Judiciales
El juicio de Horacelia ingresa a su etapa final y el jueves son los alegatos
Ocho testigos completaron hoy la quinta audiencia del juicio oral por el femicidio de Horacelia Marasca (16) y otros tres cerrarán mañana la etapa de testimoniales para dar paso a la ronda de alegatos el jueves, tras lo cual se definirá el futuro del único imputado, Martín Fernando Monzón (39), ex pareja de la víctima, quien enfrenta una acusación que prevé prisión perpetua.
Los testigos de hoy fueron, en su mayoría, ex compañeros de trabajo de Monzón, quienes describieron el perfil del acusado en el ámbito laboral. “Trabajador y tranquilo”, fueron las palabras elegidas por varios.
Uno de ellos fue Oscar Rivero, ex jefe de Monzón, quien recordó haber visto a Horacelia algunas veces cuando el acusado la llevaba a su lugar de trabajo y describió a la adolescente como “agresiva”.
“En una oportunidad le dije (a Monzón) que no la lleve más a la oficina porque ella era agresiva. Una vez le arrojó una olla con comida caliente por la cara a él. Recuerdo que yo le dije que era menor e iba a tener problemas con eso. Por la fisonomía ya me di cuenta de ella era menor”, recordó Rivero ante el Tribunal Penal Dos de Posadas, donde se desarrolla el debate que comenzó el miércoles pasado.
A su turno, también declararon dos vecinas que residían en departamentos lindantes al de Horacelia y ambas señalaron que una oportunidad vieron a la adolescente quemando ropa interior, aunque no agregaron mucho más sobre la cuestión en debate.
El último en declarar fue Julio Ferrer, un ex policía que también vive en Villa Cabello y conoce a Monzón desde jóvenes.
“Una vez Horacelia fue a pedirme colaboración con alimentos porque no tenía para comer. Otra vez vino él y me pidió ayuda porque tenía sangre en el oído y dijo que ella le había agredido. El golpe no vi, no sé si se lo dio ella o no, pero le vi sangre seca en el oído. Ahí le dije que vaya a la comisaría. Ellos se denunciaban y luego levantaban las denuncias”, expresó.
Tras su testimonio, el tribunal dio un cuarto intermedio hasta mañana a las 9 para recolectar las últimas declaraciones y, de no mediar imponderables o surgir planteos de último momento, cerrar la etapa de incorporación de pruebas. Si todo transcurre tal lo previsto, el jueves será el momento de la ronda de alegatos.
En esa instancia, el primero en exponer sus conclusiones finales será el fiscal Vladimir Glinka, quien ya adelantó que utilizará un muñeco de RCP para recrear el hecho y luego será el turno del defensor oficial Miguel Ángel Varela.
Concluido los alegatos, el tribunal presidido por el magistrado César Yaya e integrado por Gregorio Busse y Fernando Verón (subrogante) definirá el momento del dictado de la sentencia. Podría ser ese mismo día o el viernes.
Monzón está acusado por el delito de homicidio agravado por el vínculo, que prevé una pena de prisión perpetua.
El debate oral es presidido por el magistrado César Yaya, del Tribunal Penal Dos de Posadas.
Las últimas horas de Horacelia
Según lo reconstruido, el femicidio de Horacelia se registró en la noche del 16 de agosto, entre las 21.30 y las 23, dentro del departamento 3 de la planta baja del edificio A, de la chacra 150 de Villa Cabello, donde la pareja residía desde hace unos pocos meses antes.
La hipótesis acusatoria plasmada en la elevación a juicio de la causa sostiene que la discusión se originó por una relación paralela de la adolescente, tras lo cual se inició una pelea, en la cual Horacelia recibió tres golpes, uno en la cara, que le provocó el desprendimiento de tres piezas dentarias, y tres puñaladas con un cuchillo tipo carnicero, una de 14 centímetros de profundidad, que le perforó el corazón y llegó hasta una vértebra.
Peritos forenses que declararon en el juicio sostuvieron que las lesiones que presentaba Horacelia fueron de características “vitales”, es decir que fueron producidas cuando la joven aún estaba con vida, y una vecina recordó haber oído gritos, llantos y pedidos de auxilio durante la noche del hecho.
Luego del crimen, la víctima fue desmembrada en cinco partes, puestas en bolsas de consorcio y descartada en distintos puntos del barrio, algunos en desagües que desembocan en el arroyo Mártires.
En su defensa, Monzón sostuvo que Horacelia siempre fue agresiva con él y que esa noche fue ella quien tomó el cuchillo tipo carnicero para atacarlo, instancia en la que se defendió y en un forcejeo el arma acabó incrustada en el pecho de su concubina.
Luego, admitió que se asustó por el desenlace y procedió a descuartizar el cadáver para deshacerse de los restos.
Tal como lo pidió en instancias previas, apenas comenzó el debate Monzón solicitó declarar bajo los efectos del pentotal sódico o “suero de la verdad”, lo cual le fue nuevamente rechazado.
“Como sabía que desde el principio no me iban a creer, había solicitado a través de mi defensa que se me tome declaración bajo los efectos del suero de la verdad, porque encontraba en eso la única manera de hacer creíble mi relato”, sostuvo en la primera jornada del juicio.
Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.
El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.
Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.
Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.
La causa
La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.
Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.
Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.
El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.
De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.
El médico acusado de entregar certificados médicos truchos fue imputado por la Justicia y continúa detenido a la espera de que se resuelva el pedido de excarcelación presentado por su defensa.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de declaración indagatoria al médico Manuel Ramón G. (72) se concretó ayer a la mañana, ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
La información obtenida añade que el profesional decidió abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y fue formalmente imputado por hechos que van desde estafa, falsificación de documentos, ejercicio irregular de la profesión hasta asociación ilícita.
La detención del psiquiatra se efectuó el jueves a la tarde, cuando la Policía irrumpió en su departamento del microcentro posadeño a raíz de una investigación por la confección de certificados truchos que luego eran utilizados para obtener licencias médicas.
La investigación comenzó en la empresa Casino Club, tras advertir que al menos una treintena de trabajadores solicitaron licencias con certificaciones firmadas por el mismo profesional médico.
A partir de ese dato profundizaron en una pesquisa interna y mediante una cámara oculta confirmaron el ardid, tras lo cual dieron intervención a la Justicia.
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