario esposado en el lugar. Sus testimonios fueron tan fuertes como coincidentes: ambos recordaron haber oído que golpeaban a Mario y que él repetía una y otra vez que no había hecho nada.

La declaración de los dos presos culmina cuando aseguran que después de los golpes oyeron que el joven que ellos identificaron como Mario Golemba fue subido a un patrullero y llevado a otro lugar con destino incierto.

En mayo de 2010, en tanto, se realizaron excavaciones en un ex destacamento de la comisaría local, pero el resultado fue negativo.

Desde ese momento la causa no registró avances, hasta que a mediados de 2021 la querella logró que el expediente sea remitido a la Justicia Federal y que el caso sea investigado como “desaparición forzada de persona”.

Ahí la investigación se reactivó, se volvieron a recolectar elementos de prueba y dos testigos de identidad reservada declararon haber visto a Golemba detenido en la comisaría, donde lo habrían golpeado.

“El Juzgado de Instrucción Nº1 de Oberá investigó la desaparición de Golemba, pero no logró esclarecer qué ocurrió con él. Testigos de identidad reservada declararon ante la justicia provincial y federal que Mario estuvo detenido en la comisaria de Dos de Mayo -de la Policía de la Provincia de Misiones- donde lo habrían golpeado”, consignó ayer el  Ministerio Público Fiscal de la Nación en su web oficial. 

 

Irma Komka y Eliezer Golemba, madre y hermano de Mario -respectivamente- junto al abogado querellante Rafael Pereyra Pigerl.

Mario Golemba está desaparecido desde el 27 de marzo de 2008. Se ofrecen $1,5 de recompensa para quien aporte información de su paradero.

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Crimen de Wiebel: su ex suegro se abstuvo y fue imputado por homicidio

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crimen wiebel

Ángel Ramón Zalazar (82) compareció este martes ante la Justicia, se abstuvo de declarar y fue formalmente imputado por el asesinato de su ex yerno Alfredo Wiebel (48), empresario y piloto de carreras ultimado de cinco balazos en la mañana del 11 de septiembre en Puerto Iguazú.

La audiencia se realizó esta mañana y para ello el implicado debió ser traslado desde el hospital Samic de la Ciudad de las Cataratas hacia Eldorado, donde lo esperaban para indagatoria en el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado César Lirussi.

En esa instancia, el hombre decidió guardar silencio y tras ser notificado de los elementos de prueba en su contra fue formalmente imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificación provisoria que podría modificarse conforme avance la investigación.

Por disposición judicial, Zalazar quedó internado con custodia policial en el hospital Gardés de Eldorado, medida que se mantendrá hasta tanto se resuelva entre un pedido de prisión domiciliaria o un traslado hacia una unidad carcelaria preparada para pacientes de su condición.

Testimoniales y querella

Los instructores de la causa pudieron avanzar con la indagatoria luego de recibir un informe de la junta médica que evaluó a Zalazar, cuyos resultados arrojaron dos conclusiones clave: una es que el hombre comprende la criminalidad de sus actos y la otra es que en su cuadro de salud general no se observan patologías que pongan en riesgo su vida, siempre y cuando continúe recibiendo la asistencia médica.

En paralelo, la causa continuará avanzando con la toma de testimoniales y los primeros en declarar serán los albañiles que ese 11 de septiembre a la mañana observaron la secuencia entera del ataque ocurrido en una obra en construcción ubicada sobre la avenida República Argentina, casi Pancho Ramírez, de Iguazú.

Al expediente, además, ya se incorporó la familia de la víctima en carácter de querellante particular bajo la representación del letrado Walter Quintana, quienes de esta forma podrán participar activamente en el caso.

Madre del piloto Wiebel: “No voy a permitir que se desdibuje la verdad”

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Admitió haber matado a machetazos a su vecina y firmó un abreviado por perpetua

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machetazos vecina

Casi cuatro años después del hecho, el hombre acusado de asesinar a machetazos a su vecina Rosula Concepción Benitez Garcete (73) admitió su culpabilidad y aceptó ser condenado a prisión perpetua.

Se trata de Héctor Raúl Fernández (33), quien esta mañana debía sentarse en el banquillo de los acusados del Tribunal Penal Uno de Eldorado para enfrentar un debate oral como autor del delito de “amenazas calificadas por el uso de arma blanca y homicidio calificado por alevosía en concurso real”.

Sin embargo, horas antes tomó otra decisión y finalmente decidió admitir su responsabilidad en el hecho, aceptando la pena de prisión perpetua. El acuerdo fue alcanzado entre el imputado, su defensa y la fiscalía, lo cual ahora debe ser homologado por los magistrados del tribunal para transformarse en sentencia.

El hecho que Fernández confesó ocurrió el 5 de noviembre de 2022, en el paraje Aguaray Guazú de Puerto Esperanza, donde atacó a machetazos a su vecina Benítez Garcete, de 73 años y no vidente.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del magistrado Martín Brites, aquella tarde Fernández se dirigió a la casa de sus vecinos y con un machete en manos amenazó de muerte al esposo de Benítez Garcete.

En esas circunstancias, apareció el padre de Fernández, que lo retiró del lugar, pero minutos más tarde el imputado regresó a la casa de sus vecinos, donde la mujer se encontraba sola debido a que su esposo se había dirigido a la comisaría para radicar la denuncia del primer suceso.

Allí Benítez Garcete fue atacada a machetazos y falleció tras más de una semana internada en terapia intensiva como consecuencia de las graves lesiones sufridas, principalmente en la cabeza.

Las pericias del caso revelaron que el homicida registraba 2,5 gramos de alcohol en sangre y bajo ese estado pretendió ser declarado inimputable, aunque los planteos tuvieron respuesta negativa.

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Compañeros de Barreto reconstruyeron la fuga y colisión que provocó su muerte

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El juicio contra Rodrigo Dias Da Silva (27), imputado por chocar y matar al gendarme Robert David “Chato” Barreto (31) a bordo de una camioneta repleta de cigarrillos de contrabando, continuó esta mañana con la declaración de cuatro camaradas de la víctima, quienes relataron de qué manera sucedieron los hechos durante aquella tarde del 14 de septiembre de 2024 sobre la ruta provincial 103.

Ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, presidido por la magistrada Ruth María Ponce de León e integrado por sus pares Gustavo Cardozo y Enrique Bosch (subrogante), los cuatro testigos citados coincidieron en que el implicado hizo caso omiso al control dispuesto y en medio de la huida arrolló a Barreto, que murió minutos después de su traslado a un centro asistencial.

El primero en declarar fue el sargento primero Eduardo Corro, encargado de la patrulla que aquel día se instaló sobre ruta provincial 103, poco después del acceso al Parque Temático de la Cruz de Santa Ana para efectuar un control preventivo.

El uniformado se apoyó en un croquis para describir de qué manera se instaló en el control. Contó que en total eran cinco efectivos y describió que tenían cinco conos distribuidos sobre el asfalto y que cada uno de ellos contaba con chaleco refractario, además de contar con una camioneta Agrale Marrua de la institución al costado de la arteria.

“El primer cono estaba a 250 metros del puesto de control y el segundo cono estaba a 150 metros. Yo estaba ahí. Mi función era la de encausar el tránsito”, detalló Corro, que a la vez describió que “el clima estaba despejado, óptimo, con una buena visibilidad”.

Sobre el hecho, narró que “la camioneta hizo caso omiso a mis señales y cuando llegó hasta mí me hice a un lado. Cuando me pasó escuché que aceleró más y de ahí ya no pude ver mucho más, solo veía la parte de atrás de la camioneta. La camioneta perdió el control, se fue hacia la banquina y volcó”.

El sargento primero Eduardo Corro hizo un croquis y se quebró al recordar a su camarada.

Corro aseguró que en primera instancia no notó que la Amarok haya atropellado a su compañero y recién lo advirtió minutos después. “Me acerco y veo a una persona adentro de la camioneta y bultos con cigarrillo. Después busco a mi gente y no encontraba a Barreto. Él estaba más allá, en el suelo, tirado en posición fetal, semi cubierto por pastura y tierra. Fue inevitable quebrarme”, recordó.

Tanto el sargento primero como los otros tres gendarmes que declararon después coincidieron en la misma secuencia. Además, todos negaron haber contado con “clavos miguelitos” e indicaron que ninguno escuchó ruido de “frenadas” previo al impacto mortal.

El debate continuará el próximo 5 de octubre, a partir de las 8.30. En el proceso interviene el fiscal Pablo Di Loreto, mientras que el acusado es representado por el abogado particular Carlos Luis Ferreyra.

Da Silva está imputado por “encubrimiento de contrabando, resistencia a la autoridad y homicidio doblemente calificado cometido a un miembro de la fuerza de seguridad para procurar la impunidad, en concurso ideal”. En la primera audiencia pidió perdón y alegó que nunca quiso “hacer daño”.

Imputado por muerte del gendarme Barreto pidió perdón: “No quise hacer daño”

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